Un nuevo desafío para el hombre más poderoso de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. El ejército de Israel lanzó este sábado un ataque contra su país con la participación de Estados Unidos.

El Nacional

En enero, el líder supremo iraní enfrentó el reto más serio a su poder desde la Revolución Islámica de 1979, cuando manifestaciones masivas sacudieron las calles del país y desataron una crisis de legitimidad del gobierno.

En las protestas antigubernamentales, que alcanzaron un nivel nunca visto en los 47 años de historia de la República Islámica, murieron miles de personas por la represión de las fuerzas de seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repetidamente amenazó con tomar acción militar por la muerte de los manifestantes.

Ante esas amenazas, el gobierno de Irán señaló que Teherán estaba abierta a conversar con Washington, pero aseguró que el país estaba «preparado para la guerra».

Entretanto, el ayatolá Jamenei acusó a EE UU de «engaño» y de usar a «mercenarios traidores» para atizar las protestas.

Ni Trump, ni el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han ocultado su deseo de un cambio de régimen en Irán.

Durante décadas, Washington e Israel han acusado a Irán de intentar desarrollar en secreto un arma nuclear. Irán ha negado repetidamente que busque una bomba y afirma que su programa solo tiene fines pacíficos.

Este mes se celebraron tres rondas de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear, y se esperaban nuevas negociaciones la próxima semana.

Pero este sábado, la situación dio un giro dramático.

«Hace poco, el ejército de Estados Unidos inició importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de gente muy dura y terrible. Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo», dijo Trump en la red social Truth Social.

Una fuente dijo a Reuters que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, no se encontraba en Teherán y que había sido trasladado a un lugar seguro.

Tras el ataque «preventivo» de Estados Unidos e Israel, la presión sobre el líder supremo no cede.

¿Quién es el ayatolá Alí Jamenei, qué poder ejerce en el país y qué rol desempeña su familia en la política iraní?

La vida de Jamenei

El ayatolá Alí Jamenei es apenas el segundo líder supremo del país desde la revolución islámica de 1979. Ocupa el cargo desde 1989. Los jóvenes iraníes nunca han experimentado la vida sin él en el poder.

Jamenei, que está en el medio de una compleja red de poderes rivales, es capaz de vetar cualquier asunto de política pública y elegir a dedo a candidatos para cargos públicos.

Como jefe de Estado y comandante en jefe del Ejército, que incluye al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Iran (CGRI), su posición lo convierte en una figura con todo tipo de poderes.

Nacido en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, en 1939, Jamenei es el segundo de ocho hijos en una familia religiosa. Su padre era un clérigo de rango medio de la rama chiita del islam, el grupo religioso dominante en Irán.

Su educación se centró principalmente en el estudio del Corán y obtuvo el título de clérigo a los 11 años. Pero, al igual que muchos líderes religiosos de la época, su rol siempre ha sido tanto político como espiritual.

Jamenei, un hábil orador, se unió a los críticos del Sha Reza Pahlavi, el monarca que fue derrocado por la Revolución Islámica de 1979.

Durante años, vivió en la clandestinidad y estuvo detenido. Fue arrestado seis veces por la policía secreta del Sha, sufriendo torturas y el exilio interno.

Un año después de la revolución, el ayatolá Jomeini lo nombró líder de la oración de los viernes en la capital, Teherán.

Jamenei fue elegido presidente en 1981, antes de ser designado en 1989 por los ancianos religiosos como el sucesor del ayatolá Jomeini, quien había muerto a los 86 años.

El poder de sus hijos

Alí Jamenei, quien rara vez viaja al exterior, vive junto a su esposa con austeridad en un complejo residencial en el centro de Teherán.

De Jamenei se sabe que disfruta de la jardinería y la poesía, que fumó en su juventud –algo inusual para una figura religiosa en Irán– y que perdió la movilidad de su brazo derecho en un intento de asesinato en la década de 1980.

Junto a su esposa, Mansoureh Khojasteh Baqerzadeh, tienen seis hijos: cuatro varones y dos mujeres.

La familia Jamenei no suele aparecer en público ni en medios de comunicación, por lo que la información oficial y verificada sobre la vida privada de sus hijos ha sido limitada.

De sus cuatro hijos, el segundo, Mojtaba, es el más conocido por su influencia y el importante papel que desempeña en el círculo íntimo de su padre.

Mojtaba estudió en la escuela secundaria Alavi en Teherán, un colegio cuyos alumnos tradicionalmente son hijos de altos funcionarios de la República Islámica, y se casó con la hija de una destacada figura conservadora del país, Gholam-Ali Haddad-Adel, en un momento en que todavía no se había convertido a clérigo.

Comenzó sus estudios religiosos formales en el seminario de Qom, el centro chiita más importante de Irán, a los 30 años.

A mediados de la década de 2000, la influencia de Mojtaba en la política del país se hizo más evidente, aunque rara vez esto haya sido reconocido por los medios de comunicación locales.

Mojtaba saltó a la escena tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2004, cuando el candidato Mehdi Karroubi lo acusó en una carta abierta dirigida al ayatolá Jamenei de haber interferido de manera encubierta a favor de Mahmud Ahmadineyad.

Desde la década de 2010, Mojtaba ha sido considerado como una de las personas más poderosas de la República Islámica. Relatos anecdóticos sugieren que él es el candidato preferido de Jameneí para reemplazarlo. Sin embargo, algunas fuentes oficiales han negado estas afirmaciones.

Aunque Alí Jamenei no es rey ni puede ceder el trono a su hijo, Mojtaba tiene un poder significativo dentro de los círculos de línea dura de su padre, incluyendo la poderosa oficina del Líder Supremo, que eclipsa a los órganos constitucionales.

El hijo mayor de la familia es Mustafa Jamenei, quien está casado con la hija de Azizollah Khoshvaght, un clérigo tradicional firmemente conservador.

Tanto Mustafa como Mojtaba sirvieron en el frente durante la guerra entre Irán e Irak de la década de 1980.

El tercer hijo de Alí Jamenei es Masoud. Nacido en 1972, está casado con Susan Kharazi, hija de Mohsen Kharazi, un conocido clérigo afiliado a la conservadora Asociación de Maestros del Seminario de Qom y es hermana de Mohammad Sadegh Kharazi, exdiplomático con inclinaciones reformistas.

Masoud Jamenei se ha mantenido alejado de los círculos políticos y se sabe poco sobre su vida.

Antes, había dirigido la oficina que supervisa las obras de su padre, una institución que funciona como un brazo clave de propaganda para el ayatolá Jamenei. También había sido responsable de la recopilación de la biografía y las memorias de su padre.

El hijo menor, Meysam, nació en 1977 y, al igual que sus tres hermanos mayores, también es clérigo.

Su esposa, cuyo nombre no ha sido mencionado en los medios, es hija de Mahmoud Lolachian, un comerciante con mucho dinero e influyente, conocido por apoyar financieramente a clérigos revolucionarios antes de la revolución de 1979.

Meysam ha trabajado junto a su hermano Masoud en la Oficina para la Preservación y Publicación de las obras de su padre.

La dos hijas de Jamenei

Sobre las hijas de Jamenei se sabe poco.

Bushra y Hoda son las menores de la familia y ambas nacieron después de la revolución de 1979.

Bushra nació en 1980 y está casada con Mohammad-Javad Mohammadi Golpayegani, hijo de Gholamhossein (Mohammad) Mohammadi Golpayegani, jefe de gabinete de Jamenei.

Hoda, la menor de las hijas del líder, nació en 1981. Está casada con Mesbah al-Hoda Bagheri Kani, quien estudió marketing y daba clases en la Universidad Imam Sadiq.

Durante la gestión de Tarek William Saab al frente de la Fiscalía General y de Alfredo Ruiz en la Defensoría del Pueblo, el país fue escenario de denuncias sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y persecución por motivos políticos.

Por: Sebastiana Barráez – Infobae

“Dichos funcionarios tendrán que aclarar su responsabilidad frente a graves violaciones de derechos humanos”. Lo dicen a través de un comunicado, 15 organizaciones, las cuales consideran que “la renuncia no extingue la necesidad de evaluación de responsabilidades institucionales. La rendición de cuentas es una condición para la no repetición”.

Las ONG que suscriben el escrito son: CAMPO, Caleidoscopio Humano, Conexión Segura y Libre, Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), Derechos Humanos en Acción, Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, Gritemos Con Brío, Ideas Por La Democracia, Nosotras por Todas, La República TV, La TV Calle, Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Observatorio Digital Probox, Laboratorio de Paz, Redes Ayuda y Transparencia Venezuela.

Alertan que la designación de Larry Daniel Devoe como Fiscal “encargado” y de Saab Halabi como Defensor “encargado” vulnera las normativas de ambos organismos, porque el artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que las faltas absolutas del Fiscal, como la renuncia, serán suplidas por el Vicefiscal, mientras que las del Defensor, según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, sería suplida por el director ejecutivo de la institución.

A su vez, las 15 organizaciones que defienden derechos humanos consideran que la salida del Ministerio Público de Tarek William Saab Halabi y de Alfredo José Ruiz Angulo de la Defensoría del Pueblo es una coyuntura institucional determinante para el sistema de justicia venezolano. “No se trata únicamente de un relevo de autoridades, sino de una oportunidad para corregir graves déficits estructurales en la garantía y protección de los derechos humanos”.

Insisten en aseverar que se denunciaron hechos graves en materia de crímenes como ejecuciones extrajudiciales, miles de detenciones arbitrarias, cientos de torturas, desapariciones forzadas, algunas que se están revelando ahora de quienes permanecieron hasta por dos años sin que sus familiares tuvieran contacto físico o telefónico, incluso sin conocimiento de dónde se encontraba la persona detenida. Y ahora, con la Ley de Amnistía, se está evidenciando la desaparición de presos que no se sabe dónde están y ni siquiera si están con vida.

Por ello, las ONG dicen en su escrito que hay patrones documentados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Selección transparente

Ante las numerosas denuncias contra la violación de los derechos humanos, realizadas desde hace años y documentadas por organizaciones nacionales e internacionales, el Ministerio Público tenía la obligación jurídica de actuar con debida diligencia reforzada en la investigación de violaciones graves. “La ausencia de investigaciones estructurales eficaces frente a patrones documentados de violaciones configura responsabilidad por omisión cuando la autoridad competente, teniendo conocimiento de hechos graves y capacidad para actuar, no adopta medidas adecuadas para prevenir, investigar o sancionar”, dice el comunicado.

En el caso de la Defensoría del Pueblo, recuerdan que su mandato constitucional es “prevenir abusos, proteger víctimas y denunciar prácticas violatorias. La inacción sistemática frente a situaciones de riesgo y la minimización pública de denuncias comprometieron el cumplimiento de ese mandato y degradaron su calificación ante la comunidad internacional”.

Ante lo que llaman un “nuevo escenario” en el país, y la salida de Tarek Saab de la Fiscalía y de Alfredo Ruiz de la Defensoría exigen que se realice “un proceso de selección transparente y verificable”, publicando los criterios de evaluación.

También, que se permita el “acceso público a credenciales, antecedentes y declaraciones de intereses de los postulantes” y que las audiencias sean públicas y transmitidas “con posibilidad de observación ciudadana”.

Deben haber, dicen las ONG, “criterios mínimos de idoneidad e independencia”, de manera que quienes sean escogidos para la Fiscalía y la Defensoría tengan una “trayectoria demostrable en defensa o investigación de derechos humanos”.

Otro requisito es que, por supuesto, no tengan una participación previa en estrategias de negación o encubrimiento de violaciones y que, asuman el “compromiso público con la cooperación internacional en materia de justicia”.

Reformar las instituciones

Las organizaciones no gubernamentales que suscriben el escrito abogan por un plan inmediato de reforma institucional, que contemple la “auditoría independiente de casos emblemáticos de violaciones graves”. “Proponen la creación o fortalecimiento de unidades especializadas en investigación de torturas, ejecuciones extrajudiciales y responsabilidad de mando, garantizando la protección efectiva a las víctimas, testigos y denunciantes”.

Parten de la relevancia de asumir el compromiso con estándares internacionales dando “reconocimiento explícito de la obligación de debida diligencia y la cooperación plena con mecanismos de Naciones Unidas (ONU) y con la Corte Penal Internacional (CPI)” y adoptando los protocolos internacionales de investigación (Minnesota, Estambul).

Solicitan que se evalúen las actuaciones pasadas, es decir que se haga “revisión independiente del desempeño del Ministerio Público y la Defensoría en casos documentados por organismos internacionales”.

Además, determinación de eventuales responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales por omisión o incumplimiento del deber de investigar, tanto en la Defensoría del Pueblo como en el Ministerio Público.

Las ONG, que han librado una larga lucha en defensa de los derechos humanos en Venezuela consideran que la renovación del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo “no puede reducirse a un cambio de nombres”, y lo que procede es la “transformación real en la manera en que el Estado responde frente a violaciones de derechos humanos”.

Ratifican que la legitimidad de las nuevas autoridades dependerá no solo de su perfil individual, sino de su “disposición efectiva a investigar sin privilegios ni excepciones, a proteger a las víctimas sin discriminación y a garantizar que la ley se aplique incluso frente a quienes detentan poder, con una actuación que debe ser caracterizada por la independencia”.

Ven en el momento actual una oportunidad. “Se inaugura una etapa de independencia real y justicia efectiva o se consolida la continuidad de un modelo que debilitó la protección de los derechos fundamentales”.

Finalizan diciendo que la justicia no es una opción política ni una concesión. “Es una obligación constitucional y una condición indispensable para allanar el camino a la transición democrática”.

Es de noche en la cárcel El Rodeo I, ubicada en un barrio homónimo del municipio Zamora, en Venezuela, y el silencio se quiebra con gritos que atraviesan muros: son los presos políticos y sus familiares desafiando, con sus voces, la distancia que los separa para entablar un diálogo que ayude a paliar la ausencia.

EFE

«Oído», grita una de las decenas de mujeres que casi todas las noches intentan comunicarse con los presos desde un cerro cercano a la prisión, ubicada a las afueras de Caracas. Espera unos segundos y uno de ellos responde: «¿Cómo están?», a lo que ella seguidamente contesta con un «estamos bien, ¿cómo están ustedes?».

Es un diálogo a ciegas, pero iluminado por la luz de las velas que empuñan, ansiosas, estas mujeres en la oscuridad de la noche. La alegría por escuchar las voces se mezcla con las lágrimas por el abismo que los separa.

Aunque escuchan las voces no tienen claro con quién hablan exactamente. Tampoco logran ver la cárcel, protegida en ese punto por la maleza. Sin embargo, ese intercambio es la única vía que han encontrado para saber de sus familiares día tras día ante un escaso régimen de visitas de apenas 15 minutos a la semana a través de un vidrio.

«¿Qué están esperando para soltar a la gente?»

Desde la pendiente del cerro, madres, hermanas, hijas informan a los presos de lo que ocurre en el país: el avance de la amnistía aprobada hace una semana por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el cambio del fiscal general o las acciones que emprenden para presionar por la liberación de todos los presos políticos.

Ellos, por su parte, intentan hacerles saber las condiciones en las que se encuentran mientras transmiten sus demandas.

«Libertad de todos los secuestrados, pedimos liberación masiva», afirmó desde la cárcel uno de los detenidos, cuya demanda luego fue acompañada de un estruendoso grito masivo que clamaba por «justicia» y «libertad».

Durante la conversación también recuerdan la amnistía.

«Todos los derechos de los presos políticos han sido violados, ¿qué están esperando para soltar a la gente?», reclama desde el otro lado una de las voces.

Intentaron también enviar un mensaje a la promotora de la amnistía, Delcy Rodríguez, pero no logró entenderse. La nueva líder del régimen chavista propuso esta norma en medio de lo que ha declarado como un «nuevo momento político» tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos.

Hasta ahora, la amnistía ha otorgado libertad plena a 223 personas que se encontraban en prisión y permitió levantar las medidas cautelares, como presentación ante tribunales, impuestas a otras 4.534.

Según la ONG Foro Penal, en el país aún quedan unos 568 presos políticos. No está claro cuántos de estos se encuentran en el Rodeo I.

Llamado a ONU, Cruz Roja y consulados

Los presos políticos del Rodeo iniciaron el fin de semana pasado una huelga de hambre como una forma de protesta para exigir su libertad.

Según testimonios de algunos excarcelados, en este centro se encuentran varios extranjeros detenidos, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en diciembre de 2024 tras cruzar la frontera terrestre desde Colombia.

De hecho, desde el penal se escuchó la noche del jueves el canto del himno de Colombia.

«Los hermanos extranjeros continúan en huelga, necesitan la presencia de los consulados (…) Colombia, Argentina, Ecuador, Francia, Cuba, Guyana, España, Líbano», pedían. «¡Que ingrese la Cruz Roja!» y «¡que venga la ONU!», insistían.

Sus familiares prometían, en respuesta, que seguirían «presionando» para lograr sus libertades.

«Dios los bendiga a todos», se despedían los presos que, unidos en la distancia con sus familiares, corearon: «Familia unida, jamás será vencida».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración está en negociaciones con las autoridades de la dictadura cubana y sugirió que las conversaciones podrían culminar con “una toma amistosa y controlada” de Cuba.

Infobae

“El Gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en grandes problemas, no tienen dinero, no tienen nada, pero están hablando con nosotros ahora. Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba. Podríamos muy bien terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba. Después de muchos, muchos años, hemos tenido muchos años de lidiar con Cuba, vengo escuchando hablar de Cuba desde que era pequeño. Están en grandes problemas”, dijo a los periodistas antes de salir de la Casa Blanca.

En el marco de la tensión entre EEUU y Cuba, ayer trascendió que el equipo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el nieto del ex dictador cubano, Raúl Castro, para hablar del posible alivio de sanciones a la isla, durante la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada esta semana.

El núcleo de las discusiones, en las que no está claro si Rubio participó, se centró “en el potencial de lentamente aliviar las sanciones de EEUU a cambio de que los líderes cubanos implementen cambios en la isla” en un “periodo de mes a mes”, indicaron las fuentes al Miami Herald.

En tanto, a principios de esta semana, la administración anunció planes para permitir el envío de combustible de compañías energéticas estadounidenses a empresas privadas cubanas. Esta estrategia busca aumentar la dependencia de Cuba de Estados Unidos y, al mismo tiempo, impulsar el sector privado de la isla, debilitando al régimen comunista.

Las declaraciones de Trump ocurren mientra Cuba y EEUU abordan con calma el incidente mortal de una embarcación ocurrido esta semana.

Las autoridades cubanas calificaron a los hombres como “terroristas” y afirmaron que el grupo había planeado y entrenado en territorio estadounidense con el objetivo de ejecutar un ataque contra la isla. El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossio destacó que las autoridades estadounidenses han mostrado disposición para esclarecer los hechos, pese a la tradicional retórica confrontativa de La Habana.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio, conocido por su postura crítica hacia el régimen cubano durante su etapa en el Senado, declaró que Estados Unidos investigará el incidente antes de tomar cualquier medida.

El episodio ocurre en un contexto de máxima fragilidad en las relaciones bilaterales. La administración de Donald Trump ha reforzado el bloqueo económico y restringido el suministro de combustible a la isla. Tras la ruptura con el presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump insinuó públicamente la posibilidad de una intervención directa, llegando a referirse a una “toma amistosa” de Cuba.

La historia de incursiones armadas y actos violentos organizados desde Florida es extensa. El asalto de Bahía de Cochinos en 1961 y la voladura de un avión cubano en 1976, atribuida a Luis Posada Carriles, alimentan la percepción de La Habana sobre una amenaza persistente. Posada Carriles, fallecido en 2018, continúa siendo considerado un luchador por la libertad por parte de exiliados cubanos en Miami, mientras que tanto el gobierno cubano como el FBI lo catalogaron como terrorista.

La Cancillería boliviana anunció que el presidente Rodrigo Paz tendrá en las próximas semanas una serie de encuentros internacionales, entre ellos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silvia y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, entre otros. También se anunció una visita del rey Felipe de España.

Infobae

La agenda inicia el 7 de marzo en Florida, Estados Unidos, donde Trump convocó a sus aliados latinoamericanos —entre ellos Javier Milei de Argentina y Nayib Bukele de El Salvador— a una cumbre en la que se abordará la estrategia de seguridad nacional de Washington, centrada en combatir el narcotráfico y contrarrestar la influencia de China, que en las últimas décadas ha ampliado su presencia en la región mediante proyectos de inversión y se ha establecido como uno de los principales socios comerciales en varios países sudamericanos.

Posteriormente, el 11 de marzo, Paz asistirá a la investidura de Kast en Chile y un día después será anfitrión del rey Felipe en Bolivia. También se anunció una visita a Brasil y una gira por Europa aún sin fechas definidas.

“Estas actividades permitirán que Bolivia recupere espacios que durante 20 años no han sido atendidos y que nos han aislado de la realidad internacional”, manifestó el canciller Fernando Aramayo, citado por los medios locales.

Nada simboliza más el cambio de ciclo político en Bolivia que su nueva política exterior. La consigna de llevar “Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia”, que el presidente Paz mencionó repetidamente durante la campaña electoral, se traduce por ahora en un alineamiento marcado con Estados Unidos, país con el que no se tenían relaciones diplomáticas desde 2008 tras la expulsión del embajador estadounidense en La Paz, Philip Goldberg, y su agenda internacional.

En un discurso a propósito de la visita del presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, a Bolivia este jueves, Paz calificó su política exterior como “pragmática” y afirmó que su país “está pasando por una transición” con el objetivo de “generar la base de las alianzas necesarias para que Bolivia vuelva al mundo”.

La necesidad de atraer inversión extranjera se ha convertido en la prioridad número uno para un país que enfrenta su peor crisis económica en décadas. Paz heredó un Estado con reservas internacionales casi agotadas, escasez de dólares y falta de recursos para importar combustible.

Su primera medida de impacto fue eliminar en diciembre el subsidio a los hidrocarburos, que representaba uno de los mayores gastos públicos. En paralelo se negocian créditos de financiamiento externo con entidades como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo.

En los primeros 100 días de gestión, cumplidos el pasado miércoles, se muestran señales mixtas. Analistas económicos reconocen avances en estabilización cambiaria y reducción del déficit fiscal, pero advierten que persiste la recesión económica y que faltan reformas estructurales para salir de la crisis. El Banco Mundial proyectó en su último informe que Bolivia será el único país sudamericano con economía en contracción durante 2026.

Para el analista en asuntos internacionales, Andrés Guzmán Escobari, la política de Paz se enmarca en el pragmatismo y la apertura al mundo. “Bolivia busca recuperar margen de maniobra internacional y reposicionarse como un actor confiable en un escenario global cada vez más complejo”, escribió en un artículo de opinión.