Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Dos años después de comenzar un “viaje pionero” para forjar una respuesta controlada por la UE a la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, la Comisión Europea ha dado fin a ‘EU Voice’.

The European Conservative

Bruselas quería su propia alternativa al gigante de las redes sociales recientemente rebautizado como X, que a su vez se ha enfrentado con los reguladores eurócratas por sus políticas de libertad de expresión. Una plataforma anti-Musk, basada en el sistema en red de izquierda Mastodon, ha resultado un estrepitoso fracaso.

La decisión de cerrar la plataforma gestionada por la UE se produce después de que, vergonzosamente, el sitio sólo pudiera registrar apenas 40 «cuentas institucionales» de los cientos de eurodiputados, comisarios, diplomáticos y otros funcionarios empleados por la Comisión. Incluso Margrethe Vestager, una importante reguladora de las Big Tech de la UE, parece no haber utilizado nunca su propia cuenta.

El clon de Twitter de Bruselas estuvo a cargo del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD). Los costos exactos de esta iniciativa condenada al fracaso siguen siendo desconocidos. ¡Curiosamente, una plataforma hermana, ‘EU Video’, solo pudo reclutar seis cuentas registradas!

Con la esperanza de darle un giro positivo al cierre de ambas plataformas, Wojciech Wiewiórowski del SEPD afirmó que la UE era “incapaz de asegurar una nueva propiedad para mantener los servidores y sostener las operaciones con los altos estándares que los EUI y nuestros usuarios merecen”. La UE, que durante mucho tiempo se ha posicionado como el regulador tecnológico global, ha estado en una batalla constante con Musk y otras empresas estadounidenses durante años, a las que acusa de difundir discursos de odio y desinformación.

Muchos alegan que Bruselas está intentando ganar influencia contra las empresas tecnológicas de propiedad estadounidense mediante una regulación excesiva. El propio Twitter fue atacado en diciembre pasado en un caso legal histórico de la UE, utilizando la Ley de Servicios Digitales (DSA) recientemente inaugurada en diciembre pasado. Tanto EU Video como EU Voice se lanzaron en abril de 2022 , coincidiendo con la aceptación de Twitter de la oferta de Musk por 43.000 millones de dólares para comprar la plataforma. El magnate tecnológico de derecha también puede presionar a los eurócratas utilizando su prominencia en tecnologías como los sistemas satelitales y la producción de automóviles eléctricos .

Tanto los sitios web EU Video como EU Voice en el momento del cierre estaban efectivamente desprovistos de contenido, aparte de un puñado selecto de cuentas administradas por la Comisión de la UE, y muchos se preguntaban cómo un proyecto de este tipo obtuvo financiación pública.

Incluso Margrethe Vestager, una importante reguladora de las Big Tech de la UE, parece no haber utilizado nunca su propia cuenta.

Algunos comentaristas en línea han hecho comparaciones con otros proyectos patrocinados por la UE condenados al fracaso, como Quaero , el desastroso intento de la Comisión de crear un motor de búsqueda europeo, y Qwant , la alternativa preferida del gobierno francés a Google.

Antes de la publicación, el SEPD no había respondido a nuestras preguntas sobre el coste exacto de EU Voice y EU Video.

La Fiscalía de Colombia dijo el lunes que presentará nuevos cargos en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente del país, Gustavo Petro. El organismo ha anunciado también que solicitará que el también ex diputado a la Asamblea del departamento del Atlántico sea trasladado a la cárcel mientras duren las averiguaciones.

La Gaceta de la Iberosfera

«Al señor Nicolás Fernando Petro Burgos la Fiscalía General de la Nación tiene pendiente adicionarle la formulación de imputación y solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario«, aseveró el fiscal Mario Burgos tras la comparecencia del hijo de Petro en un tribunal de Barranquilla, donde se prepara el juicio por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, delitos por los que fue señalado el año pasado.

En medio del proceso el fiscal rechazó la solicitud de la defensa de Petro Burgos para posponer la audiencia.

Los señalamientos en su contra se remontan a la campaña presidencial de 2022, durante la que se asevera habría recibido dinero que no reportó del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso Hilsaca. Desde mediados del año pasado Petro Burgos se mantiene en situación de arresto domiciliario en su casa de Barranquilla.

Ante la arbitrariedad que se comete en contra de Óscar Castañeda quien participó en el acto convocado por la líder opositora María Corina Machado, con su secuestro el pasado 29 de abril, María Oropeza, directora del Comando de Campaña Con Vzla en esa entidad, expresó que no se pueden seguir violando los derechos de los ciudadanos.

Vente Venezuela

Al igual que Castañeda, Ámbar Márquez, vicepresidente de Organización de Primero Justicia y Víctor Castillo, director del Comando Con Vzla en Santa Rosalía, también sufrieron violación de sus derechos cuando supuestos funcionarios del Sebin los detuvieron. Los tres ciudadanos presuntamente fueron presentados ante el Tribunal Penal de Acarigua (municipio Páez) sin derecho a la defensa, todo a escondidas, el caso según la información fue enviado a Caracas.

«En menos de 24 horas se han detenido a 3 personas del municipio Santa Rosalía; su único delito es luchar por una Venezuela libre», así lo manifestó Oropeza. La dirigente llanera también hizo un alerta a la Comunidad Internacional porque en el país continúan las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

«Son muchos los inocentes que han perdido su libertad por querer buscar el cambio del país por la vía democrática y electoral. Basta de injusticia, nuestros activistas políticos solo quieren un cambio con elecciones presidenciales libres», dijo.

En este sentido, recordó a los familiares de las víctimas que el Comando de Campaña Con Vzla sigue trabajando para que el 28 de julio los venezolanos sean libres y no exista más violación de los derechos.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU denunció el incremento de este delito previo a las elecciones presidenciales venezolanas.

La Patilla

El organismo señaló mediante un comunicado que desde diciembre los casos han involucrado a opositores y militares privados de libertad por ejercer derechos cívicos.

“Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de julio de 2024, las desapariciones forzadas podrían tener un efecto paralizador y obstaculizar el derecho del pueblo a votar libremente”, afirmó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Los expertos lamentaron que estas “detenciones prolongadas en incomunicación equivalen a desapariciones”.

Consideran que existe un patrón estatal de ocultar el paradero y negar garantías a detenidos.

“Estas detenciones prolongadas en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Parecen seguir un patrón según el cual las autoridades estatales privan a las personas de su libertad, las llevan a centros de detención reconocidos y les niegan derechos y protecciones fundamentales, como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia jurídica”, dijeron los expertos.

Alertaron que tal situación puede coartar el derecho al voto libre en los comicios de julio. Asimismo, viola derechos de los desaparecidos y sus familias forzadas a buscarlos sin resultados.

La ONU exhortó al gobierno de Maduro a revelar datos de los incomunicados, brindarles protección legal y detener la impunidad por tales crímenes, que ahonda el temor social.

“Es crucial que se garantice sin demora información precisa sobre las personas privadas de libertad a quienes tienen un interés legítimo, como sus familiares y representantes legales de su elección”, dijeron los expertos.

“Exhortamos al Gobierno de Venezuela a prevenir, erradicar y sancionar todos los actos de desapariciones forzadas, a proporcionar información sobre la suerte y el paradero de las personas actualmente detenidas en régimen de incomunicación por el Estado, y a brindarles todas las garantías jurídicas, incluido el derecho a comunicarse con sus familiares y ser visitados por ellos, acceso a asistencia letrada y derecho a ser presentados ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención“, agregaron los expertos.

Con esta denuncia, el organismo internacional alza la voz ante el alarmante aumento del delito de desaparición forzada en el país suramericano.

Los grandes de este mundo preferirían que no nos fijáramos en Catar, un pequeño país que tira abajo toda su retórica de lucha por la democracia y los derechos humano, y una «comunidad internacional basada en reglas» por no hablar de transparencia financiera.

La Gaceta de la Iberosfera

Porque las huellas cataríes aparecen en un número inconcebible de escándalos, financian el terrorismo, sobornan masivamente a europarlamentarios, albergan a la cúpula de Hamas, y nadie con peso en la esfera internacional les señala con el dedo, más bien al contrario: en todas partes se les recibe con alfombra roja.

Y de Catar, precisamente, llega el último (presunto) chanchullo conocido de la ‘Famiglia’ Biden. Ahora la publicación Politico, nada sospechosa de aversión a los demócratas, revela que los vínculos de la familia Biden con Catar «constituirían algunos de los vínculos financieros más cercanos conocidos entre un pariente del presidente Joe Biden y un gobierno extranjero», si se corrobora el testimonio ante el tribunal sobre los esfuerzos de recaudación de fondos en el extranjero de Jim Biden, hermano de Joe.

Todo empezó cuando, en junio de 2017, los vecinos de Catar, encabezados por Arabia Saudí, se unieron para cortar relaciones diplomáticas con el país. La excusa eran sus lazos con el terrorismo islamista, pero la realidad tenía más que ver con el acercamiento del país con respecto al enemigo iraní, con quien explotaba conjuntamente una enorme bolsa marina de gas. Sea como fuere, el país se vio sumido en una crisis sostenida.

Pero un país que nada en gas y petróleo no tarda en encontrar nuevos amigos que le saquen de un apuro. Así que los qataríes empezaron a agasajar a occidentales con conexiones y a garantizarles beneficios financieros a occidentales, «a veces en forma de financiación de inversiones», según Politico.

Y he aquí que en ese momento Jim Biden estaba tratando de recaudar 30 millones de dólares para la asediada cadena de hospitales Americore, en colaboración con el empresario de Florida Amer Rustom, director ejecutivo del Platinum Group , que se jactaba de sus vínculos con funcionarios de Oriente Medio, así como con el gestor de fondos Michael Lewitt. Los tres se unieron para buscar fondos por Próximo Oriente, y fue así como llegaron a Catar. Según registros públicos, Jim Biden aprovechó su parentesco para solucionar esos insidiosos problemas de restricciones a los movimientos internacionales de capital, incluyendo un plan —que pudo o no ponerse en práctica— para mover el dinero en forma de lingotes de oro.

«Mi familia podría proporcionar una gran cantidad de presentaciones y oportunidades de negocios en los niveles más altos que creo que serían dignas del interés de Su Excelencia», escribieron Jim Biden y Rustom en un borrador de carta a un funcionario del fondo soberano de Catar, la Autoridad de Inversiones de Catar. «En nombre de la familia Biden, agradezco su interés aquí», continúa el borrador.

Las transacciones de este montaje son fundamentales para un caso de fraude recientemente resuelto presentado por la autoridad bursátil norteamericana, la SEC, y están bajo nuevo escrutinio como parte de una investigación criminal federal en el sur de Florida.

Jim Biden sugirió a los investigadores del Congreso en febrero que sus esfuerzos de recaudación de fondos se estancaron por falta de proyectos viables. Pero el testimonio no divulgado anteriormente del administrador de fondos Michael Lewitt sobre la propiedad de las dos empresas (Platinum Group USA y Obermeyer Engineering Consulting) indica que Jim Biden forjó vínculos más estrechos con el gobierno de Qatar de lo que se creía, asegura la información de Político

En febrero de este año, Jim Biden dijo en la investigación del juicio político que aproximadamente 600.000 dólares en pagos de Americore eran por su papel en la organización de una serie de préstamos puente, de los cuales 200.000 dólares fueron transferidos a Joe Biden en marzo de 2018 para lo que, según la Casa Blanca, es un reembolso de un préstamo no relacionado entre hermanos.

La ONG Provea presentó su informe anual 2023 número 35 advirtiendo sobre el deterioro de las garantías ciudadanas en una década de gestión de Nicolás Maduro.

La Patilla

La organización documentó 43.003 víctimas de violencia estatal, incluyendo 1.652 de tortura y 7.309 de tratos crueles. Además, 10.085 personas asesinadas por la fuerza pública.

Alertó sobre una política de “promover, tolerar y encubrir abusos” mediante prácticas que generan terror social. Pese a ello, la mayoría de casos siguen en la impunidad.

También denunció la profundización de una crisis que mantiene a la población en pobreza extrema y la negación al derecho a la alimentación. Más del 45% sufre inseguridad alimentaria.

Provea considera que la deliberada precarización laboral mediante salarios ínfimos busca desalarizar, empobreciendo a las familias.

Venezuela cayó 39 puestos en el IDH de la ONU entre 2015-2022, situándose entre los últimos de la región. Su PIB se contrajo más del 80%, dañando la capacidad productiva.

De esta forma, la ONG visibilizó el alarmante panorama humanitario bajo una gestión que sistemáticamente vulnera los derechos fundamentales.

Nicolás Maduro, durante su acostumbrado programa “Con Maduro +”, denunció que no puede asistir a ningún sitio “por seguridad”.

La Patilla

”Yo no puedo ir a ningún sitio. Maduro no puede ir a ningún sitio en fecha fija. Allí está el 25 de marzo, fecha fija, sitio fijo, plaza Diego Ibarra, inscripción de la candidatura, ¿que hizo la ultra derecha? Puso dos pistoleros que están convictos y confesos ya”, fue parte de lo señalando por Maduro.

“Ellos contaron quién los entrenó, quien los financió, quien les dio las armas. Ellos dicen que le dieron la orden de disparar al aire y herir gente y asustar al pueblo”, dijo.

El uso de monedas digitales por parte de Venezuela, que se espera que aumente después de que Estados Unidos ordenara la liquidación de los acuerdos petroleros con el país sancionado antes del 31 de mayo, requerirá un mayor escrutinio por parte de los reguladores y las fuerzas del orden, dijeron expertos el lunes.

Reuters

La petrolera estatal venezolana, PDVSA, planea aumentar las transacciones en criptomonedas para sus exportaciones de crudo y combustible a medida que Estados Unidos vuelve a imponer sanciones petroleras al país, dijeron fuentes a Reuters a principios de este mes. No está claro si los pagos en moneda digital Tether por parte de PDVSA serán el objetivo de Washington a partir del 1 de junio.

El político opositor venezolano Leopoldo López y el experto Kristofer Doucette presentaron el lunes un informe que detalla las transacciones desde que el presidente venezolano Nicolás Maduro asumió el cargo. Los gobiernos democráticos deberían contrarrestar sus intentos de «explotar las criptomonedas para mover ganancias ilícitas al sistema financiero internacional», según el informe.

«Deben crearse estructuras para combatir este tipo de lavado de dinero», dijo Doucette, líder de seguridad nacional de Chainalysis, un proveedor con sede en Nueva York de investigación y software para gobiernos, bolsas, bancos y compañías de seguros para garantizar transacciones seguras con criptomonedas.

La tecnología para las transacciones digitales está cambiando rápidamente y las transacciones están creciendo rápidamente en regiones en desarrollo, incluidas América Latina y África, beneficiando a personas sin acceso al sistema bancario. Pero algunos gobiernos corruptos están avanzando más rápido, lo que dificulta la prevención del fraude, dijeron los expertos.

Doucette y Sigal Mandelker, abogada que trabajó anteriormente en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijeron durante una conferencia organizada por el Wilson Center en Washington que la administración estadounidense está haciendo esfuerzos para aumentar la regulación y alentar a otros países a mejorar la supervisión.

Varios sindicatos de Venezuela convocaron este lunes a una protesta nacional el primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, contra la “política hambreadora del chavismo” y para exigir un aumento del salario mínimo -base del resto de remuneraciones en el sector público-, que hoy equivale a unos 3,5 dólares al mes.

EFE

En un comunicado, las organizaciones, entre ellas la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), hicieron un llamado a manifestar el miércoles con el propósito de “exigir un salario mínimo que resuelva realmente los problemas económicos” de los empleados y “marque el inicio de la recuperación del valor del trabajo”.

“Por los bajísimos salarios y las espúreas bonificaciones, los trabajadores se ven obligados a hacer labores por cuenta propia o a tener más de un empleo y quedar sometidos a jornadas interminables, o a irse del país”, señalaron.

Asimismo, expresaron que, a pesar de que el chavismo los “reprime” y “criminaliza” cuando reclaman mejoras en sus ingresos, seguirán luchando para que Venezuela sea “un país de oportunidades, con mejores salarios y condiciones dignas de trabajo”.

Los sindicatos exigen un aumento del salario mínimo del 5.614 %, hasta los 200 dólares al mes, un monto “inicial de arranque de una política salarial que le devuelva al trabajo su valor”.

Sin embargo, el chavismo “ha respondido, hasta ahora, con un silencio absoluto, aun cuando sabe que ese ajuste es viable y hay suficientes recursos para pagarlo”, agregaron las organizaciones.

Desde marzo de 2022, el salario mínimo y la pensión se mantienen en 130 bolívares al mes, que en ese entonces, al cambio oficial, eran unos 30 dólares, lo que significa que se han reducido un 88 % en su equivalente en la divisa estadounidense, usada como referencia para fijar precios en Venezuela.

Entretanto, el costo de la canasta básica de alimentos, calculada para una familia de cinco personas, supera los 550 dólares al mes, según estimaciones independientes.

La carta a la ciudadanía preguntándose si «merece la pena todo esto». Las muestras de adhesión de su partido, entregado al líder. El silencio atronador en la Moncloa durante casi cinco días. El despacho con el Rey en la Zarzuela. La declaración institucional prevista para las 12 de este lunes, que finalmente se adelantó a las 11. El anuncio de una «regeneración» por concretar. José Luis Rodríguez Zapatero alegrándose de haber «acertado», porque él predijo el jueves pasado que se quedaba. La publicación de una encuesta del CIS a las dos horas, dando a Pedro Sánchez 9,4 puntos de ventaja y allanando el camino a «reformas» en la Justicia, porque así lo demanda la ciudadanía. La convocatoria de otra concentración supuestamente espontánea frente a la sede del CGPJ por la tarde, bajo el lema El golpismo viste de toga. Y la entrevista al presidente en el prime time de TVE, amenazando a los periódicos digitales que no controla con represalias sin especificar.

Por: Ana Martín – El Debate

La sucesión de acontecimientos de estos días, sobre todo de este lunes, ha llevado a muchos españoles a pensar que la supuesta crisis existencial y conyugal de Sánchez no ha sido más que una colosal maniobra para: fortalecerse como líder del PSOE y de la izquierda. Apretar las filas de su mayoría Frankenstein para dar esta batalla contra «la derecha y la extrema derecha». Desactivar el caso Begoña. Criminalizar a la oposición. Y fabricarse una coartada para ir a por los jueces y a por ciertos medios de comunicación por publicar informaciones sobre su mujer, a las que él calificó de «bulos y desinformaciones» en la televisión pública.

«Le han tomado el pelo a una nación de 48 millones de españoles», denunció Alberto Núñez Feijóo. «Durante estos cinco días los españoles hemos asistido a un teatro burdo, indignante y victimista», añadió Santiago Abascal. «Ha jugado con los sentimientos y la empatía de todas las personas que sufren la persecución de la extrema derecha. Su comparecencia es una cortina de humo», lamentó Pere Aragonès.

En medio de la cascada de reacciones, Pablo Iglesias le lanzó una advertencia: «Hacer una jugada como ésta y tener el país en vilo por, básicamente, no decir nada se le puede volver en contra». En realidad, utilizar a su familia, a su partido, a sus socios de Gobierno y de legislatura y hasta al Rey ya se le ha empezado a volver en contra en siete aspectos.

Primero. El amago de dimisión de Sánchez ha sido el golpe de gracia a su credibilidad, que ya de antes era el auténtico talón de Aquiles del presidente (y no Begoña Gómez). El líder que prometió traer de vuelta a España a Carles Puigdemont para ser juzgado, el cumplimiento íntegro de las penas para los condenados del procés, recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal y no amnistiar a los independentistas ha sumado un embuste más a su lista.

Segundo. Las víctimas de su ardid han sido, sobre todo, sus compañeros socialistas. Más allá de la aparente alegría por el regreso del presidente pródigo, en el PSOE hay mar de fondo por la situación límite a la que los ha llevado su secretario general. Además, este episodio ha abierto una puerta en el PSOE que hasta el miércoles estaba cerrada a cal y canto: la de la sucesión de Sánchez. En el partido han empezado a pensar y a hablar de ello, obligados por la situación.

Tercero. La realidad de Sánchez sigue siendo la misma, pero peor. Porque a la precariedad parlamentaria de su Gobierno, la ausencia de Presupuestos de 2024, la total dependencia de Puigdemont y las dudas sobre la aplicación de la ley de amnistía se suma ahora el enfado del resto de partidos y las expectativas creadas. El secretario general de Junts, Jordi Turull, lo definió como «tacticismo electoral» y una «grave irresponsabilidad». El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, afirmó que no «era necesario». Sumar le urgió a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Podemos, a cambiar el sistema de elección de los miembros del CGPJ. Y la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, le avisó: «Esperamos hechos y no solo palabras. El momento es ahora».

Cuarto. La «movilización social» que Sánchez agradeció en su discurso ha distado mucho de ser multitudinaria. Y ello a pesar de los llamamientos de su partido ante un momento crítico –decían– para la democracia española. A la concentración en Ferraz del sábado acudieron entre 10.000 y 12.000 militantes y simpatizantes socialistas, aunque el partido había fletado decenas de autobuses desde toda España. Esa tarde se congregaron en el campo del Atlético de Madrid casi 65.000 aficionados para ver el partido contra el Athletic de Bilbao.

El domingo, la izquierda lo volvió a intentar con una manifestación entre Atocha y el Congreso que reunió a poco más de 5.000 personas. No parece que esta operación vaya a cambiar las perspectivas electorales del PSOE en las elecciones europeas, las primeras de ámbito nacional tras las generales del pasado julio. Esos comicios serán el termómetro definitivo.

Quinto. En su discurso, el presidente se puso la venda antes de que la herida sea más grande. «Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella». Tras el «esperpento», en palabras de Feijóo, tanto él como Abascal dejaron claro que no van a renunciar a pedir explicaciones a Sánchez. Al contrario. Las posibilidades de que el PP acabe llamando a declarar al presidente a la comisión de investigación del Senado son hoy más que la semana pasada.

Sexto. La reacción airada de Sánchez, su Gobierno, su partido y sus socios a la apertura de diligencias previas de un juez de instrucción madrileño ha puesto a la Judicatura a la defensiva. Los jueces saben que son el principal objetivo de este «punto y aparte» que anunció el líder del Ejecutivo en la Moncloa. Y no se quedarán callados, como no lo hicieron cuando el PSOE pactó con los independentistas comisiones de investigación en el Congreso para estudiar supuestos casos de lawfare. Además, cuentan con una baza poderosa: la legislatura depende de la aplicación de la amnistía y ésta, a su vez, de los jueces.

Este lunes, el ministro Óscar Puente fue el más explícito. «Es indiscutible que hay una utilización espuria de la acción penal, de la jurisdicción penal», señaló. Aunque el argumentario de los socialistas cojeó cuando, por la tarde, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó citar a Begoña Gómez como testigo en el caso PSOE. Se avecinan, de entrada, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -ya confirmada por el Ejecutivo- para quitar la instrucción a los jueces y dársela a los fiscales; y una probable renovación forzosa del CGPJ. Además, Yolanda Díaz también puso el foco ayer en la Ley de Seguridad Ciudadana, que la izquierda llama «ley mordaza».

Séptimo. El amago de dimisión de Sánchez ha tenido eco en la prensa internacional. De entrada, el miércoles pasado los principales diarios informaron de que el presidente español abría un periodo de reflexión por las acusaciones de corrupción contra su mujer. Los diarios no hablaban de campaña de acoso ni nada parecido. Desde el inicio, la Moncloa perdió el control del relato fuera. Este lunes, esa misma prensa informó con incredulidad del pretendido golpe de efecto. The Washington Post llegó a calificarlo de «telenovela». Y ellos conocen de primera mano qué es el trumpismo.

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