Un grupo de mujeres venezolanas se reunió este sábado en una céntrica plaza de Caracas para exigir al Estado que se rescate «el valor de la vida» en el país suramericano. Esto ocurrió tras conocerse la semana pasada la muerte del preso político Víctor Quero Navas, ocurrida hace 10 meses y ocultada durante ese tiempo por el Gobierno. Además, la noticia se ocultó a pesar de los meses de búsqueda de su madre.

EFE

«Vamos a elevar nuestras voces por la vida, porque la vida tiene valor, la vida de cualquier ser humano tiene valor», señaló a EFE la directora de la ONG Rediálogo, Alba Purroy. Ella habló junto al grupo de mujeres que sostenían un cartel con la palabra «vida».

El objetivo, prosiguió, es poder seguir sumando más mujeres a este clamor en distintos espacios porque, sostuvo, hay muchas familias «viviendo dolores profundos».

Por su parte, María Fernanda Montero, violinista y profesora de música, señaló a EFE que detrás de cada una de las mujeres presentes hay una «infinidad» de historias importantes. Estas historias hay que reconocer, acompañar y valorar.

«La idea es que como madres, hijas, esposas, amigas, abuelas, estemos unidas acompañándonos en el clamor por la verdad, por la justicia y por el respeto a cada una de las vidas de venezolanos y venezolanas sin distingo de raza, de afiliación política, de profesión», añadió.

«No saben dónde están sus familiares»

La violinista sostuvo que actualmente no hay valor en la vida sin instituciones «justas que le den el reconocimiento a los debidos procesos y el acompañamiento justo a madres que al día de hoy no saben dónde están sus familiares». Además, estas madres no saben en qué lugar están recluidos sus familiares ni en qué condiciones están.

«Aunque algunas de nosotras todavía le damos gracias a Dios que no hemos sufrido algunas de estas desgracias, ninguna de estas historias no es indiferente», apostilló.

La semana pasada, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Quero, luego de 16 meses de denuncias de la madre del detenido, Carmen Navas, sobre la desaparición de su hijo.

La cartera de Estado informó que Quero estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025. Además, detalló que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».

Según el comunicado oficial, falleció casi diez días después por «insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar».

Decenas de ONG, partidos políticos y activistas cuestionaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después. Finalmente, la Fiscalía, encabezada por el abogado vinculado al chavismo Larry Devoe, anunció una investigación penal, que ha sido respaldada por el Parlamento.

Sin embargo, ONG han señalado que la investigación debe ser independiente y con ayuda internacional.

El gobierno talibán ha promulgado este viernes una nueva normativa de derecho familiar que permitirá los matrimonios en los que participen menores de edad, en determinadas circunstancias, de la misma manera que dejará a los menores solicitar su anulación una vez alcanzada la pubertad y mediante una orden judicial.

El Nacional

El reglamento, titulado «Principios de separación entre cónyuges», es un nuevo decreto sobre derecho de familia ratificado por el líder supremo de los talibanes, mulá Hebatulá Ajundzada. El documento establece que los matrimonios con personas menores de edad arreglados por familiares que no sean el padre o el abuelo son legalmente válidos si se consideran socialmente compatibles y si la dote es adecuada.

De esta manera, el reglamento consta de 31 artículos y regula de manera estricta las condiciones bajo las cuales se puede disolver, anular o forzar la separación de un matrimonio en Afganistán, basándose en una interpretación fundamentalista de la jurisprudencia islámica (Hanafi). También describe las normas que rigen la disolución en una amplia gama de circunstancias religiosas y legales, incluidos el matrimonio infantil, la desaparición del marido, la apostasía, la separación forzosa, las relaciones de lactancia y las acusaciones de adulterio.

A su vez, el reglamento impone restricciones extremas para el divorcio a petición de la mujer. Si ella denuncia malos tratos, hostilidad o la negación de sus derechos, el juez no puede conceder la separación solo porque ella lo pida si el abuso puede «prevenirse por otros medios» o si el esposo no da su consentimiento.

El artículo 7 impone también que el silencio de una mujer virgen que ha alcanzado la pubertad ante una propuesta de matrimonio se interpretará automáticamente como consentimiento, aunque, por el contrario, el silencio de un hombre o de una mujer que ya ha estado casada anteriormente no se considera una aceptación.

La publicación de este reglamento se suma a una serie de normativas drásticas impuestas por el régimen talibán, las cuales desmantelan por completo las leyes previas de protección a la mujer y legalizan de facto el control absoluto del hombre sobre el ámbito doméstico.

Las organizaciones internacionales de derechos humanos también han expresado su preocupación por el hecho de que los talibanes estén codificando cada vez más interpretaciones radicales de la jurisprudencia islámica en las regulaciones estatales, institucionalizando las restricciones basadas en el género a través del sistema legal.

La economía de Cuba se encuentra bajo el control total de GAESA, el conglomerado militar que, según detalló en diálogo con Infobae Emilio Morales, presidente y CEO de Havana Consulting Group, desplazó a las instituciones civiles y convirtió al Estado en una estructura opaca y sin contrapesos.

Por: Gastón Calvo – Infobae

Morales, consultor de empresas internacionales y experto en la economía cubana, describió el proceso de concentración de poder económico y político que ha protagonizado el grupo militar desde la enfermedad de Fidel Castro y la llegada de su hermano Raúl al poder en 2008. “GAESA se ha apoderado de todos los sectores lucrativos, sin rendir cuentas ni estar sujeto a auditorías o controles estatales tradicionales”, afirmó.

Este grupo militar tomó el control de corporaciones clave como CIMEX (el mayor conglomerado empresarial del país) y ETECSA (el único proveedor legal de telefonía y telecomunicaciones), acaparando el mercado dolarizado, el turismo, las remesas, el sector inmobiliario y muchas otras áreas estratégicas.

Además, describió cómo GAESA se apropió de recursos estatales, desviando fondos que deberían invertirse en servicios públicos básicos, y transformando el Estado en lo que el entrevistado llamó un “Estado mafioso”.

También abordó el deterioro social y económico en Cuba, la crisis energética y los apagones prolongados, así como la resistencia interna y la pérdida de confianza en el régimen. Morales destacó que la mayoría de la población y el exilio cubano desean una intervención internacional para terminar con la crisis, y que el llamamiento del general Rafael del Pino a los militares para que no repriman las protestas indica un inminente cambio político.

Finalmente, habló del ofrecimiento de ayuda humanitaria de Estados Unidos y la cercanía del fin del régimen cubano, que podría ocurrir en menos de tres meses. “Estamos viendo el declive total del sistema, nadie cree en ellos. Este es el fin. La familia Castro tiene que tomar la decisión de irse y creo que en eso es en lo que están, buscando para dónde irse. Y así van a ser los días finales. Pienso que esto no pasa de más de 60 o 90 días. No creo que llegue a eso”, indicó.

La expansión acelerada de GAESA y el desplazamiento del poder civil

En la entrevista con Infobae, Morales expuso que el conglomerado militar pasó de ser una empresa menor en el sector turístico a controlar las principales fuentes de divisas del país. “En 2006, cuando Fidel Castro cayó enfermo, GAESA era una empresa pequeña. Lo más importante que tenía en ese momento era Gaviota, y competía de igual a igual con otras compañías del Ministerio de Turismo”, recordó.

El punto de quiebre llegó cuando Raúl Castro asumió la Presidencia en 2008 y desplazó a los cuadros civiles designados por Fidel. A partir de ese momento, GAESA inició una expansión sistemática que incluyó la toma de CIMEX en 2010, la corporación más grande de la isla en manos de Fidel; y la posterior adquisición de ETECSA tras la compra de las acciones de Telecom Italia, asegurando el control total de las telecomunicaciones y el mercado dolarizado.

“La orden de apoderarse de CIMEX la da Raúl Castro a Luis Alberto López-Calleja, su ex yerno y entonces general de brigada y CEO de GAESA”, relató Morales, quien remarcó que ese movimiento permitió controlar el flujo de remesas, el comercio minorista en dólares y el negocio inmobiliario.

La operación se ejecutó sin transparencia y sin que mediara ninguna transacción comercial ordinaria. “No hubo compras, no hubo acuerdos entre empresas. Fue simplemente una orden: ‘Ahora esto es mío’, y punto”, describió.

Toma de empresas estratégicas y circuitos financieros paralelos

El proceso continuó con la absorción de ETECSA, que consolidó el dominio sobre el negocio de la telefonía móvil y las telecomunicaciones. Morales subrayó que la expansión de GAESA involucró también la apropiación de Habaguanex, el conglomerado turístico que había administrado el historiador de la ciudad, Eusebio Leal, y que incluía decenas de hoteles y tiendas dolarizadas.

“En medio del deshielo con Estados Unidos, GAESA se apoderó del BFI, el Banco Financiero Internacional, que controla más del 95% de las transacciones comerciales entre empresas cubanas y extranjeras”, explicó Morales; al tiempo que subrayó: “Todo el dinero quedó a merced de GAESA. No hay auditoría, no hay control, ni siquiera la Asamblea Nacional, ni el Ministerio de Economía, ni la Contraloría General de la República pueden acceder a ese banco”.

Morales puntualizó que la red de empresas bajo el paraguas de GAESA incluye estructuras creadas en paraísos fiscales, como CIMEX Panamá y Fincimex, que administran flujos internacionales, remesas y el procesamiento de tarjetas de crédito para turistas.

“CIMEX Panamá fue fundada en 1978 por órdenes de Fidel Castro para evadir el embargo, y se usaba para el tráfico de armas y drogas. Más tarde, el negocio se reconvirtió para administrar el mercado cubano dolarizado”, sostuvo el consultor. “Todo se hacía fuera del control del Banco Central”, detalló.

Desvío de recursos públicos y deterioro social

El entrevistado afirmó que el conglomerado ha vaciado de recursos a los ministerios y empresas estatales, dejando a la administración civil sin capacidad de inversión ni manejo de fondos. “El Estado se quedó sin recursos. Al pasar el BFI a manos de GAESA, las riquezas nacionales quedaron fuera del alcance de cualquier control estatal”, sentenció Morales.

La situación se agravó por la falta de inversión en sectores críticos. Preguntado al respecto, citó el caso de la exportación de servicios médicos, que llegó a generar más de 10.000 millones de dólares al año y empleó a más de 50.000 personas.

Según estudios realizados por su consultora, en 15 años la exportación de servicios médicos produjo 108.000 millones de dólares, de los cuales solo el 1,6% se invirtió en salud; mientras que 24.000 millones se destinaron a hoteles y 70.000 millones no tienen destino identificado.

“La inversión en energía fue nula. La matriz energética del país está colapsada y las plantas eléctricas, con más de 40 años de uso, se rompen a diario”, advirtió Morales, quien agregó que los recursos que deberían destinarse a salud, energía y servicios públicos quedan bloqueados en circuitos financieros controlados por GAESA.

El control de los fondos estatales también afecta la vida cotidiana: “El país vive apagones de más de 20 horas, no hay combustible, la infraestructura está destruida y los hospitales no reciben los recursos que generan. Todo depende de las decisiones de GAESA, que maneja el dinero sin control ni auditoría”, insistió.

Negocios paralelos y operaciones internacionales

Morales describió la existencia de circuitos de negocios ilegales, como la venta de petróleo venezolano recibido por Cuba en virtud de acuerdos bilaterales. “El contrato con Venezuela era por 125.000 barriles diarios, pero Cuba solo necesitaba unos 50.000 para generar energía. El resto se vendía en el mercado internacional usando empresas creadas en paraísos fiscales y tanqueros propios”, explicó.

Este mecanismo permitió el desvío de fondos y la acumulación de capital fuera del alcance de las autoridades nacionales. “La operación se mantuvo hasta que la administración de Donald Trump cortó esa vía de financiamiento”, subrayó.

También señaló que la apropiación de empresas y recursos por parte de GAESA representa una etapa distinta respecto a los primeros tiempos de la revolución. “En los primeros años, Fidel confiscó empresas extranjeras y cubanas. Ahora, 60 años después, lo que hace este grupo es robarle al Estado, apoderándose de empresas y recursos sin ninguna supervisión”.

Crisis social y ayuda internacional

La crisis cubana se ha profundizado en los últimos meses. Morales calificó la situación como un colapso institucional, con una economía paralizada y un malestar social creciente.

“El país está sometido a apagones de más de 20 horas, la gente protesta en las calles y hay cacerolazos durante el día y la noche. El desfile tradicional del 1 de Mayo fue un simulacro, con apenas unos miles, cuando antes desfilaban más de un millón de personas”, relató Morales a Infobae.

El gobierno de Estados Unidos ofreció 100 millones de dólares en ayuda humanitaria pero el régimen cubano, en un primer momento, condicionó la aceptación. Luego, el propio Miguel Díaz-Canel aseguró que no pondrá obstáculos a la asistencia. Morales interpretó la estrategia de Washington como un modo de dejar en evidencia a la dictadura de La Habana.

“Es una forma de demostrar que el obstáculo es el gobierno cubano. Ellos no quieren aceptar ayuda canalizada a través de la Iglesia Católica porque sería reconocer su incapacidad para satisfacer las necesidades básicas”, puntualizó; al tiempo que añadió que las donaciones que llegan al país suelen venderse, en lugar de entregarse gratuitamente.

Las recientes sanciones internacionales han acelerado el éxodo de inversionistas y el cierre de hoteles en manos de cadenas extranjeras. “El más grande ya se fue, y Meliá cerró el 50% de los hoteles que administra. Es cuestión de tiempo para que cierren todos”, afirmó Morales. “Esto es como un paciente intubado, solo falta desconectar el ventilador”, agregó.

La oportunidad de una transición

El entrevistado valoró el llamado del general Rafael del Pino a los militares para que no repriman las protestas. “El mensaje es claro: la mayoría de los oficiales no están manchados de sangre y tienen un futuro en una nueva Cuba. Las fuerzas armadas jugarán un papel muy importante en la transición”, analizó; al tiempo que describió: “Nadie quiere una anarquía. Se necesita tranquilidad y paz para reconstruir el país, y los militares deben unirse al pueblo en esta hora final”.

Morales sostuvo que el descontento es mayoritario y que tanto la población como el exilio apoyan la intervención internacional. “Por primera vez en 70 años, más del 60% de la población y del exilio están llamando a una intervención externa. Las condiciones están dadas para que el régimen caiga en menos de 90 días”, afirmó.

Morales evocó antecedentes históricos, como la carta del general Máximo Gómez al presidente estadounidense Grover Cleveland durante la guerra hispano-cubana, y anticipó la publicación de un estudio sobre la intervención estadounidense de 1898.

Según el entrevistado, la actual situación reproduce elementos de aquel contexto y podría derivar en una intervención internacional sin intención anexionista, motivada por razones humanitarias.

Por último, indicó que la isla atraviesa un punto de inflexión, con un Estado despojado de recursos, servicios públicos colapsados, malestar popular extendido y una elite militar que concentra el poder económico y político. “Ya no es un país, es una mafia que gobierna un país”, concluyó.

El periodista David Placer afirmó este sábado 16 de mayo, que la administración de Delcy Rodríguez habría aprobado la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, donde enfrentaría un nuevo proceso judicial. Hasta ahora no existe confirmación oficial sobre el traslado.

La Patilla

El periodista venezolano David Placer aseguró a través de su canal de YouTube, que el empresario colombiano Alex Saab será extraditado nuevamente a Estados Unidos en las próximas horas, tras una supuesta autorización de la administración interina de Delcy Rodríguez.

“Delcy Rodríguez ha aprobado la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Es cuestión de horas, tal vez de minutos”, afirmó Placer durante una transmisión difundida en su canal oficial este sábado.

Según el comunicador, Saab sería trasladado en un avión del gobierno estadounidense hacia Miami, donde presuntamente enfrentaría un proceso judicial supervisado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Durante su intervención, Placer sostuvo que Saab sería utilizado como un “testigo privilegiado” dentro de investigaciones relacionadas con el entorno del chavismo y particularmente contra Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El periodista señaló que, de concretarse el traslado, el empresario tendría la posibilidad de colaborar con fiscales estadounidenses, lo que eventualmente podría traducirse en beneficios procesales, tal como ocurre en algunos casos dentro del sistema judicial norteamericano.

Placer también mencionó presuntos expedientes relacionados con lavado de dinero y supuestas operaciones financieras investigadas previamente por autoridades estadounidenses.

La versión divulgada por David Placer surge en medio de reportes previos sobre negociaciones entre Washington y Caracas para una eventual extradición de Saab, considerado por autoridades estadounidenses como una figura clave dentro de la estructura financiera del chavismo.

Medios internacionales habían informado en meses recientes sobre conversaciones para su posible traslado a territorio estadounidense.

Incluso, reportes publicados en marzo señalaron que funcionarios estadounidenses y representantes de Venezuela mantenían contactos sobre un eventual envío del empresario a Estados Unidos para enfrentar nuevos cargos vinculados a presuntos delitos financieros.

Sin embargo, hasta este sábado 16 de mayo, no existe confirmación oficial por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos ni de autoridades venezolanas sobre una extradición inminente de Alex Saab.

Dos casos de mujeres que dieron a luz en prisión han generado críticas internacionales contra el régimen de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez.

NTN24

Scarlet Ortiz y Maikelis Borges fueron detenidas estando embarazadas y tuvieron a sus bebés en los centros de tortura, según denuncias de organizaciones de derechos humanos.

Scarlet Ortiz y su esposo José Manuel García Sabino, exconcejal, fueron detenidos en febrero de 2025 acusados de presunta estafa.

Tres meses después de su detención, el cuerpo sin vida de José Manuel García Sabino fue hallado en los calabozos donde estaba recluido.

El certificado de defunción señalaba ahorcamiento como causa de muerte, aunque el padre del fallecido ha denunciado que los hematomas en el rostro de su hijo evidenciarían tortura. La muerte ocurrió sin que García Sabino pudiera conocer a su hija recién nacida.

Por su parte, Maikelis Borges, de 26 años, fue detenida cuando tenía dos meses de embarazo y permaneció en prisión durante un año.

El 19 de febrero fue trasladada a prisión domiciliaria, sin obtener libertad plena. Borges dio a luz durante su reclusión en condiciones precarias.

La familia de Borges enfrenta persecución política, según las denuncias. Sus hermanas de 16 y 19 años respectivamente, también han sido señaladas como prisioneras políticas, configurando un caso de persecución familiar.

Entretanto, Ambar Castillo vive una tragedia familiar sin precedentes en Venezuela: sus dos hijas, Samantha de 16 años y Aranza de 19, permanecen detenidas como prisioneras políticas, mientras su nuera Maikelis Borges dio a luz a su nieto en prisión.

En entrevista con La Noche de NTN24, Castillo reveló que Maikelis, quien logró pasar a casa por cárcel, se encuentra recibiendo «atención psicológica en línea, ya que está aterrada de salir de la casa».

La situación familiar se agrava porque el padre de las jóvenes detenidas también está siendo perseguido políticamente y no puede estar presente.

«Es una persecución sistemática que nos han aplicado a toda mi familia», explicó Castillo, quien además menciona que su hermano y primo también están afectados.

El impacto emocional ha sido devastador para toda la familia. Castillo describió sus días como «muy duros, muy difíciles, difícil de asimilar tanta cosa, tanta información, pendiente de cada caso de mi familia». Su padre, de casi 80 años, «llora todos los días» diciendo «no me quiero morir sin ver a mi nieta».

«Es noches enteras arrodilladas pidiéndole a Dios que todo esto termine, que se cumpla todo lo que han prometido», relató Castillo sobre su rutina diaria, marcada por la incertidumbre y el dolor de tener a sus hijas menores de edad detenidas, acusadas de terrorismo.

«No vamos a callar, vamos a denunciar lo que tengamos que denunciar, porque aquí se están violando todos los derechos, no solamente de mis hijas, sino de todos, de todos los presos políticos», puntualizó.