El diseño del tarjetón electoral que se utilizará en las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 28 de julio debería ser una competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), por ser este el encargado de validar a los partidos políticos y grupos de electores que participarán en los comicios. Sin embargo, en la práctica otro organismo ha venido participando en la confección de la boleta desde mucho antes de que se fijara la fecha de los comicios: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Acceso a la Justicia
De las 37 organizaciones que han recibido el visto bueno del árbitro para concurrir al próximo evento comicial, 10 (27,02%) han sido intervenidas por el máximo juzgado o se ha dictado alguna sentencia en su contra.
Con su proceder el organismo rector del Poder Judicial no solo se ha inmiscuido en los asuntos internos de los partidos, con lo cual ha vulnerado el derecho a la asociación y participación en los asuntos públicos de sus militantes, sino que parece haberse convertido en una especie de «gran elector».
A continuación, recordamos cuáles han sido las formaciones afectadas.
Contra las ovejas descarriadas
Uno de los primeros partidos en ser intervenido no fue opositor, sino uno de los integrantes originales del Polo Patriótico (coalición dentro de la cual estaba el partido de Gobierno): el Movimiento Por la Democracia Social (Podemos), que a su vez nació de una escisión en 2002 del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS).
En junio de 2012, la Sala Constitucional, a través de su sentencia n.º 793, le arrebató las riendas de la formación al grupo liderado por el entonces diputado Ismael García y puso al frente al exgobernador del estado Aragua, Didalco Bolívar.
La decisión se adoptó luego de que Bolívar acudiera al máximo juzgado para denunciar que el respaldo dado por la directiva encabezada por García a la candidatura presidencial del opositor Henrique Capriles Radonski se tomó «sin consultar a la militancia». En el caso de la organización con fines políticos Patria para Todos (PPT), en 2012 el TSJ también intervino para favorecer a un sector que apoyaba al chavismo.
Tres años después le tocó el turno al Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), organización que también formó parte de la alianza oficialista, pero que poco a poco se fue desmarcando; para las parlamentarias de 2015 tenía previsto no continuar dentro del Polo Patriótico. Sin embargo, en julio de 2015, la Sala Electoral aprovechó una denuncia que un militante realizó en relación con la falta de renovación de las autoridades para descabezar a la directiva de ese partido y designar una junta ad hoc.
Casi una década después, los designados por el TSJ siguen en sus cargos y no han efectuado elecciones internas, a juzgar por una sentencia de julio de 2023 que desestimó un amparo que buscaba que se hicieran elecciones.
Tras los exsubversivos
En 2015 el TSJ actuó también contra los primeros partidos abiertamente opositores: Bandera Roja y Copei.
En el caso de Bandera Roja, la Sala Constitucional atendió la queja de algunos de sus militantes sobre vicios e irregularidades en la organización de las elecciones internas y tras anular dicho proceso le entregó las riendas de la formación a uno de los demandantes (Pedro Celestino Velez). En 2020, el partido fue autorizado a postular candidatos para las cuestionadas parlamentarias de ese año.
El zarpazo contra Bandera Roja fue de lo más simbólico, pues esta organización, considerada de extrema izquierda y que en la década de los 60, 70 y 80 fue señalada de realizar actos subversivos, jamás apoyó al Gobierno de Chávez.
Un lustro después una suerte similar corrió otra organización de la izquierda radical, el Movimiento Revolucionario Tupamaro. Esta formación se había alejado del Gobierno de Nicolás Maduro y para las parlamentarias de 2020 tenía previsto formar parte de una alianza alternativa con el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Partido Patria para Todos (PPT). Sin embargo, su intervención, decretada por la Sala Constitucional, frustró este plan. Con apenas días de diferencia, el PPT corrió la misma suerte.
Pese a que la Sala Constitucional les dio a las directivas impuestas a ambas organizaciones 12 meses para celebrar nuevas elecciones, sólo el PPT ha cumplido esa orden. No obstante, lo hizo de una manera no del todo transparente, de acuerdo con las quejas y denuncias de fraude de algunos directivos. William Rodríguez, miembro de la Dirección Nacional, acusó a la diputada Ilenia Medina de querer «coronarse en el partido».
Por último, el PCV fue descabezado por la Sala Constitucional en agosto de 2023, siguiendo la misma receta y argumentos aplicados a las otras formaciones antes señaladas.
Confeccionando una oposición a la medida
En 2020 el TSJ fue más allá y tomó medidas contra cinco partidos opositores: Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), el Movimiento por la Integridad Nacional (MIN-UNIDAD) y Un Nuevo Tiempo (UNT).
Sin embargo, solo tres fueron efectivamente intervenidos: AD, PJ y VP, aunque a uno de ellos (PJ) la medida le fue revocada días después, luego de que uno de sus líderes, el exgobernador Capriles, se mostrara dispuesto a participar en las legislativas de ese año, quedando en el limbo desde entonces, puesto que se mantuvo suspendida a la directiva del partido y no estará presente en el tarjetón electoral para estas presidenciales. En el caso de UNT, la intervención nunca se concretó, mientras que MIN-Unidad, si bien no se nombró una junta directiva ad hoc, autorizó a un militante a postular ante el CNE .
En el caso de AD, la Sala Constitucional prorrogó su intervención y luego avaló el resultado de sus controvertidas elecciones internas, obviando las quejas de algunos de quienes compitieron en dicho proceso.
Respecto al partido socialcristiano Copei, en julio de 2015 le fue designada una junta directiva ad hoc y, por ello, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió retirar a sus candidatos para las parlamentarias de ese año y excluyó al histórico partido, uno de los dos que se alternaron en el poder en Venezuela entre 1958 y 1998. En el caso del partido socialcristiano, el TSJ, al menos dos veces más, siguió designando sus directivas, la última en diciembre de 2019.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La intervención del TSJ en los asuntos internos de los partidos es otra muestra de las debilidades del sistema electoral venezolano, pues de los 10 habilitados para las presidenciales y que han sido blanco de decisiones judiciales, cinco tendrán como candidato al aspirante a la reelección, Nicolás Maduro (MEP, Podemos, PCV, Tupamaro y PPT), esto, a pesar de que todos ellos habían mantenido serias discrepancias e incluso habían roto con él o su antecesor en el cargo, el fallecido Hugo Chávez.
Por su parte, de las restantes cinco formaciones, antes consideradas opositoras (o al menos actualmente controladas por opositores no alineados con la plataforma unitaria), reparten sus apoyos entre cuatro candidatos conciliadores con el Gobierno o que no tienen ninguna posibilidad real de ganar la silla del Palacio de Miraflores, de acuerdo con lo que señalan las encuestas.
Lo anterior deja en claro el rol que el máximo juzgado, a través de sus salas Constitucional y Electoral, ha venido jugando en los últimos años para ayudar a las autoridades a moldear una oposición a la medida, dejar sin efecto las aspiraciones del chavismo disidente y neutralizar a los verdaderos rivales electorales.
