Desde enero de 2023, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 18 casos de desapariciones forzadas en Venezuela, perpetradas por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del Estado.

El Nacional

La información la reveló Nada Al-Nashif, adjunta del alto comisionado Volker Türk, durante la actualización presentada ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Señaló que a las personas las detuvieron y posteriormente las dejaron incomunicadas durante horas o incluso semanas, lo que constituye graves violaciones a los derechos humanos.

La revelación de estos datos por parte del Alto Comisionado de la ONU enfatiza la urgente necesidad de investigaciones exhaustivas y transparentes por parte de las autoridades venezolanas, así como de la adopción de medidas concretas para garantizar la rendición de cuentas y prevenir la repetición de tales atrocidades en el futuro.

Exigió la liberación de las personas detenidas arbitrariamente

La alta comisionada adjunta de la ONU destacó asimismo que la mayoría de las personas detenidas se enfrentaron a cargos relacionados con conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición y lavado de dinero.

Informó que la Oficina de la ONU recibió denuncias de malos tratos infligidos a detenidos por agentes de servicios de seguridad o de inteligencia, algunas de las cuales podrían constituir tortura.

En este contexto, hizo un llamado urgente para la liberación total de todas las personas detenidas arbitrariamente. Además, alertó sobre la continua represión hacia defensores de derechos humanos, citando los casos de Javier Tarazona y Rocío San Miguel.

Al respecto, Al-Nashif instó a las autoridades venezolanas a abstenerse de aprobar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital.

La preocupación de la ONU se intensificó por la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar a los funcionarios de su Oficina de Derechos Humanos en Caracas y suspender sus operaciones.

Al-Nashif expresó inquietud por esta medida y destacó que aunque se han producido algunos cambios positivos, aún queda mucho por hacer.

La comunidad internacional ha expresado su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en en el país y ha exigido al régimen de Nicolás Maduro a tomar medidas inmediatas y efectivas para evitar estas violaciones y proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió este martes en un debate sobre la situación de Venezuela que el país celebre unas elecciones presidenciales «transparentes, inclusivas y participativas», el próximo 28 de julio

EFE

Asimismo, solicitó que se permita que sus trabajadores expulsados en febrero regresen al país.

«Esperamos que nuestra oficina pueda reanudar pronto plenamente su labor de servicio a la población de Venezuela, y fortalecer nuestra cooperación con las autoridades sobre la base del respeto mutuo y el diálogo franco y transparente», señaló en relación con esa expulsión la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Las autoridades venezolanas obligaron a trece empleados de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas a dejar Venezuela en el plazo de 72 horas, después de que el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, les acusara de espionaje y conspiración.

Pese al tenso momento de relaciones entre la ONU y el gobierno venezolano, que habían pactado la presencia de esa oficina local en 2019, Al-Nashif aseguró que ha habido «cambios positivos» en el país, aunque «queda mucho por hacer».

Destacó que en 2023 no se registró, como había sido el caso antes, el innecesario o desproporcionado uso de la fuerza contra manifestantes, aunque sí se denunciaron arrestos y detenciones arbitrarias, entre otras represalias, a algunos participantes en esas protestas.

También denunció que defensores de los derechos humanos siguen enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas por parte de las autoridades venezolanas, y citó los casos de los perseguidos activistas Javier Tarazona, fundador de la organización Fundaredes, y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.

La «número dos» de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk también manifestó la preocupación por las detenciones, intimidaciones y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición.

En ese sentido, Al-Nashif subrayó como un paso adelante la firma en octubre de 2023 de los Acuerdos de Barbados entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática, pero hizo un llamamiento a que «se apliquen plenamente de buena fe».

En virtud de esos acuerdos, recordó, se liberó a 34 personas, pero «la mayoría de ellas siguen siendo objeto de procesos penales».

Al-Nashif agregó que desde enero de 2023 la oficina de la ONU ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas se seguridad.

«Permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas», agregó la responsable de Naciones Unidas, quien también lamentó que las autoridades venezolanas ocultaran estas detenciones y posteriormente presentaran cargos contra los arrestados por presunta conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición o lavado de dinero.

La alta comisionada adjunta también indicó que la oficina ha recibido denuncias de malos tratos a detenidos por agentes de servicios de seguridad o de inteligencia que en algunos casos podrían constituir tortura.

«Es especialmente preocupante la falta de avances en la investigación de los casos de personas indígenas yukpa en el estado Zulia por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana», afirmó.

Al-Nashif también subrayó que las sanciones internacionales contra Venezuela exacerban los problemas preexistentes del país y «han tenido un impacto negativo desproporcionado en la población», por lo que reiteró el llamamiento de la oficina de la ONU a que sean anuladas.

En respuesta a esta presentación, la delegación de Venezuela ante el Consejo dijo que este informe ha sido patrocinado por países acostumbrados a intervenir en los asuntos internos de los países, en lugar de optar por «un diálogo genuino y la cooperación».

Sobre el eventual retorno del personal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a Venezuela, dijo que se han mantenido conversaciones con esta instancia para «vislumbrar en el tiempo y en el momento que sea oportuno un nuevo proceso de cooperación técnica (…), sin injerencias ni parcialización política».

A un mes para que venza el plazo de seis meses establecido por Estados Unidos para la suspensión de algunas sanciones a Venezuela, entre ellas al petróleo y al gas, se eleva el suspenso respecto a la decisión que tome el Gobierno estadounidense, que supedita la extensión del alivio a los pasos que dé Caracas para garantizar en julio unas presidenciales “competitivas”.

EFE

Y con competitivas, EEUU se refiere, principalmente, a la participación en las presidenciales del próximo 28 de julio de la ex diputada liberal antichavista María Corina Machado, inhabilitada por la Contraloría para ocupar cargos de elección popular hasta 2036.

Pero el país caribeño, según el régimen chavista, jamás se entregará “a las órdenes de Washington”, que en enero restauró sus sanciones al sector del oro, en represalia por la ratificación de la inhabilitación de Machado por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La incertidumbre llevó a expertos y a entes independientes a proyectar distintos escenarios económicos para este año, con un menor crecimiento en caso de que las medidas sean retomadas, mientras que el régimen de Nicolás Maduro confía en que el incremento será del 8%, “con sanciones o sin sanciones”.

Según dijo a EFE el economista Luis Oliveros, hay “mucha incertidumbre” debido a que, si bien el Gobierno estadounidense amenaza con retomar las sanciones, “no se sabe exactamente cuáles serían”.

El experto, que a principios de año veía factible una extensión del alivio a partir del próximo 18 de abril, ahora prevé “alguna reversión en el tema de la flexibilización”, ante los recientes acontecimientos en el ámbito político venezolano, criticados por Estados Unidos.

EEUU, además de rechazar la inhabilitación de Machado, expresó su preocupación por la “detención de miembros de la oposición”, que califica de “democrática”, y cuestionó el cronograma anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano para las presidenciales con plazos “ajustados”.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, Brian Nichols, dijo recientemente que los “incentivos” que su país y la comunidad internacional han puesto “no han sido suficientes”.

Para Oliveros, estas reacciones de la nación norteamericana han aumentado la incertidumbre.

Sin embargo, considera que al mandatario estadounidense, Joe Biden, convertido matemáticamente en candidato demócrata a las presidenciales de noviembre, “no le conviene” imponer nuevamente las sanciones petroleras a Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo, unos 300.878 millones de barriles.

“Muy por el contrario, le conviene que ese petróleo fluya y que Chevron se cobre las deudas”, dijo.

Por lo tanto, el escenario que ve más probable es uno en el que Estados Unidos “retome algunas sanciones” sin que el sector petrolero “se afecte de manera importante”.

Según cifras oficiales, Venezuela registra un crecimiento sostenido de su producción desde septiembre, cuando promedió en unos 762.000 barriles por día (bpd), un nivel que alcanzó los 877.000 bpd en febrero, un alza del 15%.

Desde octubre, cuando entró en vigencia el alivio, Venezuela ha ampliado su cooperación internacional en el ámbito energético, al firmar acuerdos con la española Repsol, la francesa Maurel & Prom, la mexicana Pemex, la Refinería di Korsou (Rdk) de Curazao y con la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago, entre otros.

El diputado chavista Ramón Lobo, ex ministro de Economía, aseguró que Venezuela, con un “cúmulo de experiencias adquiridas en los últimos ocho años” y un “marco de relaciones internacionales más favorable”, seguirá “avanzando en la recuperación del aparato productivo, independiente del escenario que se dé”.

En febrero pasado, el ministro de Petróleo, Pedro Rafael Tellechea, aseguró que el país cuenta con una “industria poderosa para enfrentar cualquier situación” y que estará preparada en caso de que EEUU aplique “más sanciones”.

En lo que va de 2024, la nación suramericana ha firmado instrumentos de cooperación con Turquía, Indonesia y Burkina Faso, a la vez que busca un “mayor acercamiento” con inversionistas de Brasil en el sector petrolero y fortalecer la alianza energética con Irán.

Estas acciones, a juicio de Oliveros, muestran que el régimen “está buscando un plan B”.

En todo caso, aseguró que cualquier regreso de sanciones supone una mala noticia para Venezuela.

Explicó que el esquema de sanciones “recorta los presupuestos de inversión de varias empresas privadas” y “vuelve a colocar expectativas negativas en la economía venezolana”.

Además, las sanciones petroleras cierran el mercado occidental al país, que se vería obligado a colocar su crudo en Asia, con descuentos y costos de envío “muy altos” -como hacía antes del alivio-, a la vez que las empresas con actividades en Venezuela “posiblemente tendrían que minimizar o parar operaciones”, lo que reduciría la producción.

No obstante, el régimen confía en que este año la producción superará los 1,2 millones de bpd, un alza del 53% frente a 2023.

A las 3 de la tarde del 20 de marzo de 2023 anunció por Twitter que dejaba el puesto de ministro de petróleo. No dijo nada sobre su cargo como vicepresidente del área económica, pero se sobreentiende que en vista de que se encontraba en el centro de un escándalo monumental, también habría entregado esa y cualquier otra silla que ocupara tanto en el gobierno como en la estructura del partido oficialista, que es decir casi lo mismo. 

Por: Oscar Medina – La Gran Aldea

Su entorno, sus asociados, él mismo, desaparecieron más de 21 mil millones de dólares que debían ingresar en las cuentas de Pdvsa. Incluso para un país en el que la corrupción ya ni sorprende, semejante cantidad de dinero era -es- demasiado. Pecado imperdonable ese, no por presuntamente robarle al Estado, sino por dejar seca la cajita mágica de los dólares en un contexto de sanciones que limita el flujo de recursos que aceita la maquinaria del poder. 

En Miraflores seguramente parafrasearon a Luis Herrera: ¿Y dónde están los reales? El ministro no pudo ofrecer una respuesta acertada. Los reales no estaban, no estuvieron. Nunca llegaron. Tenían que rodar cabezas. Y rodaron las de El Aissami y los 40 ladrones. 

¿O son 60? ¿O son 80? ¿O son 100?

Desde entonces, el atildado zar del petróleo -siempre bien peinado y acomodadito para la foto- desapareció del panorama. Ni se le vio ni se le escuchó más. Su nombre está proscrito. Nadie en el círculo de los poderosos ni en el de los aduladores, se atreve a mencionarlo en voz alta. Tarek El Aissami es como Lord Voldemort para los personajes de la saga chavista: no se habla de él, no está muerto ni está vivo, es una sombra que podría tener poder o desatar fuerzas oscuras en tu contra. Es “quien-tú-sabes”, “el-que-no-debe-ser-nombrado”.

Lo eliminaron de sus contactos, borraron las fotos, los chats, lo sacaron de los grupos de WhatsApp. Tratan de no pensar en él, no sea cosa que les aparezca en Instagram.

Ni siquiera el Fiscal General, tan entusiasta de esas transmisiones en directo para contar “tramas” abundando en detalles y calificativos, exhibiendo diagramas, pruebas, elementos de convicción criminalística y todo eso, se ha tomado la molestia de hablar de este hombre que fue ministro de Interior y Justicia, de Petróleo, gobernador de Aragua y hasta vicepresidente de la República. En abril de 2023, por ejemplo, se negó a hacerlo: “En relación a futuras, próximas investigaciones en marcha, yo me he caracterizado por no adelantar opinión, no voy a autotubearme”.   

Pero en unos días se cumple un año de su salida de escena y su fantasma necesariamente recorre la discusión pública. Ya no sólo en el tuit de alguien que se acuerda de vez en cuando y suelta la pregunta incómoda “¿dónde está Tarek El Aissami?”. 

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El escándalo de corrupción del gobierno de Nicolás Maduro, conocido como Pdvsa-Cripto, cumple un año, pero los 61 políticos, empresarios y funcionarios del entorno del defenestrado Tareck El Aissami que están detenidos por hechos de corrupción siguen a la espera de audiencias o no se sabe qué ha ocurrido con sus causas judiciales.

El Pitazo

A partir del 17 de marzo de 2023, directivos de las estatales Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartón de Venezuela (Cartoven) y de organismos judiciales fueron a la cárcel por su vinculación en el desvío de 16.600 millones de dólares estadounidenses, según cálculos de Transparencia Venezuela y la firma Ecoanalítica. Esta purga en las empresas públicas y contratistas desencadenó la renuncia de El Aissami, del Ministerio de Petróleo, quien era considerado un hombre fuerte del oficialismo.

El exfiscal del Ministerio Público (MP) Zair Mundaray advierte que no se conocen los avances en la investigación penal contra los aliados de El Aissami porque el poder político prefiere silenciar los señalamientos de desfalco y robo en las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y el Poder Judicial.

Aunque el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, publicó detalles de la cruzada anticorrupción en sus redes sociales durante dos meses, dejó de hacer menciones del caso a partir de mayo de 2023 en su cuenta X (antes Twitter). La página web del MP no publica actualizaciones del caso desde abril de ese mismo año.

“Maduro ordenó que no se hablara más de este tema. Nadie en el sistema de justicia habla de esto. Ningún tribunal ni Tarek William Saab. Es una orden presidencial para que salga de la agenda pública”, declaró Mundaray a El Pitazo en entrevista telefónica.

El abogado sostiene que las autoridades se limitaron a encarcelar operadores de hechos de corrupción, figuras claves utilizadas en cargos estratégicos para desviar los fondos, pero sigue absuelto El Aissami, el autor del plan. “Este proceso carece absolutamente de legitimidad. No es posible que un proceso penal sea legítimo en la medida en que procesen a los subalternos y no a quien les dirige”, reitera.

Algunos de los involucrados en esta trama fueron detenidos sin orden judicial, estas solicitudes se incorporaron después a los expedientes y no estaban en situación de flagrancia. “Esto está plagado de irregularidades. Si hubiese una investigación real, se llegaría a otros actores políticos que se mantienen en el poder”, afirma.

Los familiares de los detenidos no han hecho denuncias públicas por retardo procesal o violaciones al debido proceso, excepto en el caso del presidente de Cartoven, Leoner Azuaje, hallado muerto en su celda.

Mundaray dice que no hay fechas fijadas para las audiencias, por lo tanto, tampoco hay diferimientos, de acuerdo con información que le suministraron fuentes internas. “Se les viola su debido proceso, independientemente del nivel de criminalidad que tengan o el involucramiento con esquemas criminales de corrupción”, argumenta.

El 25 de julio de 2023, el medio Últimas Noticias reportó que la fiscalía introdujo una acusación contra 22 de los 61 detenidos, entre ellos el diputado y exministro Hugbel Roa; el presidente de Sunacrip, Joselit Ramírez; y el vicepresidente de Pdvsa, coronel Antonio Pérez Suárez, ante el Tribunal Especial Segundo de Control de Caracas con competencia en Corrupción y Delitos Asociados y solicitó llevarlos a juicio. Luego de este anuncio, se desconoce si se han realizado las audiencias.

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