Primero Justicia, uno de los principales partidos opositores de Venezuela, presentó este lunes un plan para la reconstrucción del estado costero de La Guaira basado en la experiencia japonesa en gestión de desastres sísmicos. La propuesta, firmada por María Gabriela Hernández, secretaria nacional de Ambiente y Sostenibilidad del partido, llega cuando el doble terremoto del 24 de junio acumula 5.208 muertos y 16.740 heridos según el balance oficial difundido el domingo por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y cuando la zona costera más afectada acumula, según estimaciones conjuntas del Gobierno venezolano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), más de 2,1 millones de toneladas de escombros.

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El plan parte de una premisa política explícita: que el Estado venezolano “carece de capacidad técnica y voluntad política requeridas para atender de manera integral a las comunidades afectadas”, según declaró Hernández en un comunicado. El documento opone a esa supuesta incapacidad un conjunto de medidas concretas inspiradas en Japón, uno de los países con mayor experiencia acumulada en respuesta a catástrofes sísmicas. La primera apunta a la gestión de escombros mediante parcelamiento, clasificación, trituración e incineración móvil para reabrir vías bloqueadas, junto a la prohibición de arrojar basura y materiales tóxicos al mar.

La segunda medida consiste en retomar el Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas, elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) tras la Tragedia de Vargas de diciembre de 1999. Aquel desastre devastó el entonces estado Vargas —rebautizado La Guaira en 2019— mediante deslaves e inundaciones de magnitud excepcional. La cifra de víctimas nunca pudo establecerse con precisión: las estimaciones oscilaron entre cientos y hasta 30.000 muertos según distintas fuentes. El estudio de la cooperación japonesa quedó sin implementar en sus aspectos centrales.

La tercera línea del plan propone ejecutar las recomendaciones de la Universidad Central de Venezuela para modernizar las canalizaciones de los cauces de concreto armado, e incorpora la exigencia de estudios de microzonificación sísmica antes de autorizar cualquier construcción o reconstrucción en el área costera.

Según datos oficiales, el doble sismo dejó al menos 190 edificios colapsados, otros 856 con daños estructurales y 17.907 personas sin vivienda. Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con segundos de diferencia el 24 de junio y superaron en intensidad cualquier evento sísmico registrado en el país en más de un siglo, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). La catástrofe encontró a Venezuela con una infraestructura debilitada por más de una década de contracción económica: hospitales, redes eléctricas y sistemas de agua arrastraban déficits de mantenimiento que los sismos pusieron en evidencia.

“La reconstrucción no es viable bajo los mismos esquemas de quienes fallaron en el pasado”, sostuvo Hernández. La frase sintetiza la lógica de la propuesta: trasladar al terreno técnico una crítica con una dimensión institucional clara. El partido no especificó de qué manera pretende impulsar el plan en un contexto en el que la dictadura de Nicolás Maduro —desplazado del poder ejecutivo tras las elecciones de 2024 y reemplazado por una presidencia interina encabezada por Delcy Rodríguez— controla los mecanismos de aprobación y ejecución de cualquier proyecto de reconstrucción a escala nacional.

La referencia japonesa tiene respaldo técnico independiente. El ingeniero estructural Hideki Kit Miyamoto, fundador de Miyamoto International, se encuentra en La Guaira desde mediados de julio evaluando daños junto a equipos venezolanos, mexicanos y estadounidenses. Miyamoto calificó el escenario como uno de los más devastadores de su carrera y exploró con autoridades venezolanas estrategias inspiradas en el modelo aplicado tras el terremoto de Kobe de 1995. La propuesta de Primero Justicia se inscribe en ese marco, aunque su viabilidad dependerá de la disposición del aparato gubernamental para incorporar criterios técnicos externos en la reconstrucción más compleja que enfrenta Venezuela en décadas.

Delcy Rodríguez anunció el lunes que su Gobierno entregará 4.000 viviendas antes de diciembre para las familias afectadas por los terremotos del 24 de junio y que el plan de reconstrucción permitirá superar las 10.000 viviendas en 2027. La mandataria encabezó la entrega de los primeros apartamentos a más de 240 familias que perdieron sus hogares tras los sismos, mientras el balance oficial elevó a 5.278 la cifra de fallecidos y a casi 17.000 la de personas lesionadas.

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Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde Fuerte Tiuna, en Caracas, Rodríguez confirmó que las adjudicaciones se realizarán todos los meses hasta fin de año. “De aquí, mes de julio, al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual”, afirmó la presidenta encargada.

También explicó que el programa incluirá nuevas construcciones y la recuperación de edificios que quedaron inconclusos. “Y también vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir y ya el Estado mayor está en la revisión de los suelos”, sostuvo.

Rodríguez anticipó además que el objetivo para el próximo año superará ampliamente las entregas previstas para 2026. “Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya tengamos, alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario”, expresó. En otra intervención, precisó que esa meta incluirá la recuperación de “edificios que no habían sido culminados”.

Las primeras viviendas entregadas corresponden a dos edificios del programa Gran Misión Vivienda Venezuela, construidos por la empresa estatal china CITIC dentro del complejo militar Fuerte Tiuna. Rodríguez informó que más de 240 familias recibieron apartamentos “completamente equipados”, aunque no precisó el número exacto de unidades habitacionales adjudicadas.

“Hoy más de 240 familias están recibiendo una vivienda, una vivienda completamente equipada”, afirmó la mandataria durante el acto oficial. Posteriormente recorrió algunos de los apartamentos junto con las familias beneficiadas, según mostró la transmisión de VTV.

La llegada de Andy Burnham al cargo de primer ministro británico representa «el momento de cambio más significativo en nuestra política en 40 años», al menos según el propio Burnham. Al entrar en el número 10 de Downing Street el 20 de julio, declaró: «Hagamos de este el momento en que Gran Bretaña vuelva a creer».

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La retórica grandilocuente no se ha visto acompañada por una visión transformadora del gobierno. Dieciséis años después de su primer intento por convertirse en líder del Partido Laborista, y un año después de comenzar a planificar seriamente su nuevo cargo, el Sr. Burnham ha comenzado su gestión con poca convicción. Explica bien a qué se opone, pero no deja una impresión clara de lo que pretende hacer con su puesto.

La primera tarea del primer ministro fue una purga en el gabinete: destituyó a todos los aliados más cercanos de su predecesor, Sir Keir Starmer, incluida la ministra de Hacienda de Sir Keir, Rachel Reeves. Entre los destituidos figuraban la mayoría de los implicados en la elaboración del enfoque económico de Sir Keir, que (en teoría, si no siempre en la práctica) favorecía la tecnología, la desregulación y la construcción de viviendas para impulsar el lento crecimiento británico: Peter Kyle, Steve Reed, Liz Kendall y Darren Jones fueron apartados de sus cargos al frente de los sectores empresarial, de vivienda, científico y administrativo, respectivamente. La implacable determinación del Sr. Burnham de borrar el legado económico de su predecesor concuerda con sus recientes diatribas contra 40 años de “neoliberalismo”.

El nuevo ministro de Hacienda, John Healey, no representa una ruptura total con el pasado. Sirvió durante cinco años como ministro del Tesoro en el gobierno de Sir Tony Blair; su nombramiento, que sorprendió a la mayoría de los observadores, no necesariamente indica una desviación radical de la ortodoxia económica. Lo que sí indica es que el primer ministro está dispuesto a gastar mucho más en defensa: Healey renunció como secretario de Defensa de Sir Keir en junio tras una disputa sobre la financiación. (¿Encontrará de alguna manera los miles de millones adicionales en inversión militar que el Tesoro le negó anteriormente?) Ed Miliband, quien había sido señalado para el puesto de ministro de Hacienda, se convierte en secretario de Asuntos Exteriores, mientras que otra candidata, Shabana Mahmood, permanece como secretaria del Interior, una señal de que Burnham respalda su mano dura contra la inmigración, tanto legal como ilegal.

La primera tarea del Sr. Healey será aprobar un paquete de medidas destinadas a ayudar a los británicos a afrontar el coste de la vida. También tendrá que encontrar los fondos necesarios para cumplir la primera promesa política concreta del primer ministro: «acabar con la indigencia», un proyecto que el Sr. Burnham también intentó, con escaso éxito, cuando era alcalde del Gran Manchester.

En política exterior, el primer ministro demostró comprender cuáles deben ser sus prioridades con sus tres primeras llamadas telefónicas a líderes extranjeros: habló con Donald Trump, Volodymyr Zelensky y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Sin embargo, su elección de Miliband para dirigir el Ministerio de Asuntos Exteriores implica que la inestabilidad ministerial continúa: Gran Bretaña ha tenido siete ministros de Asuntos Exteriores diferentes en los últimos cinco años, una clara muestra de la turbulencia política del país y de la incapacidad de los sucesivos líderes para establecer un rumbo y mantenerlo.

Resulta preocupante que, para un hombre que declaró estar “listo”, el Sr. Burnham haya dado a entender que algunas de sus decisiones más importantes se retrasarán aún más. Ha prometido presentar un “plan decenal” en algún momento del otoño. Es probable que este incluya su solución al complejo problema de cómo reformar la asistencia social a las personas mayores. Su mayor vocación política es la descentralización del poder de Westminster a las regiones inglesas, pero incluso en este punto ha ofrecido pocos detalles concretos. Los problemas de Gran Bretaña son demasiado urgentes como para que sus líderes sigan perdiendo el tiempo.

A pesar de un comienzo lento, hay motivos para ser optimistas respecto al nuevo primer ministro. Su capacidad para mantener en secreto casi por completo los nombramientos de su gabinete antes de su anuncio contrasta notablemente con la de gobiernos anteriores. Si ha aplicado el mismo rigor a su programa político, es posible que en las próximas semanas se presente un conjunto sólido de ideas, con un plan decenal que represente una culminación coherente en lugar de un intento de empezar de cero. Su mensaje central al país desde las escaleras del número 10 de Downing Street, que los británicos necesitan redescubrir su «propósito común», es el correcto.

Pero sigue siendo peligrosamente plausible que su pensamiento político sea tan superficial como parece, y que el gobierno del Sr. Burnham termine siendo simplemente una versión del de Sir Keir con acento norteño. Y un resultado aún peor es posible: se ha negado a descartar algunas malas ideas económicas, como el control de los alquileres y la nacionalización masiva de los servicios públicos, que frenarían el crecimiento y desestabilizarían las ya precarias finanzas públicas. Por ahora, y a pesar de las tres décadas del Sr. Burnham en la vida pública, los británicos aún saben muy poco sobre las intenciones de su nuevo primer ministro.

Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, anunciaron el lunes la imposición de un bloqueo naval a Arabia Saudita, un movimiento que abre un nuevo frente contra Estados Unidos y amplía la amenaza al suministro energético mundial más allá del Golfo. Irán había presionado a los hutíes para que cerraran el paso de Bab el-Mandeb, puerta de entrada al mar Rojo, si Washington seguía atacando la infraestructura energética iraní.

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En un comunicado, las fuerzas armadas hutíes declararon “un embargo marítimo contra el enemigo criminal saudita, en base a la ecuación de ‘ojo por ojo’“, en respuesta a lo que calificaron como un “cerco injusto” de Arabia Saudita contra Yemen. Riad no respondió de inmediato.

Un portavoz de la ONU advirtió que la medida eleva el riesgo de un conflicto regional «aún más amplio“.

El cierre total de Bab el-Mandeb reduciría el suministro mundial de petróleo en un 7%, al dejar a la mayoría de las exportaciones sauditas sin salida de la región, un golpe que se sumaría al recorte del 10% ya provocado por la guerra en el Golfo. El precio del petróleo subió brevemente tras el anuncio de los hutíes, aunque luego cedió parte de esas ganancias ante la expectativa de los operadores de un posible avance diplomático.

Ataques a infraestructura civil en el Golfo

El bloqueo se conoció en momentos en que la guerra golpea cada vez más a la infraestructura civil de la región. Kuwait denunció que una planta desalinizadora fue atacada el domingo por segundo día consecutivo, provocando un incendio, en lo que calificó como un ataque directo contra infraestructura civil vital. Estas plantas abastecen la mayor parte del agua potable en varios países del Golfo, una de las regiones más áridas del mundo. Irán, que el sábado había acusado a Estados Unidos de atacar una de sus propias plantas desalinizadoras, reiteró en el pasado que apuntaría contra ese tipo de instalaciones en los países del Golfo en represalia; Washington no confirmó haber atacado una planta iraní.

En el estrecho de Ormuz, los Guardianes de la Revolución (IRGC) afirmaron que dos petroleros explotaron tras intentar transitar la vía por una ruta que calificaron de “insegura” —un día después de haber reportado un “accidente” con dos buques en la misma zona, sin que quedara claro si se trató del mismo incidente—. Por separado, un buque fue alcanzado por un proyectil no identificado frente a la costa de Omán, cerca del estrecho, según la agencia marítima británica UKMTO, que precisó que la nave quedó a la deriva pero su tripulación está a salvo.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó su novena noche consecutiva de ataques contra Irán, con el objetivo declarado de “degradar” la capacidad iraní de atacar buques comerciales en el estrecho. En Irán se reportaron explosiones en Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr y Bandar Imam Jomeini; al menos una persona murió y varias resultaron heridas al sudoeste de Tabriz, según la agencia estatal IRNA. Los Guardianes de la Revolución, por su parte, dijeron haber atacado con misiles balísticos aviones estadounidenses en el aeropuerto jordano de Áqaba, además de activos militares en las bases kuwaitíes de Al Adiri y Ali Al Salem, y posiciones en Siria. En Baréin sonaron sirenas durante toda la jornada del lunes, mientras el ejército de Kuwait informó haber interceptado nuevamente drones iraníes.

Mientras su madre y su hermano siguen frente a los restos de lo que fue el edificio Punta Brisas, en Macuto, estado La Guaira, Franyelis Castrejón y otros familiares recorren a diario hospitales y morgues.

Por: Pedro Pablo Peñaloza – Infobae

Todos buscan desesperadamente a Zuleida Josefina Lárez Rancel, quien según el testimonio de vecinos pudo ser rescatada y trasladada inconsciente la madrugada del 25 de junio a un hospital de La Guaira, estado declarado zona de desastre tras los dos terremotos que sacudieron el centro-norte de Venezuela el miércoles 24 de junio.

Zuleida Josefina, de 64 años y conocida como “Fina”, estaba en su apartamento del piso 12 del edificio Punta Brisas cuando se registró el doblete sísmico que hasta la fecha ha dejado 5.208 fallecidos.

“El edificio se derrumbó, pero los vecinos nos indicaron que entre la 1 y las 3 de la madrugada pudieron sacar a varias personas, entre ellas a mi tía, que estaba inconsciente pero con signos vitales”, relata Franyelis, de 29 años.

Testigos contaron a la familia que a Fina la subieron a una camilla y la retiraron del lugar. “No tenemos más información de ese momento, todo estaba muy oscuro y hay detalles que los vecinos olvidan”, apunta la joven.

Con esas escuetas referencias, la familia de Fina desarrolla su propia investigación tocando puerta por puerta, ante la ausencia de datos y mecanismos oficiales para hallar a los ciudadanos dados como desaparecidos.

Opacidad

El gobierno interino de Delcy Rodríguez no publica cifras de desaparecidos. “Mucho se ha dicho sobre la cifra de desaparecidos, que nosotros estamos ocultando, si te das cuenta, desde el día 25 de junio, personalmente me presenté y dimos la cifra de personas que fallecieron (…). No podemos manejarnos en base a especulaciones sino en base a la realidad”, declaró el 11 de julio Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada.

Tampoco existe una institución que centralice la información disponible para facilitar las búsquedas independientes. “En todos los hospitales hay listas de pacientes, pero me consta que no están completas. Cuando voy a hospitales, me piden que revise la lista, pero al explicarles la situación, me dicen que pase a ver a los pacientes uno a uno”, detalla Franyelis.

En sus visitas a los centros de salud se ha encontrado con “pacientes inconscientes, que están intubados, solos, sin sus familiares, que no han podido identificarse. Hay listas escritas a mano y los pacientes están siendo trasladados a otros lugares, razón por la cual es muy difícil llevarles el rastro”, observa.

Cuando ocurrió el cataclismo, Fina estaba con su pareja y su hijo. El primero murió y pudo ser identificado por sus parientes en un hospital de La Guaira. En cambio, sobre el muchacho no hay certezas.

“Conseguimos a un joven con características similares a las de mi primo e intentamos identificarlo, pero era muy difícil. Eso fue en los primeros días, cuando no tomaban huellas y los familiares identificaban como podían. Después ese cuerpo fue trasladado a otro lugar y no supimos si era mi primo. Todavía estamos tratando de ver si esa persona era mi primo”, expresa Franyelis.

La duda

Franyelis habla con mucho aplomo, pero inevitablemente se quiebra cuando describe lo que se ha convertido en su rutina. “Ir todos los días a los lugares, ver a los pacientes, a las personas fallecidas, estar allí”, comenta entre lágrimas.

Fina no aparece en ningún listado y a sus parientes les genera mucho ruido que no haya un registro de ingreso a algún hospital. “Hemos ido muchas veces y siempre nos responden que no”, manifiesta.

Entretanto, el hermano de Franyelis permanece entre las ruinas del edificio de Macuto, removiendo escombros junto a los vecinos que intentan a pulso recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

“Gracias a unos amigos de mi primo fue que ahora pudimos conseguir unas maquinarias. Aquí la propia familia se tiene que subir a los escombros para buscar, no hay funcionarios ni apoyo oficial”, lamenta.

Tras 61 días sin aparecer en público, el dictador Daniel Ortega declaró que “nunca más habrá elecciones en Nicaragua”. Durante la ceremonia de conmemoración del 47 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista del Pueblo, Ortega afirmó que “aquí nunca más habrá elecciones para que intenten tomar el gobierno, para tomar el poder”.

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Con “ellos”, se refería a “los partidos políticos creados por los yanquis, controlados por los somocistas”, quienes, según él, “nunca… volverán al gobierno”.

Ortega anunció que su gobierno trabajaría con la Asamblea Nacional, totalmente controlada por su partido, para erigir un “muro” contra cualquier intento de la oposición de regresar al poder. “Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y cumplir con nuestras responsabilidades aprobando leyes”, enfatizó durante su discurso del 19 de julio, “para construir un muro, una barrera, contra los golpistas y los traidores, para que no importe cuánto dinero les den los yanquis, jamás puedan volver al gobierno”.

Los procesos electorales más recientes de Nicaragua se han caracterizado por una abstención generalizada de los votantes, como cuando Ortega se aseguró otro mandato con Rosario Murillo como vicepresidenta, y por la farsa electoral de 2021 , en la que se declaró ganador con más del 75 por ciento de los votos tras ilegalizar a los partidos de oposición y encarcelar a todos los aspirantes presidenciales de la oposición meses antes de las elecciones.

En 2025 entró en vigor una nueva constitución que extendió el mandato presidencial de cinco a seis años. Según la enmienda constitucional, las próximas elecciones están programadas para noviembre de 2027.

Ortega acusa a líderes empresariales

Ortega reiteró su afirmación de que las protestas nacionales de abril de 2018 fueron un intento de golpe de Estado.

«En 2018, mientras teníamos acuerdos con los líderes empresariales, con los somocistas que eran líderes empresariales, teníamos un gran acuerdo de paz, y luego vino la puñalada por la espalda», dijo.

El dictador, quien desató la represión policial y paramilitar, afirmó que «ellos organizaron el golpe. Usaron fondos estadounidenses para reclutar jóvenes y adultos, entrenarlos, armarlos y prepararlos para derrocar al gobierno sandinista legítimo».

Añadió que “lo intentaron. Aquí se derramó la sangre de jóvenes, adultos, mujeres y niños. Se derramó sangre y, al final, no quedó más remedio que responder con toda la fuerza de la ira del pueblo”, reconociendo una vez más su responsabilidad por la masacre de civiles durante la Operación Limpieza.

“Habían paralizado el país. Habían instalado barricadas por todas partes. No quedaba otra alternativa que la Policía Nacional, junto con la policía voluntaria y los jóvenes, desmantelaran esas barricadas, y no quedó ni una sola”, reiteró.

Sin mencionar la condena de la comunidad internacional ni las investigaciones realizadas por organismos especializados en derechos humanos de la OEA y la ONU, Ortega dijo: “Ahora vienen las quejas, después de que asesinaron gente, quemaron escuelas… Tenemos que seguir trabajando para continuar implementando programas que beneficien a los pobres. Vivienda para los pobres, tierras para los campesinos, escuelas gratuitas…”.

Solidaridad con Maduro y Castro

En un discurso que una vez más retomó la lucha y el asesinato del general Augusto C. Sandino y el heroísmo de Andrés Castro y el general José Dolores Estrada en la batalla de San Jacinto, el dictador expresó su solidaridad con los regímenes de Cuba y Venezuela, al tiempo que criticaba al gobierno de Estados Unidos y a «los imperios, porque hay imperios en todas partes».

Ortega condenó la operación militar estadounidense en Venezuela el 3 de enero de 2026. «Con todo su poderío militar, asaltaron el palacio presidencial , donde Nicolás [Maduro] se encontraba con su esposa Cilia [Flores]. Asesinaron a todo el personal de seguridad allí apostado, la mayoría cubanos, y se los llevaron a prisión en Estados Unidos. Es monstruoso», dijo refiriéndose al gobierno de Trump.

Ortega también denunció la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Cuba. «Cuba, la Cuba de Fidel, de Raúl, de Díaz-Canel, ha estado bajo bloqueo durante más de 60 años y ha resistido. Sin embargo, hay cubanos que viven en Estados Unidos que le piden al gobierno estadounidense que invada Cuba militarmente y arreste , tal como arrestaron a Nicolás, el comandante de la Revolución y general del Ejército, Raúl Castro».

Al concluir el discurso, pronunciado ante una multitud de empleados estatales, muchos de los cuales habían sido presionados para asistir , unidades de las divisiones especializadas de la Policía Nacional desfilaron. El Ejército nicaragüense también realizó una exhibición militar con artillería de cohetes múltiples de fabricación soviética, lanchas patrulleras, vehículos blindados, tanques, vehículos de mando, ambulancias y otros equipos.

A diferencia de años anteriores, ningún líder extranjero ni sus representantes estuvieron presentes en el escenario durante la ceremonia del 19 de julio. Daniel Ortega y Rosario Murillo aparecieron aislados, acompañados únicamente por altos funcionarios civiles y militares de su “copresidencia”, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, la fiscal general, Wendy Morales, la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, los jefes del Ejército y la Policía Nacional, la ministra del Interior, Amelia Coronel, y el viceministro del Interior, Luis Cañas.