Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Nicolás Maduro llamó el jueves basura fascista al presidente de Argentina, Javier Milei, y acusó de quitar desfinanciar la educación superior en su país, sin embargo, en Venezuela las universidades públicas tienen entre 90 y 96% de déficit en el presupuesto que necesitan para funcionar.

Por: Erika Hernández – El Nacional

Durante un acto transmitido por el canal estatal VTV, Maduro señaló a Argentina como uno de los países donde «la extrema derecha fascista, apoyada por los gringos, está acabando con la universidad».

«Están cerrando las universidades, quitaron todo el presupuesto a las universidades, acabaron con las carreras sociales, con las carreras científicas, con los centros de estudio tecnológico, acabaron con todo en Argentina, ¿a nombre de qué? De la libertad. Están quitando el cerebro y el alma al pueblo argentino, esta basura llamada Javier Milei, una basura fascista nazi», dijo Maduro.

Maduro hizo estas declaraciones durante un encuentro con jóvenes simpatizantes del chavismo que previamente habían marchado hasta Miraflores por el Día nacional del Estudiante, así como para expresar su respaldo al jefe de Estado, cuya proclamada reelección en los comicios de julio es cuestionada dentro y fuera del país caribeño, y rechazada por gobiernos como el de Milei.

Las universidades públicas en Venezuela tienen entre 90 y 96% de déficit en el presupuesto que necesitan para funcionar desde hace más de cinco años, de acuerdo con datos del Observatorio de Universidades (OBU).

Este déficit presupuestario, tiene como consecuencia que las infraestructuras universitarias no puedan costear las providencias estudiantiles, garantizar salarios justos y la financiación de las investigaciones que requieren las instituciones.

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Rusia suministró misiles antiaéreos a Corea del Norte a cambio del envío de tropas para respaldar a Moscú en la guerra en Ucrania, declaró el viernes el director de seguridad nacional surcoreano.

AFP

Estados Unidos y Corea del Sur acusaron a Pyongyang de enviar más de 10.000 soldados para ayudar a Rusia en la guerra en Ucrania. Algunos expertos señalan que el líder norcoreano Kim Jong Un quería obtener a cambio tecnología avanzada y experiencia en combate para sus tropas.

“Se ha detectado que se han enviado a Corea del Norte equipos y misiles antiaéreos destinados a reforzar el vulnerable sistema de defensa aérea de Pyongyang”, declaró al canal de televisión SBS Shin Won-sik, el principal consejero de Seúl en materia de seguridad.

Shin respondía a una pregunta sobre qué pensaba Seúl que Pyongyang había recibido a cambio del despliegue de sus tropas.

Expertos habían señalado que, a cambio de tropas, Pyongyang probablemente pretende adquirir tecnología militar, desde satélites de vigilancia hasta submarinos, así como posibles garantías de seguridad por parte de Moscú.

El líder norcoreano Kim Jong Un y el presidente ruso, Vladimir Putin, firmaron un tratado de asociación estratégica en junio.

El texto obliga a ambos países a suministrar asistencia militar “sin demora” en caso de un ataque a uno de ellos y a cooperar internacionalmente para enfrentarse a las sanciones occidentales.

La ministra de Relaciones Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, visitó recientemente Moscú y afirmó que su país “apoyará firmemente” a Rusia “hasta el día de la victoria”.

Corea del Norte y Rusia están sometidas a sendas sanciones de la ONU, Pyongyang por su programa de armas nucleares y Moscú por la guerra de Ucrania.

El despliegue de tropas norcoreanas provocó un cambio de tono de Seúl, que se resistió a las peticiones de enviar armas a Kiev, pero que recientemente indicó que podría cambiar su política.

Desde hace más de una semana, los llenaderos de gas doméstico han dejado de surtir combustible, lo que ha llevado a las familias a recurrir a cocinas eléctricas, aumentando los inconvenientes ante los constantes cortes de energía no programados.

La Patilla

En la Planta de Llenado Arsenal La Victoria, ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorry, un cartel anuncia que no están prestando servicios, debido a “labores de mantenimiento” que se realizan desde hace más de una semana.

Sin embargo, desde el miércoles 20 de noviembre, las instalaciones de Aragua Gas lucen con un aviso indicando que no estarán operativas “hasta nuevo aviso”, dejando a los ciudadanos en total incertidumbre.

La falta de suministro de gas ha obligado a muchas familias a depender de cocinas eléctricas para preparar alimentos, un recurso que, lejos de ser una solución, se convierte en un nuevo problema cuando se producen cortes eléctricos prolongados o fluctuaciones que dañan los equipos.

La escasez también afecta a pequeños negocios y sectores que requieren el uso constante de gas para sus actividades. Mientras tanto, las autoridades locales no han emitido declaraciones oficiales que expliquen las causas o presenten un plan para regularizar el servicio, lo que aumenta el descontento y la desesperación entre los afectados.

Jesús Manuel Martínez Medina, un muchacho inquieto del Oriente del país defensor de la democracia, murió cercado entre la incomodidad y la indiferencia. ¿Cómo no pensar que su final, absurdo y grotesco, podría haber salido de la pluma de Ionesco, experto en transformar lo cotidiano en un carnaval surrealista de lo absurdo?. En cualquier caso, este desenlace parece el producto de un escritor obsesionado con mostrar que, a veces, la realidad supera cualquier ficción por más delirante que sea. Es decir, aquí tenemos a un hombre con diabetes, problemas cardíacos y abscesos en la piel, atrapado en un sistema que, en vez de curar, parece especializado en fabricar mártires burocráticos. ¿La gran ironía? Según el Fiscal General, se le dio “la debida atención médica”. Qué consuelo tan generoso para un cadáver.

Martínez Medina no murió en un campo de batalla, ni defendiendo una causa gloriosa. No. Murió después de ser testigo de mesa en unas elecciones presidenciales. En un país donde ser testigo de mesa parece más arriesgado que desactivar una bomba, Jesús tuvo la mala suerte de hacer su trabajo cívico en el momento equivocado, bajo la vigilancia del gobierno equivocado. Y como buen personaje de un relato de Vonnegut, terminó donde nadie quiere estar: en el limbo entre la burocracia y el olvido, en un hospital que más que salvar vidas parece un depósito de cuerpos en espera.

¿Qué nos queda, entonces? Un silencio pesado, como el que Kurt Vonnegut describe al hablar de los muertos: “ya no van a decir ni a querer nada”. Quizás Jesús tuvo suerte después de todo. Escapó del absurdo de este sistema que mata con balas, pero también con negligencia cronometrada. Porque si algo tiene este país, además de su humor negro, es un talento excepcional para hacer del dolor humano un trámite más.

José Luis Farías

A pasado más de una semana desde la explosión en el Complejo Gasífero Muscar de Pdvsa, en el estado Monagas. Mientras que el gobierno nacional culpa a la oposición por un presunto ataque terrorista en la planta, los venezolanos están preocupados por los posibles efectos que puede tener la falta de operatividad en el gran complejo, que genera más de 80% del gas que se usa en el consumo interno del país. Al pasar de los días, algunos estados ya muestran signos de escasez de gas doméstico y vehícular, mientras que la crisis eléctrica provoca estragos en entidades como Nueva Esparta, Sucre y Anzoátegui.

El Nacional

La explosión ocurrió el pasado lunes 11 de noviembre pasadas las 10:00 am. De acuerdo con la información oficial, al menos cinco trabajadores resultaron heridos y poblaciones cercanas al complejo fueron evacuadas.

La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Petróleo del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, atribuyó el accidente a un ataque terrorista en el que involucró al estadounidense Erik Prince y a la líder opositora María Corina Machado, sin embargo, no dio detalles sobre el alcance de los daños o tiempo estimado de reparación.

¿Cuál es el alcance de los daños tras la explosión en complejo de Pdvsa en Monagas?

Un informe de la empresa estatal Pdvsa al que tuvo acceso a la firma SyP Global reveló que el incidente ocurrido en la planta de Monagas provocará retrasos en la producción de petróleo liviano, pesado y de gas natural hasta al menos febrero de 2025. 

«Este accidente ha sido calificado como ‘catastrófico’, porque destruyó la infraestructura estratégica de producción de gas y petróleo de Pdvsa», dijo un funcionario de la estatal a esta firma especializada, quien por razones de seguridad mantuvo su nombre en anonimato.

Esta misma fuente indicó que a simple vista se observan daños considerables en el colector de gas, aunque no se descartan daños ocultos. «Muy cerca del colector se encuentra la planta compresora Muscar, que probablemente sufrió algunos daños a causa del incendio y la expansión de la explosión», agregó.

El funcionario de Pdvsa añadió que “hay que hacer mucho trabajo de reconstrucción de gasoductos nuevos. Se dañó una red importante de gasoductos, hay daños en la electrónica, en la instrumentación que acompaña esa operación, puede haber daños ocultos, hay que revisar todo lo que está alrededor de esa instalación que explotó”.

Como consecuencia de esta falta de gas, según el informe preliminar, se encuentran fuera de servicio las centrales eléctricas a gas de los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta; el Complejo Petroquímico Jose; las plantas petroquímicas Metor I, Metor II y Fertinitro; las plantas de fraccionamiento y extracción de líquidos asociadas al complejo Muscar, como San Joaquín y Santa Bárbara. También se encuentra paralizado el suministro de gas a las empresas básicas de Guayana.

Esta es la razón por la que el estado Nueva Esparta vive una crisis eléctrica desde el 12 de noviembre con apagones que duran hasta 20 horas, mientras que en Monagas racionan la electricidad desde el pasado viernes 15 de noviembre en bloques que van de 3 a hasta 5 horas.

«El gran problema es que se destruyó el múltiple y se afectó el tubo troncal de transmisión de gas Muscar – Anaco. Sin esa infraestructura no hay forma de enviar gas hacia el hub de distribución nacional», advirtió el economista venezolano Federico Alves en una publicación en redes sociales.

Destacó que la situación es muy complicada porque no hay posibilidad de sustituir el volumen de gas aportado por el tubo afectado.

Alves explicó que la antigua fuente de reemplazo eran los campos de gas libre de Anaco, que en algún momento tenían produción 1800 millones de pies cúbicos estándar de gas por día, suficiente para satisfacer la demanda nacional, pero actualmente producen escasamente 300 MMft³ por día.

«Reparar el tubo fallado, trabajando en emergencia, toma su tiempo. Es infraestructura mayor, tuberías de alto espesor y todo lo que implica en cuanto a control (válvulas, instrumentación, etc.). Otro punto, el cual se desconoce su real estatus, es la compresión requerida para transportar el gas. Allí se trata de equipamiento de alta presión y muy altos volúmenes. Esos no son equipos que se compran en la esquina. De manera que al mirar el panorama, la situación es bien complicada», indicó.

El economista dijo que la situación afecta directamente la producción de gas licuado del petróleo, pues la planta de Sta Bárbara y de San Joaquín están impactadas en su operatividad al no recibir suficiente gas rico.

«Sin ese aporte, no existe la extracción de líquidos y por consiguiente, el fraccionador de José no recibe suficientes líquidos del gas natural que son la materia prima para producir GLP (propano, butano, Isobutano). Eso afecta seriamente el volumen de GLP disponible para el mercado y en consecuencia, el número de cilindros de gas que puede recibir el ciudadano para cocinar«, concluyó.

.@PDVSA SOS
«Conozco bien la planta afectada. La situación es muy grave. Mas allá de las imprecisiones y las especulaciones tremendistas de quien escribe la nota.. El gran problema es que se destruyó el múltiple y se afectó el tubo troncal de transmisión de gas Muscar – Anaco.… pic.twitter.com/EiuvgFcMX8

— Federico Alves, Econ. (@federicoalves) November 20, 2024

Reportan escasez de gas vehícular en Lara

El Órgano Superior de Transporte del estado Lara confirmó el martes 19 de noviembre que la entidad enfrenta una contingencia por la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV), combustible del que depende 80% del transporte público.

El coordinador David Sun informó, en declaraciones para El Pitazo, que de las nueve estaciones de servicio destinadas al GNV en la entidad, solo funcionaban en ese momento La Pastora y La Sindical, ubicadas entre el centro y el oeste de Barquisimeto.

Explicó que cada bomba puede atender hasta 200 vehículos al día, mientras que el parque automotor de transporte público en Lara abarca, aproximadamente, 3.800 unidades.

Según datos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte en Venezuela (Sintratransve), 80% de estos vehículos ha migrado al GNV por los altos costos del diésel y la gasolina, lo que agrava las dificultades de movilidad para los ciudadanos.

El funcionario dijo que desconocía la razón de la escasez, pero la información que le han dicho hasta el momento es que no hay suficiente presión.

Aunque el gas que surte a Lara proviene de Puerto Cabello y, en teoría, no debería verse afectado por el hecho ocurrido en Monagas, el ingeniero Orlando Díaz, quien participó en remodelaciones de estaciones de GNV en el oriente del país, sugiere que Pdvsa podría haber reducido la presión en la línea de suministro nacional como medida preventiva.

Escasez de gas provoca grave crisis eléctrica en Nueva Esparta y otros estados

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ha estado aplicando prolongados racionamientos eléctricos en varios estados de Venezuela por la escasez de gas para producir energía térmica.

El ingeniero José Aguilar, especialista en sistemas de generación eléctrica, explicó a El Pitazo que al no haber suficiente combustible para las termoeléctricas, el país depende aún más de la energía que se produce en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como Guri, que resulta insuficiente por las limitaciones que tiene la red de transmisión.

“Si no tienen gas suficiente, ellos pueden tratar de suplir ese déficit con más hidroelectricidad. Sin embargo, dado el mal estado en que se encuentra la red y a pesar de tener suficiente hidroelectricidad, no se puede equilibrar el sistema y se presta para una situación más inestable”, explicó.

Además de Nueva Esparta, donde los apagones son de hasta 20 horas, en Zulia ya se reportan cortes eléctricos de hasta cuatro horas diarias, en Táchira de entre cinco a 10 horas por día, y en Lara de cuatro a seis horas.

En cuanto a la región insular, es la más afectada porque se alimenta en gran medida de la termoeléctrica Juan Bautista Arismendi, donde la escasez de gas es mayor.

El experto señaló que la isla de Margarita cuenta con un solo cable sublacustre, que permite importar no más de 150 megavatios de energía —60% de la demanda del estado— producida en Guri.

El ex presidente Evo Morales emitió un pronunciamiento en el que solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que visite el país para constatar lo que considera violaciones de derechos fundamentales cometidas por el Gobierno de Luis Arce, en su contra y en la de más de un centenar de detenidos por los bloqueos realizados hace un par de semanas.

Infobae

El líder cocalero pidió que el Comité contra la Tortura de la ONU también promueva recomendaciones y medidas contra las acciones del Gobierno que considera que vulneran los derechos humanos.

“Denuncio de manera urgente ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) y ante el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT), que el Gobierno boliviano violó el derecho a la vida, integridad, seguridad, entre otros derechos de mi persona, así como de más de 106 hermanos dirigentes detenidos preventivamente de manera ilegal por ejercer el derecho a la libertad de expresión y protesta”, escribió Morales en un documento que fue difundido en sus redes sociales.

El líder cocalero añadió: “Solicito se gestione una visita urgente a Bolivia para la constatación de la violación de derechos humanos, con la finalidad de lograr recomendaciones y medidas urgentes de cumplimiento obligatorio en contra de los agentes estatales del gobierno boliviano”.

El pronunciamiento se da luego de que más de un centenar de dirigentes campesinos y seguidores de Morales fueran detenidos por los bloqueos realizados entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre, que paralizaron una parte del país con hasta 23 piquetes simultáneos.

La protesta nació como un acto de defensa del líder cocalero que enfrenta acusaciones penales por los delitos de trata de personas y estupro, luego las organizaciones sociales que lo respaldan presentaron un listado de demandas que incluían medidas económicas, como la provisión de dólares y combustible; y políticas, como la habilitación de la candidatura de Morales para las elecciones 2025 y la ratificación de su liderazgo en el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Bloqueos y enfrentamientos

Los bloqueos generaron pérdidas millonarias en varios sectores, principalmente en el sector productivo y de transporte, y agudizaron la escasez de combustible al alterar la logística de distribución.

Ante los crecientes reclamos por intervenir los piquetes y devolver la normalidad al país, el Gobierno ejecutó acciones policiales y militares para levantar los piquetes. En algunas intervenciones, se registraron enfrentamientos con los manifestantes, quienes atacaron a la Policía utilizando piedras y material explosivo, y tomando como rehenes a policías y periodistas que denunciaron agresiones físicas y verbales.

En ese periodo, el ex presidente fue víctima de un atentado cuando se dirigía a realizar su programa radial. Los dos vehículos en los que se transportó recibieron al menos 18 disparos en una acción que calificó como un intento de magnicidio perpetrado por la administración de Arce. El Gobierno confirmó que se trató de un operativo policial pero lo justificó bajo el argumento de que la comitiva de Morales había saltado un retén antinarcóticos de rutina y que, en su intento de huir, atropelló a un agente y abrió fuego contra los policías.

Desde que se levantaron las protestas, dos dirigentes del denominado “Estado Mayor del Pueblo”, vinculado al evismo, fueron aprehendidos por la Policía acusados por los delitos de terrorismo y alzamiento. También está acusados el exministro de la Presidencia y uno de los hombres fuertes durante el Gobierno de Morales (2006-2019), Juan Ramón Quintana, quien se declaró en la clandestinidad.

Morales y su entorno califican estas acusaciones como un acto de “persecución política” contra el movimiento campesino.

La Casa Blanca dijo el jueves que “rechaza fundamentalmente” la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

Algunos legisladores, incluido el asesor de seguridad nacional elegido por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, instaron a que se impongan sanciones a la CPI, con sede en La Haya, por la decisión, y se dijo que Israel estaba trabajando con el gobierno entrante en medidas punitivas contra el tribunal. Un senador republicano insinuó que Estados Unidos debería invadir La Haya en represalia por las órdenes judiciales.

“Permítanme ser claro una vez más: independientemente de lo que pueda insinuar la CPI, no hay equivalencia —ninguna— entre Israel y Hamás. Siempre apoyaremos a Israel frente a las amenazas a su seguridad”, dijo el presidente estadounidense Joe Biden en su primera declaración en respuesta a la decisión de la CPI, que denunció como “escandalosa”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos no ejecutaría las órdenes de arresto y calificó la decisión de la CPI como un “proceso defectuoso”.

“A diferencia de cómo [el fiscal jefe de la CPI, Karim Kahn] ha tratado a otros, incluido [el presidente venezolano investigado] Nicolás Maduro y sus asociados, el fiscal no le dio a Israel una oportunidad significativa para participar de manera constructiva y considerar adecuadamente sus procesos internos”, dijo. “Esto pone en tela de juicio la credibilidad del fiscal y su investigación”, agregó.

En cambio, la representante de Michigan Rashida Tlaib —miembro del ultraprogresista “Escuadrón” Demócrata y única miembro palestino-estadounidense del Congreso— dio la bienvenida a la “decisión largamente esperada” de la CPI, diciendo que “señala que los días del gobierno israelí del apartheid operando con impunidad están terminando”.

Las órdenes de arresto impiden a Netanyahu y Gallant entrar en los 124 estados miembros de la CPI. Israel y Estados Unidos, que no son miembros de la corte, han criticado la moción de arrestar a Netanyahu y Gallant.

En mayo, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, había anunciado que estaba pidiendo la detención de Netanyahu y Gallant, así como de tres dirigentes de Hamás que han sido asesinados desde entonces. En ese momento, el gobierno estadounidense atacó a Khan, diciendo que no había dado a Israel la oportunidad de investigar las acusaciones.

El jueves, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo a The Times of Israel que Washington está “profundamente preocupado por la prisa del fiscal por solicitar órdenes de arresto y los preocupantes errores de proceso que llevaron a esta decisión”.

“Estados Unidos ha sido claro en cuanto a que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto”, añadió el portavoz. “En coordinación con nuestros socios, incluido Israel, estamos discutiendo los próximos pasos”.

La emisora ​​pública Kan informó el jueves que Israel había elaborado una lista de sanciones que la administración Trump podría imponer al tribunal. Se dice que la lista incluye a figuras específicas del tribunal que podrían ser objeto de sanciones.

En junio, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que cancelaría las visas estadounidenses de los funcionarios de la CPI, restringiría la entrada y aplicaría restricciones financieras a cualquiera de los funcionarios de la corte que intenten detener o procesar a aliados de Estados Unidos. Biden dijo que se oponía “firmemente” a la legislación, que fue aprobada con una mayoría de 247 a 155, incluido el apoyo de 42 demócratas.

Sin embargo, el Senado estadounidense no lo ha abordado, aunque el líder de la mayoría, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, calificó de “reprensible” la solicitud inicial de órdenes de arresto.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado su etapa con una valoración positiva entre los norteamericanos. En este sentido, la primera encuesta de Harvard CAPS asegura que, tras su arrolladora victoria y las distintas nominaciones para su Administración, un 54% de la población da al republicano una aprobación general.

La Gaceta de la Iberosfera

Entre los demócratas, Trump tan sólo obtiene un 22% de aprobación frente a un 73% de desaprobación, resaltando a favor únicamente los votantes registrados como republicanos. Por otro lado, los independientes se muestran divididos, pero aquellos que aprueban a Trump superan por 10 puntos a los que le rechazan y llegan casi al 50%.

En esta línea, el índice de aprobación de Trump como presidente electo es 12 puntos superior al anterior sondeo tras la elección del actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, quien se sitúa en la misma posición durante los últimos meses en la encuesta.

Los terroristas del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han aplaudido este jueves la decisión del Tribunal Penal Internacional (TPI) de emitir órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant y ha subrayado que supone «corregir un largo camino de injusticias históricas» contra el pueblo palestino.

La Gaceta de la Iberosfera

Así, el grupo ha dicho que la decisión supone «un importante precedente histórico» tras «una sospechosa época ignorando de las atroces violaciones» contra los palestinos «durante 76 años de ocupación fascista», según un comunicado recogido por el diario palestino ‘Filastin’, vinculado a Hamás.

La Corte Penal Internacional dicta órdenes de arresto contra Netanyahu y su antiguo ministro de Defensa por combatir a los terroristas de Hamás
En este sentido, ha reclamado al organismo que «amplíe el marco» de acción a la hora de buscar una rendición de cuentas para «abarcar a todos los líderes de la criminal ocupación», incluidos «ministros y oficiales fascistas» responsables del «derramamiento de sangre» y «los más atroces actos de asesinato, terrorismo y hambre conocidos en la historia moderna».

«Pedimos también a todos los países del mundo que cooperen con el tribunal para que los criminales de guerra sionistas, Netanyahu y Gallant, sean llevados ante el tribunal y para poner fin inmediatamente a los crímenes de genocidio contra civiles indefensos en la Franja de Gaza», ha remachado.

El comunicado ha sido publicado poco después de que el TPI dictara órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel y su anterior ministro de Defensa, cesado recientemente, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en el marco de la ofensiva militar lanzada hace más de un año sobre la Franja de Gaza.

La corte de La Haya, que ha rechazado los recursos presentados por Israel y ha dictaminado que tiene jurisdicción en el caso, cree que hay evidencias de que tanto Netanyahu como Gallant buscaron a sabiendas dejar a la población gazatí sin elementos «indispensables para su supervivencia» y de bloquear la entrada de ayuda, obstaculizando además la labor de las organizaciones humanitarias.

Los jueces creen que Netanyahu y Gallant pueden ser «penalmente responsables» por utilizar el hambre como método de guerra, así como de asesinatos, otros actos inhumanos y persecución que entrarían dentro de la categoría de crimen contra la humanidad. Les recrimina, además, que bajo su mando puedan haberse cometido ataques indiscriminados contra la población civil.

El comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, hizo ayer en la Audiencia Nacional un relato completo de la supuestas gestiones que hizo con Venezuela. Según detalló durante más de media hora de declaración ante el juez Ismael Moreno, el Gobierno de Pedro Sánchez le encargó “intervenir” en la política con Caracas, toda vez que Aldama ya había demostrado su capacidad de influencia en América Latina con gestiones fructíferas en México.

El Mundo

Su relato arranca en 2019, con el acercamiento del Gobierno a Juan Guaidó, líder de la oposición a Nicolás Maduro y reconocido internacionalmente como “presidente encargado” del país. Y termina en enero de 2020, con el viaje de la vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez, a Madrid y el “giro” del Ejecutivo de Sánchez, que según su relato habría dado la espalda a Guaidó para “recuperar las relaciones diplomáticas” con el régimen de Maduro.

El papel de Aldama en ese año habría sido central, según su testimonio, valorado ayer por la Fiscalía hasta el punto de pedir su excarcelación por colaborar con la Justicia. El comisionista explicó que el Gobierno deseaba hacer gestiones con Venezuela de forma paralela al Ministerio de Asuntos Exteriores para tomar contacto con Guaidó.

El comisionista pidió “ir con algo a Venezuela para poder abrir negociaciones”, dijo ayer, y José Luis Ábalos le proporcionó una carta con el membrete del Gobierno de España. Según Aldama, viajó a Venezuela y le entregó esa carta a Guaidó: “Se le manda un mensaje para decirle que se le va a apoyar en España y se le va a reconocer como presidente de Venezuela, cosa que sucede”.

En efecto, Pedro Sánchez reconoció a Guaidó como “presidente encargado” en una declaración institucional en La Moncloa el 4 de febrero de 2019. La fecha es justo un día después de que Sánchez se viera con Aldama en un acto del PSOE y se hicieran juntos la ya famosa fotografía que publicó EL MUNDO el pasado 27 de octubre y que Aldama describió ayer como un encuentro concertado.

Lea la nota completa siguiendo este enlace a El Mundo

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