Desde el pasado lunes 29 de julio, Venezuela evidenció una escalada en el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de seguridad del Estado durante las manifestaciones de descontento popular por los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó ganador a Nicolás Maduro de los comicios presidenciales llevados a cabo un día antes. La arremetida poselectoral del chavismo superó el máximo histórico de detenciones en el siglo XXI.
915 protestas ciudadanas fueron registradas en todo el país en apenas dos días (29 y 30 de julio) por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), de las cuales 138 fueron reprimidas, y en las que se observó la presencia de civiles armados, conocidos como colectivos, en al menos 119 de ellas. Para el 3 de agosto, 6 días después del inicio de las manifestaciones, 21 personas habían sido asesinadas, todas por heridas de armas de fuego.
A la fecha, se registra una cifra récord de detenciones por parte de policías, militares y colectivos en el contexto de la “Operación Tun Tun”, nombre de la campaña de detenciones masivas de manifestantes y opositores, las cuales han ocurrido mediante el uso desproporcionado e indiferenciado de la fuerza y con la implementación de armas de fuego de alto calibre, incluyendo munición letal o potencialmente letal.
Según datos de la ONG Foro Penal, la cifra de presos políticos en Venezuela aumentó a 1.780. De estos, 1.581 fueron detenidos a partir del 29 de julio. Sin embargo, esta cifra disminuyó el 2 de septiembre a 1.694 con la liberación de 86 adolescentes. De estos, 1.476 son hombres, 218; mujeres, 1.624; civiles, 156; militares, 1.666; adultos y 28 son adolescentes. Por su parte, Nicolás Maduro afirma que tras los resultados electorales, más de 2.400 personas fueron detenidas en todo el país.
En la larga lista de detenidos de forma arbitraria figuran manifestantes, defensores de derechos humanos, adolescentes, personas con discapacidad, miembros de la oposición o a quienes se considera relacionados con ellos y personas que actuaron como observadores electorales acreditados por los partidos de oposición en los centros de votación.
¿Por qué el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Maduro?
La madrugada del 29 de julio, el CNE proclamó a Maduro reelecto para un tercer mandato de 6 años, con 51.20% de los votos, y con, supuestamente, 80% de las actas escrutadas. En ese mismo primer boletín, el CNE le dio el segundo lugar a Edmundo González Urrutia con 44,2%, todo esto sin publicar el escrutinio mesa por mesa, como exige la ley.
Al día de hoy, el Poder Electoral no ha publicado los resultados detallados por centro y mesa de votación. Políticos, testigos de la oposición y la comunidad internacional expresaron su indignación y denunciaron fraude. La población, por su parte, salió a protestar. El 30 de julio, la oposición defendió el triunfo de Edmundo González y publicó las copias de las actas de votación, la última actualización del escrutinio fue el 5 de agosto con 83,50% de las actas. Según esto, Maduro obtuvo 3.316.142 de votos y González 7.303.480.
“Lo que ha ocurrido después del 28 de julio es la continuidad de una política sistemática de persecución a disidentes y a quienes se percibe como disidentes, que empezó en 2014 y es lo que precisamente está investigando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que es el crimen de lesa humanidad de persecución en Venezuela. Estamos ante una continuidad que ha tenido como momentos fundamentales la represión en 2014, después en 2017, luego en 2019 y esta situación extraordinaria de 2024. Y digo extraordinaria porque desde el golpe de estado a Salvador Allende, en 1973, por Augusto Pinochet, no se había visto en América Latina un nivel de represión como la desatada los primeros siete días desde el 28 de julio en la noche, donde hubo no solo masivas detenciones sino el uso arbitrario e indiscriminado de la Ley contra el Terrorismo y la Ley contra el Odio, que afecta no solo a adultos sino también a adolescentes, a quienes se les aplicó la Ley contra el Terrorismo”, explica Marino Alvarado, coordinador legal de Provea.
Provea ha afirmado de forma reiterada que cada ciclo importante de protestas en Venezuela ha tenido como correlato el ascenso de la represión mediante el reforzamiento de los mecanismos de control y judicialización de las mismas.
En esta ocasión, sostienen, para procesar e imputar a los detenidos, se sumó la masificación de la persecución política contra toda la ciudadanía, y el uso de la Ley contra el Terrorismo y la Ley contra el Odio, la cual emplea conceptos vagos y definiciones imprecisas que permiten sanciones administrativas y penales desproporcionadas, dejando amplio margen a la discrecionalidad estatal.
Alvarado ve con preocupación el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la fuerza pública y el uso de grupos paramilitares pro gobierno contra la protesta, el aislamiento de todos los presos, quienes no pudieron ser visitados por sus familiares, la imposición de abogados públicos a los detenidos y el saldo de 25 personas fallecidas.
“No es descartable que por la investigación de los crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional se pudieran dictar órdenes de captura u órdenes de comparecencia a los más altos funcionarios del Estado venezolano que han estado al mando de la represión y que por la manera como se ha dirigido esta situación represiva están identificados. Pero además, ya la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, en sus informes ha identificado los presuntos responsables de los crímenes, que son los que siguen actuando en 2024”, dice.
Alvarado explica que a todos los detenidos se les puede calificar como presos políticos porque son víctimas de la aplicación indiscriminada de la Ley contra el Terrorismo y víctimas de una abierta violación al derecho a la defensa y al debido proceso.
Ley antifascista en Venezuela
En el escenario de las protestas, el gobierno, representado por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, aprobó el inicio de un proceso de consulta pública sobre la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones similares en todo el país, con el propósito de condenar al “ciberfascimo contra el pueblo”. El debate se centró en la manera en que se pueden regular las redes sociales. Este proyecto de ley antifascista se presenta como una continuación de la ley contra el odio y se caracteriza por su naturaleza restrictiva y su impacto potencial en los derechos humanos y las libertades civiles en Venezuela.
Mariano asegura que el gobierno continúa creando un marco jurídico que le dé sustento legal a la represión, por ello ya no le basta la Ley contra el Terrorismo y la Ley contra el Odio, sino que avanzó en la ley para perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y ahora pretende, con la denominada ley contra el fascismo, perseguir a cualquier persona que por cualquier vía, incluso las más pacíficas, critique la gestión de gobierno, realice alguna denuncia de abuso de poder, cuestiones algún acto de corrupción y señale a algún funcionario público por prácticas contrarias a la Constitución y a la ley.
“En definitiva, se trata de profundizar el cerco a cualquier opinión disidente en Venezuela y cualquier empeño de las personas en defender sus derechos. Esto terminará afectando no solo a activistas políticos sino también a dirigentes sociales y a cualquier persona que desde una comunidad denuncie hechos arbitrarios y alce la voz para reclamar derechos y exigir mejora en los servicios públicos. Aquí todos entramos en un estado de sospecha porque lo que ha venido imponiendo el gobierno es que toda persona se presume culpable y a partir de ese criterio, de que toda persona se presume culpable, absolutamente todos estamos en riesgo de ser privados de nuestra libertad por actos arbitrarios de funcionarios policiales y militares”, señala.
El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, concuerda con Alvarado y asegura que el régimen de Maduro ya no puede soportarse ni siquiera como un régimen de profundo modelo autoritario, porque ya no le alcanza la camisa de fuerza.
“Esto viene ocurriendo desde cuando Chávez. A Chávez llegó un momento que la camisa democrática ya no le servía y para eso planteó la reforma de 2007, que pierde, pero que luego la va implementando a través de leyes habilitantes. En Venezuela ha venido ocurriendo un progresivo desmantelamiento de las instituciones públicas, como contrapeso, para evitar las tiranías, el despotismo y la autocracia, estamos viendo a un gobierno que para sostenerse, ya no le alcanza ser autoritario, sino que tiene que ir a un nivel más, que es ir hacia un modelo más hegemónico, más totalitario. Entonces, debe recurrir a una detención violenta, arbitraria, desapariciones forzadas y persecución política. El régimen está sembrando terror para silenciar a la ciudadanía y perpetuarse en el poder”, afirma.
Murillo explica que los abusos contra los derechos humanos cometidos por las autoridades venezolanas son avalados e instalados desde las más altas esferas del poder, incluyendo la Fiscalía y los tribunales.
“Este proceso electoral albergaba la esperanza de abrir las puertas a un proceso de reconciliación, de restauración de nuestro sistema de libertades y de reconstrucción de la democracia. Lo que vino después del anuncio de los resultados es lo que hemos llamado un nivel de alta represión y de persecución política, que en esta vez lo hemos visto de forma generalizada, es decir, no solamente está orientado hacia un sector de la población, sino en crear un clima de terror generalizado, en toda la población, y eso es lo que explica, en buena medida, el alto número de detenciones arbitrarias que hemos tenido en este contexto poselectoral”, señala.
En Provea, continúa Murillo, realizan un balance de forma cualitativa, y otro de manera cuantitativa. Desde el punto de vista cuantitativo, explica, el número de detenciones, sólo en 15 días, del 29 de julio en adelante, en cuanto a tiempo y velocidad con la que ocurrieron, se equiparan con los 3 meses de intensas protestas en 2017, año del último ciclo de protestas intenso en el país.
A partir de esa fecha, Venezuela registró también la cifra más elevada de fallecidos en expresiones de protestas en conflictos políticos en breve tiempo.
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