Un verdadero arsenal de pruebas pone a la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, contra las cuerdas. El expediente estaba arrumado, guardando polvo, envuelto en bolsas plásticas negras, en el antiguo edificio del DAS, en el centro de Bogotá. Allí reposan horas de interceptaciones telefónicas, correos electrónicos, informes de inteligencia, reportes de operaciones, estudios de transacciones bancarias, negocios en Venezuela con empresas plenamente identificadas, pruebas de tiquetes y viajes, documentos de carácter político y hasta delicadas comunicaciones a través de radioperadores con los máximos jefes de las Farc.
Se trata de un nuevo capítulo que fue reconstruido por la Corte Suprema de Justicia. Durante meses, los investigadores se dieron a la tarea de rastrear y recuperar información de alto valor que se encontraba “refundida” en diferentes despachos judiciales y que apunta directamente contra la senadora Córdoba y su estrecha relación con las Farc, que ella creía era un capítulo superado luego de la anulación del fallo disciplinario que la había sacado de la política y la nula idoneidad probatoria del contenido del computador de Raúl Reyes.
SEMANA revela en exclusiva todas las evidencias hasta ahora desconocidas que para la Corte Suprema dejan al descubierto que la relación de Córdoba con los entonces terroristas de las Farc no solo era un hecho sino un delito, pues no mediaba autorización del Gobierno. Además, hay pruebas de millonarios y silenciosos negocios de la senadora en Venezuela y en Ecuador e interceptaciones telefónicas en las que habla a viva voz de delicados asuntos.
Un explosivo documento, al parecer condenado a perderse, fue recuperado “en el sótano del antiguo DAS, bajo las cajas que contienen las decoraciones navideñas, envuelto y amarrado en bolsas negras para evitar el deterioro”.
Se trata del “informe final de policía judicial” con el código 68761XX, en el que investigadores reportan a la Corte los hallazgos. Dan cuenta de la gravedad de los hechos que se le atribuyen a la senadora y que habían sido recogidos hace más de diez años en una investigación realizada por la Fiscalía y que estaba durmiendo el sueño de los justos.
En una de las carpetas encontradas está el soporte de la orden para interceptar y revisar los correos de algunas de las personas más cercanas a la senadora Córdoba. “Con base en información aportada por fuente humana, quien indicó tener información relacionada con una organización criminal, que utiliza las cuentas de correos ricardomontenegro-velasquez@hotmail.com, alejandrameza26@hotmail.com, andresvasquez@piedadcordoba.net y chats de internet para circulación de información relacionada con movimientos de dinero para financiamiento de actividades terroristas de las Farc”.
Ese documento toma más vigencia que nunca porque precisamente están los nombres de dos de sus asesores más cercanos quienes prendieron el ventilador y ahora son testigos: Andrés Vásquez y Ricardo Montenegro. El primero fue quien soltó un bombazo al advertir que las acciones humanitarias que realizaba Córdoba para la liberación de secuestrados en realidad era una plataforma política para ella, para las Farc y para el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez.
Vásquez, además, ha contado sobre los millonarios negocios de Piedad Córdoba, estrechamente ligados al denominado testaferro del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el colombiano Álex Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos.
Montenegro fue durante más de diez años su asesor jurídico. Sobre él, señala el informe de la Fiscalía, aparece en sus correos “información sobre la campaña de una persona relacionada como Piedad Córdoba (…) con acuerdos políticos del Partido Liberal, comunicados de Colombianos y Colombianas por la Paz, campaña contra las bases militares, documentos de las Farc, coordinaciones de viajes, entrevistas, movimientos de dinero, pagos de tiquetes aéreos, hospedajes, realización de eventos”.
También está un correo de 2010 en el que se menciona al hoy extraditado por narcotráfico y hermano de la senadora, Álvaro Córdoba, afcordoba@hotmail.com y piedadcordobaruiz@gmail.com, “donde hacen referencia a una alianza con la empresa Logistic para el desarrollo de proyectos en Venezuela”.
Esta información refundida por más de una década corrobora las recientes denuncias de los negocios tasados en millones de dólares en Venezuela y la relación de Álex Saab con estas transacciones, tal como fue publicado por SEMANA, y para los cuales usaban a Logistic.
En otro correo, Álvaro Córdoba le envía un mensaje a Piedad y a un hombre llamado Pedro Vene Briceño, al parecer de Sur Logística, “donde menciona elementos pendientes por pagar y la suma de 5 millones de dólares, anexando los documentos de la Distribuidora Proveal – anexo de cuentas por pagar divisas”.
En la carpeta de enviados, “se halló las comunicaciones de fecha 24 de junio al 4 de septiembre de 2010, relacionadas con amenazas, campamento juvenil “Che Guevara”, campañas políticas, cartas entre organizaciones ELN, Farc, Apoyo Colombianos y Colombianas por la paz y organismos internacionales como Unasur”.
En las interceptaciones también aparece su hijo Juan Luis Castro,quien fue senador por la Alianza Verde. Manda mensajes a Piedad Córdoba, Andrés Vásquez, a un hombre llamado Felipe Cárdenas, “donde envía informe de los negocios que tendrían en Venezuela a través de la empresa Acciones de la Frontera SA, e Importaciones y Exportaciones LBT CA”.
Cárdenas envía un mensaje a Juan Luis y a Piedad, donde “da a conocer pormenores de los negocios que estarían realizando en Venezuela a través de la empresa Sur Logística”. Esta seguidilla de correos deja claro que la senadora, familiares y personas de confianza tenían pleno conocimiento de los negocios que hacía en Venezuela.
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