El panorama económico venezolano para el cierre del año 2026 ha tomado un giro tras el devastador terremoto del pasado 24 de junio. Leobaldo Molero, economista y docente de macroeconomía en la Universidad del Zulia (LUZ), dijo que, aunque el primer semestre del año perfilaba una trayectoria distinta, el desastre natural reconfiguró de manera inmediata el entorno económico.
Por: Josimar Ampies – Radio Fe y Alegría
En primer lugar, la actividad productiva sufrió una desaceleración drástica debido a las severas afectaciones en infraestructuras neurálgicas para el comercio nacional, tales como el puerto de La Guaira y el aeropuerto internacional de Maiquetía.
Molero explicó, en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, que existen dos perspectivas importantes: las pérdidas millonarias y el efecto multiplicador de la reconstrucción.
Sobre las pérdidas millonarios, comentó que organismos multilaterales estiman que los daños materiales en infraestructura, viviendas y zonas residenciales oscilan entre los 19.700 millones y 40.000 millones de dólares. Esta cifra representa aproximadamente un 33% del Producto Interno Bruto (PIB) con el que Venezuela cerró el año 2025.
En cuanto a la reconstrucción sostuvo que a pesar de la contracción inicial, el proceso de recuperación podría generar un impulso en la demanda agregada, si el gasto público y la ayuda internacional se canalizan de forma eficiente hacia la reparación de viviendas, carreteras, escuelas u hospitales, sectores como la construcción y servicios afines podrían registrar cifras positivas a corto plazo.
Por otra parte, a raíz de los anuncios emitidos por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre el programa Venezuela Renace (el cual plantea financiamientos de hasta un 80% para viviendas de hasta 70.000 dólares a pagar en 25 años mediante la banca pública y privada), Molero enfatizó que el principal reto radicará en la viabilidad financiera.
“Por un lado, la medida es bienvenida desde el punto de vista social y de asistencia a los afectados. Por otro lado, para que el sistema bancario posea el músculo financiero necesario para otorgar créditos hipotecarios y productivos a tan largo plazo, el Estado tendría que reducir el encaje legal”, explicó.
Sin embargo, esta flexibilidad crediticia entra en contradicción directa con la política monetaria restrictiva que ha ejecutado el Banco Central de Venezuela (BCV). Dicha estrategia buscaba contener la inflación y la presión cambiaria mediante la limitación de bolívares en circulación, por lo que expandir la liquidez crediticia podría tensionar nuevamente los precios y el mercado cambiario.
Limitaciones estructurales: deuda externa y déficit fiscal
Molero explicó que la procedencia de los recursos para sostener la reconstrucción, revela trabas estructurales previas al desastre como la deuda externa elevada y el déficit fiscal persistente.
Estimaciones señalan que la deuda externa venezolana ronda entre los 160.000 millones de dólares y los 240.000 millones de dólares (según firmas como Oxford).
Por consiguiente, sin un proceso formal de reestructuración de la deuda, resulta sumamente complejo captar el financiamiento internacional masivo que el país requiere.
Además, las pérdidas estimadas superan con creces el presupuesto nacional. A pesar del flujo de caja obtenido por la comercialización petrolera internacional, el Estado continúa arrastrando un déficit donde los gastos superan los ingresos, sin que se haya implementado aún una reforma que optimice el uso del gasto público.
Alternativas para el sector empresarial y el flujo comercial navideño
El impacto del terremoto no solo perjudicó a las familias, sino también a pequeños comerciantes e industriales de la región centro-capital que perdieron su capital de trabajo.
En este sentido, Molero propuso la implementación de un plan de reforma tributaria específico y temporal junto a los gobiernos locales y regionales. De este modo, se otorgaría una tregua fiscal no punitiva que permita a los comerciantes conservar liquidez para reabrir sus puertas.
Asimismo, recalcó que el Ejecutivo deberá recurrir formalmente a la asistencia técnica y financiera de organismos multilaterales, ya que el sector industrial requerirá inversiones profundas que desbordan la capacidad de la banca nacional.
Finalmente, con el inicio del mes de agosto (momento clave para la planificación de importaciones y contrataciones de cara a la zafra comercial de fin de año), la pronta operatividad del puerto de La Guaira y del aeropuerto de Maiquetía se convierte en una carrera contra el tiempo.
“De no restablecerse oportunamente la logística de estas arterias de entrada, el abastecimiento y la dinámica económica comercial del último trimestre del año 2026 podrían verse seriamente condicionados a nivel nacional”, agregó.
