Venezuela puede haber comenzado a desmontar la organización criminal. Eso no significa que haya construido todavía una democracia.
Hay una forma relativamente fácil de reconocer el final de una dictadura en las películas. Las estatuas caen. Las multitudes ocupan las plazas. Los presos salen de las cárceles. Las banderas reaparecen en los balcones. Alguien anuncia elecciones y la palabra libertad, repetida durante años en clandestinidad, vuelve a pronunciarse en público.
Las transiciones reales son diferentes.
Un régimen puede perder a su líder y conservar sus jueces. Puede perder una elección y mantener el aparato electoral. Puede aceptar una negociación y conservar la burocracia, los servicios de seguridad, los contratos, las empresas públicas y los mecanismos mediante los cuales recompensa a sus aliados. Puede incluso permitir una prensa algo más libre mientras espera una oportunidad para volver a cerrarla.
Venezuela se encuentra ahora frente a esa situación en el Estado tutelado.
La fase de transición iniciada el 1 de agosto busca reconstruir cuatro pilares: el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, las libertades políticas y la libertad de expresión y de prensa. El objetivo final es mucho mayor: abandonar el actual Estado y llegar a unas elecciones generales en 2027 capaces de producir un gobierno con legitimidad democrática. Pero entre ambos momentos existe un territorio peligroso. Y ese territorio se llama tiempo.
La autocracia después del autócrata
Durante décadas, el chavismo no construyó solamente un régimen. Construyó un sistema.
El poder dejó de residir exclusivamente en Miraflores y se distribuyó entre tribunales, autoridades electorales, Fuerzas Armadas, burocracias, empresas estatales, medios de comunicación, redes económicas y mecanismos de coerción.
Esta distinción importa porque explica una paradoja común a muchas transiciones: se puede conquistar la legitimidad antes de conquistar el Estado.
Pensemos en Venezuela como un tablero de juego Go y no como uno de ajedrez. En el ajedrez, la partida termina cuando cae el rey. En Go, eliminar una pieza determinada importa menos que controlar suficientes intersecciones del tablero y rodear más territorio que el oponente en el tablero. La transición venezolana funciona de manera semejante.
Un tribunal independiente es una intersección. Un árbitro electoral legítimo es otra. Una prensa libre, otra. Partidos políticos devueltos a sus dirigentes legítimos, otra. Fuerzas de seguridad sometidas al poder civil, otra.
La democracia llegará cuando esas posiciones formen un sistema institucional suficientemente fuerte para impedir la restauración autoritaria. Por eso reemplazar personas no basta. Hay que restablecer el orden democrático.
La experiencia de diecisiete iniciativas de diálogo
Los venezolanos conocen bien las mesas de negociación. Durante años han escuchado hablar de diálogo, mediadores, acuerdos, garantías, Barbados, México, Santo Domingo y otros procesos. Diecisiete experiencias negociadoras, con características diferentes, no consiguieron producir la transformación fundamental: un Estado democrático consolidado. De ellas emerge un patrón inquietante.
La presión de las fuerzas democráticas genera una negociación. La negociación produce expectativas. Aparecen concesiones parciales. La presión disminuye. Comienzan las demoras. Los compromisos se reinterpretan. Finalmente aparece otra crisis y, con ella, otra negociación.
No significa que negociar sea inútil. Significa que una negociación sin mecanismos de ejecución puede convertirse en una tecnología de supervivencia autoritaria. Por eso la mesa actual necesita una arquitectura diferente:
ACUERDO ? CRONOGRAMA ? EJECUCIÓN ? VERIFICACIÓN ? CONSECUENCIAS ? INSTITUCIONALIZACIÓN.
Cada compromiso debería responder preguntas extraordinariamente sencillas.
¿Qué debe hacerse?
¿Quién debe hacerlo?
¿En qué fecha?
¿Cómo se verifica?
¿Qué ocurre si no se cumple?
Sin esas respuestas, una hoja de ruta puede convertirse rápidamente en literatura diplomática.
El arma más barata
Para quienes desean preservar elementos del antiguo sistema, retrasar puede resultar mucho menos costoso que confrontar. No necesitan derrotar a las fuerzas democráticas. Ni siquiera necesitan recuperar toda la legitimidad perdida.
Necesitan tiempo.
Tiempo para conservar posiciones institucionales. Tiempo para reorganizar alianzas. Tiempo para modificar la percepción internacional. Tiempo para esperar cambios políticos en Washington. Tiempo para transformar lo provisional en permanente.
Aquí la política se parece más al ajedrez. Cada demora concede un tempo. Y cuando dos adversarios tienen objetivos temporales opuestos —uno necesita llegar a elecciones competitivas y otro necesita prolongar el statu quo— el calendario deja de ser una herramienta administrativa. Se convierte en un instrumento de poder.
El miedo a perder
También existe otra razón para desconfiar de una transición espontáneamente ordenada. Quienes han controlado un sistema criminal durante años no calculan solamente cuánto pueden ganar negociando. Calculan cuánto pueden perder.
Poder.
Dinero.
Protección.
Prestigio.
Acceso al Estado.
En algunos casos, seguridad personal.
Cuando los actores políticos sienten que están perdiendo todo, pueden asumir riesgos que parecerían irracionales en circunstancias normales. Por eso una transición necesita combinar dos elementos que frecuentemente se presentan falsamente como contradictorios: incentivos creíbles para cooperar y consecuencias creíbles para sabotear.
La reconciliación sin instituciones puede producir impunidad.
La coerción sin salida puede producir resistencia desesperada.
El diseño de la transición debe modificar los incentivos.
Una democracia necesita palabras verdaderas
Durante décadas, Venezuela conservó muchas palabras democráticas.
Elecciones.
Justicia
Participación.
Soberanía.
Pueblo.
Libertad.
El problema era que las palabras permanecían mientras las instituciones que les daban significado desaparecían.
Un país puede celebrar elecciones sin ser competitivo. Puede tener tribunales sin justicia independiente. Puede tener periódicos mientras periodistas practican autocensura. Puede tener partidos cuyos nombres sobreviven aunque sus organizaciones hayan sido intervenidas.
Reconstruir una democracia significa volver a unir las palabras con la realidad.
Una elección debe significar incertidumbre sobre quién ganará.
Un tribunal debe poder fallar contra el gobierno.
Un periodista debe poder investigar al poder.
Un opositor debe poder convertirse en gobierno.
Si alguna de esas posibilidades desaparece, la institución democrática puede seguir existiendo formalmente mientras su contenido se vacía.
Por qué esto también importa a los inversionistas
La reconstrucción institucional venezolana suele describirse como una cuestión política. También es una cuestión económica.
Venezuela necesita cantidades extraordinarias de capital para recuperar petróleo, electricidad, infraestructura, industria y turismo.
Pero antes de preguntar cuánto petróleo existe bajo tierra, un inversionista sofisticado hará preguntas mucho más mundanas.
¿Quién garantiza el contrato?
¿Qué tribunal resolverá una disputa?
¿Puede cambiar arbitrariamente la regulación?
¿Será reconocido este acuerdo por el próximo gobierno?
El capital puede convivir con muchos riesgos. Lo que tolera mucho peor es la arbitrariedad.
La secuencia de la recuperación venezolana, por tanto, no comienza en un pozo petrolero.
Comienza en las instituciones:
LEGITIMIDAD ? SEGURIDAD JURÍDICA ? CONFIANZA ? INVERSIÓN ? CRECIMIENTO.
Sin Estado de derecho, miles de millones de dólares potenciales seguirán siendo precisamente eso: potenciales.
La ventana
La historia raramente concede a las transiciones el tiempo que sus arquitectos imaginan.
En 2020, circunstancias políticas parecían abrir una oportunidad extraordinaria para el interinato de Juan Guaidó: Cese de la usurpación ?Gobierno de transición ?
Elecciones libres. Después llegó una pandemia mundial y alteró completamente el tablero.
Este año, los terremotos inesperados volvieron a modificar los cálculos políticos y aceleraron la discusión sobre la reconstrucción institucional.
La lección debería resultar incómodamente clara.
Las ventanas políticas se cierran.
Por eso el período que conduce hacia 2027 no debería medirse por reuniones celebradas, comunicados publicados o comisiones creadas.
Debería medirse por instituciones recuperadas.
Un nuevo TSJ.
Un nuevo CNE.
Presos políticos realmente libres.
Partidos políticos restituidos.
Medios independientes funcionando.
Un calendario electoral verificable.
Y finalmente ciudadanos votando, sabiendo que quien pierda entregará el poder.
Ese último detalle contiene toda la diferencia entre una elección y una democracia.
Venezuela no necesita sustituir a quienes administran un Estado tutelado por otros administradores.
Necesita hacer imposible que ese Estado tutelado se reproduzca.
Después de tantos años de negociaciones, el país ya conoce el diagnóstico.
Ahora necesita el cronograma. Porque quienes desean preservar el viejo sistema no necesitan ganar la transición.
Les basta con impedir que termine el Estado tutelado.
Antonio de la Cruz
Director ejecutivo de Inter American Trends
