Frente a las recientes informaciones que circulan en la opinión pública internacional sobre la supuesta firma de un acuerdo de explotación petrolera a muy largo plazo entre el gobierno de los Estados Unidos y la presidencia encargada de Venezuela, es indispensable fijar una postura responsable y apegada a la ética pública. Ante un tema de tal magnitud, actuar con prudencia es un deber irrenunciable. No es posible emitir un juicio definitivo sobre las cláusulas de un documento cuyo texto oficial y alcance legal aún no han sido presentados con total transparencia ante la nación.
Sin embargo, más allá de la letra pequeña que se conozca en su momento, existe un principio categórico respecto al manejo de los asuntos públicos en Venezuela. Ninguna autoridad interina o mandatario en funciones, sin importar su origen, posee la atribución ni la legitimidad moral para comprometer el destino de los recursos estratégicos de la patria por un siglo. La soberanía no es un activo transable ni una facultad delegable en decisiones unipersonales que hipotequen a las próximas generaciones de venezolanos.
La explotación de los recursos naturales y las alianzas energéticas deben responder estrictamente al interés nacional y al desarrollo sostenible del país. Asuntos de esta envergadura, que trascienden períodos gubernamentales e involucran el patrimonio de todos, exigen el más amplio debate democrático y la máxima transparencia institucional. Decidir sobre el patrimonio colectivo sin el debido escrutinio de la sociedad rompe con los fundamentos esenciales de la responsabilidad republicana y el respeto a la ciudadanía.
Para que un compromiso de semejante trascendencia tenga validez moral y social, la última palabra debe residir siempre en el pueblo venezolano. Un acuerdo de esta naturaleza tendría que ser sometido a un referendo aprobatorio, donde la gente conozca con absoluta claridad los beneficios, los riesgos y los impactos para la República. La reconstrucción de Venezuela exige actuar con apego a la ley, visión de futuro y un respeto absoluto por la voluntad soberana de nuestra gente.
Por esta razón, estas reflexiones constituyen una postura fijada con carácter estrictamente circunstancial ante los hechos que hoy son de conocimiento público. Nos mantendremos a la espera de tener acceso directo al documento definitivo para analizar a fondo su articulado, verificar sus alcances reales y presentar a la nación un pronunciamiento firme, formal y exhaustivo sobre este tema tan trascendental para la vida republicana.
Noel Álvarez
Coordinador Nacional del Movimiento Político
