El régimen de Nicolás Maduro ha recurrido a tácticas extremas para mantener el control perdido y reprimir a sus opositores.
Una de las estrategias más alarmantes y desgarradoras ha sido el secuestro de niños, utilizado como medio para castigar o coaccionar a disidentes y sus familias.
Esta práctica no solo representa una violación flagrante de los derechos humanos, sino que también causa un daño irreparable a las víctimas y a la sociedad en general.
El secuestro de niños por parte del estado tiene profundas raíces en la manipulación del miedo, como última y repugnante argucia para aferrase al poder.
Al tomar a los hijos de los opositores, el gobierno busca desestabilizar a las familias, enviando un mensaje claro: desobedecer las órdenes del régimen puede tener consecuencias devastadoras.
Esta táctica no es nueva; ha sido utilizada históricamente en dictaduras y regímenes autoritarios, donde los derechos individuales son sistemáticamente pisoteados en nombre de la estabilidad del sistema imperante.
Pero esa misma cronología revela que ese repulsivo método siempre, siempre fracasa y los autores resultan severamente castigados
Las repercusiones de tales actos no solo afectan a los niños secuestrados y sus familias, sino que también impactan a la sociedad en su conjunto.
La desconfianza se puede instalar por poco tiempo entre ciudadanos, quienes pueden ver el estado como un ente opresor, criminal y abominable.
Pero al final la indignación colectiva pasa factura.
Los traumas emocionales y psicológicos que sufren tanto los niños como sus familiares pueden perdurar por generaciones, creando un ciclo de sufrimiento, opresión y venganza.
Por eso, nacional e internacionalmente, el secuestro de niños por parte de Maduro y sus cómplices debe ser denunciado y combatido con urgencia.
La comunidad global tiene la responsabilidad de actuar con prontitud y firmeza ante tales violaciones.
Organizaciones de derechos humanos y gobiernos deben presionar para que sean severamente castigados los crueles violadores de los derechos de todos los ciudadanos, y muy especialmente los más vulnerables, como los niños y adolescentes.
Los esfuerzos para sancionar a los responsables y ofrecer apoyo a las víctimas son vitales para sanar las heridas y restaurar la justicia en sociedades afectadas por este tipo de abusos.
Costará mucho olvidar esta afrenta y por eso mientras más pronto termine, menor serán las consecuencias.
El secuestro de niños como método de represalia contra opositores políticos es una de las manifestaciones más crueles del abuso de poder.
Es imperativo que como sociedad reconozcamos esta problemática y luchemos juntos para erradicarla, como plantea sin rodeos María Corina Machado, asegurando un futuro donde los derechos humanos de los venezolanos sean respetados y protegidos.
Para eso tiene que salir ya del poder Maduro y su pandilla de malvados. Así de cuajo. ¡Ya basta!
