Por Guillermo de la Vega
Una lectura descarnada ante las complacientes declaraciones del encargado de Washington frente a la tragedia institucional venezolana
La verdadera estupidez política es aquel error que no solo ignora la tragedia humana, sino que expone a sus propios patrocinadores al escrutinio público por una ganancia marginal. Es la renuncia voluntaria al criterio: cuando un representante diplomático prioriza la retórica del ‘peaje verbal’ para complacer a un régimen cuestionado, deja de ser un estratega para convertirse en un riesgo reputacional inaceptable, sacrificando la credibilidad institucional en el altar de un pragmatismo ciego
Las recientes declaraciones del Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Venezuela, John M. Barrett, alabando la «eficiencia» y «coordinación» de los cuerpos de seguridad del régimen encargado en medio de la tragedia de Vargas, han desatado una ola de profunda indignación en la opinión pública. Lo que desde los escritorios diplomáticos se pretende revestir como «pragmatismo» o gestión de crisis, en la calle se percibe como una cachetada desconsiderada a un pueblo que padece el colapso estructural. Desmontar este discurso exige trascender la retórica oficial para evaluar un tablero donde la incompetencia política y los intereses económicos se entrecruzan de forma alarmante.
Intentar justificar las palabras del representante estadounidense bajo la premisa de que «le habla a los mercados internacionales» o busca dar estabilidad regulatoria constituye una monumental contradicción. Gigantes energéticos como Chevron y otras corporaciones transnacionales presentes en Venezuela no necesitan que la embajada actúe como caja de resonancia o propagandista del aparato gubernamental. Estas corporaciones operan bajo matrices de riesgo estrictas, seguridad privada perimetral y acuerdos contractuales directos y discretos que ya están firmados. Saben que el encargado miente, y esa mentira no favorece sus intereses.
Para el sector corporativo, que el máximo diplomático de Washington aplauda públicamente a cuerpos de seguridad severamente cuestionados e internamente dirigidos por figuras bajo recompensa internacional no genera confianza; al contrario, introduce un ruido reputacional innecesario y peligroso ante el Congreso de su propio país. De igual forma, el cuerpo diplomático acreditado —misiones europeas y latinoamericanas—observa con absoluto asombro y desconcierto una postura que dinamita los consensos mínimos sobre derechos humanos y transiciones institucionales, despojando a la diplomacia estadounidense de toda autoridad moral sobre el terreno.
«Elogiar públicamente el aparato de fuerza de un régimen cuestionado no es alta estrategia; es un vector de riesgo que genera un ruido reputacional innecesario para los propios actores económicos.»
Si el discurso del funcionario agrede a la población afectada, incomoda a los aliados internacionales y expone a las corporaciones a un escrutinio inconveniente, resulta imperativo deducir dónde y por qué se rompe la lógica fundamental del análisis político. La explicación, lejos de responder a un refinado y sesudo plan maestro de la Casa Blanca, se encuadra en el fenómeno de la ineptitud política y la miopía burocrática.
En el servicio exterior existe un patrón ampliamente estudiado conocido como el síndrome de la ‘captura diplomática’ o nativismo. Un funcionario aislado en la burbuja residencial y operativa de una embajada en reconstrucción, obsesionado por mantener canales fluidos de acceso al poder de turno para gestionar sea permisos humanitarios o logísticos, termina asimilando e imitando la narrativa de sus interlocutores oficiales.
Barrett, con una trayectoria más corporativa y gerencial que estrictamente política, parece haber sacrificado el tacto y la perspectiva exterior a cambio de complacer momentáneamente al entorno institucional inmediato, dejando la credibilidad de su bandera en una posición insostenible frente a la sociedad civil.
Los incentivos de fondo: El negocio de la estabilidad exprés
Sin embargo, la ineficiencia discursiva puede ser el síntoma de algo estructuralmente más opaco. Cuando la diplomacia convencional carece de lógica, los incentivos financieros suelen ofrecer las respuestas correctas. En las etapas iniciales de la reapertura de un país que ha permanecido bajo severos bloqueos económicos, las mayores fortunas no se consolidan a través de inversiones transparentes de capital a largo plazo, sino mediante los lucrativos contratos de intermediación operativa inmediata.
Logística de emergencia, licencias especiales de explotación, esquemas de distribución y el corretaje energético representan un flujo multimillonario para grupos de interés específicos radicados tanto en Caracas como en Washington. A estos conglomerados opacos les resulta indiferente la solidez ética de las instituciones locales o el sufrimiento real de los ciudadanos en las zonas de desastre; su único objetivo es que la maquinaria de firmas, exenciones fiscales y autorizaciones gubernamentales no se detenga. Si el representante diplomático denuncia los abusos, la ineficacia o la naturaleza represiva del aparato estatal, los canales se congelan y los contratos caen. La adulación verbal se convierte, así, en el peaje necesario para que los negocios sigan fluyendo.
Un peaje verbal a costa d la realidad
A esto se suma el peso del cabildeo de firmas de asesoría internacional y fondos de inversión que cobran sumas astronómicas por viabilizar el ‘lavado de cara’ de entornos gubernamentales complejos. Presentar a las fuerzas de seguridad locales como aliados cooperativos y eficientes facilita que los entes reguladores estadounidenses continúen extendiendo licencias operativas sin el costo político directo de estar pactando con un sistema represivo.
Evaluar este panorama sin el velo del romanticismo diplomático revela una verdad amarga pero necesaria: las palabras de complacencia no son un reflejo de la realidad en el terreno ni una estrategia de protección civil. Constituyen un ejercicio de realpolitik degradada, diríamos que infame, donde el sufrimiento de los ciudadanos de a pie, particularmente en coyunturas tan dolorosas como la tragedia de Vargas, queda relegado a una variable completamente secundaria frente a la prioridad de garantizar las ganancias de unos pocos operadores financieros colocados estratégicamente tras bambalinas.
No queda duda de que las fuerzas verdaderamente democráticas e institucionales dentro de los Estados Unidos tomarán nota de este exabrupto y se verán obligadas a intervenir para limpiar una mancha negra que ensucia de forma intolerable la sábana de la tragedia venezolana. El desempeño de Barrett ya no es solo una disonancia retórica; es un vector de riesgo activo. Su torpeza discursiva y la opacidad que rodea sus motivaciones evidencian que este funcionario difícilmente actúa de manera aislada. Quienquiera que haya colocado su firma para sostenerlo en el cargo debe estar consciente de que hilos de complicidad o miopía semejantes suelen extenderse hacia socios colocados estratégicamente en otras agencias del propio gobierno estadounidense. En un momento donde la prioridad debería ser el rescate de la dignidad y el alivio de una población vulnerable, tolerar la permanencia de operadores funcionales a los intereses de la opresión es una claudicación moral que Washington no se puede permitir.
Guillermo de la Vega es escritor español
