La reconstrucción de una nación con una profunda destrucción institucional no puede sostenerse de manera sólida, estable ni legítima, si se prescinde de la justicia y de la verdad.
Es ya costumbre en la historia política venezolana, sobre todo la del pasado y presente siglo, que la justicia y el establecimiento de la verdad, queden relegadas a niveles de atención secundarios en el mejor de los casos.
Para el derecho constitucional comparado y en la experiencia histórica de transiciones políticas, ambos elementos no son opuestos a la reconstrucción, más bien sus pilares fundamentales. Mas allá de su evidente importancia ética —lo cual de por sí las hace imprescindibles—, ambos valores han significado en la praxis de los procesos de transición que se han llevado a cabo en las naciones que han transitado momentos similares a los nuestros —incluso con elementos de violencia social, afortunadamente inexistentes en nuestro caso— prácticos instrumentos que han acelerado la refundación de una república.
Establecer la verdad como instrumento de reconstrucción de un país institucionalmente en ruinas, como lo es Venezuela actualmente, permite:
1) Un diagnóstico real imprescindible para auditar el estado de las instituciones, las finanzas públicas, la infraestructura y, especialmente, los daños materiales y morales ocasionados a los ciudadanos por la acción pública, así como los niveles de corrupción que potencialmente desvían los esfuerzos empleados. Sin datos ciertos, es imposible diseñar políticas públicas eficaces y, más aún, establecer las ineludibles responsabilidades políticas, civiles, penales, administrativas, morales y éticas que todo cuerpo social amerita para poder avanzar hacia la paz deseada.
2) La construcción de una memoria histórica, pieza fundamental para obtener una garantía de no repetición, mediante el conocimiento y documentación de los abusos del pasado, dignificando con ella a las víctimas, principalmente de lo que fue un estado represivo como el que recientemente tuvimos, impidiendo que se imponga solo un relato oficial de mitos o falsedades construido precisamente por quienes fueron los verdugos por espacio de décadas.
3) La confianza social, como consecuencia de insertar la transparencia en todos los procesos políticos y económicos. La confianza es un mecanismo capaz de contribuir a sanar la fractura social que hoy existe entre los ciudadanos y quienes administran tuteladamente sus intereses generales, como consecuencia del sostenimiento de un vínculo político demagógico, propio del dirigente socialista del siglo XXI.
Sabemos que en más de dos décadas se ha utilizado descaradamente la mentira como instrumento político y esto ha tenido consecuencias impredecibles. Devolverle al ciudadano la confianza en la palabra de quienes asuman su representación política, nacional e internacionalmente, requiere que estos representantes sean legítimos y ello pasa inevitablemente porque los mismos sean electos popularmente en comicios limpios.
Por su parte, el restablecimiento de una justicia restaurativa que inicialmente se centre en la reparación y no el castigo, estableciendo las responsabilidades objetivas por los daños ocasionados y priorizando la reparación integral de las víctimas por encima de la ineludible condena al funcionario agresor de los ciudadanos disidentes del régimen, sin omitir la verdad. Debe ser un instrumento tangencial de todo proceso que acompañe de manera indisoluble cualquier meta económica de reconstrucción. Bajo esta premisa, la libertad y posterior reparación de los daños cometidos a todos los presos políticos constituye una tarea impostergable de este enfoque restaurativo. Un logro moral y jurídico que debe materializarse de forma perentoria antes de que la transición misma pueda consolidarse. Ello porque:
- Aporta seguridad jurídica, pues ningún país se reconstruye económicamente sin inversiones y estas solo arriban si existe un sistema de justicia independiente que garantice la persistencia de las reglas del juego, respete la propiedad privada y castigue el incumplimiento de los contratos.
- Otorga fin a la impunidad, pues solo un Estado de derecho constitucional exige que la ley se aplique a todos por igual. Omitir la justicia genera un peligroso precedente donde los delitos graves quedan sin castigo, debilitando la moral pública desde el primer día del nuevo orden.
- Crea estabilidad institucional, toda vez que la justicia actúa como el contrapeso natural que frena los abusos del Poder Ejecutivo o Legislativo, asegurando que las nuevas instituciones no vuelvan a desviarse.
Sucede que después del 24 de junio pasado, una verdad que siempre rondo silentemente en nuestro país, a manera de rumor generalizado, se confirmó y quedó en evidencia: el gobierno chavista —hoy parcialmente depuesto—, causante o de cujus político de la actual administración interina, durante décadas desmanteló deliberadamente las capacidades de protección civil, impidió el acceso temprano de la asistencia internacional para la conformación de fuertes y especializados recursos de defensa y seguridad ciudadana frente a calamidades ambientales, y priorizó el control militar, policial y represivo contra la población disidente, en menoscabo del imprescindible adiestramiento e inversión en recursos humanos y materiales que debieron ser destinados al rescate civil y a la atención de los ciudadanos frente a los desastres naturales. Esta lamentable situación se transforma jurídicamente en una violación masiva del derecho a la vida y a la salud, que, como un trueno ensordecedor, estoy seguro se convertirá en un estallido que redefinirá la historia de nuestro país, en un parteaguas, desde ese 24 de junio fatídico.
La doctrina del Derecho Internacional Humanitario ante desastres, proveniente de organismos internacionales tales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la misma jurisprudencia del Sistema Interamericano de DDHH, establece que un desastre natural no exime al Estado de su responsabilidad. La negligencia y el previo desinterés en la inversión pública que hubiera podido estar dirigida a crear mecanismos estables y permanente de auxilio gubernamental ante eventuales desastres naturales, transforman políticamente la catástrofe en una violación estatal masiva de los derechos a la vida y la salud.
Cualquier agenda que pretenda trazar una ruta de transición política y reinstitucionalización del país, impulsada ante la emergencia por los terremotos, sin tener en cuenta estos aspectos, estará condenada al fracaso.
Perkins Rocha
perkrocha@gmail.com
