Hace un mes escribí un artículo publicado en éste diario sobre algunas propuestas de solución a la crisis eléctrica en el país. En este sentido, hemos visto en las últimas semanas anuncios y avances de acciones en la búsqueda de comenzar a dar pasos para el mejoramiento del servicio eléctrico en Venezuela.
Guillermo García N.
Sin lugar a dudas, el problema de los cortes recurrentes y bajas de electricidad en todo el país, no solo afecta a las industrias, el comercio y la economía en general, sino también tiene un impacto muy importante en los ciudadanos y su calidad de vida.
Uno de los elementos fundamentales en cualquier país que busca mejorar su producción y mejorar su calidad de vida, es teniendo y ofreciendo un sistema eléctrico y de servicios abundante y creciente. Es una variable muy importante e indicador del grado de desarrollo y de crecimiento de las economías de los países.
Si el gobierno tiene como objetivo un mayor crecimiento económico para el 2026 y próximos años, es fundamental solucionar urgentemente el problema de la generación y distribución de electricidad y los servicios.
Rol y participación del sector privado en la solución
El gobierno nacional y gobiernos regionales deben brindar los incentivos al sector privado nacional y extranjero que deseen invertir y operar estas empresas de generación de energía y distribución. El Estado venezolano, no está actualmente en condiciones de orientar recursos financieros para desarrollar proyectos de energías sustentables, donde las tecnologías, experiencia nacional e internacional y financiamiento e inversión son esenciales. La participación del sector privado en el establecimiento de estos proyectos de energía y empresas de servicios en el sector, es lo que puede hacer la diferencia en la solución en el corto plazo a éste problema fundamental para el desarrollo de la economía y de la cotidianidad de vida de los venezolanos.
La Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM) señaló que la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) «continúa representando uno de los mayores desafíos para las empresas y para la recuperación económica del país». Asimismo, que el 96% de las empresas consultadas en Maracaibo identifican al servicio eléctrico como uno de los principales factores que afectan su capacidad operativa y sus posibilidades de crecimiento.
El inicio de las discusiones del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico abre una gran oportunidad para que tanto los ciudadanos, comunidades, empresas e inversionistas nacionales y extranjeras puedan aportar ideas y sugerencias que conlleven a una Ley Orgánica robusta y moderna, que promueva el desarrollo del sector eléctrico generando crecimiento económico, empleos y el bienestar de vida que los habitantes del país necesitan y merecen.
Algunos planteamientos de la Cámara de Comercio de Maracaibo
Descentralización del sistema eléctrico nacional: Debemos regresar al sistema de empresas regionales con autonomía operativa y financiera real para operar, tales como ENELVEN, ELEVAL, CADAFE, Electricidad de Caracas, Electricidad de Valencia y EDELCA, por solo nombrar algunas. Ese esquema operativo, vigente hasta el año 2007, demostró ser exitoso al punto que Venezuela contó con uno de los servicios eléctricos más robustos del continente. Estas empresas regionales deben funcionar en sociedad con capital privado, tanto nacional como extranjero.
Seguridad jurídica: El proyecto de Ley actual, concentra en la figura del Presidente de la República, la autorización de cada empresa mixta, así como las condiciones sobre su operación. Los inversionistas institucionales y los financistas multilaterales requieren marcos regulatorios más predecibles, con reglas claras y organismos reguladores independientes. La discrecionalidad ejecutiva total en estas decisiones, solo elevaría el riesgo percibido y por ende, dificultaría la concreción de proyectos. Asimismo, en caso de presentarse algún tipo de disputas o necesidades de mediación, se requiere establecer mecanismos internacionales de arbitraje y de resolución de conflictos.
Plazo máximo de concesión de 25 años: Este plazo máximo, sin garantías suficientes sobre el valor residual de las inversiones al momento de la reversión, resulta poco atractivo. Los proyectos de infraestructura eléctrica de gran escala, muchas veces superan el horizonte de amortización propuesto en el proyecto de Ley. Las empresas e inversionistas, requieren de total certeza para la recuperación de su capital, por lo cual se debe considerar la posibilidad de renovación de la concesión por un segundo período.
Las APP como modelo a considerar
Las Asociaciones Público Privadas APP, han sido factor de aplicación, estudio y evaluación en muchos países y regiones del mundo. Existen diferentes definiciones y puntos de vista sobre qué es lo que constituye una APP). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la define como un “acuerdo entre el gobierno y uno o más socios privados (que puede incluir operadores y financiadores) bajo el cual los socios privados proveen un servicio de manera tal que los objetivos de provisión de servicios del gobierno se encuentren alineados con los objetivos de obtención de utilidad del sector privado y donde la efectividad depende de una adecuada transferencia de riesgos del sector privado (OCDE, 2008).
El rango de aplicación de las APP abarca desde infraestructura energética y de transporte y provisión de servicios de electricidad, agua potable y saneamiento hasta esquemas de irrigación y servicios de educación y salud, entre otros. En tiempos recientes se han empezado a presentar proyectos en áreas como registros, manejo de información y recolección de facturas, en las cuales el sector privado puede ser más efectivo. La principal característica de una APP es el esquema de asignación y mitigación de riesgos entre cada una de las partes. Entre las principales modalidades de APP están:
- Contratos de prestación de servicios Contrato de prestación de un servicio determinado. El Estado mantiene la propiedad y exige un nivel de servicio especificado. Puede haber asignación de riesgos, lo cual depende del esquema contractual.
- -Contratos de administración. Un bien público es operado y administrado por un agente privado bajo un esquema de riesgo compartido y de utilidades compartidas.
- -Concesiones. El Estado concede el derecho al usufructo de un bien (por ejemplo: una carretera, una planta eléctrica, aeropuertos) a cambio de un acuerdo económico entre las partes por un período determinado.
- BOT (Construir-Mantener Operar-Transferir). La entidad privada se encarga de la construcción y el mejoramiento de un bien, y de su operación, y la propiedad o bien se mantiene con el Estado o vuelve a manos del Estado al final del proceso (planta generadora de energía)
- Asociaciones a riesgo compartido. Los agentes públicos y privados se asocian a través de una compañía mixta o de un vehículo similar, y comparten riesgos, costos y utilidades.
En las APP que involucran al sector privado en la provisión de un servicio bajo un contrato de largo plazo con un agente público. Una APP se refiere a contratos entre el gobierno y entidades del sector privado con el objetivo de entregar un proyecto y su servicio, el que tradicionalmente ha sido provisto por el sector público. Bajo este esquema, el sector privado normalmente: i) se encarga del diseño, de la construcción o del mejoramiento de infraestructura, ii) asume riesgos relacionados con el proyecto, usualmente financieros, comerciales, técnicos y operacionales, iii) recibe un retorno financiero por la prestación del servicio, bien a través de cargos a los usuarios o bien a través de acuerdos financieros con el agente público, y iv) puede tener o no una transferencia de propiedad sobre el activo. El sector público a su vez mantiene la responsabilidad sobre la calidad del servicio prestado y su provisión bajo condiciones equitativas.
APP un primer paso
Un primer paso o buena vía para transferir activos y operaciones al sector privado podría ser a través de la implementación de APP. El gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías deberían evaluar seriamente la implementación del esquema de APP como una fórmula que permita generar beneficios tanto económicos como sociales. Dentro de los principales beneficios de un proyecto de APP se han identificado: i) la capacidad de proveer un servicio a un menor costo y en menos tiempo, ii) la posibilidad de mejorar la calidad de los servicios y garantizar buenos niveles de servicio durante largos períodos, iii) una gestión más eficiente de los riesgos del proyecto, iv) la capacidad de atraer innovación tecnológica y otorgar flexibilidad a la provisión de servicios, y v) que en algunos casos la estructuración financiera de un proyecto puede atraer recursos financieros en condiciones más favorables que si se realizara como un proyecto público y generación de empleos mejor remunerados.
Cuales proyectos eléctricos y tipos de energía podrían manejar el sector privado
Las empresas del sector eléctrico: Inversión en generación de electricidad termoeléctrica (turbo gas y turbo vapor) incluidas las plantas: Planta Centro Unidad VI, Tacoa unidades 7 y 8. Plantas hidroeléctricas Guri, Carauchi y la Vueltosa: Las plantas de turbo gas en la región Central y de la región Carabobo Aragua y Yaracuy y región occidental.
La posibilidad de la utilización de energías renovables (solar y eólica) para ofrecer una solución al grave problema de generación de energía en muchas zonas del país, debe ser evaluada con mucha seriedad por el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales y municipales. Las tecnologías alternativas han tenido un gran avance en cuanto a costos y eficiencia en el mundo desarrollado y en desarrollo.
El mercado de valores como esquema de privatización
La adopción de una estrategia o proceso de privatización de empresas estatales a través del mercado de valores ha resultado a nivel de las experiencias internacionales más viable y efectiva de lo que muchos pensaron, lo cual explica por qué un gran número de países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo (Chile; Brasil, Argentina , Colombia, Perú) hayan optado por comenzar procesos de privatización a través de la participación de empresas internacionales y nacionales, así como ciudadana a través del mercado, como una alternativa válida para emprender procesos de privatización. A la Bolsa de Valores deben regresar las empresas nacionalizadas, abriendo el capital y democratizándolo. Hacer accionistas a las empresas extranjeras y nacionales y a todos los venezolanos. Eso es lo que realmente el gobierno debe hacer y los venezolanos deseamos y requerimos.
Empresas extranjeras y nacionales de los sectores económicos en las que se desarrollan participando en la compra de acciones de estas empresas en porcentajes que pueden representar una mayoría accionaria para el manejo gerencial y societario de la empresa, pero con la participación de los venezolanos en un porcentaje minoritario a través del mercado (inversionistas pequeños, medianos, fondos de pensiones y jubilaciones, cajas de ahorro, fondos mutuales, Entidades de Inversión Colectiva, Casas de Bolsa y Sociedades de Corretaje de títulos valores y de compañías de seguros).
No hay país en el mundo que pueda tener crecimiento económico sostenido si no cuenta con un sistema de energía confiable, eficiente y rentable. Venezuela no es la excepción. El sector privado venezolano tiene un importante rol que cumplir. Hay proyectos ya en evaluación, lo que se requiere es el apoyo gubernamental y regional.
(*) Asesor Financiero
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