«Chris Wright está manejando Venezuela y haciendo un gran trabajo.»
— Donald Trump, 23 de julio de 2026, durante una alocución sobre la gestión energética y los acuerdos petroleros.
La llegada a Venezuela del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y los acuerdos petroleros que Washington está impulsando con Caracas han colocado nuevamente al petróleo venezolano en el centro de la geopolítica energética.
Chris Wright es, sin duda, un protagonista con muy buenas credenciales
Ingeniero, empresario y emprendedor energético, fundó Pinnacle Technologies, trabajó en el desarrollo de tecnologías para la fracturación hidráulica, presidió Stroud Energy y posteriormente dirigió Liberty Energy, una de las empresas estadounidenses más importantes de servicios de fracking. Su experiencia está directamente vinculada con la revolución del shale que transformó la industria energética estadounidense.
Pero precisamente por eso conviene formular una pregunta diferente:
¿Tiene Chris Wright experiencia en diseñar el marco institucional de una apertura petrolera nacional?
Su currículo demuestra una amplia experiencia en tecnología, producción, servicios petroleros y gestión empresarial.
La respuesta, al menos a partir de su trayectoria profesional conocida, es no.
Y esto no constituye una descalificación. Es simplemente una diferencia de competencias. Porque Venezuela enfrenta hoy un problema que no es solamente tecnológico ni financiero.
Es, fundamentalmente, institucional.
Y en esto existe una paradoja histórica que debería ser imposible ignorar:
Venezuela ya hizo ese experimento.
Y lo hizo mucho antes de que Chris Wright llegara al gobierno estadounidense.
1- La Apertura Petrolera venezolana
La llamada Apertura Petrolera comenzó a diseñarse durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y fue profundizada durante el segundo gobierno de Rafael Caldera.
No fue un proceso improvisado.
Se construyó sobre distintas modalidades de participación privada: convenios operativos para campos marginales, asociaciones estratégicas para desarrollar la Faja del Orinoco y mecanismos de exploración a riesgo y ganancias compartidas.
Durante el gobierno de Caldera, además, el proceso fue sometido al Congreso Nacional.
En 1996, por ejemplo, el Congreso aprobó los convenios de apertura mediante el esquema de ganancias compartidas, mientras PDVSA, a través de la CVP, establecía asociaciones con empresas nacionales y extranjeras.
El propio Rafael Caldera destacaba en su mensaje al Congreso de 1996 que la apertura permitía la participación privada nacional y extranjera mientras preservaba la soberanía del Estado y el protagonismo de la industria nacional.
Y el resultado fue una extraordinaria movilización de capital y tecnología.
Llegaron grandes compañías internacionales. Se desarrollaron proyectos de la Faja del Orinoco. Se construyeron instalaciones para producir y mejorar crudos extrapesados. Se recuperaron campos maduros.
Y Venezuela llegó a producir alrededor de 3,3 millones de barriles diarios en 1998.
No fue un modelo perfecto. Ningún modelo petrolero lo es.
Pero consiguió algo esencial: crear mecanismos para que el capital internacional se animara a competir por participar en el desarrollo de los recursos venezolanos.
Esa experiencia debería ser el punto de partida de cualquier discusión sobre la nueva apertura.
2- La gran diferencia
Aquí está el núcleo del problema.
Una cosa es atraer empresas petroleras. Otra, mucho más compleja, es crear un mercado petrolero abierto.
Para lo primero se necesita petróleo, capital, tecnología y rentabilidad. Para lo segundo se necesita además una arquitectura institucional.
Hay que definir entre otras cosas:
- cómo se asignan los campos;
- quién puede participar;
- cómo se seleccionan los operadores;
- qué régimen fiscal se aplica;
- cuánto pagan de regalías e impuestos;
- cómo se distribuye el riesgo;
- qué derechos conserva el Estado;
- qué derechos adquiere el inversionista;
- cómo se resuelven las controversias;
- cómo se garantiza el acceso a infraestructura;
- cómo se comercializa el petróleo;
- cómo se evita la concentración;
- cómo se transparentan los contratos;
- y cómo se asegura que Venezuela capture una proporción adecuada de la renta petrolera.
Eso es ingeniería institucional, no sólo ingenieria petrolera
Y Venezuela ya tiene una experiencia propia y muy valiosa en esa materia.
3- No hay que inventar desde cero
Este debería ser uno de los principios de la nueva política petrolera venezolana.
No se trata de copiar la Apertura Petrolera de los años noventa. Han pasado treinta años. El mundo cambió. La industria cambió. Los mercados cambiaron. La geopolítica cambió. La tecnología cambió.
Y Venezuela cambió radicalmente.
Pero tampoco tiene sentido actuar como si Venezuela jamás hubiese desarrollado mecanismos para atraer inversión internacional. La experiencia de los noventa debería estudiarse críticamente: qué funcionó, qué no funcionó, qué debe conservarse y qué debe corregirse.
Esa debería ser la base de una nueva generación de políticas petroleras.
4- El problema de la apertura actual
La nueva reforma venezolana de hidrocarburos ha dado pasos importantes hacia una mayor participación privada. Permite diferentes formas de participación empresarial, incorpora mecanismos de arbitraje internacional y busca hacer económicamente atractiva la inversión.
Eso es positivo. Obviamente mejor que lo anterior. Pero no significa que sea suficientemente buena.
La existencia de una ley de apertura no significa automáticamente que exista un mercado petrolero abierto.,La diferencia está en cómo se aplican las reglas.
Y aquí comienzan las dudas y las sospechas
Reuters ha señalado que inversionistas han esperado definiciones sobre modelos contractuales y condiciones fiscales antes de comprometer capital.
Eso revela una debilidad fundamental, porque el inversionista necesita conocer las reglas antes de decidir dónde poner su dinero. No después.
5- El caso NABEP
La preocupación adquiere una dimensión mucho mayor con el acuerdo anunciado con North American Blue Energy Partners, NABEP.
Según la información publicada, el acuerdo contempla el desarrollo de 17 campos con alrededor de 65.000 millones de barriles de reservas y un esquema de largo plazo.
El asunto no es que participe una empresa privada. Por lo contrario, es lo deseable El problema es cómo fue seleccionada y bajo qué condiciones.
Reuters ha señalado que el acuerdo fue negociado sin un proceso competitivo y que la estructura contractual ha generado choques jurídicos e institucionales.
Y aquí aparece la diferencia entre una apertura petrolera y una concesión opaca y sospechosa
Una apertura establece reglas para que los inversionistas compitan. Una concesión negociada establece condiciones particulares para un inversionista determinado. Y no son equivalentes.
Y si el acceso a los recursos depende más de la proximidad política que de la competencia económica, el país corre el riesgo de sustituir un monopolio estatal por otra forma de concentración en pocas manos desconocidas
6- Del capitalismo de Estado al capitalismo de concesiones opacas
Este es sin duda el mayor riesgo de la nueva etapa.
Venezuela pasó durante décadas por distintos modelos petroleros.
- Concesiones extranjeras.
- Control estatal creciente.
- Estatización.
- PDVSA como gran empresa integrada.
- Apertura Petrolera.
- “Soberanía petrolera”.
- Expropiaciones.
- Control estatal prácticamente absoluto.
Ahora se abre nuevamente la puerta al capital privado.
Pero existe una diferencia fundamental entre privatizar el acceso a los recursos y crear un mercado petrolero competitivo. Si la nueva apertura se basa en acuerdos particulares, negociados caso por caso, Venezuela podría terminar transitando del capitalismo de Estado al capitalismo de concesiones opacas
Y eso sería una lastimosa y costosa oportunidad perdida. Y un monumental error que va a registrar la historia que va perseguir a EEUU y al interinato por décadas
7- ¿Qué debería aprender Washington de Venezuela?
Esta discusión tampoco debería plantearse como una confrontación entre Venezuela y Estados Unidos.
Estados Unidos tiene exactamente lo que Venezuela necesita: empresas, capital, tecnología, mercados, conocimiento gerencial y capacidad para asumir riesgos. En mi caso considero que la participación estadounidense puede ser fundamental para reconstruir la industria venezolana.
Pero Washington debería reconocer algo igualmente o más importante: Venezuela tiene conocimiento propio sobre cómo abrir su industria. La experiencia de los años noventa no fue simplemente una política petrolera de un gobierno venezolano.
Fue un experimento institucional de gran escala. Y produjo resultados que fueron observados y admirados internacionalmente.
Por eso sería paradójico que una Venezuela que ya diseñó mecanismos para atraer a las grandes petroleras internacionales del mejor nivel termine ahora utilizando mecanismos menos competitivos, menos eficientes y menos transparentes.
8- ¿Y Chris Wright?
Chris Wright puede desempeñar un papel muy importante en la reconstrucción de la industria petrolera venezolana.
Su conocimiento de la industria estadounidense puede contribuir a responder una pregunta urgente: ¿Cómo recuperar la producción venezolana?
Pero esa no es la única pregunta. Hay otra, mucho más trascendente:
¿Cómo construir una industria petrolera venezolana que funcione bajo reglas estables, transparentes y competitivas durante las próximas décadas?
Para responder se necesita otro tipo de experiencia. Se necesita conocimiento de derecho petrolero, economía de los recursos naturales, diseño fiscal, regulación, contratación pública, competencia, gobernanza y relaciones Estado-empresa. Y Venezuela posee profesionales con décadas de experiencia en esas materias. No tiene sentido despreciar o desperdiciar ese conocimiento.
La reconstrucción de la industria petrolera venezolana no debería convertirse en un ejercicio de sustitución de capacidades nacionales por capacidades extranjeras. Debe ser un proceso de integración de conocimientos.
Estados Unidos puede aportar capital, tecnología, mercados y experiencia empresarial.
Venezuela debe aportar algo que también tiene un enorme valor: conocimiento de su propia industria, de sus instituciones, de sus recursos y de la experiencia acumulada en anteriores procesos de apertura.
Y en esto quiero ser enfático: La cooperación internacional será indispensable. La dependencia institucional, no.
9- La legitimidad institucional
Aquí llegamos, probablemente, al punto más delicado de toda apertura petrolera.
Una apertura sostenible necesita instituciones que sean legítimas, independientes, profesionales y capaces de hacer cumplir las reglas.
La pregunta es particularmente importante en la Venezuela actual: ¿Quién tiene la autoridad legítima para comprometer durante décadas los recursos petroleros de la República?
No basta con que un contrato sea legal de acuerdo con una norma vigente.
En materia petrolera, especialmente cuando se comprometen recursos durante 30, 50 o más años, la legalidad formal es necesaria, pero puede no ser suficiente.
Hay que preguntarse también:
¿La institución que aprobó el contrato tiene legitimidad democrática?
¿El procedimiento fue público y transparente?
¿Hubo competencia entre ofertas?
¿El órgano regulador es realmente independiente?
¿Existe separación entre quien formula la política, quien regula y quien participa económicamente?
¿Puede un futuro gobierno revisar las condiciones sin que ello implique una crisis contractual?
¿Existe control parlamentario efectivo?
¿Los ciudadanos pueden conocer los términos económicos de los contratos?
¿Existe un sistema judicial capaz de hacer cumplir los derechos de las partes?
¿Quién responde políticamente por decisiones que comprometen recursos nacionales durante varias generaciones?
Estas preguntas no son accesorias. Son parte de la seguridad jurídica.
10- La legitimidad es la base de la seguridad jurídica
Con frecuencia se habla de security of tenure, estabilidad fiscal, arbitraje internacional y protección de inversiones como si esos elementos fueran suficientes para garantizar seguridad jurídica. No lo son.
Un inversionista sofisticado no solamente pregunta: “¿Es legal este contrato?” También se pregunta: “¿Qué legitimidad tiene la institución que me lo está otorgando y qué probabilidad existe de que este contrato sobreviva al próximo cambio político?”
Esta pregunta es particularmente relevante en la industria petrolera porque estamos hablando de activos de vida extremadamente larga y de inversiones de capital extraordinariamente elevadas.
Una inversión de US$5.000 millones no puede evaluarse solamente con un horizonte de cinco años.
Puede tener 20, 30, 40 o más años de vida económica.
Por eso, la estabilidad contractual depende, en última instancia, de que las instituciones sean suficientemente legítimas y sólidas para que un gobierno futuro tenga razones para respetar lo que hizo el gobierno anterior.
De allí un principio que considero fundamental:
Las reglas deben ser anteriores a los inversionistas y las instituciones que las aplican deben tener legitimidad suficiente para hacerlas cumplir.
Porque de nada sirve tener buenas reglas si las instituciones encargadas de aplicarlas carecen de credibilidad. La seguridad jurídica no nace solamente de un contrato; nace de instituciones legítimas capaces de garantizar que ese contrato será respetado en el futuro
Y la legitimidad nace del apoyo popular, de la gente. Es sencillo, porque constitucionalmente son los dueños del petróleo en el subsuelo.
11- La Apertura Petrolera 2.0: doce pilares
Si Venezuela quiere construir una nueva apertura petrolera para el siglo XXI, debería partir de una combinación de las lecciones de los años noventa y de las exigencias institucionales del presente.
No se trata de regresar a 1996. Se trata de aprender de 1996 para construir algo mucho mejor.
Una Apertura Petrolera 2.0 debería sustentarse, al menos, en doce pilares:
- Legitimidad institucional.
- Estado propietario de los recursos naturales.
- Reglas generales y previamente conocidas.
- Licitaciones competitivas.
- Contratos transparentes.
- Régimen fiscal previsible y competitivo.
- Distribución equilibrada del riesgo entre Estado e inversionistas.
- Arbitraje internacional y protección efectiva de las inversiones.
- Competencia entre operadores.
- Acceso abierto y no discriminatorio a la infraestructura.
- Transparencia, auditoría y mecanismos efectivos contra la corrupción.
- Rendición de cuentas ante la sociedad y los órganos democráticos.
Pero existe un principio que los resume a todos: las reglas deben ser generales, transparentes y anteriores a la selección de los inversionistas.
No se deben diseñar las reglas para el inversionista que ya fue escogido. Porque cuando ocurre lo contrario, dejamos de hablar de un mercado abierto y comenzamos a hablar de concesiones negociadas y opacas. Es decir, sospechas e inapropiadas
La apertura petrolera no es solamente una política económica. Es es esencia un pacto institucional.
Y por eso la experiencia venezolana de los años noventa resulta tan relevante. No fue simplemente que PDVSA invitara a empresas extranjeras a invertir. Hubo un proceso político, legislativo, contractual y administrativo que buscó construir legitimidad para la participación privada y establecer mecanismos de asociación entre el Estado y el capital nacional e internacional.
Ese proceso tuvo errores y limitaciones. Pero también produjo resultados espectaculares. Y merece ser estudiado, no descalificado ni idealizado.
12- La pregunta que debemos hacernos
La discusión venezolana no debería centrarse exclusivamente en cuántos barriles adicionales produciremos.
Eso es importante. Pero es insuficiente.
La pregunta decisiva es:
¿Qué tipo de industria petrolera queremos reconstruir?
¿Una industria donde el Estado vuelve a ser propietario y regulador, mientras múltiples empresas compiten por invertir bajo reglas generales?
¿O una industria donde unas pocas empresas obtienen acceso privilegiado mediante acuerdos particulares opacos?
- La primera crea un mercado. La segunda crea dependencias.
- La primera atrae inversión porque existe seguridad jurídica. La segunda puede atraer inversión porque existe acceso político.
- La primera puede sobrevivir a los gobiernos. La segunda depende de ellos.
Y una industria petrolera que depende de quién ocupa el poder no es una industria institucionalmente sostenible.
Venezuela no necesita que le enseñen a abrir su petróleo
Esta debería ser la conclusión.
Venezuela necesita capital estadounidense. Necesita tecnología estadounidense. Necesita empresas estadounidenses.
Necesita mercados. Necesita también capital, tecnología y empresas de muchas otras partes del mundo.
Pero Venezuela necesita recuperar algo que perdió: la capacidad de diseñar y fortalecer sus propias instituciones.
Chris Wright sabe de petróleo. Quizás menos o tanto como muchos de los profesionales que han participado en la producción petrolera venezolana durante las últimas décadas.
Pero Venezuela ya demostró que sabe algo que su currículo profesional no demuestra: cómo construir un marco institucional para que las empresas petroleras compitan por invertir en el país.
La Apertura Petrolera de los años noventa puede y debe ser revisada críticamente. Pero no debería ser echada a un lado. Por el contrario.
Porque la gran lección de aquella experiencia no fue que Venezuela necesitaba empresas extranjeras.
Fue algo mucho más importante: el capital extranjero llega cuando existen reglas claras, competencia, seguridad jurídica y una distribución razonable del riesgo y de la renta.
La reconstrucción petrolera venezolana puede convertirse en una extraordinaria oportunidad.Pero para que lo sea, Venezuela no debe limitarse a abrir sus yacimientos. Debe construir su mercado. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas.
Venezuela ya abrió su petróleo una vez.
La pregunta es por qué ahora lo está haciendo de manera tan imperfecta.
Una nota personal
Escribo estas líneas no solamente como observador de la política petrolera venezolana.
Fui participante, desde el Ministerio de Hacienda, en aquel proceso de apertura petrolera. Tuve entonces la oportunidad de ser testigo de algo que hoy considero particularmente valioso: la convergencia de profesionales venezolanos de altísimo calibre técnico, institucional y humano.
Desde el Ministerio de Energía y Minas, desde PDVSA, desde el Banco Central de Venezuela, desde la Contraloría General de la República, desde el Congreso Nacional y desde el sector privado nacional e internacional, venezolanos y extranjeros trabajaron en un proceso complejo, con diferencias y debates, pero con una convicción compartida muy clara, que había que construir reglas capaces de atraer inversión sin renunciar al interés nacional.
De muchos de ellos recibimos verdaderas lecciones sobre cómo hacerlo.
A quienes participaron en aquel proceso y me enseñaron tanto, mi reconocimiento y mi gratitud.
A todos ellos, gracias.
David Morán Bohórquez es ingeniero industrial, miembro de la Comisión de Energía de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela y del Consejo Directivo de Cedice Libertad.
En X: @morandavid
