Por Luis Eduardo Martínez

‘Cada vez son más comunes los encuentros diplomáticos entre gobiernos latinoamericanos y el Partido Comunista de China para abordar temas económicos y sociales’

El 14 de julio, el Partido Comunista de China (PCC) y gobiernos de América Latina y el Caribe sostuvieron el Segundo Foro Celac-China, para abordar los desafíos de la región con el fin de lograr la reducción de pobreza y desarrollo sostenible. Según la Celac, alrededor de 5 millones de latinoamericanos cayeron en pobreza desde 2020, aumentando la cifra total a cerca de 13 millones de personas (2,2 millones en extrema pobreza).

Cada vez son más comunes los encuentros diplomáticos entre gobiernos latinoamericanos y el PCC para abordar temas económicos y sociales. Y es que, desde 2001 al presente, China pasó de ser un país que representaba menos del 3% de la inversión extranjera directa (IED) en Latinoamérica a ser el principal socio comercial de los 35 países de la región. El PCC ha avanzado, paso a paso, una agenda de dominación comercial global, para garantizar su soberanía nacional iliberal. En los últimos 20 años, China aumentó por un factor de 18 su extracción de recursos naturales de la región; garantizó su acceso y control de los mercados latinoamericanos, a través de la captura de élites y autocensura política; y se está perfilando exitosa en desplegar una arquitectura digital de control social en toda Latinoamérica.

Recursos insostenibles

En 2001, luego de que China ingresara a la Organización Mundial de Comercio, el PCC inició una fase de expansión de su influencia comercial a nivel mundial. Entre 2001 y 2010, el balance comercial entre China y los países de la región aumentó un promedio de 40% anualmente, de $18 mil millones en 2001 a más de $100 mil millones en 2010. Más del 70% de las importaciones chinas provenientes de América Latina, durante este período, fueron recursos naturales.

Por ejemplo, de las importaciones de Argentina, 30% era en productos de soya para alimentar el ganado en China y 15% fue importaciones de petróleo. 77% del comercio con Perú fue en la compra de cobre. 89% del comercio con Ecuador estaba centrado en la importación de petróleo. Mientras que los países de América Latina importaban productos manufacturados de China. Esta relación comercial es la clásica relación comercial que la región ha tenido con grandes potencias. La agresiva explotación de recursos naturales en América Latina por parte del China fue necesaria para los objetivos de crecimiento económico del PCC. Fue el cobre de Perú y Chile el que permitió la electrificación de la China rural (el cobre es necesario para el cableado). Fue la soya de Brasil y Argentina la que alimentó el ganado chino e impulso una revolución en la dieta de la población del gigante asiático (el consumo anual de carnes en China ha aumentado más del 33% anualmente desde 2010). Y fue el petróleo de Ecuador y Venezuela el que alimentó los grandes parques industriales de China.

Al igual que se denunció en el pasado con compañías norteamericanas y europeas, el impacto de políticas económicas extractivas puede resultar en la violación de derechos humanos y la degradación del medio ambiente. Por ejemplo: en la mina de litio Cauchari-Olaroz, en Jujuy, Argentina, no se realizaron los estudios ambientales y el agua potable de seis poblaciones indígenas se vio contaminada por las operaciones mineras. La planta hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en Ecuador, tampoco contó con los estudios apropiados, y la erosión provocada por la construcción de la planta, generadora de 1.500 megavatios, provocó el colapso de la cascada San Rafael y cambió el flujo de varios ríos. El caso más grotesco se vive en Venezuela, en donde no existe información sobre los proyectos mineros de compañías chinas en la Amazonia venezolana. Poblaciones locales reciben la información de reubicación obligatoria el mismo día que llegan las excavadoras.

El modelo de desarrollo económico del PCC fue bastante pragmático y rudimentario durante las dos primeras décadas del siglo XXI. Es un modelo económico que ha sido dañino para América Latina en el pasado y lo está siendo nuevamente hoy. Es un modelo de extracción de recursos insostenible para el PCC y para la sociedad latinoamericana.

Captura de élites

Tras la crisis financiera de 2008, el PCC, a través de sus compañías estatales, inició una nueva fase de intervención económica en América Latina. La relación comercial se transformó de una relación meramente de extracción de recursos naturales a una de fusión y adquisición de compañías latinoamericanas por compañías estatales chinas. La compra y/o establecimiento de presencia de personal chino en la región se especializó en el control y construcción de infraestructura critica de doble uso.

A nivel global esta iniciativa es conocida como “Belt and Road Initiative” o la nueva ruta de la seda. Ya son 21 países, de los 35 de la región, que han firmado y participado de este esquema global de inversiones en proyectos de infraestructura de doble uso. En 2014, el propio Xi Jinping realizó una gira diplomática por América Latina. Durante 10 días, Xi personalmente se reunió con más de 20 jefes de Estado, participó de 70 eventos multilaterales, firmó 150 contratos de proyectos de infraestructura y comprometió $70 mil millones en inversiones. Desde 2015, China conformó tres fondos regionales para impulsar los objetivos económico-militares del PCC. Más de $30 mil millones fueron destinados a la creación del Fondo de Inversión para la Cooperación Industrial China-América Latina (CLAI); $10 mil millones para el Fondo de Cooperación China-América Latina; y, $20 mil millones para un fondo especial de préstamos de infraestructura China-América. Estas reuniones, sin embargo, también estuvieron acompañadas por más de 215 visitas del alto mando militar del PCC para reunirse con sus homólogos regionales.

Durante la mayor parte de la última década, la elite política y económica en América Latina encontró lucros sin igual en las supuestas oportunidades de comercio con China. Y podemos imaginar que el lucro desproporcionado tiene algo que ver con que cerca del 80% de la IED de China hacia la región fue tramitada a través de paraísos fiscales, como las islas Caimanes y otras jurisdicciones en el Caribe. Más de $4,5 mil millones anualmente que fueron traspasados a través de la cortina de humo que son las compañías offshore. País por país, el PCC invitó personalmente a delegaciones de líderes empresariales y periodistas de la región a Pekín, en paralelo a las reuniones diplomáticas entre gobiernos. La gestión de poder blando del PCC compró la autocensura de los medios y la clase política de América Latina, que prefirió lucrar y callar a confrontar las agresiones del PCC en el escenario internacional y la corrupción en las relaciones comerciales.

Hoy son compañías chinas las que construyen el metro de Bogotá. El megapuerto de Chancay, en Perú, que tendrá un costo total de $3 mil millones, también es una obra de compañías al servicio del PCC. El Gobierno argentino ya prometió alrededor de $8 mil millones a la China National Nuclear Corporation, para la construcción de la planta nuclear Atucha III. China Merchant Ports opera la terminal portuaria de Paranaguá en Brasil, la terminal más grande de la región. Todas estas compañías están sujetas a la Ley de Seguridad Nacional de 2017, implantada por Xi Jinping. Es decir, que todas las compañías chinas deben compartir la información/data que manejan en China y sus subsidiarias a nivel global, en el caso de una amenaza a la seguridad nacional. Amenazas que el PCC, en sus ambiciones de poder, ve cada vez más frecuentemente en el actuar soberano de demás naciones.

Vigilancia social

Estas dinámicas de control extranjero no son únicas del PCC. EE.UU. y la Unión Europea hicieron y deshicieron en la región entera, a través de sus actividades comerciales extractivas, e influenciaron a gobiernos, a diestra y siniestra, durante el siglo XIX y XX. Son parte de prácticas político-económicas iliberales que generan dependencias entre el polo de poder y el modelo económico impuesto sobre la región. Estás practicas iliberales pretenden garantizar la soberanía y hegemonía del polo de poder. A través de crecimiento económico infinito se garantiza la paz social internamente, y a través de la captura de elites se garantiza la subordinación de las dependencias económicas que proveen los recursos naturales.

El PCC, sin embargo, está innovando y promocionando un nuevo modelo de control de las dependencias económicas (es decir, las naciones de América Latina), sobrepasando a las potencias de occidente en sus capacidades de control social a nivel mundial.

Durante la segunda reunión del foro Celac-China del pasado 14 de julio, el PCC asomó que iniciará una nueva fase de inversiones agresivas en infraestructura digital. Hoy, Huawei participa en los sistemas de telecomunicaciones de 20 países de la región. En cuatro de ellos controla más del 20% del mercado. En Brasil controla 50% de todos los equipos de telecomunicaciones. No solo a nombre propio, sino también ofreciendo equipos a otros proveedores de servicios como son Claro, Movistar y Tigo, entre otros. En 2022, por ejemplo, la empresa china Hikivision compró la compañía de home-security más grande de México, Syscom. Son compañías chinas las que instalaron los sistemas de videovigilancia en la ciudad de México (México), en Colón (Panamá), Jujuy (Argentina) y varias ciudades venezolanas. En México, además, la competencia de Uber, Didi, controla la mayor parte del mercado del país. Es decir, que si mañana el PCC solicita información a todas estas compañías, podrían controlar la seguridad de la casa de un político, los datos biométricos de un empresario, las rutas de viaje de un general. Más allá de la explotación del consumidor por parte del ecosistema empresarial de grandes oligopolios, el PCC tiene ya acceso a toda la información de estas compañías.

Conclusión

La anterior exposición no es una condena en particular del PCC ni un indulto a la influencia, hoy limitada, de compañías americanas y europeas en la región. Es un llamado de atención a la clase política y económica regional que hoy se enfrenta a estallidos sociales en cada esquina. La trampa comercial del aparente lucro rápido y protegido de hacer negocios con compañías al servicio del PCC puede traer la muerte de la soberanía nacional. La respuesta a la amenaza de influencia extranjera es la misma que la respuesta necesaria a las crisis internas: transparencia y un orden basado en reglas que permita la competencia y el balance de poder.

Por Luis Eduardo Martínez

Estamos iniciando una nueva era. Una era de nuevas amenazas, de negociaciones de poder y, sobre todo, una era de más mentiras, desinformación y realidades alternas.

En la madrugada del 31 de mayo de este año, las impresoras en los hospitales de Costa Rica comenzaron a imprimir cientos de documentos, la mayoría con caracteres sin sentido, otros con un mensaje bastante claro: un grupo ciber-criminal ruso había robado y encriptado los datos de toda la seguridad social que almacena el Gobierno costarricense. Un mes antes, el Estado costarricense había perdido el control de la información del Ministerio de Finanzas y el control de la recolección de impuestos en el país.

Irónicamente, el mismo mes de mayo, el gobierno ruso de Vladimir Putin inicio negociaciones en las Naciones Unidas para la creación y firma de un nuevo tratado internacional para atender las amenazas de seguridad y la soberanía del ciberespacio de cada país. Los principales signatarios de la nueva propuesta impulsada por Moscú son los gobiernos de China, Camboya, Bielorrusia, Corea del Norte, Myanmar, Irán, Venezuela y Nicaragua. Sumando a las ironías del nuevo entorno internacional, The New York Times reveló en julio que el gobierno de Joe Biden había dado apoyo a delegaciones secretas de contratistas de defensa de EE.UU. para adquirir el software de ciberespionaje israelí conocido como Pegasus (a pesar de que públicamente el Gobierno de EE.UU. tiene prohibido el uso de esa herramienta por parte de sus contratistas e instituciones).

Estamos iniciando una nueva era. Una era de nuevas amenazas, de negociaciones de poder y, sobre todo, una era de más mentiras, desinformación y realidades alternas.

COSTA RICA

El 8 de mayo, el nuevo gobierno costarricense de Rodrigo Chaves declaró un estado de emergencia nacional. La primera vez que un gobierno declara un ciberataque una emergencia nacional. Para entonces, unas 27 instituciones del Estado habían sido comprometidas por el software conocido como CONTI, creado por una pandilla de hackers rusos. Los portales de las instituciones mostraban mensajes en donde el grupo cibercriminal exigía $10 millones para la liberación de los caches (secuestros) de data encriptada. El grupo también divulgó que se encontraban en medio de una prueba de la versión beta de un ciberataque global en contra de un gobierno nacional.

El impacto del ataque parece ser sacado de las páginas de una novela sobre un futuro distócico no muy lejano. Durante la primera semana de los ataques hubo 35 mil incidentes con ataques de malware (software malicioso), 60 mil intentos de controlar remotamente sistemas del gobierno y 60 intentos de minar criptomonedas utilizando computadoras del Estado. Se perdieron más de $30 millones cada día desde el inicio de los ataques. Los empleados públicos no podían ser pagados, las aduanas dejaron de funcionar, y todo esto sucedió en medio de una transición de gobierno.

El nuevo gobierno de Costa Rica decidió no pagar el ransomware (rescate) y apagó sus servidores. El nuevo gobierno se vio obligado a acudir a compañías privadas y gobiernos extranjeros para solventar el problema y las vulnerabilidades tecnológicas. Bajo la asesoría extranjera, el presidente Rodrigo Chaves inició investigaciones a funcionarios del Estado que supuestamente estuvieron involucrados en asistir a la pandilla rusa durante los ataques.

Estamos entrando en una era de nuevas amenazas. Solo 7 de los 35 países de la región tienen planes de seguridad cibernética desarrollados a nivel institucional. Desde el inicio de la pandemia, grupos cibercriminales como CONTI y REvil de Rusia y NICKEL de China han atacado sistemas financieros, de salud y de gobierno en América Latina. Los bloques de poder tecnológico de EE.UU./Europa y China/Rusia compiten por ser los proveedores de seguridad de nuestros gobiernos, creando un ambiente de negociación política sumamente complejo y pírrico.

NEGOCIACIONES POLÍTICAS

Las nuevas amenazas han generado un desbalance de poder a nivel global. Y las potencias mundiales han iniciado un ciclo de negociaciones políticas que desnudan a los poderosos de cualquier vestimenta ideológica. El objetivo claro de las negociaciones de los polos de poder mundial es obtener una cuota de control del sistema internacional mayor a la de sus adversarios.

El 28 de febrero de este año, tan solo 4 días después del inicio de la invasión de Ucrania, el gobierno de Putin presentó ante la ONU el referido tratado sobre cibercrímenes. Con el respaldo del Partido Comunista de China, Putin presentó un tratado que empodera a los Estados a controlar y regular el ciberespacio nacional, citando pretextos de soberanía y seguridad en contra de fuerzas extranjeras. En realidad, el tratado lo que establece es la prerrogativa de los gobiernos nacionales de censurar y vigilar las actividades que ocurren en el mundo virtual y, por lo tanto, facilita el control autoritario. Las intenciones de Rusia son evidentes y quedaron expuestas desde 2001, cuando se rehusaron a firmar la convención de Budapest en materia de ciberseguridad (firmada por 64 naciones del mundo, incluyendo, por supuesto, el bloque transatlántico de naciones de occidente).

Las negociaciones intensas por mayores cuotas de control y poder relativo son evidentes en el calendario diplomático internacional. En un período de 60 días, el presidente de EE.UU. convocó a los países de la región a la Cumbre de las Américas, viajó a Europa para reunirse con la Unión Europea, la OTAN y el G7, y luego visitó Asia, en donde se reunió con los líderes de Japón, Corea del Sur e India. Y esta semana, Biden visitó Israel y Arabia Saudita. Por su parte, en febrero, Vladimir Putin pactó una alianza “sin límites” con China y recibió a los presidentes de Argentina y Brasil (ambos se enfrentan a posibles derrotas electorales en 2023 y 2022, respectivamente). Desde el mes de junio, Putin se reunió con los jefes de Estado de Azerbaiyán, Kazajistán, Irán, Tayikistán, Turkmenistán e Indonesia, durante una gira por Asia central. Moscú, además, anunció el 12 de julio que Putin viajará a Teherán, a una reunión con los mandatarios de Irán y Turquía.

El baile de salón internacional es una mezcla de cortejo y provocaciones entre parejas inusuales. Biden coqueteando con el régimen de Maduro y el príncipe de la Corona Saudí, quien a su vez acaba de regresar de visitar a Erdogan en Turquía (la parte abusada en esa relación). El líder turco, quien se enfrenta a 80% de inflación en su país, cedió ante las peticiones de la OTAN para permitir la accesión de Finlandia y Suecia al bloque transatlántico. Y esta semana se anunció que Erdogan viajará a Caracas y quien sabe si es para hacer llegar cartas de amor de Irán, Rusia, la OTAN, o todos.

A nivel nacional estamos viviendo un fenómeno similar. Los gobiernos de las Américas se encuentran paralizados en un recurrente desgobierno y negociación intensa entre grupos de poder desvestidos de ideología. En Colombia, el candidato Rodolfo Hernández, quien perdió las elecciones presidenciales, inmediatamente buscó los favores del presidente electo, Gustavo Petro, a pesar de que el país está más polarizado que nunca. Petro ganó con tan solo el 50,4% de los votos a su favor. En Panamá, Ecuador, Perú y Chile el gobierno está en las mesas de negociación con sindicatos, grupos indígenas y gremios empresariales, para poder legitimar el funcionamiento de las instituciones del Estado ante nuevas amenazas sociales desestabilizadoras, siendo la principal la intencional creación de realidades alternas.

REALIDADES ALTERNAS

A nivel internacional y nacional, el ecosistema mediático permitió que actores iliberales abusaran del sistema democrático. Ya es notorio el uso y abuso de las redes sociales y nuevos medios de comunicación por actores iliberales para influenciar la opinión pública y afectar el sistema democrático. Lo que evidentemente no ha sido comprendido en la región es la enorme vulnerabilidad que tenemos actualmente, durante este período de negociaciones intensas sin ninguna sustancia ideológica, más allá de la meta de obtener una mayor cuota de poder.

Repasemos los resultados electorales de los últimos años en América Latina: En Perú, Pedro Castillo ganó con el 50,2%, apenas 44 mil votos más que Keiko Fujimori, de un total de cerca de 17 millones de votos, y hoy cuenta con solo 19% de apoyo nacional. En Ecuador, Guillermo Lasso ganó con el 52% de los votos, y hoy cuenta con menos del 27% de aprobación a nivel nacional.

En Chile, Piñera salió de La Moneda con 17% de aprobación, y Boric, quien llegó al poder hace menos de 3 meses, con 55% de los votos, hoy tiene solo el 36% del apoyo popular, y la nueva constitución chilena ya tiene 46%, sin ni siquiera haber iniciado de lleno la campaña para el referéndum. Inclusive el presidente Biden hoy cuenta con menos apoyo del que tuvo el presidente Trump en su momento más bajo. Estos resultados no son, ni exclusivamente ni siquiera mayoritariamente, producto de malas gestiones de gobierno. Son el resultado de la intencional construcción de realidades alternas para el abuso de los poderes del Estado democrático. Rusia y China lideran estos esfuerzos, pero también grupos criminales y actores políticos iliberales regionales y nacionales participan. Estas realidades alternas, construidas con discursos políticos absurdos, permiten que un guerrillero o un rondero comunista sean candidatos presidenciales viables en el siglo XXI. Realidades alternas en donde EE.UU. muestra varias caras en materia internacional y de derechos humanos. Que Biden hable de democracia, pero negocie con Maduro, que hable de derechos humanos, pero busque favores con los sauditas, y en el caso de la vulnerabilidad cibernética de la región, que permita la adquisición de softwares para espiar por parte de compañías privadas y políticos inescrupulosos (no olvidemos que fue EE.UU. quien facilitó las negociaciones para que Martinelli en Panamá obtuviese Pegasus), perturba.

CONCLUSIÓN

Desde 2004 al presente la población regional que no cree en la democracia incrementó a 38%. Ante la posibilidad de que un grupo cibercriminal puede afectar el pago de empleados públicos o la agenda de citas de los sistemas de salud pública, ante la posibilidad de un EE.UU. sin preferencia democrática a nivel internacional, ante una Rusia y China decididas a reescribir las reglas del sistema mundial, debemos preguntarnos: ¿queremos una mayor cuota de poder con respecto a los “otros” o queremos vivir en paz y libertad? ¿Queremos la dura verdad o la mentira conveniente? ¿Queremos reglas y orden o privilegios y control? La falta de liderazgo y convicción ideológica es evidente y deberíamos darnos cuenta de que lo que vemos es una reflexión de en quienes nos hemos convertido.

Por Luis Eduardo Martínez

La crisis energética lleva al presidente de EE.UU. a incluir una gira por oriente. ‘La imperativa necesidad de la economía mundial de realizar una transición energética hacia energías renovables, aumentará el poder relativo de países productores de petróleo durante las próximas décadas’

Entre el 13 y 16 de julio, el presidente de EE.UU., Joe Biden, viajará a Arabia Saudita. La Casa Blanca confirmó que el líder del mundo democrático se reunirá personalmente con Mohammed bin Salman, el príncipe de la corona saudí. La razón de la visita es evidente al mundo: EE.UU. quiere que Arabia Saudita aumente la producción de petróleo para reducir los precios a nivel mundial. El presidente Biden se perfila a repetir el pecado original del orden mundial liberal y negociar una alianza con la corona saudí.

Tras más de siete décadas desde el inicio de la alianza entre EE.UU. y el reino árabe, la corona saudí transformó su poder del control de una banda de tribus al control de las válvulas que estabilizan el sistema energético del mundo. La visita del presidente de EE.UU. perpetúa la necesidad del orden mundial liberal de producir beneficios materiales desproporcionados para el polo de poder, a cambio de un compromiso moral en la periferia. La imperativa necesidad de la economía mundial de realizar una transición energética hacia energías renovables aumentará el poder relativo de países productores de petróleo durante las próximas décadas. Poder para países como Venezuela, Arabia Saudita e incluso Rusia.

Arabia Saudita

El 14 de febrero de 1945 se inició una relación de amor entre la corona saudí y la cúpula del poder de EE.UU. El presidente Roosevelt convocó al rey Abdulaziz bin Saúd (nacido en 1876) a bordo del USS Quincy, mientras la embarcación transitaba por el Canal de Suez. Roosevelt estaba regresando de la conferencia en Yalta en donde se reunió con Stalin y Churchill. El presidente estadounidense, quien estaba cumpliendo su cuarto término en la Casa Blanca, estaba consciente de su inminente victoria sobre la Alemania nazi y asumió inmediatamente la construcción del orden mundial posguerra. Por su parte, el rey Abdulaziz bin Saúd entonces era un guerrero cuyo logro fue unificar las tribus o conquistarlas y dar a luz a la Arabia Saudita moderna. Es más, el rey saudí de entonces nunca había visto el mar ni mucho menos estado a bordo de un destructor estadounidense. Podemos imaginar el balance de poder durante el breve encuentro a bordo del USS Quincy. El resultado fue un pacto: EE.UU. garantizaría la seguridad de la corona saudí a cambio de acceso a los campos petroleros del país árabe.

La alianza no existió sin conflicto. Es vital recordar que Al-Qaeda fue una organización fundada por un saudí, auspiciada por la corona. Hay que recordar que 15 de los 19 secuestradores del 11 de septiembre fueron radicales sauditas. Y es imperativo entender que 41% de los combatientes del Estado Islámico han sido originarios del reino saudí. El wahabismo, el fundamentalismo musulmán que defiende la corona saudí, es una corriente conservadora islámica que contempla la ejecución de los infieles y la sumisión de las mujeres. Un Estado Islámico radical y violento ya existía antes de ISIS. Una diferencia entre los yihadistas y la corona es la alianza de seguridad con EE.UU.

77 años después, la relación y el balance de poder es otra. Mohammed bin Salman, el joven príncipe de 36 años, controla el país que exporta 11% del petróleo a nivel mundial y el único que tiene capacidad de producción adicional, mientras que Joe Biden, de 79 años, lucha por mantener el control del orden mundial y su propio gobierno que cuenta con poco más de 35% de aprobación. Desde su llegada al poder en 2015, el joven príncipe saudí vio la purga de la cúpula del poder de la corona. En 2017 se arrestó a más de 400 príncipes y se les despojó de alrededor de $800 mil millones en activos. El príncipe de la corona también vio al escuadrón Tigre, una unidad de 50 oficiales de inteligencia saudí acusados de llevar a cabo asesinatos de disidentes, entre ellos el periodista Jamal Kashoggi. A nivel internacional, Mohammed bin Salman se involucró en la guerra civil en Yemen en 2015, conflicto que hoy es considerado una guerra proxy entre Irán y la corona saudí por el control ideológico del Medio Oriente musulmán. En menos de una década, Mohammed bin Salman fue artífice de una reforma de Arabia Saudita de ser un país que colgaba del balance complejo entre la religión, las tribus y los ingresos petroleros, a una nación autoritaria con proyecciones de poder a nivel regional.

No es casualidad que por primera vez en la historia de la Casa de Saúd, el monarca no es un patriarca en su cuarta edad. Fue una decisión geopolítica escoger a un joven en sus 30, que podría llevar a cabo un plan maestro durante las próximas 5 décadas, si la salud se lo permite. Mohammed bin Salman ahora controla el único país del mundo que construyó capacidad adicional para la producción de petróleo. Los sauditas construyeron refinerías adicionales que dejan de usar justamente para poder tener el poder político que tienen hoy.

Rusia

Antes de visitar Arabia Saudita, el presidente Joe Biden pactó con las naciones del G7 fijar un precio base entre $40-$60 para permitir la compra de petróleo ruso, para reducir las ganancias del Kremlin. Es decir, las naciones del G7 priorizaron la estabilidad de sus mercados y la economía global por encima de tomar la decisión política y moral de dejar de financiar al régimen de Vladimir Putin, que hoy ya ha borrado del mapa más de tres metrópolis y cientos de urbes a punta de artillería.

Durante la última semana, Europa importó 1,84 millones de barriles de petróleo ruso cada día, marcando la tercera semana consecutiva de aumento de importaciones y el punto más alto en los últimos dos meses. Y aunque la Unión Europea acordó cesar la importación de petróleo ruso a partir de 2023, aún permitirá la importación a través de oleoductos y eximió a Hungría del embargo. Decisión que le compra a Putin la oportunidad de quebrantar la unidad en Europa.

China e India han incrementado su compra de petróleo ruso también. El Kremlin inició 2022 vendiendo solo 25 mil barriles de petróleo al día a Nueva Deli, hoy vende más de 600 mil barriles diarios a India. Y por otra parte, 95 de los 439 reactores nucleares a nivel mundial son de Rusia, operados por Rusia o con tecnología rusa. Es decir, Rusia tiene secuestrada la estabilidad del sistema energético mundial y occidente sí está dispuesta a negociar con los terroristas.

América Latina

Y en América Latina, la administración de Joe Biden pareciera que decidió pausar la defensa de la democracia. Desde el inicio de la guerra en Ucrania y la crisis de los precios de la energía a nivel mundial, dos delegaciones estadounidenses han viajado a Caracas, con miras a reanudar las negociaciones y permitir nuevamente la operación de empresas de EE.UU. en los campos petroleros venezolanos.

Según la Agencia Internacional de Energía, las economías emergentes requerirán de $1 billón (un millón de millones de dólares) anualmente de aquí a 2050 para lograr la transición energética. Una transición vital para estas naciones que son las que están en mayor riesgo de ser afectadas por el cambio climático y también los cambios en los sistemas de energía a nivel mundial. A falta de estos recursos y a falta de un compromiso real por parte de las economías avanzadas, los países de América Latina continuarán dependiendo de los precios del petróleo y gas, y sus principales exportadores. ¿Qué países en la región producen la mayor cantidad de petróleo y gas para consumo energético? Brasil, Venezuela, México y Colombia. EE.UU. podrá no tener interés en los asuntos de la región, pero nuestras sociedades aún sienten el nefasto impacto de los petrodólares de que gozó Hugo Chávez y con los cuales se financió a movimientos de izquierda de la región desde Patagonia hasta ciudad de México.

Conclusión

El pecado original del orden mundial liberal se cometió en los bríos de la victoria en Europa a finales de la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt y EE.UU. por ignorancia, desinterés o simplemente por cosas de la historia, nunca priorizaron los derechos humanos de personas fuera del polo transatlántico. El error de pensar que la democracia puede coexistir con fuerzas iliberales lo repitió Reagan en 1984, cuando viajó a Pekín para normalizar relaciones con el Partido Comunista de China, y nuevamente Bill Clinton y Obama, con sus políticas de apertura con Rusia y los herederos del colapso soviético. La guerra en Ucrania y la reacción de occidente simplemente es un ejemplo más de cómo las bases ideológicas del orden mundial que se hace llamar liberal, están dañadas. Las decisiones políticas del G7, y sobre todo la administración de Joe Biden, reafirman que son esclavos de las fuerzas económicas que exigen retornos desproporcionados a los costos reales de hacer negocios con tiranos.

La guerra contra el terrorismo islámico, producto de ese pecado original, ya le costó al mundo $8 billones (ocho millones de millones de dólares). La guerra en Ucrania suma ya costos por encima de $600 mil millones en daños localmente, sin contar el costo mundial producto de las disrupciones a la economía, y sin contar las hambrunas que se avecinan. ¿Está el mundo preparado para una Arabia Saudita empoderada? ¿Una Venezuela chavista vigorizada? ¿Estamos preparados para un mundo en donde el régimen de Putin sobreviva y continúe interactuando en los mercados mundiales?