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Por Sabastiana Barráez en Infobae

La Mayor retirada Raynell Martínez Mujica advirtió que “la cantidad de militares involucrados en hechos delictivos es alarmante”

Las consecuencias de lo que ocurre en la institución castrense “es el debilitamiento y desprofesionalización de la institución militar. Al capitán o al sargento ya no lo ven como un superior sino como un socio con efecto pernicioso sobre la preservación de la disciplina y la subordinación”, así lo dijo la Mayor retirada de la Aviación venezolana Raynell Martínez Mujica en el foro Pasado, Presente y Futuro de la Fuerza Armada, organizado por el Centro de Estudios Democracia Ciudadana (CEDES), con sede en EEUU.

A su juico esa distorsión en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) lleva a la “participación en actividades del narcotráfico y crimen organizado transnacional y en contrabando de gasolina, alimentos y trata de personas. También en la extorsión por parte de miembros de la tropa, así como abuso de poder. La cantidad de militares involucrados en hechos delictivos es alarmante”.

En cuanto a las funciones de los aliados, enemigos y negocios, Martínez dice que “Venezuela mantiene alianzas con China y Rusia, como las más fuertes en la parte militar, a quienes ha comprado equipos militares, pero se desconoce qué ha adquirido, a qué costo y cómo han sido pagados, porque hay ausencia de control previo y posterior y ausencia de licitaciones”.

*La Mayor retirada de la Aviación Raynell Martínez*

En el foro, que fue moderado por el Teniente Coronel (Av) retirado y doctor en ciencias políticas Rodrigo Mijares, la My (Av) Martínez se refirió a los militares en la economía, asegurando que el dinero no solo proviene del presupuesto asignado al Ceofanb y MinDefensa, sino también del comercio, porque “los militares, al no tener el suficiente presupuesto hacen la renta del territorio, obtienen recursos por vía del narco, droga, minería, el combustible, secuestros, armas y monopolio de empresas, de manera que la Fuerza Armada tiene un presupuesto ordinario y uno extraordinario”.

La vinculación con empresas estatales

“Un tercio de generales del Ejército están vinculados en empresas de negocios con el régimen, a quienes se llama mili-empresarios, quienes dirigen empresas estatales, son oficiales en servicio activo y/o retirados con empresas privadas que hacen negocios con el régimen y militares en negocios ilegales”.

Criticó también la relación de funcionarios castrenses “con grupos llamados colectivos, agrupaciones sociales que trabajan en proyectos de educación y de producción dentro de la organización comunal que promovió la revolución para mantener un control distinto de la Fuerza Armada, pero con armas”.

“La participación de los militares en cargos públicos indica que es el 30% de los ministros así como en las gobernaciones y alcaldías”, aseverando que los presos políticos militares son considerados por el régimen venezolano como “enemigos de la FANB. Actualmente hay 180 militares presos, 252 militares procesados por razones políticas”.

Abandonadas las fronteras

En cuanto al rol de la Fuerza Armada en la frontera dijo que “su presencia es mínima y ha logrado una convivencia con la guerrilla de las FARC y ELN. El nivel de corrupción y de convivencia es porque el mismo Estado actúa como un cartel de delincuentes, La soberanía es lo que el régimen establece”.

Asegura que además “han participado en actividades económicas extrañas como el Plan Bolívar 2000, Pdvsa, sector eléctrico y energético, Metro de Caracas, empresas de aluminio, hierro y acero, aeropuertos, puertos y aduanas, Gran Misión de Abastecimiento Soberano y seguro”, indicando a 18 generales en ellas.

Parte de ese sistema económico relacionado a la FANB es que “se han creado múltiples empresas militares, entre las que están; Banco de la Fuerza Armada, TV Fanb, Emiltra de transporte de carga, la empresa agrícola Agrofanb, la Compañía Anónima Militar de industrias minera, petrolífera y gas Camimpeg”.

Ideología

La Mayor Martínez destacó la misión, doctrina y cultura de las actuales fuerzas armadas bolivarianas, recordando que la Constitución, en su artículo 322 contempla que la seguridad de la nación es competencia del Estado y la defensa es responsabilidad de todos, es uno de los cambios que hemos visto de manera que la corresponsabilidad es de todos.

“El socialismo del Siglo XXI ha hecho que la Fuerza Armada cambie su doctrina y su visión de seguridad. Es por ello por lo que en la Ley Constitucional de las Fuerzas Armadas del 2020 hay una reforma total de lo que es el concepto de seguridad”.

En dicha Ley Constitucional, que fue aprobada por la Asamblea Constituyente, “se expande la militarización del estado y del régimen militar sobre los ciudadanos, se establece una nueva ideología, se fortalece la Inteligencia y Contrainteligencia, que ahora es en todos los niveles de la población, además se crea el Sistema Defensivo Territorial donde la FANB y las Milicias ahora son una sola y se establece el control a través del miedo a las armas”.

Todos al servicio de la revolución

La creación de Sistema Defensivo Territorial, según lo explica la Mayor en situación de retiro Martínez, “es un conjunto de medidas y actividades patriótico bolivarianas practicadas en tiempo de paz o en situaciones excepcionales en todos los niveles nacional, regional, estatal, municipal, parroquial y comunal, tanto en la lucha armada como en la no armada”.

“Se involucra a la población civil en actividades complementarias al rol de la Fuerza Armada y hacer coincidid los propósitos de las fuerzas militares con la del pueblo en armas en la defensa integral del territorio, siempre al servicio de un propósito político controlado por el Estado. Es así como un militar pasa a ser un soldado, y un soldado pasa a ser un miliciano, y un miliciano pasa a ser un ciudadano”.

Todo está basado en el enfrentamiento político, asegura Martínez. “El socialismo ve el enfrentamiento político como un combate bélico; de ahí la doctrina como el bolivarianismo, el madurismo, el chavismo y se unen estos tres factores en la ideología para que siempre esté el efecto Bolívar en las tropas, Chávez, el ‘socialismo y muerte’, el discurso bélico, cada ciudadano es un soldado y todos al servicio de la revolución, siempre buscando conflictos internos y externos, con una sola cadena de mando: el Presidente de la República o de la gobernanza es el que dicta hoy las normas específicas en la guerra asimétrica que ellos han creado”.

En la Fuerza Armada

La Mayor Raynell Martínez recordó que “en estos años se eliminaron los suboficiales, se incorporó la Reserva Activa y la Milicia movilizada, y se le da ingreso nuevamente a las mujeres 2020. Los ascensos a los grados superiores ahora son ordenados por el presidente. Se implementa la ideologización en la Fuerza Armada, a través de los distintos cursos de las fuerzas. Hay un solo uniforme común, el Campaña Verde Patriota”

Resalta la incorporación de militares activos a funciones administrativas del Gobierno. “En febrero 2018 la organización Transparencia Venezuela reveló que, de las 576 compañías estatales, al menos 60 tenían a un militar como máxima autoridad”. La primera de ellas, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), tenía como presidente para ese momento al general (GNB) Manuel Quevedo.

En cuanto a la organización de equipos presentó la estructura de la Fuerza Armada encabezada por el Presidente de la República como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada. “Una de las cosas interesantes que se ha creado en esta estructura es la parte operacional y la administrativa, que están divididas. En la parte operacional está el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), mientras que en la parte administrativa sigue el Ministerio de la Defensa y se crea la Milicia Nacional Bolivariana”. ”En el Ceofanb se materializa la doctrina de Defensa a través del Sistema Defensivo Territorial y se crean macroestructuras, donde podemos ver un Estado Mayor Conjunto con múltiples direcciones, para los que destinan cada vez más generales. El Ceofanb es el máximo órgano de planificación, programación, dirección, ejecución y control estratégico operacional conjunto de la FANB”.

Es así como el Comando Estratégico Operacional “ejercerá el mando sobre los diferentes niveles del Sistema Defensivo Territorial y los componentes para que funcione de manera integral, por lo que depende directamente del presidente de la República”.

El Sistema Defensivo Territorial se divide en; Región Estratégica de Defensa Integral (8 REDI), Zona Operativa de Defensa Integral (28 ZODI) y la Área de Defensa Integral (ADI), que es la unidad de menor tamaño del Sistema.

El pueblo delata al pueblo

La función de la Milicia está bien establecida en cuanto al control ciudadano y control del miedo a través de las armas, dice la mayor Raynell Martínez. “Su misión principal es registrar, organizar, adiestrar y adoctrinar al pueblo para contribuir con la seguridad en todos los niveles del Sistema Defensivo Territorial”.

La Milicia cuenta con la Unidad Popular de Defensa Integral, “que tiene 1.165 agrupamientos Populares de Defensa Integral (APDI), 14 mil Bases Populares de Defensa Integral (BPDI), 50 Unidades Populares de Defensa Integral (UPDI), además de los cuerpos de combatientes que son trabajadores de instituciones públicas o privadas. La misión tácita es cubrir espacio dejado por deserciones en la FANB y sustituir al personal preparado por millones de fieles”.

A juicio de la oficial la otra realidad es que la Milicia “genera un contrapeso armado a la FANBy despejan la posibilidad de un alzamiento militar o el desconocimiento de Nicolás Maduro; es el pueblo delata al pueblo. Es una unidad de fuerzas, que se mezcla con la Fuerza Armada, con las milicias cooperantes, colectivos, consejos comunales, pranes y bandas, criminales y terroristas”.

El 2 de marzo en la tarde será el próximo foro que será “Deficiencias institucionales de la democracia en Venezuela y las consecuencias que han tenido en las Fuerzas Armadas”.

Recientemente, el gobierno sorprendió con la detención de una alcaldesa en el Zulia por tráfico de drogas, así como de otros funcionarios regionales y dos generales que comandaban las ZODI de Anzoátegui y Trujillo, respectivamente. A esto se agrega la muerte del Koki en una operación policial realizada el pasado fin de semana. En paralelo, si bien algunas instancias internacionales tratan de propiciar el regreso a la mesa de diálogo, el gobierno continúa con la negociación, pero no precisamente en México, sino internamente y con quien conviene, del reparto de la torta del Tribunal Supremo de Justicia

En estos primeros días de 2022, el mundo ha estado sometido a una fuerte tensión. A nivel internacional, la amenaza de Rusia de invadir a Ucrania ha puesto a correr a los gobiernos de Europa, de Estados Unidos y a organizaciones como la Unión Europea, la OTAN y la ONU. No obstante, las repercusiones de esta crisis que podría llevar a una guerra, también se sienten en América Latina, especialmente en países como Colombia y Venezuela por la injerencia rusa en lo político y militar.

Si nos centramos en Venezuela, estas semanas han estado marcadas por sucesos que parecieran no estar conectados, pero que, en realidad, podrían formar parte del proyecto del gobierno de mantener y fortalecer su autoritarismo. Por una parte, está la Operación Mano de Hierro donde sorprendieron las detenciones de la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia, Keyrineth Fernández, vinculada con Diosdado Cabello, por supuesto tráfico de drogas. Lo mismo ocurrió con el alcalde del municipio Independencia, en Anzoátegui, Carlos Vidal, y el exalcalde de Cantaura, igualmente en Anzoátegui, Daniel Haro, por presunto contrabando de gasolina. Por estas operaciones están detenidas 17 personas más.

Paralelamente a esto, se anuncia la detención de dos generales del ejército venezolano: Lenin Herrera, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de Trujillo; y Marcos Tulio Álvarez, comandante de la ZODI Anzoátegui. Aquí hay un hilo vinculante: ambos oficiales son muy cercanos al ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López.

Inicialmente se sabe que Herrera tenía un fuerte conflicto con el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, desde antes que éste asumiera la gobernación. Llama la atención que el gobernador Márquez prohibió a sus funcionarios asistir a la toma de posesión del nuevo comandante de la REDI Trujillo, general Donato Tenore Damiani, “por problemas éticos y políticos”. Damiani, después de 1992, fue conocido como uno de los centauros de la revolución. Por su parte, el general Álvarez estuvo buen tiempo en el Palacio de Miraflores. Luego pasó a la zona oriental como comandante de la ZODI.

Considerando la evidencia de que son muchos quienes se mantienen cercanos a la cúpula del régimen, pese a conocerse su vinculación directa con actividades como el contrabando de combustible, estas detenciones, más que como una operación anticorrupción, lucen como un ajuste de cuentas entre élites gubernamentales, como las que representan Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

Otros interpretan que las órdenes de detención vienen directamente de la presidencia, como un intento de mayor control político por parte del gobierno que estaría considerando que, tras derrotar a la oposición, es el momento de poner orden para consolidar el proyecto autoritario. Las detenciones y destituciones pudieran ser un mensaje dirigido a quienes han venido gozando de libertad para hacer negocios y han querido aprovechar la anarquía para ganar mayor autonomía.

La realidad es que las persecuciones del oficialismo contra su propia gente no es algo inédito ni nuevo y, como suele pasar con las revoluciones, éstas se devoran a sus propios hijos. Para muestra basta recordar que un porcentaje muy alto de los presos políticos son militares, algunos de ellos figuras emblemáticas comprometidas con la revolución desde sus orígenes, como son los casos de los generales y exministros Raúl Isaías Baduel y Miguel Rodríguez Torres, pero también poderosas figuras civiles como Rafael Ramírez, sin contar las decenas de funcionarios que nunca conoceremos por los medios y que pagan cárcel o han tenido que huir del país.

Los enfrentamientos en Tejerías

En un ámbito distinto, y aparentemente sin relación con la Operación Mano de Hierro, se concreta la persecución y abatimiento de Carlos Luis Revete, alias “el Koki”, luego de un operativo policial que duró tres días en la zona de Las Tejerías, estado Aragua, donde bandas delictivas además de controlar establecimientos industriales y comerciales, también han tomado el sector llamado Minas de Níquel, como espacio geográfico desde donde se controla la distribución de drogas.

Según comentan en los predios policiales, el regreso de este peligroso delincuente desde Colombia a Venezuela fue vislumbrado por la inteligencia nacional a comienzos de enero de este año. Aprovechando el relajamiento en los controles durante las fiestas decembrinas de 2021, el Koki habría llegado al país con algunos de su banda, y avanzado en retomar el control en la Cota 905, en Caracas.

Lo que parecería haber ocurrido en este caso es que el gobierno trató de enmendar la crisis que generó al haber empoderado y armado a bandas criminales para hacer control social y político que, con la reducción de recursos provenientes del Estado, terminaron independizándose y asumiendo el control directo de sus territorios, que el gobierno trato de manejar mediante acuerdos de palabra que implicaban la entrega de esos espacios hasta que la situación se complicó y se le empezó a ir de las manos, como sucedió también con Wilexis en Petare, estado Miranda, solo por nombrar otro de los casos más conocidos.

La negociación, entre la mesa de México y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela

Mientras todo esto ocurre, la situación política sigue siendo compleja. Sobre la posibilidad de un retorno a la mesa de negociación en México, se observa un contraste entre la actitud de debilidad por parte de los representantes de la oposición, casi rogando para volver a las reuniones, y un gobierno que se muestra fortalecido y menos dependiente de los acuerdos, lo que era predecible tomando en cuenta los resultados de las elecciones regionales y municipales de noviembre de 2021.

De hecho, el gobierno no muestra mayor interés en restablecer estas conversaciones. Por el contrario, sigue colocando obstáculos al proceso, como lo es la excusa de la extradición de Alex Saab o la exigencia de que se agreguen nuevos actores a la mesa. En esa línea de acción, esta semana la dirigencia del partido Alianza Progresista dio unas declaraciones sobre la necesidad de que éstas y otras organizaciones políticas sean incorporadas a la Mesa, todo esto coincidiendo con declaraciones recientes de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional 2020.

Y si bien es cierto que el gobierno no tiene prisa en volver a la negociación en México, no hay que ignorar que sigue negociando, pero en otras instancias y con determinados actores según su conveniencia. Esto incluye la posibilidad de otorgar a representantes de “las oposiciones” algunos cargos a magistrados dentro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Este tema adquiere más relevancia en un momento como éste, cuando el gobierno tiene que tratar de suspender el proceso que se lleva adelante en la Corte Penal Internacional (CPI), pero también puede verse como un mecanismo clientelar de los que suele utilizar el oficialismo para controlar y apaciguar a la oposición.

En este sentido, la semana pasada fue designado el Comité de Postulaciones que preside el almirante Alessandriello. El resto de los legisladores son Gladys Requena, Rosa León, Génesis Garvett, Julio García Zerpa, Arnaldo Sánchez, Francisco Torrealba, José Gregorio Correa, Timoteo Zambrano, Luis Parra y Óscar Rondero. Por el lado de la sociedad civil están Carlos Ogly, Mercedes Gutiérrez, José Rafael Puente y Jesús González Pirela. Este último es el único vinculado con “las oposiciones”, específicamente con lo que se conoce como “la mesita”. La posibilidad de reparto de cargos es menor porque se reduce de 32 magistrados a 20. La posibilidad de otorgarle algunos cargos a la oposición será más limitada.

Volviendo a la Mesa de México, lo más probable es que el gobierno solo esté dispuesto a retomar las negociaciones con la oposición si y solo si Estados Unidos paga la entrada, que no es otra cosa que “dado que ha habido algunos avances, vamos a retirar algunas sanciones para demostrar nuestra buena voluntad”. De no ser este el caso, el gobierno no cedería pues no tendría ninguna ganancia. Asimismo, es predecible que el gobierno insistirá en la reconfiguración de la mesa de negociación para que “las oposiciones” sean incluidas, considerando los resultados de la última elección, y en consecuencia que haya también una reconfiguración de la agenda de temas.

Hay que observar que el gobierno ha sido muy exitoso en aplicar la estrategia que mencionamos en nuestros eventos de Prospectivas del I y II semestre de 2021, y Prospectivas I semestre 2022, según la cual su mejor opción sería sumar voces diferentes a las oficialistas en una campaña contra las sanciones. Es así como ahora hay gobernadores, alcaldes, chavismo disidente y sociedad civil rechazando las sanciones, lo que no solo compromete la postura de Estados Unidos sino también debilita a la oposición, porque las sanciones son el único elemento que tiene para ejercer presión en la mesa de negociación en el presente momento.

El cerco electoral

Mientras tanto, los dilemas electorales siguen presentes. Hay que estar claros de que en Venezuela las condiciones electorales siempre van a ser inversamente proporcionales a la competitividad del gobierno. Es decir, de la misma manera que el gobierno hizo lo que dio la gana con el Referendo Revocatorio, está dispuesto a hacer lo propio con las condiciones electorales para las presidenciales de 2024. Si las cosas siguen como van, no habrá mejores condiciones porque el gobierno se sabe en desventaja y no está dispuesto a correr riesgos.

Y en ese sentido ya se está preparando para dichos comicios. En estos momentos el gobierno está presionando fuertemente para que el informe final de la Misión de Observación Electoral que participó en las elecciones de noviembre 2021 no sea presentado públicamente, lo que ha generado un desacuerdo entre el gobierno y la Observación Internacional Europea, que demanda la autorización para presentar el informe en Venezuela, según lo que estaba programado. Pareciera entonces, que la Unión Europea ya ha sido vetada por el Consejo Nacional Electoral y esto ya nos anuncia que la observación para 2024 no está contemplada, ello habla del tipo de elecciones que cabe esperar.

En conclusión

Buena parte de la atención política de las últimas semanas se ha concentrado en las decisiones que el régimen ha ido tomando en su propia esfera, con detenciones a figuras civiles, específicamente alcaldes recién electos, y a militares, como ha ocurrido con dos generales en Trujillo y Anzoátegui. Son acciones que buscarían evitar cualquier fisura que pudiera presentarse, para así hacer más riguroso su control político, habiendo derrotado a la oposición, estaría considerando que es el momento de poner orden a lo interno para consolidar el proyecto autoritario.

Control que pasa también por rescatar territorios que han sido entregados a colectivos armados, incluidos factores delictivos que, ante la falta de incentivos económicos procedentes del gobierno, han dejado de hacer control social y político y se le han volteado, lo que en parte explicaría los enfrentamientos con bandas de mucho poder, entre ellas las de El Koki, quien cayó esta semana en Tejerías; así como el conflicto que se desarrolla con altibajos en Apure.

Mientras ello ocurre, la Mesa de México sigue a la espera, lo que demuestra la poca presión que el régimen tiene para activar estas negociaciones, aunque se prepara para ello mediante sus gestiones para que sus interlocutores no sean solo los del G4, sino otros factores como los que pertenecen a “la mesita”.

El tema electoral, luego de la jugada del CNE para desactivar el revocatorio, agrega más interrogantes de cara a las Presidenciales de 2024, donde las posibilidades de lograr integridad electoral son cada vez más remotas, como lo demuestra el hecho de que el gobierno intenta evitar que la Unión Europea presente su informe final sobre los comicios de noviembre pasado, programado para este mes de febrero.

Se trata de una situación cada vez más compleja, que amerita de parte de la dirigencia política y de los sectores civiles una revisión de las estrategias ante la creciente autocratización del sistema venezolano, que toma cada vez mayor impulso.

Este artículo fue publicado originalmente en Polítika UCAB el 14 de febrero de 2022

Por Mathew Smith en OilPrice. Traducción libre del inglés por morfema.press

La incertidumbre en torno a la exactitud de los datos de producción de PDVSA dificulta saber si la producción de la empresa alcanzó los volúmenes reclamados por Caracas

Un salto sorpresa en la producción de crudo de Venezuela a fines de 2021 tomó por sorpresa a los analistas de la industria. Según datos proporcionados por Caracas a la OPEP, el país azotado por la crisis bombeó un promedio de 871.000 barriles por día durante diciembre de 2021.

Esa cifra, aunque considerablemente inferior al millón de barriles por día anunciado por la petrolera nacional PDVSA como su objetivo para fines de 2021. , todavía representa un crecimiento notable de la producción de petróleo crudo de Venezuela en comparación con 2020.

La producción de petróleo de diciembre de 2021 fue un 3% mayor que el mes anterior y casi el doble de los 441,000 barriles por día bombeados para diciembre de 2020.

Si bien el aumento en la producción de petróleo de PDVSA durante el final meses de 2021 es impresionante Venezuela todavía solo bombea un promedio de 636.000 barriles por día, que según datos publicados por la OPEP es solo un 12% superior a 2020.

También es importante señalar que, a pesar de los impresionantes aumentos de producción de noviembre y diciembre de 2021, la producción de petróleo de Venezuela está muy por debajo del récord de 1998 de 3,5 millones de barriles diarios. Hay indicios de que PDVSA está luchando para aumentar aún más la producción de petróleo, a pesar de la abundante asistencia de Irán, y los expertos de la industria especulan que la compañía petrolera nacional de Venezuela ha alcanzado su capacidad actual máxima

La diferencia entre las cifras de la Opep

Un indicador clave de que la producción de petróleo de Venezuela está a su máxima capacidad y puede ser significativamente más baja de lo que informa PDVSA es la tremenda disparidad entre los volúmenes de producción de la comunicación directa y los obtenidos por la OPEP de fuentes secundarias.

Los datos del cártel de fuentes secundarias indican que Venezuela solo bombeó 681.000 barriles por día durante diciembre de 2021, que son 190.000 barriles o un 22% menos que las cifras proporcionadas por PDVSA. Este es un tema común cuando se revisan los datos de producción de los miembros publicados por la OPEP como parte del Informe mensual del mercado petrolero de la organización.

El siguiente gráfico muestra una amplia divergencia entre los volúmenes de producción proporcionados por PDVSA y los informados a la OPEP por fuentes secundarias.

Cuando se examinan las cifras de producción de otros miembros de la OPEP, generalmente solo hay una ligera variación entre los volúmenes informados a través de la comunicación directa en comparación con las fuentes secundarias. Eso indica que Caracas está potencialmente exagerando los volúmenes de producción de crudo de PDVSA.

La opacidad se hace presente

Desde 2016, cuando PDVSA dejó de publicar públicamente datos de producción y otros, ha habido muchas conjeturas sobre la veracidad de los datos proporcionados por Caracas sobre las operaciones de la petrolera nacional. Esto incluyó dejar de informar sobre derrames de petróleo e interrupciones operativas, lo que hace que muchos se pregunten si PDVSA está distorsionando los datos que proporciona para que parezca que opera de acuerdo con los ambiciosos objetivos establecidos por el régimen de Maduro.

En enero de 2020 Maduro proclamó que la producción de Venezuela alcanzaría los dos millones de barriles diarios de crudo ese año. Esto no ocurrió con el país azotado por la crisis que solo bombeó un promedio de barriles por día durante 2020 debido al impacto de la pandemia de COVID-19 y las estrictas sanciones de EE .UU., junto con la decadente infraestructura de la industria en las operaciones.

A principios de 2021, Maduro anunció otro objetivo ambicioso prometiendo triplicar la producción de crudo de Venezuela a 1,5 millones de barriles por día, una vez más la producción de PDVSA se quedó corta.

A fines de 2021, la compañía petrolera nacional de Venezuela había revisado ese número a un millón de barriles por día e informó que produjo un promedio de 871,000 barriles por día durante diciembre de 2021.

Maduro anunció recientemente que durante diciembre de 2021 la producción de petróleo de PDVSA alcanzó un millón barriles diarios. En la misma declaración, el líder autoritario de Venezuela luego fijó una meta de dos millones de barriles por día para 2022.

Los expertos dudan

Existe una conjetura considerable entre los analistas y expertos de la industria sobre si esto es factible.

Una combinación de sanciones estrictas de EE. UU. que bloquean la venta de petróleo crudo venezolano y la inversión extranjera, la infraestructura en ruinas y la falta de condensado para mezclar con el petróleo extrapesado producido hace que lograr ese objetivo sea muy poco probable.

Los expertos de la industria creen que para fines de 2021, PDVSA estaba operando a plena capacidad y no podría impulsar la producción sin una inversión considerable en mantenimiento y renovación cruciales de la infraestructura industrial deteriorada.

En un artículo de Reuters de diciembre de 2021 , el experto en Venezuela Francisco Monaldi, director del programa de energía para América Latina del Instituto Baker de la Universidad Rice de Houston, declaró:

“Estamos alcanzando esa capacidad ahora. Para ver un aumento de la producción durante 2022, se necesita invertir en nuevos pozos y mejorar la infraestructura”
Francisco Monaldi

Dos décadas de mala gestión , irregularidades y falta de inversión crónica en mantenimiento, así como en la renovación de la infraestructura de la industria, hacen que sea difícil ver cómo PDVSA puede aumentar aún más la producción, incluso con un suministro constante de condensado de Irán.

Este es particularmente el caso cuando se requiere un capital extranjero sustancial para que la producción regrese a más de un millón de barriles por día durante un período sostenido.

Datos cuestionables

La incertidumbre que rodea la exactitud de los datos de producción de PDVSA hace que sea extremadamente difícil saber si la producción de la petrolera nacional alcanzó los volúmenes reclamados por Caracas. Los datos secundarios de la OPEP indican que para diciembre de 2021 Venezuela, en promedio, solo bombeó 681.000 barriles de crudo por día.

Si bien eso es 20 000 barriles más que el mes anterior y 249 000 barriles más que en noviembre de 2020, es un 7 % menos que los 735 000 barriles por día producidos en diciembre de 2019.

Esa cifra es significativamente menor que el objetivo del Ministro de Petróleo, Tareck el Aissami, de 1,5 millones de barriles por día. día para fines de 2021 y menos que el objetivo revisado de producción de PDVSA para 2021 de un millón de barriles diarios.

En un artículo de noviembre de 2021 Argus Media afirmó que los datos de producción de Venezuela son cuestionables y luego afirmó:

“Si bien algunas estimaciones fijan un flujo de hasta 750 000 b/d, es probable que incluyan líquidos gaseosos y tiendan a pasar por alto un contenido considerable de agua y sedimentos. Incluso donde los datos se consideran más confiables, la tendencia de los gerentes locales a embellecer el desempeño para cumplir con los objetivos poco realistas impuestos por la sede de Caracas y la erosión de la experiencia en medición y el equipo de medición funcional siguen siendo factores distorsionadores”.
Argus Media

Por estas razones, especialmente la disparidad a largo plazo entre los volúmenes de producción de crudo informados por PDVSA y las fuentes secundarias de la OPEP, es difícil confiar en la precisión de los volúmenes de producción de crudo anunciados por el régimen de Maduro.

Hasta que se alivien las sanciones estadounidenses y las grandes energéticas occidentales puedan operar de manera rentable en Venezuela , Caracas tendrá dificultades para atraer la considerable inversión necesaria para reactivar PDVSA y la industria petrolera de Venezuela.

Eso significa que es poco probable que se produzca una mayor expansión significativa en la producción de petróleo crudo, y que el objetivo de Maduro de dos millones de barriles por día para 2022 es inalcanzable.

Por redacción justicia de El Tiempo (Colombia)

La guerra que se libra en territorio venezolano, en la frontera con Colombia, entre disidencias de las Farc y el Eln por el control de la zona ha tenido un impacto directo en la producción y el envío de cargamentos de droga para los carteles mexicanos, que introducen la cocaína en los mercados internacionales

EL TIEMPO tuvo acceso a un informe de inteligencia documentado con agencias internacionales de seguridad que da cuenta de que desde hace dos meses no detectan vuelos ilegales, que tradicionalmente parten desde pistas clandestinas ubicadas en los estados de Zulia, Táchira y Apure, en Venezuela, con destino inicial a Centroamérica.

En el mismo informe reservado se señala que Henry Castellanos, ‘Romaña’, era el encargado de controlar las pistas en Apure, en inmediaciones de Elorza y Aguaverde, y que tras su muerte, el 7 de diciembre del año pasado, se frenó en seco la salida de las naves cargadas con coca. ‘Romaña’, un ex-Farc de la línea más violenta de la desaparecida guerrilla, habría sido asesinado por hombres de las disidencias bajo el mando de ‘Antonio Medina’.

Las agencias internacionales advierten que el enfrentamiento entre la ‘Segunda Marquetalia’, de ‘Iván Márquez’, que se alió con el Eln, y los hombres de ‘Medina’, de la línea de ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’, podría tener un efecto directo en la comercialización de la coca y en los precios al menudeo en las calles de ciudades de Estados Unidos, en donde un kilo del estupefaciente puede costar 40.000 dólares.

Al desabastecimiento que se estaría dando por el cierre de las pistas se suma que Colombia, a través de su Fuerza Pública, incautó 659 toneladas de cocaína en 2021 y tan solo esta semana, en tres operaciones, fueron incautadas 10 toneladas.

De acuerdo con el documento, el 20 por ciento de la cocaína que se produce en Colombia –unas 1.228 toneladas en 2020, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas– es enviada al exterior por vía aérea y el 80 por ciento restante, por vía marítima.

Según las autoridades, esos vuelos ilegales ya no salen desde Colombia, como ocurría en el pasado, cuando los carteles de la droga tenía flotillas completas de aviones que salían de pistas en territorio nacional cargadas de droga y volvían llenas de dinero.

Ahora esa operación se concentra en el otro lado de la frontera, en donde la corrupción y las alianzas de las autoridades, el Gobierno y grupos ilegales ha creado un ambiente más favorable para ese tipo de operaciones.

Las agencias que realizaron el informe señalan que trabajan en casos conjuntos para judicializar a los responsables de las rutas que usa el narcotráfico para mover la coca; así mismo, que en 2021 se detectaron 135 trazas –vuelos ilegales que despegaron desde Venezuela–, en 2020 se registraron 219 vuelos y en 2019 habrían sido 253. La mayoría de las trazas fueron detectadas en horas de la noche.

“Es imposible precisar la cantidad de droga que se ha trasladado en ese lapso”, se lee en el informe, que además advierte sobre el riesgo que representa para la aviación comercial tener esas naves volando sin control.

EL TIEMPO consultó con el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, sobre estos vuelos ilegales y la existencia del documento de varias agencias en las que se venía haciendo seguimiento al tema. El funcionario reconoció que “los informes de inteligencia señalan que en los últimos años las trazas de narcotráfico se han evidenciado saliendo de diferentes puntos de Venezuela a través de pistas clandestinas”.

El ministro ratificó que estas pistas están bajo el control de los “grupos armados y terroristas de Colombia, con el conocimiento y la connivencia del régimen bolivariano”.

De acuerdo con Molano, con base en información de inteligencia se conoce que el régimen “patrocina y apoya la presencia de grupos terroristas, que desarrollan acciones de narcotráfico y tienen hoy disputas de rentas del narcotráfico en ese país, y así se ha evidenciado en Arauca”. Para el jefe de la cartera castrense, los recursos del narcotráfico generan “destrucción, violencia y corrupción”.

Controles desde EEUU

Entre las razones que señala el informe para la disminución de los vuelos están los controles adelantados por las autoridades de Estados Unidos, que han ubicado y detectado aquellas empresas que venden sin mayor control aeronaves (viejas) a los carteles mexicanos. De hecho, estas se pueden comprar por internet.

“Adquieren los aviones, los pagan en efectivo y demoran el traspaso o el cambio de papeles. Esas aeronaves las compran emisarios de los carteles mexicanos en México o Estados Unidos y las envían a los grupos criminales colombianos asentados en Venezuela”, señala el documento.

Los pilotos, de preferencia mexicanos, además se vuelven garantes de la calidad de la droga y del peso embarcado. Esto porque a ellos se les paga por kilo transportado y puesto en tierra.

Cuando las autoridades de EE. UU. confirman –a través del intercambio de información entre los países– que determinada aeronave (identificada por matrícula y fotos) fue utilizada para actividades ilegales y que su proceso de venta no fue legalizado, abren procesos judiciales contra los representantes de las empresas, y muchas han sido cerradas.

De otro lado, con información de agentes y evidencia técnica se detectó que las pistas son construidas en zonas planas, como el sector de Elorza, donde adaptar el terreno para facilitar un despegue o aterrizaje no toma más de una semana.

Allí, señalan las agencias, ‘Romaña’ tenía un grupo de personas que modificaba los aviones que llegaban para facilitar el envío de la cocaína. “Les quitan las sillas, adaptaban conexiones y potenciaban los tanques de gasolina para lograr mayor rendimiento en los vuelos y distancia”, registran las agencias en su informe.

Carteles como ‘Jalisco Nueva Generación’, de Juárez y Sinaloa, hoy más conocido como cartel del Pacífico, prefieren los aviones tipo jet, que son monomotor, logran volar alto –aunque por ello pueden ser detectados por los radares– y rápido, y por su tamaño no requieren grandes pistas para aterrizar.

En ese tipo de aeronaves cargan hasta 500 kilos, aunque en mayo del año pasado, en una operación de interdicción aérea, se logró la incautación de una tonelada entera de cocaína cuando un avión tipo Hawker 800 (H25B) que despegó desde Venezuela y luego aterrizó en el área de Petén, en Guatemala, muy cerca de la frontera con México, fue interceptado por las autoridades.

La droga también la estaban moviendo en aviones más pequeños, que cargan hasta con 300 kilos y tienen la ventaja de que pueden volar bajo para no ser detectados por los radares, pero esto conlleva más tiempo de vuelo. Incluso se han detectado ultralivianos modificados para transportar hasta 50 kilos del alcaloide.

En el informe se indica que se rastrea a la persona encargada de las pistas para el Eln, y las sospechas recaen sobre Álvaro Padilla Tarazona, alias Mazamorro, uno de los mandos del frente ‘Domingo Laín’, que tiene línea directa con ‘Pablito’, uno de los miembros del Comando Central del Eln (Coce).

Por su lado, en las disidencias de ‘Antonio Medina’, el control del narcotráfico lo tendría alias Arturo, jefe del décimo frente, quien tendría como una de sus misiones lograr el control sobre algunos territorios para establecer pistas de aterrizaje.

Además, las autoridades tienen información del envío de emisarios de los carteles mexicanos para lograr una tregua entre las disidencias y el Eln, para reactivar el negocio y empezar a mover más de dos vuelos ilegales al día, con el fin de atender la demanda de los mercados internacionales.

¿Cómo llega la coca al otro lado de la frontera?

La cocaína colombiana se transporta a territorio venezolano, señala el informe de las agencias internacionales, bajo dos modalidades.

La primera, que denominan ‘hormigueo’, es usada especialmente para ingresar droga desde Arauca. Esta consiste en enviar cargas de entre 10 y 20 kilos que se van almacenando hasta lograr la cantidad deseada.

La otra modalidad se registra en Norte de Santander, en la región de La Gabarra, que hoy en día es la mayor zona de concentración de matas de coca en el país –con más de 35.000 hectáreas, según Simci, a 2020–. Allí hay presencia del Eln y de las disidencias del frente 33, bajo el mando de ‘Jhon Mechas’, aliado de la ‘Segunda Marquetalia’.

Estas dos redes controlan los laboratorios para la producción del alcaloide, y aprovechando la porosidad de la frontera, pasan toneladas de coca al estado de Zulia, en donde la acopian y la envían a Centroamérica.

De Surinam y Brasil están enviado droga a África

En el documento se indica que entre las rutas y destinos más utilizados por estas redes de narcos para enviar la droga a sus socios mexicanos están: la República Dominicana y Haití, sobre todo este segundo país, en donde se considera que son casi nulos los controles de las autoridades. Además de Guatemala y Honduras, donde los cargamentos pueden ser reenviados por tierra hacia México.

Y se detectó una nueva ruta que tiene a Surinam y Brasil como países de paso para llegar a África. Este es un nuevo mercado al que buscan incursionar por su propia cuenta los de la ‘Segunda Marquetalia’, pues allí un kilo de droga supera los 30.000 dólares.

En el documento se insiste que la ‘Segunda Marquetalia’ y el Eln gozan de la protección del régimen de Nicolás Maduro y que le pagan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar su permanencia en la zona de frontera y obviar los registros de aeronavegabilidad.

Los vuelos pasan a pesar de que la Fuerza Aérea Venezolana cuenta con los radares más sofisticados en la actualidad, de fabricación China, que captan cualquier movimiento en su espacio aéreo.

De igual forma, se plantea la interferencia del llamado ‘cartel de los Soles’ en el cobro de dinero por cada movimiento de droga. En ese sentido, se indica en el documento que algunos aviones regresan a Venezuela cargados con millones de dólares del pago de los cargamentos. Y que solo las naves cuyos dueños no han pagado un porcentaje de entre el 10 y el 20 por ciento de la droga son interceptados, obligados a aterrizar y destruidos.

En el extenso documento se citan las declaraciones (abril de 2021) del general Richard López Vargas, quien fue comandante de la Guardia Nacional Venezolana, quien destacaba que 261 aeronaves ilegales habían sido neutralizadas desde 2011 en Venezuela, y cuestionan que esto es solo el 16 por ciento de las aeronaves que en realidad se detectaron.

Y recuerdan que el general López es señalado de integrar el ‘cartel de los Soles’ y que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por actos de corrupción y narcotráfico.

Finalmente, se hace un recuento de otros balances más recientes, de funcionarios del Gobierno de Venezuela que destacan la lucha contra el narcotráfico en ese país, pero que, dice el documento, son cortinas de humo para generar una nueva relación con EE. UU.

No obstante la reducción de los vuelos, las autoridades permanecen en alerta ante la posible firma de nuevos tratos a instancias de los carteles mexicanos y funcionarios del régimen, que hacen esfuerzos para detener la guerra entre las disidencias y el Eln y lograr la reactivación de esa millonaria ruta del narcotráfico. (El Tiempo)

La OPEP publicó el jueves el Boletín Mensual del Mercado Petrolero correspondiente a Enero 2022, informando que la producción de Venezuela fue 668 mil barriles por día (mbd), según las fuentes independientes o secundarias a un precio promedio de 63,58 dólares estadounidenses por barril, el más alto en 37 meses.

El precio de USD 63,58 por barril de la segregación Merey 16 para enero de 2022, es 15,8% superior a los USD 54.89 por barril registrados en diciembre 2021.

La cesta de referencia de precios de la Opep (OPEC Reference Basket, ORB en inglés) , compuesta por el precio de los crudos marcadores de sus 13 países miembros, promedió USD 85,41 / barril, un aumento del 14,8% respecto al visto en diciembre de 2021 de USD 74,38 /barril.

Venezuela vendió enero el Merey 16 en el mercado internacional con un descuento del 25,56% respecto a la cesta de referencia Opep

La evolución del precio

La actividad económica mundial se ha visto severamente afectada por la pandemia de Covid 19 o virus chino, que durante más de dos años consecutivos ha afectado la salud de millones de personas en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud la declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020 y la reconoció como una pandemia el 11 de marzo de 2020, cuando informó que había 4291 muertos y 118 000 casos en 114 países

Desde entonces los países del mundo han establecidos cuarentenas, cierres de fronteras y restricciones de viajes ante las sucesivas olas de variantes del virus chino. La más reciente, la Omicron, ha resultado de menor letalidad, por lo que la actividad mundial ha retomado un ritmo creciente

Luego de alcanzar un mínimo histórico de USD 7.04/barril en abril del 2020, el precio del Merey 16 se ha recuperado de manera sostenida alcanzando los USD 46,16 en abril de 2021 y que en enero de 2021 alcanzó su precio máximo de los últimos 37 meses, suguiendo la recuperación mundial de los precios internacionales del petróleo.

Acerca del Merey 16° API

La segregación (mezcla) Merey 16, corresponde a un crudo pesadó ácido de 16° API y de más de 1,1% de contenido de azufre.

Las segregaciones se constituyen con mezclas de crudos de diferentes grados API provenientes de diferentes campos petroleros. Estas mezclas obtienen una denominación comercial (blend) una vez estadarizadas y clasificadas según el American Petroleum Institute (API)

En el caso del Merey 16, se obtenía con la mezcla de crudos extrapesados ácidos de la Faja del Orinoco con la segregación mediana dulce Mesa 30, producida con la mezcla de crudos provenientes de los campos Muri, Musipan, Carito y El Furrial

El condensado iraní y el Merey 16

La empresa estatal Pdvsa, sumergida en un mar de corrupción, fuga de talento y falta de matenimiento, ha visto una reducción dramática de su producción de crudos, especialmente de crudos livianos y medianos sus campos occidentales y orientales, lo que ha afectado la producción del Merey 16 para la exportación.

Dese octubre de 2021, ha estado recibiendo regularmente cargamentos de condensados provenientes de Irán, un promedio de 2 millones de barriles por mes. El más reciente llegó al país el viernes 4 de febrero.

El condensado es un hidrocarburo ultraliviano, (> 40° API) que generalmente de obtiene por la expansión del gas natural en la boca del pozo. Es de bajísimo densidad y generalmente incoloro.

En datos del acádemico ing. Nelson Hernández, la proporción de un condensado de 40° API en la producción de Merey 16 sería aproximadamente del 30%.

Tenemos entonces que la producción de Merey con una carga mensual de 2 millones de barriles de condensados iranés (66 mbd) aumenta en 198 mbd adicionales en Merey, aproximadamente el 30% del total de la producción venezolana.

Esos cargamentos de condensado a su vez son pagados a Irán con cargamentos de Merey 16

Los términos de esos intercambios no son informados públicamente ni por el gobierno de Venezuela ni el de Irán.

Para mayor información ver

Economía Crudo Merey 16, Vía Mezcla | Academ, Ing. Nelson Hernández

Amnistía Internacional, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) y el Foro Penal presentan nueva investigación conjunta: “Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela” .

Utilizando distintos modelos de análisis estadístico, la investigación se llevó a cabo a lo largo de más de un año, con el fin de determinar el nivel de correlación entre los ataques y mensajes estigmatizantes emitidos en medios de comunicación con conexiones al gobierno de Nicolás Maduro y las detenciones arbitrarias por motivos políticos realizadas por las fuerzas de seguridad bajo su mando.

Los hallazgos de esta investigación serán de particular relevancia y utilidad en los procesos de justicia y escrutinio internacional, como la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU.

Lea a continuación íntegro el informe de la investigación

Represion-calculada Descarga

Por Redacción Revista Semana

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que entablará un diálogo con el embajador de Rusia en Colombia, para que se aclare la presencia militar de ese país en Venezuela, al recordar que existe una amenaza en la región por la señalada dictadura de Venezuela de Nicolás Maduro

Así mismo, el mandatario colombiano en una declaración que dio en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), luego de que se oficializó la entrega de una donación de un lote de vacunas contra el covid-19 por parte de España, aseguró que existen pruebas que apuntan a qué cabecillas de las disidencias de las Farc se encuentran en territorio venezolano.

Sumado a ello, el presidente Duque recordó que los ex jefes de la extinta guerrilla de las Farc como Jesús Santrich, El Paisa y Romaña murieron en el vecino país, hecho que demuestra según el jefe de Estado la intención que tiene Maduro de proteger ese tipo de criminales

“En estos temas yo creo que lo importante es que sigamos manteniendo el espíritu cooperante, el espíritu franco, y obviamente mantener esto en el nivel diplomático que corresponde, sin lugar a dudas vamos a tener la posibilidad de hablar con la representación diplomática de Rusia en Colombia”, recalcó.

Y explicó el mandatario colombiano el tema puntual que preocupa al país: “Saber cuál es la asistencia militar que se está brindando en Venezuela, por qué la presencia de algunos equipamientos que tienen en ese país”

También dejó claro: “Yo creo que en la medida que las cosas se pongan sobre la mesa y se discutan con franqueza yo creo que eso nos permite tener claridad, nosotros tenemos una preocupación sobre el régimen dictatorial de Venezuela”.

“Tenemos que llamar las cosas por su nombre, en Venezuela hay una dictadura y esa dictadura ha protegido grupos terroristas colombianos en ese territorio la prueba fehaciente es el lugar donde cayó Santrich, Romaña, El Paisa, en territorio venezolano, allá está también Pablito, allá está António García, allá está Jhon Mechas y allá está Iván Márquez”, puntualizó el jefe de Estado.

Por otro lado y luego de que el ministro de Defensa, Diego Molano, dijera el jueves que en Venezuela se han movilizado algunos hombres y unidades de la Fuerza Militar Bolivariana “con el apoyo y la asistencia técnica de Rusia e Irán”, desde la embajada rusa en Colombia rechazaron dichas declaraciones.

A través de un comunicado, la Embajada de Rusia indicó que se está “acusando sin fundamento” a ese país europeo de “la presunta injerencia en los asuntos internos de Colombia”.

“Esas declaraciones irresponsables del miembro del Gabinete gubernamental parecen aún más inapropiadas en vista de la reunión del presidente Iván Duque con los jefes de Misiones Diplomáticas acreditadas que fue realizada el mismo día”, añadió el comunicado de la embajada rusa.

A renglón seguido, la Embajada de la Federación de Rusia en la República de Colombia constata con perplejidad los continuos intentos de acusar sin fundamento a la Federación de Rusia de la presunta “injerencia en los asuntos internos de Colombia”. Desgraciadamente, en esto “se destacó” nuevamente el Ministro de Defensa, señor Diego Molano, quien el 3 de febrero del a.c. en su búsqueda incansable de enemigos ficticios, al citar una vez más unos “datos de inteligencia” sin ninguna comprobación, habló de la “intervención extranjera” en la frontera con el estado vecino, que se está realizando supuestamente con el apoyo y asistencia técnica, incluso por parte de Rusia.

La declaración de Molano se dio el mismo día de la reunión del presidente Iván Duque con los jefes de misiones diplomáticas acreditadas, donde el mandatario colombiano se pronunció por el desarrollo de los vínculos amistosos de Bogotá con el mundo exterior y en el correr de una breve conversación con el embajador de Rusia junto con la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, abogó por el desarrollo de la cooperación, inclusive en el contexto de la pronta partida para Moscú al lugar de trabajo del recién nombrado nuevo embajador de Colombia en Rusia.

Por Norbely García en Fedecámaras Radio

Javier Ignacio Mayorca, periodista especializado en criminalística, manifestó que se actualmente en Venezuela se tiene a un Gobierno Nacional que recientemente ha sido señalado de manera internacional como uno de los países más corruptos del mundo, según la última actualización del informe que ofrece Transparencia Internacional.

Mayorca señaló que es esta la percepción que además existe desde el área empresarial.

“Usted no puede hacer un negocio en Venezuela si no le moja la mano a las autoridades que van desde el registro hasta los impuestos municipales, es decir, hay toda una cadena de corrupción que está ahí presente y que en cierta forma también limita la entrada de capitales internos”

Mayorca aseveró que dentro del contexto de señalamiento internacional sobre Venezuela se comienzan a dar las informaciones sobre personas que de repente están acumulando stock de gasolina y otro operativo que señala a unas personas a quienes les fueron incautados kilos de drogas, y esta información es tomada para introducirla dentro de un gran paquete publicitario que se le vende a la gente.

“En el caso del decomiso de drogas que fue reportado en Zulia y Falcón llama mucho la atención que uno de los nombres también aparecía como presunto implicado en un decomiso que se llevó a cabo a finales del año pasado en el estado Vargas, también conocido como La Guaira, era un procedimiento de la Guardia Nacional y aquí hay muchas cuestiones que uno podría especular, la más lógica, como dicen en el argot se dobló, y al doblarse pues cooperó y le dieron una cautelar”

El periodista también aseguró que si el gobierno tiene interés en ponerle foto a actividades de delincuencia organizada debe dirigirse al Arco Minero del Orinoco y empezar a revisar cómo son las redes que manejan treinta y cinco toneladas de oro al año, de acuerdo al último informe de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Escuche esta entrevista completa en el siguiente enlace:

Por María José Núñez en Radio Fe y Alegría Noticias

Para el 2016 la banca nacional tenía 75 mil trabajadores, ahora tiene 41.760. Así lo informó el secretario general de la Federación de Trabajadores Bancarios y Afines (Fetrabanca), Claudio Rivas

Durante los últimos cinco años la banca ha presentado una deserción laboral significativa porque, según afirmó Rivas, para Radio Fe y Alegría Noticias, los trabajadores bancarios emigran al comercio informal o se van a otros países a probar suerte.

Según los datos ofrecidos, en octubre de 2019 la banca perdió 24.700 empleados y para el 2020 se fueron 3.900 trabajadores más.

«La disminución ha sido constante año tras año, al igual que las oficinas. Los trabajadores han sido los más golpeados en cinco años consecutivos de hiperinflación, generando desconcierto al ver que sus ingresos no alcanzan como medio de sustento», dijo.

A su vez, alegó que como consecuencia de los bajos salarios la caída del recurso humano continuará.

“El sector no pasa por su mejor momento”

De acuerdo con el secretario, la disminución o el cierre de oficinas demuestra la dura realidad que atraviesa el sector bancario que «sucumbe ante las desacertadas políticas económicas del Ejecutivo nacional y las medidas restrictivas aplicadas».

Rivas explicó que el mayor problema económico de la banca es el encaje legal. «El encaje legal impuesto por el Banco Central de Venezuela (BCV) ha traído graves consecuencias, ha paralizado la intervención financiera colocando a los bancos en una posición peligrosa, ya que éstos viven del préstamo de dinero», precisó.

La situación de la banca es insostenible

Señaló que ya la situación se ha vuelto «insostenible», pues el banco solo funciona como pagadores de nóminas.

«Las instituciones financieras se han reducido drásticamente, puesto que las operaciones de intermediación financiera son difíciles en un entorno hiperinflacionario y más aún si se deben enfrentar restricciones como límites de tasa de interés y requerimiento de encajes inauditos», acotó.

Añadió que desde Fetrabanca mantienen la postura de reactivar los créditos para microempresa, vivienda, altruismo, manufactura y créditos agropecuarios, de manera que se pueda dar el impulso social que necesita Venezuela.

«Para lograr esto es necesario que el Ejecutivo nacional a través del BCV baje el encaje legal y los bancos vuelvan a la intermediación financiera. Es una necesidad que la banca reactive el crédito sin la camisa de fuerza que representa el encaje legal, así poder impulsar el aparato productivo del país, sin eso estamos en graves problemas frente al tema económico», finalizó.

Por unidad de investigación de Insight Crime

Las zonas de paz de Venezuela fueron quizás una de las evidencias más contundentes de la errática e irregular relación entre el gobierno y el crimen organizado

Concebidas en 2013 como respuesta a la espiral de homicidios y violencia, las zonas de paz debían suspender los operativos policiales y ayudar a las bandas en distritos violentos, a cambio de que estas entregaran las armas, ayudaran a mantener la paz y dejaran todo tipo de actividades ilegales. Esto vino de la mano de 19 planes de seguridad, que trataron de frenar los homicidios en el territorio venezolano y fracasaron.

La primera zona de paz se instauró en el estado de Miranda, antes de la creación de otras en Aragua, Guárico y Caracas.

Esta nueva estrategia pacifista tampoco tuvo mayor éxito. La falta de intervención policial dio a las bandas carta blanca para aumentar su gobernanza criminal, dominar a la población local, reclutar más miembros y hacer crecer sus ganancias de forma exponencial. Es notable que las bandas lograran salirse con la suya con la comisión de delitos fuera de las zonas de paz, pues muchas veces la persecución policial retrocedía en cuanto ellos se acercaban a los límites de las zonas. Si las fuerzas de seguridad se aventuraban a entrar en las zonas de paz en busca de sospechosos, muchas veces eran amonestados por sus superiores.

En 2021, fue natural que se dejara de lado esta política, cuando Carlos Luis Revete, alias “El Koki”, se expandió de su barrio de origen en Cota 905 para tomarse el distrito de La Vega en Caracas. El régimen no se hizo esperar y, tras semanas de enfrentamientos, logró sacar a El Koki de La Vega y de su fortaleza en Cota 905.

En la actualidad, las bandas que proliferaron con la estrategia de las zonas de paz se encuentran entre las más peligrosas de Venezuela, lo que incluye el Tren de Aragua, la banda de El Koki y la de Carlos Capa.

A continuación, InSight Crime revisa las consecuencias de las zonas de paz, que propiciaron todo menos la paz.

VEA TAMBIÉN: Asesinato de militares en Venezuela apunta a poder de ‘megabandas’

Cota 905, Caracas

Una de las noticias que mayor revuelo causó a comienzos de 2021 fue la salida de El Koki de Cota 905.

Desde agosto de 2017, cuando La Cota 905 fue elegida por la administración de Maduro para ser modelo del relanzamiento de los “territorios de paz”, su pran, como también se le conoce a los líderes carcelarios, Carlos Luis Revete, alias “El Koki», mantuvo su dominio, principalmente en el barrio que se le asignó. Es cierto que no hizo mucho para mantener la paz en Cota 905, pues esta se convirtió en epicentro del expendio de drogas en Caracas, a donde llegaban consumidores de toda la ciudad o de donde salían sus mensajeros a entregar paquetes a barrios más pudientes de la ciudad. La zona se convirtió en su base de operaciones, en la que él y sus hombres podían operar con libertad.

La alianza con la banda del Loco Leo, le dio a El Koki control de facto sobrelos distritos vecinos de El Cementerio y El Valle. Pero lo hizo en su mayoría sin recurrir a la violencia sobre los poderes vecinos.

Parece que hubo un cambio de estrategia a finales de 2020, cuando El Koki lanzó una toma de La Vega, extensa comunidad de 150.000 habitantes. Al parecer esperaba que se le extendiera automáticamente la impunidad que se le otorgó dentro de su Zona de Paz.

Pero no fue así, y las fuerzas de seguridad respondiero en La Vega y Cota 905 a comienzos de enero de 2021. Al comienzo, El Koki mantuvo el control, pero los enfrentamientos duraron meses y causaron docenas de muertes. Y en julio de 2021, parece que se pasó de la raya. Después de que Loco Leo saliera herido en un tiroteo con la policía, El Koki envió aliados a que dispararan contra El Helicoide, un imponente edificio en el centro de Caracas que sirve como cuartel general de la policía y los servicios de inteligencia y donde hay numerosas celdas. Al menos dos agentes de inteligencia resultaron heridos. La banda prosiguió y abrió fuego contra otras dos instalaciones de la policía en Caracas.

Eso desató una respuesta armada masiva en ambos distritos que terminaron con la expulsión de El Koki y sus aliados y con la muerte de Loco Leo.

Desde entonces las informaciones son variadas; unas afirman que El Koki se encuentra en Colombia, Perú o en otros lugares de Venezuela pero hasta la fecha parece que sigue prófugo. Y según entrevistas realizadas por InSight Crime con habitantes de Cota 905, es posible que los miembros estén regresando en secreto a la zona.

VEA TAMBIÉN: El Koki o Wilexis: ¿quién dirige las bandas narco más poderosas de Caracas?

San Vicente y Las Tejerías, Aragua

En Aragua, las poblaciones elegidas para ser zonas de paz fueron Las Tejerías, San Vicente, San Mateo, Turmero, y San Sebastián. De ellas, San Vicente fue la primera en ser controlada por los delincuentes.

El barrio San Vicente, ubicado en el municipio Girardot, es la base de operaciones de la principal amenaza criminal de Venezuela, el Tren de Aragua. Desde la época de las zonas de paz, el líder de la megabanda, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero», comenzó a imponer sus reglas en San Vicente, como lo confirmaron a InSight Crime varios funcionarios y residentes del lugar. El barrio también es sede de Somos El Barrio JK, una fundación creada por el Tren de Aragua que le sirve para acceder a recursos estatales con fines benéficos, pero que en realidad se destinan al sostenimiento de la banda.

Según habitantes de San Vicente, la fundación entrega bolsas de víveres y otros elementos a los residentes, pero solo si cumplen ciertas condiciones. Este grupo es quien decide sobre los más mínimos detalles, como el tono de pintura de las paredes y qué adornos usar en navidad. Se dice que prohíben a los estudiantes ingresar celulares a las instituciones educativas, y quien “se coma la luz” o desobedezca, el castigo más leve es que se vaya de San Vicente, como detalló un exresidente que sigue trabajando en el barrio y pidió el resguardo de su identidad.

Pese al férreo control que tiene este grupo armado sobre la población de San Vicente, el régimen no ha mostrado interés en intervenirlo. La razón: la pandilla no golpea sus intereses y les limpia el terreno de rivales. Un ejemplo es la prohibición de ingreso a un candidato de oposición para promocionar su candidatura.

Un acuerdo similar bien puede haber dado vía libre al fortalecimiento de la banda de Conejo en la que fuera la zona de paz de Las Tejerías. Esta banda, al mando de Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias “Conejo», ha sido vinculada a narcotráfico, extorsión y homicidios. Aunque en alguna ocasión se ha enfrentado con las fuerzas de seguridad, la banda ha tomado mayor confianza en los últimos dos años, con nexos con El Koki en Cota 905 y amenazas de mayor violencia.

Barlovento y Valles del Tuy, Miranda

El plan piloto de las zonas de paz inició en 2013 en el estado Miranda, este de Caracas, en las poblaciones de los Valles del Tuy y Barlovento.

El acuerdo inicial en los Valles del Tuy en esencia fue desalojar de policías los seis municipios que conforman la región: Paz Castillo, Cristóbal Rojas, Simón Bolívar, Urdaneta, Tomás Lander y Guaicaipuro, con resultados diversos.

No obstante, en la práctica, la iniciativa solo se desarrolló en un sector del municipio de Tomás Lander. Pero la continua presencia policial no impidió que ese eje del estado Miranda fuera tomado por varias pandillas. Entre ellas hoy día sobresale la de “Carlos Capa”, que cuenta con los miembros, armas y conocimiento local para resistir las repetidas intervenciones policiales. Inusual en esta lista, la banda de Carlos Capa mantiene una base de poder rural en Valles del Tuy, lo que también le permite operar por fuera del alcance de las fuerzas de seguridad, tal como indicó un comisario de Miranda a InSight Crime.

En Barlovento, también en el estado de Miranda, se implantaron las zonas de paz en la Troncal 9, una vía arteria al este de Caracas. Esta resultó una maniobra poco sensata, pues la ausencia de policía llevó a asaltos de vehículos de carga y de pasajeros a lo largo de esta carretera por parte de numerosas bandas.

Un grupo que tuvo éxito allí en los últimos años, la banda de Eduardo Delicias, quedó debilitada cuando su líder fue abatido en diciembre de 2021, luego de matar a un oficial de policía de alto rango. Este ejemplo muestra una vez más que las bandas pueden convertirse en objetivo si exceden sus ataques a las fuerzas de seguridad.

Al contrario de esta, otra banda con presencia en Barlovento, conocida como Los 300, no ha parado de crecer. Según un reportaje de El Pitazo, hoy en día esta organización criminal se encuentra formada por unos 150 hombres y ha logrado infiltrar los cuerpos de seguridad en su territorio de dominio, para garantizar su impunidad.

Morfema Press

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