Las elecciones generales del 12 de abril de 2026 dejaron un resultado tan ajustado en el segundo lugar que, cuatro días después, el país todavía no sabe quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Mientras el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) avanzaba al 90%, el izquierdista Roberto Sánchez cuenta con el 11,99% de los votos, apenas por encima del ultraderechista Rafael López Aliaga con el 11,93%, una diferencia de menos de 9.000 votos entre ambos.
Fujimori encabeza el conteo con el 17%, en una contienda con 35 candidatos, la cifra más alta de la historia reciente del país. El número por sí solo no basta para reflejar lo sucedido: la jornada electoral fue marcada por desorden y tensión. Un candidato llamó a la “insurgencia”, y los observadores internacionales tuvieron que desmentir públicamente la narrativa de fraude.
Todo eso y Perú aún no terminó de contar… El escrutinio al 100% de las actas se completaría recién entre el viernes y el sábado, pero eso no significa que haya resultado. Todavía quedan las actas impugnadas que se deben revisar antes de proclamar resultados oficiales. En la práctica, la definición de quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 7 de junio podría extenderse hasta la semana que viene. Con menos de 9.000 votos de diferencia, cada acta cuenta.
La década que explica todo
Para entender lo que ocurrió el 12 de abril, es necesario repasar la última década del país: en ese tiempo, Perú tuvo ocho presidentes en diez años, atravesó sucesivos procesos de destitución presidencial, una disolución del Congreso y mantiene a un ex presidente preso cuya figura sigue siendo bandera electoral desde la cárcel.
El país arrastra una crisis política polarizada desde 2016, con un punto de quiebre en 2022, cuando Pedro Castillo intentó disolver el Congreso por decreto.
A esa inestabilidad se sumó una reforma institucional de fondo: el Congreso promulgó el regreso del sistema bicameral, con senado y cámara de diputados, algo que no existía desde 1992. Las elecciones del 12 de abril fueron, entonces, las primeras en tres décadas en elegir de manera simultánea presidente, senadores y diputados, lo que las transformó, según analistas políticos y autoridades oficiales, en la jornada electoral de mayor dificultad logística en la historia reciente de Perú.
Los organismos electorales ya recibían críticas desde las elecciones de 2021, cuando tanto Rafael López Aliaga como Keiko Fujimori denunciaron fraude, sin presentar pruebas. La desconfianza arrastrada se profundizó. Lo que nadie anticipó fue el desastre logístico que marcó la jornada.
Los actores clave de un país dividido
La elección peruana de 2026 tiene tres figuras que encarnan diferentes fracturas internas.
Keiko Fujimori es la única certeza de esta primera vuelta. Hija del dictador Alberto Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y 2000 y fue condenado por crímenes de lesa humanidad, compite por cuarta vez por la presidencia tras haber perdido anteriores ballotages. Su partido, Fuerza Popular, tiene base en Lima y entre quienes todavía recuerdan con nostalgia el orden económico de los 90. Para sus detractores, simboliza impunidad y la incapacidad de la derecha para asumir su pasado. Para sus seguidores, es la única candidata con estructura concreta en un escenario atomizado.
Rafael López Aliaga es el fenómeno que más ha alterado el escenario. Empresario, exalcalde de Lima y ultraconservador de discurso crudo, logró construir su capital político en la capital con una retórica de mano dura, anticomunismo y confrontación con las instituciones. Su fortaleza se concentra en Lima, donde obtiene su voto más consistente. Sin embargo, la capital no basta para ganar a nivel nacional y esa es la razón de su posición comprometida: primero en Lima, en riesgo de quedar tercero en el país.
Roberto Sánchez es la aparición inesperada para la derecha. Presidente de Juntos por el Perú, reivindica públicamente a Pedro Castillo, hoy condenado a prisión por conspiración para la rebelión, portando el sombrero campesino como símbolo. Representa al “Perú profundo”: votantes rurales, indígenas y de regiones alejadas de Lima, el mismo voto que en 2021 nadie vio venir, que llevó a Castillo a la presidencia, y que esta vez volvió a aparecer.
Este patrón se repite: el “Perú profundo” ya inclinó la balanza en varias elecciones, y funcionó como contrapeso frente a las élites políticas y económicas de la capital. El conteo secuencial —de lo urbano a lo rural— explica por qué López Aliaga lideró el segundo puesto con el 50% de las actas y luego descendió cuando se incorporaron los votos del interior. Tres candidatos y tres Perú posibles, sin que ninguno se perfile capaz de gobernar en unidad.
Colapso logístico y caos electoral
Más de 27 millones de peruanos fueron convocados a las urnas el domingo 12 de abril para elegir, en una misma jornada, presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. En la previa era, por diseño, la elección más compleja en décadas, pero lo imprevisto fue el colapso logístico antes de la apertura de mesas.
El material electoral no llegó a tiempo. La empresa privada contratada por la ONPE para distribuir las boletas y demás insumos en Lima no cumplió. Hubo locales de votación que abrieron con hasta cinco horas de retraso y trece centros directamente no funcionaron ese domingo, obligando a 52.000 electores a votar al día siguiente. Era la primera vez en la historia reciente que una elección general se extendía a un segundo día en Perú.
La ONPE atribuyó los retrasos precisamente al incumplimiento de la empresa encargada. La explicación técnica resultó insuficiente para apaciguar la indignación social: se formaron largas filas, circularon en redes videos de mesas vacías, funcionarios sin insumos y ciudadanos que no pudieron votar.
Sumado a esto, un funcionario de la ONPE que había presentado su renuncia el mismo domingo fue detenido por la Policía Anticorrupción al día siguiente, acusado de omisión de actos funcionales. La imagen pública del organismo, con un empleado detenido y miles de votos pendientes,fue tierra fértil para que estallara la polémica.
Rafael López Aliaga no aguardó los resultados. Incluso antes del cierre de las primeras urnas, sembró dudas sobre el proceso electoral. Y cuando el conteo lo empezó a relegar transformó el colapso logístico en denuncia política.
Exigió que se suspendiera la proclamación de resultados. Convocó a sus seguidores a una “insurgencia civil” y pidió la detención inmediata de Piero Corvetto, jefe de la ONPE. La noche del martes, durante una protesta frente al Jurado Nacional de Elecciones, sostuvo públicamente su denuncia de fraude, sin aportar pruebas, y argumentó que las demoras en Lima -su principal bastión- lo perjudicaron a propósito.
