Organizaciones venezolanas de derechos humanos denunciaron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, pese a los recientes anuncios de apertura institucional y excarcelaciones en Venezuela, continúan vigentes estructuras vinculadas a la represión, la impunidad y las restricciones al espacio cívico.
Por: Valentina Zambrano – El Nacional
Durante una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en el país, la plataforma Justicia y Verdad presentó el “Termómetro de la Justicia, la Verdad y el Estado de Derecho”, una herramienta de seguimiento elaborada por organizaciones de la sociedad civil para evaluar si las medidas anunciadas durante 2026 representan una transición democrática efectiva o cambios únicamente superficiales.
Bibi Borges, representante del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), explicó ante los comisionados que el instrumento reúne el trabajo de 20 organizaciones y analiza cuatro pilares, 15 indicadores y 10 recomendaciones relacionadas con justicia, verdad, reparación y fortalecimiento institucional.
La defensora afirmó que Venezuela atraviesa una etapa decisiva, pero advirtió que los anuncios políticos no se han traducido hasta ahora en transformaciones estructurales.
“La apertura todavía es frágil y no puede confundirse con una transformación institucional. El aparato represivo permanece intacto. Ninguna de las leyes utilizadas para perseguir y cerrar el espacio cívico ha sido derogada”, señaló Borges.
El informe presentado ante la CIDH sostiene que, aunque desde enero de 2026 se produjeron excarcelaciones y anuncios de reformas, permanecen pendientes cambios relacionados con la independencia del sistema de justicia, la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y la eliminación de normas utilizadas para restringir a organizaciones sociales, medios de comunicación y sectores críticos.
Familiares de víctimas exigen justicia ante la CIDH
Durante la audiencia, Meudy Osio, viuda del exconcejal Fernando Albán, expuso el caso de su esposo, quien murió en 2018 mientras se encontraba bajo custodia del Estado venezolano, y denunció que hasta la fecha no existe una investigación independiente que esclarezca lo ocurrido.
“Fernando murió bajo custodia del Estado venezolano. Desde entonces, no ha existido una investigación seria, independiente ni orientada a establecer la verdad. Lo que hemos enfrentado ha sido silencio institucional, obstrucción y negación”, afirmó Osio.
A su vez, sostuvo que el caso refleja un patrón más amplio de falta de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos y destacó el papel de los organismos internacionales en la documentación de estos hechos.
“Lo ocurrido con Fernando no es una excepción. Es parte de un patrón de persecución, encubrimiento e impunidad. Por eso estamos aquí: para pedir verdad, justicia y garantías reales para todas las víctimas venezolanas”, expresó.
Lea la nota completa siguiendo este enlace a El Nacional
