La fiscalía en Venezuela defendió este miércoles la detención por “terrorismo” de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, un hecho que varias ONG califican de “escalada” contra la sociedad civil en un año en el que están previstas elecciones presidenciales.
Por: Margioni Bermúdez – Infobae
San Miguel, de nacionalidad venezolana y española, es acusada de “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”. El fiscal general, Tarek William Saab, dijo que está “vinculada de manera directa” con la operación “Brazalete blanco”, un supuesto complot denunciado por el gobernante chavismo para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
“Su misión era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando”, aseguró en una declaración a la prensa Saab, quien sostiene que la activista fue “delatada por los militares detenidos” en el caso.
San Miguel fue arrestada el 9 de febrero cuando se disponía a viajar al extranjero junto a su hija, quien también fue detenida pero quedó en libertad condicional.
Su ex esposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también fue capturado bajo sospecha de “revelación de secretos políticos y militares”, según Saab.
Sus dos hermanos y el padre de su hija también fueron detenidos, aunque luego serían excarcelados. Saab los acusó de “encubrir medios probatorios”: un celular y una computadora portátil.
La defensa de San Miguel denunció la noche de este miércoles que su residencia estaba siendo allanada. “Tememos que pudieran estar sembrando evidencias”, publicó en X el abogado Joel García.
Puerta giratoria
La detención de San Miguel entra dentro de un esquema que expertos denominan “puerta giratoria”, que consiste en concretar excarcelaciones al mismo ritmo en que se practican nuevos arrestos.
“A través de unas negociaciones del Acuerdo de Barbados se liberaron unas personas y ahora se vuelve a encarcelar otras”, declaró a la AFP Alfredo Romero, de la ONG Foro Penal, que defiende a “presos políticos”.
En diciembre pasado, 10 estadounidenses y 24 venezolanos fueron excarcelados en Venezuela tras un acuerdo suscrito entre el gobierno y la oposición de cara a las elecciones presidenciales, previstas para este año, pero aún sin fecha fijada, en las que Maduro aparece como candidato natural a la reelección.
A cambio, Estados Unidos liberó a Alex Saab, acusado de ser testaferro del presidente y enjuiciado por lavado de dinero en ese país.
“Ya es costumbre que se inventan casos en contra de personas para justificar supuestos atentados”, añadió Romero, que estimó que el gobierno ha optado por pagar “un costo político bien alto”.
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