Venezuela avanza por un desfiladero político donde cada movimiento altera el equilibrio. Tras los cambios abruptos en la jefatura del Estado y la reconfiguración del poder que siguió, el país respira un clima de transformaciones verificables, pero ninguna consolidada. Hay avances concretos frente al estancamiento de la última década; aun así, la transición sigue siendo frágil y se sostiene en hechos recientes, no en estructuras sólidas. Esa situación exige una lectura estricta de la realidad, sin refugios ideológicos, sin relatos de revancha y sin indulgencias hacia las viejas prácticas de corrupción.
Por: Ramón Hernández – El Nacional
La contradicción central es evidente: la superficie política se mueve, la ciudadanía recupera margen de acción, pero todo ocurre sobre un Estado colapsado. La sociedad empuja por inercia económica y supervivencia organizada, mientras la maquinaria estatal se sostiene apenas por inercia administrativa. Cualquier falla adicional amenaza con abrir un vacío que no tiene fondo. A la crisis estructural se suman los terremotos del 24 de junio y una acumulación de problemas urgentes que ningún organismo público parece capaz de enfrentar. El país se mueve, pero sin dirección clara.
El país tiene hoy una posibilidad real, pero también enfrenta un riesgo enorme. No ha habido retrocesos recientes, lo cual es un triunfo en sí mismo para una sociedad golpeada, pero faltan movimientos cruciales, como las elecciones, para evolucionar hacia una democracia funcional. La desesperación, las posiciones recalcitrantes, los deseos de venganza y el apresuramiento pueden implosionar el frágil equilibrio que hoy sostiene al país y que resulta esencial para restituir el Estado de Derecho.
Los tribunales han producido decisiones que parecían imposibles hace quince días. La absolución plena de Rocío San Miguel la devuelve al espacio público después de casi dos años de prisión y abre una excepción dentro de un sistema judicial que todavía mantiene bajo arresto domiciliario a otros presos políticos. Perkins Rocha permanece con un grillete electrónico y restricciones que incluso han afectado su acceso a atención médica especializada. Las dos situaciones ocurren al mismo tiempo y permiten medir el alcance y la velocidad de los cambios.
Durante más de dos décadas, Rocío San Miguel convirtió el seguimiento de la Fuerza Armada venezolana en una forma de investigación desde la sociedad civil. Abogada y especialista en asuntos militares, fundó Control Ciudadano y desde allí documentó la estructura del estamento castrense, sus movimientos, su creciente presencia en el poder y las obligaciones del Estado venezolano en materia de derechos humanos. Su trabajo la llevó a estudiar uno de los ámbitos más opacos del Estado y a convertirse en una de las voces civiles más persistentes frente al poder militar.
Esa trayectoria terminó por convertirla en objetivo del aparato que había investigado. San Miguel, nacida en Caracas en 1966 y con nacionalidad venezolana y española, había mantenido también una posición firme sobre el Esequibo: antes de su detención defendió la continuidad de la reclamación venezolana ante la Corte Internacional de Justicia, en contradicción con el llamado gubernamental de la época. Control Ciudadano y su directora fueron sometidos durante años a campañas de hostigamiento y difamación, mientras la CIDH mantenía una medida cautelar de protección a su favor.
El 9 de febrero de 2024 fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía. Pasó diez días incomunicada antes de que se confirmara su reclusión en El Helicoide y la Fiscalía la acusó de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. Recuperó la libertad en enero de 2026 y fue trasladada a España junto con otros ciudadanos españoles. Regresó a Venezuela en mayo, cuando la situación política del país ya había cambiado, para reclamar el cierre de la causa penal. El 1 de octubre de 2026, un tribunal venezolano la absolvió. Después de casi dos años, San Miguel quedó absuelta de una causa penal en la que su trabajo de investigación sobre el poder militar fue utilizado como fundamento de la acusación.
—Tengo sentencia definitivamente firme que me absuelve de los seis delitos por los cuales me encontraba procesada: intento de magnicidio al presidente de la república, intento de magnicidio al gobernador del estado Táchira, terrorismo, traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir. Con la sentencia emitida en la madrugada del primero al dos de octubre, quedo absuelta de todos los cargos en mi contra y soy declarada completamente inocente. Es importante señalar que esta sentencia absolutoria fue a petición de la propia Fiscalía General de la República, con lo cual, a mi modo de ver, hay una rectificación importante por parte del Estado.
—¿Una rectificación o es parte de la plasticidad del régimen que hace cosas que están dentro de juego de tres bandas del gobierno siempre? ¿Evidencia un cambio real en Venezuela?
—En mi caso concreto, Rocío San Miguel, hay una rectificación, sobre todo tomando en cuenta que el Ministerio Público había pedido 30 años de prisión en mi contra. Si se replica en otros casos, yo creo que será mucho más profundo comprender la rectificación del Estado. Existe la oportunidad en este momento de replicar situaciones parecidas a la sentencia en favor de Rocío San Miguel con respecto a otros casos. Hay casos que se encuentran en etapa ante un juez de control y lo procedente para cerrarlo es un sobreseimiento o una nulidad de las actuaciones realizadas. Cuando los casos ya están en juicio, como el mío, lo que procede es aplicar la ley de amnistía o una sentencia absolutoria. Mi caso es emblemático porque hay un reconocimiento del error del Estado. En un primer momento la fiscalía imputa, la fiscalía acusa, la fiscalía lleva adelante un juicio y finalmente, cuando llega el último día, pide la absolución y el juez acoge el criterio de la fiscalía.
—Eso es lo más parecido a una orden para empezar y otra para terminar.
—Sin duda estamos en un nuevo momento político, como ha sido definida por el propio chavismo la situación actual, y en este nuevo momento político que algunos han llamado una transición ocurren decisiones que tienen que ver con la liberación de presos políticos. Ha ocurrido en muchísimos procesos y hubo una intermediación de gobiernos, de organismos internacionales, pedimentos de organizaciones de derechos humanos. Una diplomacia humanitaria orientada a la búsqueda de la libertad de los defensores de derechos humanos y de muchos otros presos políticos.
—¿Y en la intermediación estuvo Zapatero?
—He reconocido públicamente que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha intermediado. En mi caso, a partir del año 2025 por razones de salud. Zapatero intervino para que a mí me operaran en dos ocasiones, estando en prisión. Zapatero estuvo a punto de venir a buscarme a Venezuela en el mes de agosto del año pasado. Lamentablemente, Maduro se negó. Zapatero medió para que mi libertad fuera la primera tras la salida de Maduro. Yo tengo la boleta de excarcelación 001 del año 2026. Además, hay una circunstancia familiar importante en la que intervino Zapatero: montar en el avión a mi hermano, que se enfermó durante el proceso y tenía prohibición de salida del país.
—¿Tienes dos hermanos o uno solo?
— No, nosotros éramos cinco hermanos, uno falleció en el año 2022. Mi hermano Miguel Ángel, el segundo de los hermanos mayores, fue apresado en 2025 con toda mi familia. Tenía diez días de haber llegado a Venezuela de visita y quedó atrapado en este proceso. No pudo regresar a España, perdió su trabajo, su vivienda alquilada y no solamente eso, sino que también se enfermó: le dio cáncer. El juez de control nunca le permitió que usara su seguridad social en España y eso significó un agravamiento de su enfermedad. Tenía linfoma de Hodgkins. Zapatero intervino en las 48 horas en que se negoció mi salida para que mi hermano pudiera también salir. Yo salí del Helicoide a la Embajada de España y de ahí al aeropuerto de Maiquetía. Yo llegué a España el 9 de enero con mi hermano sumamente enfermo para ingresarlo a un hospital de la sanidad española. Estuvimos cinco meses intentando su recuperación. No me cabe la menor duda de que hoy mi hermano estaría vivo si el juez de control hubiese permitido la salida en el año 2025.
—Rocío San Miguel tiene que reclamarle al Estado venezolano y ser indemnizada. Eso no pasó por casualidad. Hay unos culpables.
—El daño, la pérdida de una vida, el daño moral, el daño profesional, el daño hecho a mi familia, el tiempo arrebatado, es irreparable. Mi prioridad no es una retribución financiera sino la plena la normalización de mi vida. Yo tengo una lucha de 14 años ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos con una sentencia que ganamos en el año 2018 por la aplicación de la lista Tascón. El Estado está condenado a través de una sentencia a indemnizarme. No ha ocurrido. La reparación no está en mis prioridades. En esta etapa quiero sanar y quiero retratarme con lo mío.
—Pero la justicia también es importante.
—Sin duda. En materia de derechos humanos, la verdad es un apoyo sustantivo básico. Con la sentencia de absolución ha empezado a saberse la verdad. Es la justicia material, la sentencia me absuelve de todas las acusaciones. Tiene un factor de reparación y es posible que en el futuro lo haya respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Venezuela. No solo en contra de Rocío San Miguel, sino de miles de personas que han sido asesinadas, privadas de libertad, desaparecidas, torturadas. Otro componente importante es la no repetición. En esta etapa de mi vida quiero enfocarme en la utilidad que mi experiencia pueda servir para la no repetición. Deseo aportar todo lo que sea necesario para las reformas institucionales que tienen que avanzar. No quiero quedarme anclada en el concepto de víctima ni quiero revictimizarme. Mi prioridad es la no repetición y adelantar una muy profunda reforma de los órganos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional.
—¿Y la justicia?
—Es fundamental, es la base del Estado de Derecho. El cumplimiento de la ley y la aplicación de la ley son una simbiosis que obliga a que exista justicia real e independiente.
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