La organización no gubernamental Foro Penal informó que, hasta el 2 de junio, en Venezuela se contabilizan 927 presos políticos, según su más reciente actualización. Esta cifra representa un aumento de cinco personas respecto al registro de la semana anterior.
De acuerdo con el informe difundido en la red social X (antes Twitter), 82 de los detenidos poseen doble nacionalidad, mientras que el total general se distribuye entre 831 hombres y 96 mujeres, incluidos 922 adultos y cinco adolescentes entre 14 y 17 años de edad. La mayoría de estas detenciones se produjeron tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral —controlado por el oficialismo— proclamó como ganador al presidente Nicolás Maduro, pese a las múltiples denuncias de fraude formuladas por sectores de la oposición.
En el grupo de detenidos figuran 758 civiles y 169 militares, lo que, según Foro Penal, refleja una creciente represión que afecta tanto a la población civil como a integrantes de la Fuerza Armada Nacional.
Desde 2014 hasta la fecha, Foro Penal ha documentado 18.409 casos de detenciones políticas en el país.
La publicación del informe coincide con nuevos señalamientos por parte del gobierno. El pasado miércoles, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, acusó a Foro Penal, junto a otras ONG como Provea, Médicos Unidos y Maracaibo Posible, de formar parte de una presunta “estructura terrorista” con supuestos planes para sabotar las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo. Cabello vinculó estas organizaciones a un plan para “atacar” embajadas y residencias diplomáticas de Colombia, España, Francia y oficinas de la ONU, basándose en información extraída de teléfonos incautados al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, detenido el pasado 23 de mayo.
Ante estas acusaciones, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, rechazó los señalamientos y denunció que las ONG venezolanas están siendo criminalizadas y estigmatizadas. “Expresamos nuestro apoyo a otras organizaciones que también han sido atacadas de forma injusta. Eso debe cesar”, declaró Romero a la agencia EFE, agregando que han elevado su reclamo ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras instancias internacionales.
Romero también exigió garantías para la integridad física de los miembros de estas organizaciones, con el fin de que puedan continuar su labor de defensa de los derechos humanos en Venezuela.
