Por Nathan Jerico García Rondón
Es más simple y más difícil de arreglar: ninguna emergencia se cierra nunca.
Va hilo sobre un análisis del Ing. @morandavid y lo que encontré al llevarlo al terreno de la norma.
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Su punto de partida es una cronología incómoda. Los siniestros socio-territoriales desde 1999:
El deslave de Vargas. Las crisis nacionales de lluvias. El Río El Limón. Las Tejerías y El Castaño. El Mocotíes. El déficit del Guri.
Y ahora el doblete sísmico del 24-J.
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Y una segunda cronología, la industrial y energética:
El derrame de El Palito y Morrocoy. La catástrofe de Amuay, con más de 55 fallecidos. La explosión de Muscar en Punta de Mata. El colapso del Sistema Eléctrico Nacional, que paralizó al país más de cinco días.
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El patrón que identifica:
Ninguno de esos eventos tuvo cierre administrativo, legal ni operativo formal.
Todos quedaron atrapados en decretos de emergencia indeterminados.
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¿Y por qué importa que una emergencia se cierre formalmente?
Porque el cierre es lo que dispara la fase siguiente.
Sin cierre no hay evaluación post-desastre formal, no hay planificación urbana, no hay reconstrucción estructural.
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La administración queda operando en contingencia perpetua, y la contingencia sustituye a la planificación con soluciones improvisadas.
Él lo llama «la trampa de la emergencia permanente», y creo que es la mejor explicación que he leído de por qué esto se repite.
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De ahí salen sus cuatro lecciones no aprendidas:
Sin ingeniería forense ni análisis de causa raíz, no se corrigen las fallas de diseño ni de mantenimiento.
Sin reordenamiento territorial, se sigue densificando sobre cuencas de riesgo histórico.
Sin gestión de integridad de activos, el sistema se vuelve hiperfrágil.
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Y su documento aclara algo que a mí me tenía confundido: las cifras de daño no se contradicen. Miden cosas distintas.
19.500 millones de dólares — Banco Mundial. Infraestructura física destruida.
37.000 millones — ONU. Suma la parálisis económica.
52.000 a 64.000 millones — PNUD. Lo que cuesta reconstruir bien.
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Esa tercera cifra casi nadie la menciona, y es la que importa.
Es el costo de reconstruir bajo estándares de resiliencia.
La diferencia entre 19.500 y 64.000 millones es, literalmente, la diferencia entre repetir y aprender.
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Ahora quiero sumar lo que vengo trabajando, porque creo que el patrón que él describe es más profundo de lo que parece.
No ocurre solo con las emergencias.
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Caso uno: la norma sismorresistente.
Venezuela tiene la COVENIN 1756-1:2019. Y es buena de verdad.
Prohíbe el piso blando — no lo penaliza, lo prohíbe.
Establece franjas de exclusión sobre trazas de falla activa.
Obliga a medir la velocidad de onda de corte del suelo.
Y obliga a instrumentar con acelerógrafos.
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Fue aprobada por FODENORCA el 22 de mayo de 2020.
Y revisando el texto, no encuentro constancia de publicación en Gaceta Oficial ni declaratoria de obligatoriedad.
Lo digo con cuidado: no lo afirmo, no lo conseguí. Si alguien tiene el número de Gaceta, que lo publique.
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Porque si no la tiene, en la práctica sigue rigiendo la edición de 2001, donde el piso blando solo se penalizaba con un factor.
El instrumento existe. El paso jurídico que lo vuelve obligatorio, no.
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Caso dos: la microzonificación de Caracas.
FUNVISIS la ejecutó entre 2005 y 2009. Trabajo de primer nivel.
La ordenanza municipal que la convirtió en requisito para dar un permiso llegó en 2018.
Nueve años. Y para un solo municipio.
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Caso tres, y es de este mismo mes.
El 7 de julio la Comisión Presidencial anunció que las edificaciones amarillas y rojas entrarían en evaluación profunda, y que se establecerían «en los próximos días» los lineamientos de reforzamiento y reconstrucción.
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Los lineamientos de reparación de mampostería sí salieron. Revisión 4 el 23 de julio, seis ingenieros, excelente documento. Reconocimiento a ese comité.
Pero cubren las paredes. Excluyen expresamente el concreto armado y todo reforzamiento estructural.
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Los de estructura fueron anunciados hace un mes y no los encuentro publicados.
Y de 41.624 viviendas evaluadas: 25.325 verdes, 9.866 amarillas y 6.433 rojas.
Son esas 6.433 las que dependen de ellos.
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Caso cuatro, y es el que más me impresionó.
Los Derechos de Edificabilidad Transferibles que propone David —para que el propietario en zona no edificable no pierda su patrimonio— ya se habían diseñado en Venezuela.
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La Autoridad Única del Estado Vargas los concibió en el año 2000, con otro nombre: un Banco de Derechos Inmobiliarios, con títulos canjeables por unidades equivalentes.
Doscientos profesionales, con la UCV, la USB, la UNIMET y cooperación de Harvard.
Nunca se implementó.
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Cuatro casos. Un solo patrón:
Venezuela produce el instrumento técnico y no da el paso jurídico que lo hace obligatorio.
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Y ahí está la conexión con lo que plantea David.
La emergencia no se cierra. La norma no se promulga. El estudio no se ordena. El instrumento no se implementa.
Es el mismo gesto, repetido en cuatro planos distintos.
No falta conocimiento. Falta el acto que lo vuelve vinculante.
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Ahora lo constructivo, porque su propuesta de salida me parece la correcta.
Se llama reajuste de suelos. Y su lógica, citando el manual del Banco Mundial, es esta:
«El suelo fragmentado y destruido es un pasivo. El suelo consolidado bajo un Master Plan se convierte en el motor financiero de su propia reconstrucción.»
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El mecanismo: los propietarios aportan su suelo a un fideicomiso, se consolidan macroparcelas, se define qué zonas no son edificables, y se planifica el conjunto.
El que quedó en zona de riesgo no pierde nada: recibe derechos usables o vendibles en las áreas de desarrollo.
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Y el que no quiere esperar tampoco queda atrapado: bono de salida ordenada a tres años, o capitalizar y recibir metros construidos.
El fideicomiso lo plantea a 50 años, para aislar el plan de los ciclos administrativos.
La continuidad se blinda por contrato, no por voluntad.
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Pero ese mecanismo necesita una cosa para funcionar:
Definir qué zonas no son edificables no se hace por criterio ni por mapa general.
Se hace con microzonificación sísmica.
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Y ahí hay una buena noticia: el proyecto ya existe.
Hay una propuesta formal para la Microzonificación Sísmica del estado La Guaira, con FUNVISIS, las universidades nacionales y cooperación internacional.
Dos millones de dólares. Nueve meses.
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Súmenle el millón de dólares que David presupuesta para la ingeniería forense en Vargas, con universidades nacionales, LiDAR y ensayos no destructivos.
Su argumento es el que faltaba, y es financiero:
Sin diagnóstico no hay inversión.
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Tres millones de dólares por los dos estudios que fundamentan todo lo demás.
Contra los 19.500 millones de daño físico directo, eso es el 0,015%.
Y sin ellos, los 52.000 millones de la reconstrucción se gastan a ciegas.
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Un ejemplo de por qué esto no es teórico.
En Playa Grande hay unas 120 edificaciones en propiedad horizontal sobre 700.000 m². Cuarenta colapsaron; ochenta siguen de pie y están vacías.
Es exactamente el escenario del reajuste de suelos.
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Pero para calcular una sola macroparcela hay que saber qué altura permite ese suelo.
Y eso hoy no se sabe.
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Y hay una pieza más, ya en movimiento: se retiran dos millones de toneladas de escombros, y cerca del 60% es reciclable.
Eso puede ser base vial, relleno portuario, y el material con que se conforman los parques en las zonas que la microzonificación declare no edificables.
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Porque cuando se decida que en un sitio no se vuelve a construir vivienda, ese sitio tiene que convertirse en algo.
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Sumando todo, tres cosas concretas:
Una. Financiar los dos estudios: microzonificación e ingeniería forense. Tres millones de dólares.
Dos. Publicar los lineamientos de reforzamiento estructural. Son 6.433 edificaciones esperando.
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Tres, y la más importante: dar el paso jurídico.
Que la norma sea obligatoria. Que la microzonificación sea vinculante por ordenanza. Que el instrumento de derechos transferibles exista en la ley.
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Porque la diferencia entre repetir y aprender, en este país, no ha sido técnica.
Los estudios se hicieron. Las normas se escribieron. Los instrumentos se diseñaron.
Lo que nunca llegó fue la firma que los volvía obligatorios.
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Todo el marco de la emergencia permanente, el reajuste de suelos y la ingeniería forense es de
@morandavid Vale la pena leerlo completo.
Lo mío es el lado del suelo, la norma y el territorio.
Y creo que juntos decimos lo mismo: esta vez hay que cerrar y firmar.
