Vía DDC
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) iniciará una auditoría sobre los convenios que permitieron la presencia de brigadas médicas cubanas en Honduras, tras denuncias del Colegio Médico de Honduras (CMH) y hallazgos de irregularidades administrativas y financieras, informó EFE.
Entre ellas, destaca la opacidad salarial, estimada entre 1.600 y 4.700 dólares mensuales por galeno, además de denuncias de «falsos médicos» en la brigada cubana.
El abogado del gremio, Saúl Bueso, explicó al medio 11 Noticias que «el objetivo es determinar si los pagos realizados fueron proporcionales a los servicios recibidos por la población hondureña». «El tribunal no investiga porque eso lo hacen los fiscales; va en una auditoría para establecer si el producto que recibió el pueblo hondureño fue directamente proporcional a los pagos que se hicieron», añadió.
El pasado miércoles trascendió que Honduras decidió no renovar el contrato firmado dos años atrás por Xiomara Castro, aliada de La Habana, que permitió la contratación de médicos cubanos bajo el control del Gobierno de la Isla en el país centroamericano. A propósito de la decisión, el secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta, dijo al canal local HCH que «la salida de los médicos cubanos es una decisión de política exterior» debido a las irregularidades encontradas en su contratación.
Incumplimiento de condiciones y falta de transparencia
Argueta señaló que los médicos cubanos deberán abandonar Honduras por incumplir las condiciones para su permanencia. El funcionario afirmó que los médicos «operaron en territorio hondureño durante más de un año… superando el límite de temporalidad fijado». Además, «nunca presentaron sus certificados profesionales ante el organismo médico nacional».
El caso abrió un debate sobre transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos, ya que los convenios se hicieron públicos después de cuatro años de vigencia. Según Bueso, «ha sido una lástima que el convenio lo hayamos conocido después de cuatro años de gobierno, cuando eso debió conocerse de inmediato porque estamos hablando de transparencia».
El diputado Carlos Umaña, del Partido Liberal de Honduras (PLH), también denunció irregularidades en la acreditación de personal: «Se va desenmarañando la madeja de cómo fue la relación entre el Gobierno de Cuba y el gobierno pasado. Nunca llegaron a presentar los papeles al CMH y hoy vemos por qué: hicieron pasar como médicos a personas que no tenían nada que ver«.
Presencia de personal no médico y reorientación de recursos
Una revisión interna de la Secretaría de Salud (SESAL) detectó que, entre los colaboradores anunciados como parte de la brigada sanitaria, había al menos dos electricistas, dos comunicadores y un economista, además del personal médico oficialmente presentado. El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, afirmó: «Se identificó que no todos los integrantes pertenecían al área médica especializada».
El funcionario defendió la terminación desde una perspectiva financiera y técnica, en tanto que los profesionales salientes serán reemplazados por sus pares hondureños, lo que contribuirá a la generación de empleo y a fortalecer el control administrativo dentro del sistema de salud”.
Midence indicó que, además de la contratación de médicos generales, especialistas, enfermeras, técnicos en enfermería y otros profesionales hondureños, el presupuesto antes destinado a los médicos cubanos se empleará en la compra de equipamiento, medicamentos e infraestructura hospitalaria.
«Esto es aritmética simple: son 172 colaboradores de esa brigada médica cubana; se les daba un estipendio de 1.600 dólares mensuales; multiplicándolo por 12 (meses) y al cambio, son 95 millones de lempiras anuales; ese es el ahorro que tendremos y que será invertido en la contratación de médicos hondureños, especialistas hondureños», dijo en entrevista al canal local de noticias HCH. El monto equivale a más de 3,3 millones de dólares. No obstante, puede ser más.
Más irregularidades
María Antonieta Mejía, designada presidencial, detalló que en la Junta de Previsión y Asistencia Social del Magisterio Nacional (INJUPEM) se contabilizaron 59 médicos cubanos, con pagos que superaron los seis millones de lempiras. «Más o menos andaban por un salario de 124 mil lempiras; es lo que logramos detectar, pero seguimos indagando», declaró. De acuerdo con la tasa de cambio actual, se trata de 4.700 dólares al mes y de 3.327.600 dólares al año. Según cálculos de DIARIO DE CUBA, este nuevo hallazgo podría incrementar los pagos salariales anuales a cerca de 5,5 millones de dólares si se suman los salarios de los otros 113 médicos, de 1.600 dólares mensuales.
La revisión encontró, además, que gran parte de la documentación de respaldo ha sido borrada o destruida. Mejía aseguró que se ha solicitado a las empresas vinculadas a los contratos que presenten los documentos originales y copias para validar los pagos realizados.
Otro inconveniente fue la retirada inmediata de la brigada médica, a pesar de que el acuerdo establecía un período de transición de 90 días para reorganizar la prestación de los servicios. «Ese proceso no se cumplió por parte de la misión extranjera», señaló el subsecretario de Salud. «Estamos un poco tristes porque, a partir de una comunicación verbal, estos colaboradores abandonaron sus puestos y cerraron de manera unilateral los centros de oftalmología», explicó.
El retiro súbito por la parte cubana generó retrasos en la atención de pacientes, obligando a la autoridad sanitaria a activar un plan de contingencia para redistribuir personal y acelerar la contratación de profesionales nacionales, con el objetivo de mantener la cobertura médica mientras se reorganizan los servicios.
Al menos ocho países han iniciado el cierre de misiones médicas cubanas desde 2025 hasta la actualidad o han reajustado sus convenios con la Isla. Entre los más recientes están Guatemala, que comenzó un retiro gradual de su brigada cubana; Antigua y Barbuda cerró su acuerdo de cooperación médica en diciembre de 2025; y otros, como Guyana y San Vicente y las Granadinas, lo cual refleja una tendencia regional y global de reevaluación de estos programas ante cuestionamientos sobre transparencia, advertencias de sanciones internacionales y condiciones laborales señaladas como trabajo forzado.
