Vía Libertad Digital
El terremoto que golpeó Venezuela el pasado 24 de junio ha dejado una devastación de dimensiones históricas. El último balance oficial habla ya de más de 5.500 fallecidos, 16.700 heridos y más de 850 edificios afectados, de los cuales unos 200 han colapsado completamente. Con todo, los números que comunica Caracas se quedan cortos en comparación con estimaciones independientes que identifican miles de fallecimientos adicionales o de desapariciones que siguen sin resolverse.
Con todo, mientras avanzan las inspecciones técnicas y la ciudadanía intenta rehacer su vida en medio del caos, la discusión empieza a desplazarse desde la magnitud del terremoto hacia la calidad de las construcciones afectadas. En este sentido, son muchos quienes se preguntan por qué determinados edificios resistieron, mientras otros se desplomaron. Esta cuestión resulta especialmente incómoda para el régimen de Nicolás Maduro, puesto que afecta directamente a uno de los proyectos políticos más emblemáticos del régimen, conocido como la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), un gigantesco programa de vivienda pública lanzado por Hugo Chávez en 2011.
Según cifras oficiales, el Gobierno asegura haber entregado 4,6 millones de viviendas, cifras que han sido cuestionadas repetidamente por los medios de comunicación independientes que han revisado la veracidad de estos datos. Además, el programa ha estado rodeado durante años de denuncias por corrupción, opacidad, ausencia de auditorías y controles o deficiencias constructivas.
«Los terremotos no entienden de ideologías»
Precisamente sobre estas cuestiones se ha pronunciado el arquitecto venezolano Enrique Larrañaga en una entrevista concedida al Instituto Cato. A su juicio, «el terremoto ha actuado como una inmensa prueba de resistencia para el modelo habitacional construido por el chavismo». Según anotó, «los terremotos no distinguen entre ideologías; ponen a prueba los materiales, los cálculos y las instituciones», explica el experto, quien sostiene que la catástrofe ha permitido comparar, bajo exactamente las mismas condiciones, edificios promovidos por el Estado con promociones desarrolladas por la iniciativa privada.
La diferencia, según Larrañaga, «no reside en que el sector privado disponga de una tecnología distinta, sino en los incentivos bajo los que opera. Un promotor privado responde ante compradores, bancos, aseguradoras, arquitectos, ingenieros, peritos y tribunales. Si un edificio presenta defectos estructurales, alguien asume responsabilidades económicas, civiles e incluso penales. En cambio, cuando el Estado concentra simultáneamente las funciones de promotor, financiador, adjudicador, supervisor y evaluador de una obra, muchos de esos mecanismos desaparecen». El resultado es que la presión política por anunciar viviendas terminadas puede acabar desplazando el objetivo esencial: construir edificios de calidad, capaces de permanecer en pie durante décadas.
No es una crítica nueva. Desde hace años, el Colegio de Ingenieros de Venezuela viene denunciando la imposibilidad de acceder a los cálculos estructurales de numerosos edificios de la Gran Misión Vivienda. Su entonces presidente, Enzo Betancourt, llegó a afirmar que «los proyectos son prácticamente un ‘secreto de Estado'». En la misma línea, grupos investigadores de la Universidad Central de Venezuela denunciaron igualmente que no podían realizar inspecciones independientes ni verificar los estudios geotécnicos empleados en muchas promociones. Transparencia Venezuela también alertó de que numerosos desarrollos fueron ejecutados sin que existiera información pública sobre los materiales utilizados, las licitaciones, los estudios de riesgo o los controles de calidad aplicados durante la construcción.
Las advertencias tampoco se han limitado a cuestiones burocráticas. Ya en 2013 comenzaron a documentarse grietas, filtraciones, desprendimientos de revestimientos y problemas estructurales en complejos emblemáticos como Ciudad Caribia, uno de los proyectos estrella de la revolución bolivariana. Además, en el año 2017, tras un terremoto de magnitud 4,5 en el estado Vargas, varios edificios de la Gran Misión Vivienda presentaron nuevas grietas que obligaron a evacuar a parte de sus residentes. Aquellos episodios fueron interpretados entonces como incidencias aisladas.
Hoy, tras el devastador terremoto de 2026, las críticas pasadas adquieren una dimensión completamente distinta. Al respecto, Larrañaga sostiene que buena parte del problema deriva de haber convertido la política de vivienda en un instrumento de propaganda. «Cuando la prioridad pasa a ser inaugurar viviendas y cumplir metas políticas, la calidad termina pagando el precio», resume. En aspectos como los trabajos de construcción antisísmica, hay cuestiones que marcan enormes diferencias: la resistencia del hormigón, la correcta colocación de las armaduras de acero, las uniones entre vigas y columnas, el cumplimiento efectivo de los planos estructurales o la calidad de las cimentaciones. Ninguno de esos puntos resulta visible el día de una inauguración, pero todos se vuelven decisivos cuando la tierra empieza a temblar.
El contraste entre los edificios caídos, muchos de ellos desarrollados por el Estado, y el aguante de los inmuebles impulsados en épocas anteriores en que las promociones privadas eran la norma, constituye precisamente uno de los aspectos que más destaca el arquitecto venezolano. Según explica, numerosos edificios promovidos por empresas privadas resistieron considerablemente mejor el seísmo porque fueron construidos bajo un sistema donde la reputación, la financiación bancaria, los seguros y la responsabilidad jurídica obligan a respetar estándares técnicos mucho más estrictos. «El mercado castiga los errores constructivos; el Estado suele ocultarlos», concluye Larrañaga al explicar por qué muchas deficiencias permanecen invisibles hasta que un desastre natural termina sacándolas a la luz.
La reconstrucción de Venezuela exigirá miles de millones de dólares y probablemente más de un lustro de trabajos, en el mejor de los casos. Sin embargo, el verdadero desafío no consiste únicamente en levantar nuevos edificios, sino en reconstruir las instituciones privadas encargadas de diseñarlos, supervisarlos y mantenerlos de forma competente. Al fin y al cabo, los terremotos son inevitables; lo que sí depende de las decisiones humanas es cuántos edificios resisten, cuántos colapsan y cuántas vidas quedan sepultadas bajo sus escombros.
El caso de República Dominicana y Haití
El caso venezolano recuerda inevitablemente otra comparación histórica. Haití y República Dominicana comparten la misma isla de La Española, se encuentran sobre sistemas de fallas muy similares y están expuestos a riesgos sísmicos comparables. Sin embargo, cuando el devastador terremoto de magnitud 7,0 sacudió Haití en enero de 2010, el resultado fue una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente: entre 200.000 y 300.000 fallecidos, más de un millón de desplazados y cerca de la mitad de las edificaciones del área metropolitana de Puerto Príncipe dañadas o destruidas.
En la vecina República Dominicana, situada apenas unos cientos de kilómetros al este y sometida a una amenaza geológica semejante, el impacto fue incomparablemente menor. Numerosos estudios académicos concluyen que la diferencia no estuvo en la tectónica, sino en la calidad de las instituciones, la fortaleza de la economía, la aplicación de códigos de construcción y la capacidad del Estado y del sector privado para hacerlos cumplir.
Esa es, probablemente, la principal enseñanza que deja también el terremoto venezolano. La naturaleza desencadena el seísmo, pero son las instituciones las que determinan cuántos edificios permanecen en pie y cuántas vidas se pierden. Allí donde existen derechos de propiedad sólidos, promotores que responden ante compradores, bancos y aseguradoras, normas técnicas exigentes y mercados capaces de premiar la calidad y castigar los errores, las ciudades se vuelven mucho más resilientes.
Allí donde la vivienda se convierte en un instrumento de propaganda política, desaparecen los incentivos para construir mejor y los fallos permanecen ocultos hasta que la tierra tiembla. En ese sentido, el terremoto de Venezuela no sólo ha medido la resistencia del hormigón: también ha sometido a examen dos modelos de organización económica y ha recordado cuál de ellos protege mejor el patrimonio y, sobre todo, la vida de las personas.
