La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) continuará investigando al gobierno de Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad, lo que posibilitaría que se establezcan responsabilidades “específicas” e «individuales» de los hechos, señalaron expertos en derechos humanos.
Por: Carolina Alcalde – La Voz de América
El martes, la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación, argumentando que el Estado venezolano “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos” que puedan constituir crímenes de lesa humanidad.
La fiscalía de la CPI anunció en 2021 que abriría la investigación. El gobierno de Nicolás Maduro solicitó un aplazamiento, pero a finales del año pasado, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para continuarla.
Reanudar las investigaciones también implica que las víctimas de nuevos casos puedan mandar información a la CPI, señaló Ali Daniels, profesor de derecho internacional humanitario y codirector de Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de derecho en Venezuela.
“La fiscalía puede procesar esos nuevos casos y puede recabar información y pruebas. En el futuro, la fiscalía podrá presentar casos concretos con nombre y apellido de posibles perpetradores”, detalló a la Voz de América.
Además, Daniels subraya la importancia de la decisión debido a que «ya no son las ONG las que dicen que en Venezuela no hay justicia, sino la Sala de Cuestiones Preliminares».
Alfredo Romero, director y presidente del Foro Penal, una ONG que brinda asistencia a detenidos de manera arbitraria y sus familiares, dijo que la decisión se traduce en una “victoria” para las víctimas.
Si bien se trata de un proceso para el que no hay un tiempo establecido, en lo adelante se comienza “formalmente a colectar evidencia y testimonios” para que se lleve a cabo un proceso judicial en el que se determinen responsabilidades específicas, apuntó Romero.
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