Por Ramón Cardozo en DW

Defensores de derechos humanos en Venezuela califican las escuchas telefónicas como parte de una política de vigilancia masiva del Estado sobre los ciudadanos.

El 22 de junio pasado, la ONG venezolana «Ve Sin Filtro” denunció, con base en el «Informe de Transparencia en las Comunicaciones 2021” de la empresa Telefónica, «el uso indiscriminado y masivo de la interceptación de las comunicaciones de los venezolanos suscriptores de esa operadora, por orden de los organismos de seguridad”.

Telefónica, casa matriz de Movistar, opera en Venezuela desde el año 2005. Con el 49.83% del mercado y con aproximadamente 8 millones de líneas en uso, Telefónica (Movistar) es la más grande de las empresas que prestan servicios de telefonía móvil en el país, según el reporte del año 2020 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

Desde el 2015, Telefónica ha venido publicando anualmente un informe titulado «Transparencia en las Comunicaciones”. Hasta la fecha ha publicado siete informes. De acuerdo con el último, durante el año 2021, Telefónica realizó 1.584.547 intercepciones en sus líneas telefónicas de Venezuela, lo cual afectó a alrededor de un 20% de sus accesos (clientes) en el país. Estas intervenciones telefónicas respondieron a 861.004 requerimientos de autoridades del gobierno venezolano (Ministerio Publico; Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas; Servicio Bolivariano de Inteligencia; cuerpos de policía; Universidad Nacional Experimental de la Seguridad).

La cifra de un 20% de accesos afectados (clientes) en Venezuela es sorprendentemente alta si se observa que durante el mismo año en el resto de los otros países donde Telefónica presta este tipo de servicios (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Reino Unido y Uruguay) las intervenciones legales realizadas por la empresa no llegaron en ningún caso al 0,3% de sus accesos (clientes) de esos países, de acuerdo con los cálculos realizados por «Ve Sin Filtro”.

Cifras en aumento

Otras cifras a tener en consideración para evaluar lo anormal de la situación venezolana, es el hecho de que el número de requerimientos de intervenciones telefónicas y de accesos (clientes) afectados se ha venido incrementando anualmente de forma muy pronunciada desde el año 2013 (reportado en el informe del 2016), hasta el 2021, año del último informe.

Entre los años 2013 y 2021, Telefónica recibió en Venezuela las siguientes cantidades de requerimientos de Interceptaciones telefónicas por año: 186.659 (2013); 235.201 (2014); 339.646 (2015) 380.250 (2016); 234.932 (2017); 639.911 (2018); 651.446 (2019); 736.498 (2020); y 861.004 (2021). Los requerimientos a Telefónica, por tanto, se multiplicaron casi por cinco entre el 2013 y el 2021. En total, durante ese periodo de tiempo Telefónica recibió y procesó 4.265.547 requerimientos de Interceptaciones telefónicas de parte de las autoridades venezolanas.

Respecto al número de accesos (clientes) afectados por las referidas solicitudes durante ese periodo, los informes de Telefónica solo reportan cifras para Venezuela a partir del 2016.  Sin embargo, los datos son igualmente alarmantes. Entre los años 2016 y 2021, las intervenciones a las comunicaciones realizadas por Telefónica afectaron por año al siguiente número de accesos (clientes):  418.960 (2016); 234.932 (2017); 1.091.668 (2018); 1.212.732 (2019); 1.401.311 (2020); y 1.584.547 (2021). Se puede observar que entre el 2016 y el 2021, el número de accesos (clientes) afectados casi se cuadruplicó. En total durante esos seis años, Telefónica afectó 5.944.150 accesos (clientes) en Venezuela. 

Estas cifras aquí referidas son solo una parte del uso masivo de las intervenciones de las comunicaciones en Venezuela, ya que ellas solo corresponden a las «Interceptaciones legales” que realizó Telefónica, empresa que opera el 50% de las líneas de teléfonos celulares en el país. Respecto al otro 50%, las empresas Digitel y Telcel, cada una con un 25% del mercado, no se tiene datos ya que estas empresas nunca han suministrado este tipo de información. Telcel es una empresa del Estado venezolano. No existe razón, sin embargo, para presumir que en este restante 50% la situación haya sido muy diferente a la de Telefónica.

La comparación entre las elevadas cifras de Interceptaciones telefónicas en Venezuela (20%) y las muy bajas cifras de países similares de la región, como Brasil (0,28%); Argentina (0,05%); Chile (0,05%) o Colombia (0,00%), hace inadmisible que se pretenda justificar todo ese volumen de intervenciones telefónicas como un recurso legal para el combate de la delincuencia en el país. De allí que múltiples defensores de derechos humanos en Venezuela han calificado estas intervenciones como parte de una política de vigilancia masiva del Estado sobre los ciudadanos.

Interceptación de comunicaciones personales en entornos no democráticos

Para los ciudadanos venezolanos, esta sistemática y desmesurada intervención del gobierno en su vida privada se agrava por la ausencia en el país de un verdadero Estado de derecho, tal como ha sido constatado y reflejado desde hace varios años en los informes de organismos internacionales y nacionales sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

La Constitución venezolana, en su artículo 48, garantiza «el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas” y establece que «no podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso”. E igualmente, en su art. 60, el texto constitucional afirma que «toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación”. Sin embargo, en la práctica son muchos los venezolanos que se han visto en situación de total indefensión frente al escarnio público y/o a procesos judiciales a consecuencia de intervenciones arbitrarias, muchas de ellas ilegales, de sus comunicaciones personales. 

Por ejemplo, «en el año 2020 se registraron 16 casos de detenciones arbitrarias por la difusión de contenidos a través de WhatsApp. La crítica política, denuncias sociales, información sobre altos funcionarios, denuncias sobre presuntos hechos de corrupción, la difusión de convocatorias para protestar, o la mera circulación de información por parte de periodistas fueron parte de los contenidos que llevaron a las encarcelaciones”, según se señala en el informe «Privacidad y datos personales en Venezuela” (2022) de la ONG «Espacio Público”.

José Vicente Haro, constitucionalista y profesor de derecho de la Universidad Central de Venezuela, señala que en su experiencia como abogado defensor de derechos humanos ha visto en los últimos años cómo en Venezuela se realiza con mucha frecuencia la detención de personas con base en escuchas ilegales: «De los 337 casos de detenciones arbitrarias donde actué como abogado defensor, el 67% de ellas estaban basadas en la intercepción de comunicaciones privadas sin autorización judicial para el momento en el que se produjo la detención. La gran mayoría de estas personas eran simples ciudadanos, muchos estudiantes y, algunos, menores de edad, a los cuales se les pretendió atribuir y acusar de cometer delitos contra el Estado, no obstante estar en ejercicio de sus derechos a la manifestación y libertad de expresión al sumarse a las protestas en contra del gobierno”.

Por su parte, Rocío San Miguel, abogada venezolana experta en temas militares y fundadora de la ONG Control Ciudadano, advierte que otro elemento que agudiza la orfandad de los ciudadanos frente a la invasión de su privacidad por parte del Estado venezolano es la total desregulación que caracteriza al Sistema Nacional de Inteligencia y de Contrainteligencia del país: «El Sistema Nacional de inteligencia y de contrainteligencia está completamente desregularizado. Es decir, no hay una norma rectora, tal como lo exige la Constitución, que establezca las reglas del funcionamiento del Sistema, sus límites y los controles democráticos a los que debe estar sometida su actuación. La actual desregulación del Sistema de inteligencia le otorga una gran discrecionalidad a los órganos que realizan estas labores, generándose perversiones que atentan contra los derechos humanos de los venezolanos”.

Para San Miguel, «una característica que tienen buena parte de las escuchas en Venezuela es que no solo son masivas, sino que se convierten en indeterminadas en el tiempo y el uso que se le da a la información termina siendo discrecional”.En este contexto, la sociedad entera se siente bajo permanente sospecha. Por ello, concluye San Miguel,»la sensación de indefensión y de vulnerabilidad de los ciudadanos es muy fuerte y produce un efecto social enorme, un daño antropológico. El ciudadano que se siente vigilado y bajo sospecha termina encerrándose en sí mismo, evitando en lo posible opinar y participar en los asuntos de la vida pública del país. Y es a este objetivo hacia donde realmente apuntan este tipo de mecanismos”. 

Ramón Cardozo en abogado venezolano, con Maestría en Ciencias Polítcias de la USB. Es profesor universitario y columnista