El caricaturista político más destacado de Rusia, Sergei Elkin, anunció el miércoles que había dejado Rusia en medio de una campaña de represión contra el periodismo durante la guerra. Ahora está en Bulgaria.
A lo largo de los años, Elkin ha satirizado a políticos, empresarios y élites internacionales en los medios de comunicación de todo el mundo, incluido The Moscow Times, que publicó su serie, «Putin’s Russia» en forma impresa y en línea.
Las nuevas leyes aprobadas después de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero estipulan que cualquier persona declarada culpable de difundir «noticias falsas» puede enfrentar hasta 15 años de prisión.
“Me fui de Rusia. El guardia fronterizo no quería dejarme ir como Lao Tse”, escribió en Facebook. “Pero ahora estoy en Bulgaria. El futuro no está claro».
El Moscow Times celebra el trabajo de Elkin compartiendo algunas de las caricaturas que creó para el periódico a lo largo de los años.
Cuando el periódico se quedó sin contenido para llenar sus páginas, Elkin intentó dibujar caricaturas políticas.
Ha nombrado como influencias a Mikhail Zlatkovsky y Viktor Bogorad, quien ha dibujado para las páginas de opinión de The Moscow Times
Produce sus caricaturas en una computadora con la ayuda de un bloc de dibujo computarizado.
«Su tema más frecuente es Putin, cuyo rostro ha dibujado hasta el punto del aburrimiento», escribió The Moscow Times sobre Elkin en 2014.
«Tienes que retratar a este hombre que ha estudiado judo… que se ha encontrado con la filosofía japonesa; su rostro no debe reflejar emociones», dijo Elkin. «Necesitas mostrar a un hombre con una apariencia y expresión íntegra, que al mismo tiempo esté internamente preparado para todo tipo de medidas serias y duras».
«Es difícil… necesitas encontrar algo que no se burle de los sentimientos de las personas», dijo Elkin sobre sus ilustraciones.
Elkin también describió temas relacionados con la lucha por proteger los ecosistemas de Rusia.
Burlándose de la dependencia económica de Rusia de sus exportaciones de gas natural, particularmente a Europa.
El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, a través de la lente de un caricaturista.
Por morfema.press
El alcalde metropolitano de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma, escribió una carta publica al presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, donde le recuerda que la crisis humanitaria que viven los venezolanos no es consecuencia de las sanciones aplicadas contra el régimen de Nicolás Maduro. Aunque la carta esta firmada por Antonio Ledezma en ella se plantea claramente la cruda realidad del país y queda abierta para que la firmen todos aquellos venezolanos y venezolanas a quienes les duela y sientan a Venezuela como suya. A continuación la carta:
Sr. Joe Biden
Presidente de los Estados Unidos de América
y demás miembros de la administración Federal:
Nos dirigimos a usted con respeto y consideración, en esta circunstancia en la que estimamos una imperiosa obligación de nuestra parte hacer publica nuestra preocupación sobre los riesgos de qué instituciones de EEUU terminen apañando a uno de los regímenes más criminales que ha conocido la historia de la humanidad, “LA TIRANÍA VENEZOLANA”, enquistada desde hace 23 años en el hemisferio occidental, en connivencia con el eje ruso, cubano, iraní y coludido con cárteles de drogas y grupos narcoguerrilleros.
Necesidades coyunturales de determinados factores pretenden convertir a las instituciones de EEUU en encubridores del asesinato a sangre fría de cientos de ciudadanos que salieron a las calles únicamente a pedir libertad y del presidio sin juicio de más de 300 venezolanos. No permita que el país paladín de los DDHH en el planeta se convierta en cómplice de estos crímenes, ya que no habrá narrativa eficaz ni suficiente propaganda pagada que sea capaz de ocultar esa realidad. Lejos de ceder ante la presión le animamos a no sucumbir ante la misma, las desgracias que se viven en Venezuela son previas a las sanciones impuestas, por lo que relajar la presión sobre la tiranía lo único que garantiza es la perpetuación de la misma junto con quienes durante años, han fingido oponerse, estos se conformarán con las migajas que los tiranos ofrezcan para su sobrevivencia política.
Las sanciones son un mecanismo hoy más pertinente y vigente en el mundo, sino veamos como se unen los más disimiles gobiernos e instituciones para sancionar severamente el genocidio acometido por Vladimir Putin en contra del pueblo ucraniano y como gracias a esas sanciones aplicadas al régimen madurista se limitó su capacidad de financiamiento impidiendo ejecutar sus planes expansionistas.
Ya no somos un Estado de Derecho sino un narco estado, por lo tanto fallido y forajido a la vez. La crisis es porque no hay seguridad jurídica, no hay separación de poderes, pero sí una descarada impunidad que le garantiza a las mafias que roban, trafican y asesinan seguir cometiendo desafueros. La sanción urgente a levantar es la que representan Maduro y sus socios. En Venezuela a diferencia de lo que ocurre en EEUU, en donde todos están sometidos al imperio de la ley, al igual que en naciones que sostienen regímenes monárquicos en donde el verdadero rey es la ley, en Venezuela dependemos no de las leyes, no del Estado de Derecho sino del estado de ánimo caprichoso de los tiranos Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro.
¿Qué tienen que ver sanciones con la crisis petrolera? No olvidemos que fue Chávez el que inicio la destrucción de PDVSA, que antes llegó a ser una de las trasnacionales más prestigiosas del mundo. Despidió a más de 22 mil trabajadores y técnicos de PDVSA, desbarató la Marina Mercante, liquidó nuestras refinerías dentro del país y las que poseíamos en Suecia, Inglaterra, Alemania, Dominicana y Cuba. Ha regalado cuantiosos cargamentos de crudo a sus socios del Foro de Sao Paulo. Por eso no hay gasolina.
¿Qué por las sanciones no se permiten importar alimentos y medicinas? Otra gran mentira. A los productores y empresarios que resisten los someten a un ambiente pleno de incertidumbres, son víctimas de esa competencia traicionera que facilita el régimen convirtiendo al país en un puerto libre o zona franca, sin que medien políticas comerciales y fiscales definidas. La verdad es que Chávez impuso, arbitrariamente, en el año 2000, una Ley de Tierras que dio lugar a todo tipo de asaltos y expropiaciones de complejos agropecuarios, invadieron millones de hectáreas, de complejos lácteos, mataderos, avícolas, porcinos y empresas de servicios eficiente como Agroisleña. La verdad es que nunca han estado prohibidas las importaciones de alimentos ni de medicinas.
La verdad es que con las políticas anacrónicas de controles de precios y de cambio liquidaron el aparato productivo del país, la caída del PIB ha sido brutal, equivalente a más de 75%, la actual inflación supera el 600%, el salario sigue siendo paupérrimo, la pobreza arropa a más del 94% de la población, mientras que más de 7 millones de venezolanos hoy son desterrados por los efectos de la tragedia humanitaria compleja que persiste, no por las sanciones, sino por los robos de los dineros destinados a mejorar el sistema eléctrico, los hospitales, los acueductos, las vías de comunicación, las escuelas y universidades. En instituciones serias de EEUU se procesan a estafadores que se enriquecieron con importaciones de alimentos, operaciones realizadas con sobrefacturaciones y sobreprecios, además de que eran bienes, en muchos casos descompuestos. El robo ha sido descomunal, se asegura que supera los 600 mil millones de dólares.
Nosotros más bien solicitamos que:
1- Se mantengan y profundicen las sanciones personalizadas contra los depredadores de los bienes públicos y contra los responsables de crimines de lesa humanidad en Venezuela, más ahora cuando la unión de Europa con América las impulsan contra la masacre que ejecuta Vladimir Putin contra Ucrania.
2- Mantener el cerco antinarcóticos.
3- Mantener las recompensas por captura de los capos del narcotráfico que usurpan poderes públicos en Venezuela.
4- Que se continúen juicios a los extraditados, responsables de insólitas estafas como Alex Saab.
5- Que se ofrezca respaldó a la fase de investigación iniciada en la Corte Penal Internacional.
6- Exigir liberación de presos políticos civiles y militares.
7- Mantener y ampliar resguardo a bienes venezolanos como inmuebles, oro, capitales financieros y empresas como Citgo.
8- Someter a investigación a los involucrados en los esquemas ilegales de bonistas basados en pautas leoninas.
9- Crear con firmeza, con el concurso de la comunidad internacional comprometida con los principios y valores democráticos, una amenaza creíble para que el régimen desaloje las instituciones que usurpan, hecho cierto que no hace posible pensar en celebrar elecciones auténticamente libres en Venezuela.
Esperando la mayor atención a estos planteamientos, nos dependimos de Ud.,
Expertos consultados dicen que deben haber nexos comerciales para fortalecer las economías locales de la frontera y reducir el contrabando y la ilegalidad
Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela han atravesado años críticos y el Gobierno de Iván Duque se ha negado a reconocer a Nicolás Maduro como el mandatario de ese país.
Alrededor del mundo, Venezuela es considerada como una dictadura y al simpatizar con Rusia solo ha empeorado la percepción global y regional, especialmente en Colombia, una de las naciones con las que limita.
A las puertas de las elecciones presidenciales, algunos candidatos aseguran que es “pragmático” restablecer los nexos con el país vecino, mientras que otros no quieren reconocer la dictadura, sobre todo si se tiene en cuenta que las disidencias de las Farc han operado en los límites de ambas naciones.
Un punto en común de casi todos los candidatos, sin embargo, es que la economía, el comercio y la calidad de vida se han visto menoscabadas por la falta de relaciones entre los países.
Según el economista Martín Jaramillo, uno de los puntos más importantes que deberá estar presente en la agenda de gobierno del próximo mandatario es el comercio. “El comercio entre los dos países no busca solo que los venezolanos nos compren lo que vendemos, sino que nos vendas lo que ellos tienen”, aseguró el experto.
Agregó que Venezuela también puede dar insumos al país para procesarlos y vender productos a países como, por ejemplo, Inglaterra.
Sobre la necesidad de la apertura legal del comercio, Jaramillo aseguró que uno de los efectos a nivel fronterizo es el contrabando y la reducción de la calidad de vida, especialmente en Cúcuta.
Raúl Ávila, docente de la Universidad Nacional, afirmó que es menester restablecer los corredores económicos que permitan el paso de bienes y mercancías.
“El tema de negociación fuerte sería el del crudo: tenemos un par de corredores para el transporte y traspaso de crudo y gas desde Venezuela a Colombia, pero su enfoque y transporte dependerá de las relaciones diplomáticas”, aseguró.
El experto añadió que los caminos del comercio dependerán de las voluntades de las dos partes porque el tema de la inseguridad necesita acompañamiento de ambos países. “En la frontera se está forjando la ilegalidad y se ha adueñado de parte del territorio”, agregó el economista.
El gobierno de Nicolás Maduro aceptó que la CPI, con sede en La Haya, abra una oficina en la capital venezolana para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad. ¿Será independiente? Tres expertos analizan el tema.
Muchos se declararon sorprendidos cuando el 3 de noviembre de 2021 el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, oficializaron la firma de un acuerdo para que la entidad con sede en La Haya investigara las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en el país sudamericano.
El proceso dio un paso más el 31 de marzo de 2022, cuando la CPI anunció que abrirá una oficina en Caracas para indagar los hechos sobre el terreno. «Es un paso muy importante, muy significativo, no es algo de cara a la galería”, dijo Khan entonces.
Además, el 16 de abril termina el plazo que la misma CPI dio al gobierno de Maduro para que demuestre que ha tomado acciones para investigar y sancionar a los responsables de posibles crímenes de lesa humanidad.
En paralelo, la CPI abrió una investigación formal a fines de 2021 por los eventuales delitos cometidos por agentes del Estado durante las protestas de 2017, donde al menos 157 personas perdieron la vida.
La apertura de la oficina en Caracas es bien recibida por expertos consultados por DW, toda vez que una indagatoria desde La Haya habría sido sumamente compleja.
«Por primera vez se abre una ventana para que las víctimas sean escuchadas y tomadas en cuenta”, dice Félix Seijas, analista y académico de la Universidad Central de Venezuela. «Es un tema increíblemente incómodo para el Gobierno de Maduro”, agrega, señalando que es probable que, en el cálculo de costo-beneficio, el Ejecutivo estimara que el daño menor era aceptar la apertura de la oficina.
Posibilidad de justicia
«No podemos ver esta decisión de aceptar la apertura de la oficina como algo aislado”, sostiene Tomás Socías, exministro de Industria y analista político.
Para él, el problema de fondo es que Maduro prevé un escenario electoral negativo, que podría poner en riesgo su reelección en 2024. «Tiene un 82 por ciento de rechazo, y hay grupos de ministros que impulsan reformas para enfrentar los problemas de gerencia en materia económica”, señala, aludiendo a informes a los que ha tenido acceso.
En esa lógica, el giro aperturista del Gobierno de Maduro, que ha llevado a Caracas a entablar conversaciones con Estados Unidos para aumentar la producción de petróleo, tendría una arista adicional en mejorar la situación de los derechos humanos en el país.
Si bien no hay claridad sobre las fechas, presupuestos y nivel del personal que será desplegado en la apertura de la oficina de la CPI en Venezuela, sí hay algunas certezas.
Carmen Alguíndigue es una de los cuatro abogados venezolanos acreditados ante la CPI, además de académica, que se ha dedicado a fondo a indagar las violaciones a los derechos humanos en su país. «No será una oficina que trabaje con una sola mano, sino que va a tener el apoyo de distintas organizaciones internacionales, que le darán los insumos que puedan tener, experticia sobre el terreno y contacto con las víctimas”, señala.
En su opinión, la oficina que se abra en la capital «debe tener un presupuesto que garantice que pueda tener un trabajo eficiente, que ofrezca una idea de que los eventuales responsables van a rendir cuentas”.
Muchas de las dudas pendientes se resolverán el día 16 de abril, cuando Venezuela finalmente responda a los requerimientos de la CPI. «Entonces tendremos una reacción del fiscal para saber cuál será el alcance de la oficina, si será de asistencia técnica o de investigación”, dice Alguíndigue.
De cualquier modo, Socías sostiene que la oficina tendrá un grado de independencia. «La apertura de la oficina no significa que habrá decisiones inmediatas en la materia. Como todo proceso burocrático, tomará su tiempo en estudiar la situación del país, en detectar exactamente los casos donde haya problemas”, explica el analista político.
Pérdidas aceptables
Por su parte, Seijas estima que habrá avances en la investigación sobre violaciones de derechos humanos y que, seguramente, el Gobierno de Maduro ha asumido que tendrá que aceptar algunas pérdidas en el proceso. «Van a avanzar algunos casos, algunas personas van a ser imputadas, algunos responsables van a ser identificados.
Seguramente hay cabezas de instituciones que están nerviosas, pero esto no va a llegar al presidente, al menos no en el corto o mediano plazo. Creo que el Ejecutivo va a hilar fino para que el proceso sea largo y caigan nombres que no causen tanto daño”, dice el académico a DW.
Para Seijas, hay que ver qué funcionarios de la CPI llegarán a Venezuela. «Qué nivel tienen, eso es importante”, señala. También habrá que vigilar cómo manejarán el escenario una vez que empiecen a surgir nombres de posibles responsables, y ver hasta qué punto el acuerdo de apertura de la oficina de la CPI permite a Venezuela juzgar los casos en sus propios tribunales. «¿Va a confiar la CPI en la Justicia venezolana? Eso hay que verlo”, sostiene.
Alguíndigue, en tanto, destaca la importancia del principio de prevención, que se activa «cuando el fiscal se traslada a Caracas y empieza a tener un rol protagónico sobre la rendición de cuentas” de posibles responsables. La experta asegura que la sola presencia de una figura con poder de condenar efectivamente provoca una disminución de los delitos.
Para ella, además, es positivo que un sistema de Justicia que ha sido usado como mecanismo de control, esté siendo sometido a estudios y se hable de reformas que permitan «reinstitucionalizarlo de forma transparente, independiente y donde la corrupción no sea un mecanismo instaurado”.
En esa misma lógica, diversas instituciones ligadas a la sociedad civil emitieron el martes 12 de abril un comunicado donde piden que se especifique el alcance que tendrá la Oficina Descentralizada de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas, además de su funcionamiento y garantías de seguridad.
Hay muchas esperanzas puestas en esta institución y nadie quiere perderla de vista.
Los medios estatales rusos eran una fuerza importante en América Latina antes de la guerra en Ucrania. Al promover contenido populista para atraer a su audiencia, son una presencia establecida, no solo en países con regímenes autoritarios.
Hechos verídicos, verdades a medias, rumores y noticias falsas mezcladas con consejos para adelgazar, deporte y farándula, presentados por periodistas: nada nuevo en el panorama mediático de muchos países, también de América Latina. Pero cuando se trata de los medios rusos Russia Today (RT) y Sputnik, la oferta informativa alberga el peligro de la desinformación, ya que ambos son considerados por expertos órganos propagandísticos del gobierno del presidente de Rusia, Vladimir Putin, hoy comandante de la invasión militar de Ucrania.
«Rusia aprovechó la realización de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2018 para irrumpir con sus medios en América Latina”, dice a DW Mario Morales, profesor de Comunicación Social de la Universidad Javeriana de Colombia. Así, «Moscú usó un evento aparentemente despojado de ideología, para presentar a RT como alternativa no contaminada de propaganda política o de intereses ideológicos o gobiernistas”, agrega el analista, quien reconoce que RT no solo ha logrado un «grado de penetración, sino también de fidelización” en América Latina.
«Los medios gubernamentales rusos entraron en Latinoamérica con mucha facilidad porque tienen afinidad con muchos medios oficialistas que se presentan como estatales, pero que, en Latinoamérica, terminan siendo funcionales a los gobiernos de turno”, explica a DW Adriana Amado, investigadora de medios en América Latina, agregando que «en esa ambigüedad conviven medios que tienen intenciones claras de propaganda, con otros medios que cumplen estándares profesionales de producción de la información”.
Pero la entrada de los medios rusos también contó con el apoyo, e incluso la predilección, de algunos gobernantes en América Latina. «Hubo casos, como el de Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta, que, preferentemente, aceptaba entrevistas de Russia Today o Telesur, y no de otros medios de su propio país”, reseña Amado, directora de Infociudadana, una «iniciativa que promueve la información pública responsable”.
Cuando los gobernantes trastocan los papeles
En ese caso, no se trataba de un ciudadano decepcionado de los medios tradicionales que buscaba una fuente alternativa a los tradicionales, sino de un gobernante que favorecía a un medio estatal de otro país para informar a sus propios ciudadanos. «Así, los medios rusos en América Latina han contado con el beneplácito de las fuentes de poder y de muchos colegas para legitimar su rol informativo, como si se tratara de medios tradicionales o profesionales”, concluye Adriana Amado.
El presidente venezolano Nicolás Maduro (izquierda) es aliado del presidente ruso Vladimir Putin
En efecto, tras el inicio de la invasión de Ucrania, «son muchos los periodistas que confiesan no estar de acuerdo con la postura de RT, pero siguen allí porque es una fuente de ingresos”, lamenta la investigadora. Según informa RT, la empresa cuenta con 200 trabajadores hispanohablantes y tiene oficinas en Caracas, La Habana y Buenos Aires.
En Hispanoamérica, RT en Español cuenta con más de 3,5 millones de seguidores en Twitter, 4,3 millones en YouTube y más de 18 millones en Facebook. Aunque, a raíz de la invasión rusa, el medio ha sido vetado en redes sociales, portales simpatizantes acogen sus nuevas publicaciones.
«Una vez que Putin ordena el avance de tanques de guerra sobre Ucrania -en contra de todo lo dicho antes- y estos medios dejan de lado todo intento de ponderación, defendiendo la invasión, se le cae el velo a Russia Today, a Sputnik, pero también a la popular influenciadora Inna Afinogenova”, subraya el profesor Morales.
Inna Afinogenova, periodista de RT.
Una figura que cautiva y polariza
Inna Afinogenova, la cara más conocida de RT en América Latina, presenta, opina y caricaturiza en el canal «Ahí les va” de You Tube el acontecer mundial, pero también las particularidades e incongruencias de algunos dirigentes latinoamericanos. No sin dejar de justificar en sus videos la persecución contra Alexei Navalny por parte del gobierno ruso, por ejemplo.
«Hay que entender el contexto y la aparición de estos medios en la lógica de la posverdad. Este tipo de medios son muy efectivos en relativizar la información de los medios profesionales. Inna Afinogenova trabaja en un género que es muy popular en los grupos conspirativos que suelen encabezar con ‘Esto no te lo quieren contar’. Del tipo ‘Yo soy la iluminada, que voy a contarte algo que no sale en los otros medios’”, explica Adriana Amado, y coincide con el profesor Morales en que «sus seguidores no necesariamente creen en lo que está diciendo”, aunque «sí encuentran en ella un producto reformulado de algo que también es muy común en Latinoamérica: el periodismo de causa o militante”.
El bombardeo de Ucrania ha desatado una batalla de versiones en las redes, tras las cuales estarían, sobre todo, «las tropas tuiteras” de Rusia y Venezuela, dice, por su parte, a DW María Virginia Marín, fundadora y directora del observatorio digital ProBox, desde Washington.
Como en Rusia, agrega Marín, «hay una intoxicación del espacio informativo en las redes sociales, que hoy son la principal, y a veces la única, fuente de información para países en contextos autoritarios”, apunta la investigadora, refiriéndose a Venezuela, Cuba y Nicaragua, en donde, según ella, opera un diseño de censura aplicado ya en Rusia a medios tradicionales, acompañado de la persecución a medios, periodistas y activistas, y un componente muy grande de propaganda y desinformación en redes sociales”.
Réplica del modelo ruso en Venezuela, Nicaragua y Cuba
Según María Virginia Marín, lo que pretenden esos regímenes es «controlar la información que sale del país, pero también filtrar de alguna forma cómo se interpretan los hechos internacionales en Venezuela, como la invasión de Ucrania”. Según ProBox, «es Rusia -y su versión de los hechos- la que tiene el mayor alcance en la población en Venezuela, gracias a tendencias de apoyo en redes a Putin, promovidas por el gobierno de Maduro.
Ese apoyo se traduce en desinformación distribuida por VTV, el canal estatal venezolano, que justifica y minimiza la invasión de Rusia a Ucrania, diciendo que, al fin y al cabo, Estados Unidos ha hecho lo mismo a lo largo de su historia moderna”.
La difusión de la versión rusa de los hechos no solo se facilita en países con regímenes autoritarios. «En el caso de Telesur, el gobierno de Alberto Fernández lo puso a disposición en el paquete básico de los canales que recibe cualquier persona que prenda un televisor en Argentina”, cuenta a DW Gabriel Bastidas, productor y corresponsal de TV Network, un canal para la diáspora venezolana en Estados Unidos, México, Canadá y otros países.
De hecho, Telesur volvió a integrar desde 2020 el paquete de 17 canales de la Televisión Digital Abierta (TDA), plataforma estatal de transmisión, que alcanza al 83% de la población. En 2016 había sido sacado del aire por el gobierno de Mauricio Macri.
Por último, el profesor Mario Morales insiste en que «estamos en la mitad de una guerra informativa global de largo alcance, en la que el don de la verdad y la creencia se han puesto en puntos antagónicos, y buena parte de la culpa la tiene el periodismo, que narra de manera dicotómica, unos contra otros, buenos contra malos, con muy pocas voces. Y en esa perspectiva de bandos y polarización, los medios han legitimado ese lenguaje y atmósfera enrarecidos”.
Unas nuevas dinámicas caracterizan al sistema mediático en América Latina, en particular en su interacción con el poder político en algunos países de la región, junto a interrogantes sobre cuál será el modelo de negocio y una evidente pérdida de influencia e incidencia social. A la par se evidencia la irrupción de nuevos referentes mediáticos latinoamericanos que buscan hacerse un espacio en la conversación global.
El poder mediático ya no es lo que era en América Latina. Los medios tradicionales han perdido influencia en la definición de la agenda y las decisiones políticas, así como relevancia social. Si bien algunas empresas que vinieron de la tradición lograron dar el salto de forma exitosa al mundo digital, lo cierto del caso es que pasaron de ser voces normativas poderosas y solitarias en sus países a estar insertas ahora en una suerte de torre de babel. Ya no tienen ni la exclusividad en la emisión, ni el dominio del mercado.
Han pasado a ser un referente más en un mundo polifónico que es la forma en cómo podrían caracterizarse hoy las comunicaciones masivas, dada la emisión de emisores, la multiplicación de plataformas para el consumo de noticias o dedicadas al ocio, junto a interacciones directas que difuminan o borran lo que fueron las fronteras tradicionales entre emisores y receptores, en las que se basó el modelo mediático analógico de décadas atrás. De acuerdo con datos del informe de la Séptima Conferencia Ministerial Latinoamericana sobre la Sociedad de la Información de 2022, la tasa de crecimiento anual del capital invertido en emprendimientos digitales ha sido del 53% en la región. Por otro lado, estudios académicosseñalan que entre 2010 y 2014 se creó el 74% de los medios nativos digitales de referencia en América Latina y el Caribe.
Al contrario de Europa Occidental, donde se han desarrollado experiencias exitosas (aun con bemoles) de medios públicos, la tendencia predominante en el siglo XX en América Latina fue el establecimiento de monopolios y duopolios privados que terminaron dominando enormemente el mercado, cercaron a sus posibles competencia y gozaron de interlocución exclusiva con el poder político. Esta es una imagen del pasado.
En décadas anteriores el poder de los consorcios mediáticos mediatizaba (valga la redundancia) al poder político. Emporios como Televisa en México bendecía a los presidentes del PRI; Venevisión en Venezuela era el refugio para que un presidente revirtiera un golpe de Estado; el grupo Clarín en Argentina gozaba de un amplio dominio sin que ningún gobierno controlase su rol monopólico de las comunicaciones. Son estampas de un pasado reciente, pero sin duda una fotografía del ayer. Es cosa del pasado el poder del cual gozaron los medios del mainstream económico y cultural para modelar y construir la agenda política.
Cuando Hugo Chávez, en Venezuela, sacó el aire en mayo de 2007 al canal RCTV, con el argumento que se había vencido la concesión, pero con un discurso evidente de represalia política, marcó un punto de inflexión en toda la región. En aquel momento este canal era el de mayor audiencia en Venezuela, el de mayor tradición histórica y con producciones dramáticas (sus telenovelas) que se replicaban en varios países.
El antes y después que simbolizó Chávez fue el de un presidente que podía gobernar polarizando a la sociedad y enfrentándose a los medios masivos de comunicación.
Los cambios que han tenido y que tienen lugares están representados en los triunfos electorales de figuras como Pedro Castillo en Perú, Nayib Bukele en El Salvador o Gabriel Boric en Chile, que simbolizan nuevas tendencias. Se puede alcanzar el poder, hoy, sin tener el respaldo y la maquinaria de los medios masivos, incluso se puede alcanzar el triunfo teniendo en contra al aparato mediático convencional.
Detrás de sus triunfos, sin duda, está el hastío de esas sociedades, el cansancio ante una clase política que se desconectó de las demandas sociales, por decirlo fácil y rápido. El resultado, sin embargo, refleja una nueva realidad, este poder político emergente no está en deuda con el sistema mediático, al menos a simple vista. Los latinoamericanos apoyan hoy en menor medida a la democracia, según los estudios del Latinobarómetro , que también dejan al desnudo lo que se cataloga de “autoritarismo difuso”, el creciente apoyo a un gobierno no democrático si éste “resuelve los problemas”.
De forma paralela, en América Latina hemos presenciado la irrupción de diversas experiencias mediáticas enteramente digitales. Con el paso del tiempo, algunas de ellas han pasado a ser referencias públicas, al caracterizarse por una comunicación responsable y una por la calidad apuesta. El Faro salvadoreño, nacido en 1998, y puesto nuevamente en la mira del poder, es un ejemplo claro de un medio de comunicación y su proceso de consolidación. La Silla Vacía (Colombia) y Animal Político (México), el primero fundado en 2009 y el segundo un año más tarde, son muestra de una apuesta por una comunicación masiva responsable, que interpela al poder tomando partido por la gente, por la ciudadanía .
Los tres medios digitales ya subieron junto a otras iniciativas también de referencia en sus países y en la región tales como Agencia Ocote (Guatemala), Ojo Público (Perú), La Diaria (Uruguay), El Surtidor (Paraguay), o la Agencia Lupa (Brasil) tienen en común que operan de forma híbrida, no logran aún que su sostenibilidad por ejemplo provenga de avisos comerciales o de suscripciones, por lo que apelan -actuando como ONG- a la búsqueda de fondos provenientes de la comunidad internacional.
Por otro lado, la reconfiguración de las comunicaciones masivas que se vive globalmente tiene particularidades en América Latina. Ya antes de la pandemia por la COVID-19 había serios interrogantes sobre la viabilidad económica de los que otrora fueron grandes medios, en la región. Después de dos décadas de vertiginosa digitalización y cambios en la industria del ocio y las noticias, sigue siendo una incógnita para la gran mayoría de medios de comunicación cuál es hoy y, sobre todo, cuál será a largo plazo su modelo de negocio.
En tanto, si bien es una fortaleza la hibridez que exhiben los nuevos medios, que naciendo bajo el ecosistema digital tienen entre otras cosas nóminas sustancialmente menores a las que tuvieron los grandes medios de otrara, no dejan de caminar sobre el filo de la incertidumbre. Los cambios ocurridos en la fundación Soros en 2021, por ejemplo, que había sido un financiero tradicional para el sector mediático digital latinoamericano, surgieron dudas en diversas iniciativas sobre su viabilidad financiera.
Tras visitas recientes a México y Argentina, y fruto del intercambio que sostengo con diversos colegas, percibo las siguientes tendencias que, si bien son generales, tienen particularidades en América Latina: 1) El consumo de información y el tiempo al ocio sucede más en un teléfono inteligenteque en la pantalla de television; 2) los quioscos de prensa -en los países en los que aún sobreviven- comercian chucherías y otras bagatelas ante la ausencia de clientes que masivamente acudan a comprar el diario como otrara; y 3) el latinoamericano promedio entiende que lo que está en Internet es gratis. En la región no hay una tradición fuerte de pagar suscripciones por contenidos mediáticos, la excepción está en los casos de contratar el servicio que prueba TV por cable o pagar por el propio acceso a Internet. Un estudio de la Corporación Andina de Fomento (CAF), un banco de inversión al desarrollo en la región, ubicó casi un 80% la “digitalización de los hogares latinoamericanos”, siendo el uso principal de esta conectividad para la comunicación personal y las redes sociales.
La pandemia, según un informe elaborado por la UNESCO referido a América Latina, agudizó una crisis económica latente en los ecosistemas mediáticos convencionales y también en los nuevos medios enteramente digitales. Estos últimos, entretanto, de forma acelerada se vieron forzados a dar el salto para en su mayoría trabajar con redacciones descentralizadas y dinámicas de trabajo y coordinación de agenda enteramente virtuales. América Latina, según las cifras de organismos internacionales, terminará siendo la región más afectada en su sistema sanitario y en su economía por el paso del virus. Según estimaciones del Banco Mundial , la región vive su peor contracción económica en 100 años.
Lo ocurrido con el reconocido emprendimiento mediático La Voz del Guanacaste , en Costa Rica, refleja la fragilidad de las finanzas mediáticas y el impacto que tuvo la pandemia de la COVID-19. Latam Journalism Review la editora de este medio comentó que, en menos de tres días, apenas se decretó la cuarentena, la entrevista perdió de forma súbita al 80% de sus ingresos, que probó de avisos publicitarios relacionados con el turismo. En general, en la región, la crisis achicó las economías, y esto incide directamente en el campo de la publicidad comercial, sostén tradicional de los medios de comunicación.
La presencia de la pandemia amplificó la circulación de noticias falsas, por cierto, otra muestra de que los medios tradicionales dejaron de controlar la agenda pública. La UNESCO , haciéndose eco de diversos informes, alerta sobre cómo entre los latinoamericanos aumentó el uso de la aplicación de mensajería personal WhatsApp como vía para informarse, y la incidencia de esto en lo que pasó a catalogarse de infodemia , como catalogó este organismo de la ONU a la destrucción de noticias falsas y desinformación sobre la crisis sanitaria global.
Finalmente, también se vivirá en América Latina lo que pronostica el más reciente estudio del Instituto Reuters para el periodismo. Se prevé como tendencia global una mayor virtualización de los medios de comunicación, tanto en la experiencia de cara al público como en sus dinámicas internas de trabajo con el creciente cierre de salas de redacción y periodistas trabajando desde casa o remotamente. Los medios en general deben apostar por sus reinvenciones, y en el caso de varios países latinoamericanos, esto tendrá que ocurrir con un clima económico deprimido y en algunos casos con un poder político adeverso.
Andrés Cañizález es un contribuidor de Global Americans . Sus artículos de análisis se publican en cinco periódicos venezolanos y en un sitio web de noticias. Cañizález es el director general de la ONG de libertad de expresión y verificación de hechos, Medianálisis .
Al igual que los ancianos de todo el país, los profesores y el personal de una de las principales universidades financiadas por el estado del país están desnutridos, no pueden pagar el alquiler y cultivan alimentos para sobrevivir.
El 23 de enero, bomberos venezolanos irrumpieron en la casa de Pedro Salinas, un reconocido profesor de ingeniería en la ciudad noroccidental de Mérida. Demacrado y despeinado, el jubilado de ochenta y tres años fue encontrado tirado en el piso de su sala, en estado de desnutrición severa. A su lado yacía el cadáver de su esposa, Isbelia Hernández, quien murió de un infarto.
Durante semanas, los vecinos habían notado que Hernández, el más joven de los dos, parecía asediado por la preocupación. Le dijo a uno de ellos que a la pareja le resultaba cada vez más difícil llegar a fin de mes. Habían transcurrido dos días desde que se había visto a la pareja.
Cuando el administrador del edificio trató de cobrar el pago de su factura mensual de gas, nadie abrió la puerta. Cuando regresó al día siguiente, se encontró nuevamente con el silencio. Alertó a la hija de Hernández, quien se fue de Mérida hace varios años,
La noticia del rescate de Salinas se extendió rápidamente por todo el país, pero sacudió un lugar en particular: la Universidad de los Andes, una de las principales universidades financiadas por el estado en el país, donde Salinas había enseñado desde finales de los años sesenta.
Venerado por sus compañeros, Salinas fue el primer profesor allí en obtener un doctorado de la Universidad de Londres. “Salinas tiene un plan de estudios envidiable”, me dijo Mario Bonucci, rector de la universidad. “Él siempre se destacó”.
En el transcurso de una carrera de cuarenta años, Salinas ganó numerosos premios, capacitó a miles de ingenieros y trabajó para empresas privadas, gobiernos locales y corporaciones internacionales. Cuando aparecieron fotografías de Salinas, demacrado y con el torso desnudo, en una ambulancia, muchos venezolanos se preguntaron cómo una persona de su estatura podía correr tal destino. “Fue la gota que hizo rebosar la copa, ”, dijo Marcos Pino, el jefe de asuntos estudiantiles de la universidad. “Fue un grito general”.
La universidad es tan central para la economía de Mérida que los lugareños bromean diciendo que hay una ciudad dentro de la universidad, y no al revés.
La familia de Salinas negó los informes noticiosos. Su nieta Delia publicó un video en el que asegura que su abuelo no fue abandonado. Sin embargo, el diagnóstico de los médicos de Salinas fue inequívoco. El profesor, dijeron, estaba desnutrido, deprimido y deshidratado. A los ojos de muchos jubilados universitarios, el caso de Salinas reflejaba su propio sufrimiento.
Realizaron sentadas y manifestaciones denunciando el desmantelamiento de las universidades públicas por parte del estado, con pancartas que decían “NO a los salarios de hambre”.
Mientras se desarrollaban las protestas a fines de enero, Antonio Suárez, un guardia de seguridad de mediana edad de la universidad, murió de desnutrición. Hace siete años, Suárez se había mudado a un salón de clases porque no podía pagar los precios de alquiler en la ciudad. Por la noche, colocaba un puñado de escritorios contra la pared y dormía encima de ellos.
Se despertaba todas las mañanas a las 7 am antes de que comenzaran las clases y nunca perdió un día de trabajo, hasta la mañana en que lo llevaron al hospital, después de caer de los escritorios al suelo, en medio del sueño. Fue declarado muerto en el hospital a los pocos días.
Una estatua del escritor y profesor Pedro María Parra en un cementerio histórico de Mérida.
En muchos sentidos, las vidas de jubilados de Salinas y Suárez reflejaron las de los ancianos de toda Venezuela. Casi el noventa por ciento de los adultos mayores de sesenta años viven por debajo del umbral de la pobreza, según Convite, una organización venezolana de derechos humanos.
Según su recuento, ochocientos mil de ellos pasan sus días solos, con poco o ningún apoyo familiar. Representan una generación olvidada en Venezuela, un país donde cerca del veinte por ciento de la población ha huido al extranjero en los últimos seis años.
Naciones Unidas estima que la cantidad de venezolanos que han huido del país llegará a ocho millones este año, lo que la convierte en una de las crisis de refugiados más grandes desde la Segunda Guerra Mundial.
La profesora Emilia Márquez y su esposo, el profesor Álvaro Contreras, se sientan en la habitación vacía de sus hijas, que emigraron a Argentina hace cuatro años.
Miembros de todas las clases han huido del país desde que el expresidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, llegaron al poder y el país entró en decadencia . Los venezolanos que son ricos o tienen familiares en América Latina, Estados Unidos o España han huido en gran número.
La economía venezolana ahora está dolarizada de manera informal, pero las tres cuartas partes de los venezolanos continúan viviendo con menos de $ 1.20 por día. Para los adultos mayores, particularmente aquellos que dependen de las exiguas pensiones del gobierno, la dolarización de la economía ha empeorado sus privaciones.
En la Universidad de los Andes, los profesores titulares de las universidades públicas que alguna vez recibieron salarios generosos ahora ganan menos de doscientos dólares al mes.
El profesor Orangel Estrada, arquitecto, dice que ahora toda su ropa le queda demasiado suelta.El refrigerador en el hogar temporal de Estrada
Hace décadas, estar en la nómina de la universidad era uno de los trabajos más prestigiosos que uno podía encontrar en Mérida. La ciudad andina, que se encuentra enclavada en un exuberante valle, ha sido definida durante mucho tiempo por la presencia de la universidad.
Cuando Salinas se convirtió en profesor allí a fines de los años sesenta, Venezuela disfrutaba de un período de democracia después de una década de gobierno militar. En los años intermedios, Carlos Andrés Pérez asumió la presidencia y la ciudad atrajo a académicos de otros países de la región, como Chile, Uruguay y Argentina, donde gobernaban dictadores.
Fue un período de bonanza y auge de los precios del petróleo en el que los líderes gubernamentales invirtieron dinero en las universidades. “Entendieron que la educación es la base del progreso”, me dijo Bonucci.
Con la ayuda de una prestigiosa beca financiada por el estado conocida como Gran Mariscal de Ayacucho, estudiantes de los vecinos, pueblos rurales acudieron en masa a la ciudad. Luego viajaron al extranjero para aprender nuevos idiomas y obtener títulos, incluidos doctorados.
El rector de la universidad, Mario Bonucci, juramenta a integrantes de un grupo que organiza la celebración del bicentenario trigésimo séptimo de la institución.
“Somos un producto de la democracia”, dijo en una entrevista telefónica Mery López, decana de humanidades de la universidad, quien se graduó de la facultad de derecho en los años noventa. Obtener un título de educación superior ya no estaba reservado para las clases dominantes.
En todo el país, el número de escuelas y universidades se disparó. “Había gente que ni siquiera había estado en Caracas y de repente se dirigía a Europa o Estados Unidos”, me dijo Alejandro Gutiérrez, profesor de economía de la Universidad de los Andes. Los recién graduados asumieron trabajos en la academia, ganando alrededor de mil dólares al mes.
Las aulas y pasillos de la universidad, junto con sus bulliciosos bares, restaurantes y cafés, se convirtieron en un testimonio de la riqueza cultural de Mérida. “Raro era el día que no se veía volver a un profesor de Moscú, París o Nueva York”, dijo Diómedes Cordero,
Los profesores Mery López y Diómedes Cordero en su apartamento. “Quiero tener una vejez tranquila”, dice López.
A fines de la década de los ochenta terminó el período en el que el país pasó a ser conocido como “La Venezuela Saudita”. Los precios del petróleo cayeron drásticamente y muchos de los beneficios sociales de los que la gente había llegado a depender desaparecieron.
El país estaba endeudado y su liderazgo político se vio envuelto en una serie de escándalos de corrupción. El presidente Pérez presentó una serie de medidas de austeridad que provocaron la ira de muchos. “La situación era excelente para un mesías”, dijo Gutiérrez.
Cuando los venezolanos salieron a las calles y se generalizaron los saqueos, el Ejército respondió con fuerza letal. Poco después, Chávez, entonces teniente coronel del Ejército, intentó derrocar al gobierno. Su esfuerzo fracasó, pero la visión de Chávez para Venezuela se quedó con muchos. En 1998, ganó la presidencia de forma aplastante
Adel Khoudeir Maurched, profesor de física jubilado, en su apartamento de Mérida.
En los años que siguieron, Chávez fundó numerosas universidades estrechamente alineadas con el régimen. Se recortaron los fondos públicos disponibles para las instituciones tradicionales de educación superior, como la Universidad de los Andes.
Al hacerlo, el gobierno marginó el pensamiento independiente, mientras Chávez reforzaba cada vez más su control sobre el poder. Programas como el Gran Mariscal de Ayacucho se redujeron a una miseria.
“Fue un plan perfectamente orquestado para destruir universidades”, dijo Bonucci.
Lentamente, los salarios y los beneficios disminuyeron, un reflejo de los pocos recursos disponibles para las universidades. Donde antes los trabajadores tenían todas sus facturas médicas cubiertas, ahora tenían que valerse por sí mismos mientras ganaban veinticinco dólares al mes, en muchos casos.
Jubilados protestan frente a la sede del Seguro Social en Mérida.
Inevitablemente, quienes más sufrieron fueron los empleados a punto de jubilarse.
En un informe del año pasado, el sitio de noticias venezolano Prodavinci encontró que un profesor que aportó dieciséis mil dólares, o veinte años de trabajo, al Seguro Social recuperaría menos de trescientos dólares en su jubilación. Es decir, con el actual sistema de pensiones, los profesores universitarios tendrían que vivir mil quinientos años para recuperar sus cotizaciones.
“Nos robaron el dinero”, dijo en una entrevista Diana Arismendi, una reconocida compositora clásica que enseña en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas. «Probablemente esté en una cuenta en Andorra o Rusia».
Hace dos años, López, decana de humanidades de la universidad, vio una publicación viral en las redes sociales de un profesor jubilado de su departamento, quien decía que no había comido en dos días completos.
El hombre, Stalin Gamarra, era un querido profesor de literatura de unos setenta años y uno de los intelectuales más destacados de Mérida. Desde que se jubiló, había escrito una docena de libros de poesía, pero debido a la escasez de tinta y papel en Venezuela, ninguno de ellos pudo imprimirse para su publicación. Gamarra comenzó a alquilar dos habitaciones en su apartamento para generar ingresos.
Con un grupo de voluntarios, López comenzó a preparar comidas para unos cincuenta profesores necesitados, una iniciativa que llamó El Plato Solidario. Pero, a principios de la pandemia, López tuvo que poner fin al programa y las condiciones de los profesores empeoraron.
Gamarra mira fijamente su refrigerador. “Es un electrodoméstico moderno increíble, pero está vacío”, dice.
A mediados de 2020, la madre de Mayda Hočevar, quien dirige el Observatorio de Derechos Humanos de la universidad, murió después de ejercer como profesora durante veinticinco años. “Tuvimos que recaudar fondos para poder enterrarla”, dijo Hočevar.
Al año siguiente, a un administrador universitario le diagnosticaron cáncer de ovario. Al no poder pagar la quimioterapia, la mujer murió a los pocos meses de su diagnóstico. “Estoy convencido de que su muerte podría haberse evitado”, dijo Hočevar.
Los profesores en Mérida no estaban solos. En otras partes del país, surgieron relatos anecdóticos de profesores que se saltaron una comida o hurgaron en la basura. Nashla Báez, antropóloga de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, señaló que más de la mitad de sus profesores habían perdido peso en el lapso de un año, diecinueve libras en promedio.
“Es una situación vergonzosa estar”, Gutiérrez, el economista, dijo. “La gente te respeta por tus conocimientos, pero te ven como un indigente”.
Juan Carlos Rivero, profesor de agricultura. Él y su esposa cultivan verduras para complementar sus ingresos. El dinero que ganan vendiéndolos supera con creces sus salarios universitarios.
Los profesores más jóvenes han encontrado maneras de salir adelante. Muchos enseñan de forma remota en otros países. Otros han tomado uno o dos trabajos más en Mérida.
Juan Carlos Rivero, ingeniero agrónomo, abrió recientemente su propio huerto. “Eso permitió que mi esposa y yo ya no compráramos comida”, dijo. Juntos, también producen salsas y yogures en casa, que venden a otros profesores. “El dinero que ganamos con esas ventas supera con creces nuestros salarios universitarios”.
Pero no todos pudieron encontrar una fuente alternativa de ingresos. El año pasado se corrió la voz de que un profesor de poco más de cuarenta años vivía en la calle. A pesar de que todavía asistía a clase todas las semanas, sus compañeros estaban convencidos de que dormía donde lo encontrara la noche.
Para los profesores mayores, ha sido especialmente difícil comenzar de nuevo, y muchos tienen dificultades para pagar a los propietarios, que ahora cobran el alquiler en dólares.
Wilson Herrera, físico, había comenzado a dormir en un salón de clases, como Suárez, el guardia de seguridad. Tenía cincuenta y tantos años, pero, con el tiempo, desarrolló cataratas y comenzó a perder la vista. La cirugía costó mil dólares por ojo, cantidad que ni Herrera ni su familia podían pagar. Más tarde contrajo amebiasis, una enfermedad tropical que afecta el tracto intestinal, y perdió treinta libras en cuestión de semanas.
En el otoño del año pasado, Herrera murió luego de desarrollar sepsis. “Con los medios adecuados, podría haber recibido tratamiento”, me dijo su hijo, también llamado Wilson. Estudiante de matemáticas en la Universidad de los Andes, el hijo prometió dejar Venezuela después de obtener su título.
“No existe tal cosa como la certeza”, dijo. “Ni siquiera sabes si puedes cumplir con los requisitos de tu clase; es posible que el profesor asignado se haya ido o ya no esté vivo”.
Hugolino de Jesús, profesor jubilado de la facultad de derecho, dice que tomar “un café en una cafetería es un lujo”.
El alumnado de la universidad se ha reducido a la mitad de su tamaño habitual en los últimos años. Aún así, unos dos mil estudiantes se gradúan año tras año. “Pagamos para trabajar”, explicó Pino, el jefe de asuntos estudiantiles.
La universidad se estaba desmoronando, operando con solo el uno por ciento de su presupuesto designado. La electricidad se cortaba constantemente, los graduados tenían que proporcionar el papel en el que estaban impresos sus diplomas, los departamentos y las bibliotecas habían sido saqueados por ladrones en busca de madera, fibra óptica o equipos electrónicos.
El profesor Alejandro Gutiérrez en su despacho de la universidad. “Se fueron, pero no sabemos si volverán”, dice sobre los estudiantes. “Nosotros, los profesores que aún nos quedamos aquí, seguimos soñando”.
A pesar de eso, un número notable de miembros del personal, incluidos profesores como López, Cordero, Pino, Hočevar y Salinas, también están decididos a quedarse, a pesar de que sus familias se han ido.
“El mayor acto de resistencia es mantener abierta la universidad”, dijo Bonucci.
En sus doscientos años de historia, argumentó, la universidad había sobrevivido a una guerra civil ya una dictadura despiadada. El régimen actual no podría durar para siempre.
Por eso, con motivo del bicientos treinta y siete aniversario de la universidad, este mes, Bonucci eligió el lema “La universidad está viva ”—la ULA sigue viva.
El campus de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes. Algunos profesores se han organizado en equipos de limpieza para mantener las aulas.
Después de siete años de construir arduamente su audiencia, Crónica Uno , uno de los únicos sitios web de noticias de alta calidad que atiende a los venezolanos pobres y de clase trabajadora, registraba hasta 15,000 páginas vistas por día. Pero después de que los proveedores privados de servicios de Internet (ISP) se asociaron con el gobierno autoritario de Venezuela en febrero para bloquear Crónica Uno y otros tres sitios web de noticias independientes, esa cifra se desplomó a 5.000 de la noche a la mañana.
“Esto ha tenido un impacto enorme”, dijo Carlos Correa, director del grupo de libertad de prensa con sede en Caracas Espacio Público y editor de Crónica Uno . Los bloqueos de Internet “pueden reducir fácilmente su tráfico a la mitad”.
Desde que Venezuela comenzó a tomar medidas enérgicas contra los medios independientes en 2007, la mayoría de los bloqueos de Internet han sido realizados por CANTV , el ISP estatal que ahora proporciona dos tercios de las conexiones residenciales. Pero periodistas y expertos en Internet dijeron al CPJ que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está obligando cada vez más a los ISP privados, que dominan el mercado de la telefonía móvil, a llevar a cabo la censura de prensa mediante el bloqueo de los pocos sitios web de noticias independientes que quedan en Venezuela.
La ola de bloqueos de febrero se destacó porque, junto con CANTV, fueron realizados por los principales ISP del sector privado del país: la española Movistar y los locales Digitel, Inter, NetUno y Supercable , según Venezuela Sin Filtro , un organismo de control. proyecto que monitorea la censura en internet. Además de Crónica Uno , estos ISP bloquearon los influyentes sitios web de noticias Efecto Cocuyo y El Nacional , junto con la estación de streaming EVTV Miami .
Durante las elecciones regionales de noviembre pasado, los ISP privados bloquearon 35 sitios web de noticias independientes , lo que provocó críticas de laCarter Center y la Unión Europea, los cuales enviaron equipos a Venezuela para monitorear la imparcialidad del proceso electoral.
«Mientras que los sitios web de noticias alineados con el gobierno… estuvieron constantemente accesibles durante la campaña en todos los estados y a través de cualquier proveedor de Internet, los sitios web de medios independientes en línea… fueron muy difíciles o imposibles de acceder en 16 de los 23 estados», escribieron los observadores de la UE en su informe postelectoral .
Las organizaciones de noticias venezolanas han respondido estableciendo réplicas de sus dominios originales, conocidas como sitios web espejo; distribuir despachos de noticias escritos y de voz grabada en WhatsApp, Telegram y otras plataformas de redes sociales; e instando a sus audiencias a configurar redes privadas virtuales (VPN) para eludir los bloqueos.
Incluso con estas medidas, los bloqueos hacen que sea mucho más difícil para los venezolanos mantenerse informados y perjudican la capacidad de los sitios web de noticias para construir su marca y asegurar el financiamiento a través de publicidad y donaciones, dijo César Batiz, editor del sitio web de noticias independiente venezolano El Pitazo .
Dijo al CPJ que durante los últimos cinco años El Pitazo ha sufrido bloqueos intermitentes tanto de CANTV como de ISP privados. Cuando el sitio web se bloqueó por primera vez en 2017, el tráfico de El Pitazo cayó de 115 000 páginas vistas diarias a 11 000. El Pitazo poco a poco recuperó su audiencia gracias, en parte, al creciente número de venezolanos que viven en el exterior.
Batiz acusa a los ISP privados de hacer el trabajo sucio del gobierno y dice que deberían ser obligados a pagar daños a los sitios web afectados. Él y otros periodistas están especialmente decepcionados con Movistar de España, el único ISP internacional en Venezuela. Dicen que Movistar, que domina el mercado de telefonía móvil, tiene más recursos que las empresas venezolanas y por lo tanto más margen de maniobra y resistencia a las presiones del gobierno.
“Lo que no puedo entender es cómo una empresa con gobierno corporativo y un código de ética que opera bajo los principios de libertad de expresión de la Unión Europea está haciendo lo que está haciendo en Venezuela”, dijo Batiz, quien en 2019 encabezó una protesta en la sede de Movistar en Caracas. .
Luz Mely Reyes, editora principal de Efecto Cocuyo, que lucha por recuperar lectores después de que Movistar y otros ISP bloquearan el sitio web en febrero, agregó: “Movistar no debería servir como herramienta para un gobierno que no respeta las normas democráticas”.
Las llamadas del CPJ a las oficinas en Caracas de Movistar, Digitel, Inter, NetUno y Supercable no fueron atendidas. El CPJ envió un correo electrónico al departamento de prensa de Telefónica, la empresa matriz de Movistar con sede en Madrid, pero no recibió respuesta. Pedro Marín, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, un grupo de la industria que representa a los ISP venezolanos, dijo al CPJ a través de un vocero que estaba demasiado ocupado para hablar.
Luis Carlos Díaz, presidente del capítulo venezolano de Internet Society, un grupo de defensa global que promueve el acceso sin restricciones a Internet, dijo que sería un error criticar demasiado a los ISP privados. Dijo al CPJ que, al igual que los sitios web de noticias que bloquean, estas empresas también son víctimas de la represión del gobierno.
En lugar de un proceso judicial formal, Díaz dijo que los ISP privados reciben órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, conocida como CONATEL , para bloquear sitios web. Describió estas órdenes como decisiones administrativas arbitrarias sin recurso legal y señaló que los ISP podrían enfrentar fuertes multas, expropiación o algo peor por ignorarlas.
En las últimas dos décadas, las autoridades venezolanas han sacado del aire a decenas de estaciones de radio y televisión independientes por criticar al gobierno, dijo Díaz. El año pasado, funcionarios del gobierno incautaron los bienes, incluida la imprenta, del periódico independiente El Nacional . En 2020, DIRECTV de AT&T se retiró de Venezuela luego de que se le ordenara transmitir dos estaciones de televisión progubernamentales como parte de su servicio y tres de sus ejecutivos de ventas fueron encarcelados durante dos meses por cargos de fraude y de tratar de desestabilizar la economía.
Los ISP privados, dijo Díaz, “tienen un arma en la cabeza”.
CONATEL no respondió a las llamadas telefónicas del CPJ ni a un correo electrónico en busca de comentarios. Un miembro de la industria, que no estaba autorizado a hablar con el CPJ sobre la censura y, por lo tanto, solicitó el anonimato, dijo que CONATEL casi siempre transmite sus órdenes de bloqueo a los ISP privados por teléfono para evitar dejar un registro escrito.
“Las empresas quieren que las personas tengan acceso a todos los sitios web de Internet, pero si reciben una orden del gobierno, deben cumplirla”, dijo la fuente.
En 2019, El Pitazo accedió a un correo electrónico en el que CONATEL ordenaba el bloqueo de su dominio. El informe del Centro Carter sobre las elecciones de noviembre decía: “CONATEL ha emitido directivas para bloquear y censurar los medios digitales”.
La única vez que el gobierno venezolano reconoció públicamente la censura en Internet fue durante una reunión de 2015 con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. William Castillo , quien entonces era director de CONATEL, dijo que había ordenado el bloqueo de 1.060 páginas web, incluidos sitios de noticias, para “proteger a la sociedad”.
Andrés Azpúrua, coordinador de Venezuela Sin Filtro, dijo al CPJ que los ISP privados deberían ser más transparentes acerca de por qué están bloqueando sitios web, como Google advierte cuando se elimina material de su plataforma de YouTube por infracción de derechos de autor. En cambio, dijo que muchos venezolanos siguen sin conocer la censura, culpando a las velocidades de Internet notoriamente lentas del país por su incapacidad para acceder a las noticias.
Díaz, de Internet Society, dice que EE. UU. y otros gobiernos deberían considerar sancionar a los funcionarios de CONATEL, ya que él y otros expertos señalan que los ISP privados, que han luchado por sobrevivir en medio de la actual crisis económica de Venezuela, no pueden hacer mucho por sí mismos. Si los ISP privados toman una posición pública audaz a favor de la libertad de expresión al desafiar las órdenes del gobierno, dicen, es casi seguro que garantizarán su cierre y menos acceso a Internet para los venezolanos.
En palabras de Azpúrua: “Es mejor tener un internet censurado que nada”.
Por Julio César Moreno León
La invasión rusa a Ucrania repercutirá de manera inevitable sobre la compleja realidad venezolana porque, gracias a Hugo Chávez, Rusia se consolidó como el principal aliado político y militar de su gobierno y del que hoy conduce su heredero Nicolás Maduro. Y porque esta guerra ha convertido a Vladimir Putin en la más grave amenaza para la paz del mundo y para la seguridad de Occidente.
Cuba, Nicaragua y Venezuela son regímenes de naturaleza similar que respaldan la invasión basados en la narrativa del Kremlin, según la cual se trata de detener las amenazas de Estados Unidos y de la OTAN contra la seguridad de Rusia.
Repitiendo ese discurso en Naciones Unidas el embajador cubano, Pedro Pedroso Cuesta, afirmó que la situación en Ucrania se debe a los planes de los Estados Unidos y la Unión Europea de avanzar sobre las fronteras rusas.
Daniel Ortega, quien respaldó sin vacilaciones la toma por parte de Rusia de Donestk y Lugansk, y la anexión de Crimea, afirmó en ocasión de la visita a Nicaragua del viceprimer ministro ruso Yuri Boricov que el conflicto con Ucrania es “una lucha del pueblo ruso por la paz”.
Mientras que Nicolás Maduro expresó, en llamada telefónica a Putin una semana después de la invasión, su apoyo a las acciones militares, considerándolas una respuesta a “la ofensiva desestabilizadora de Estados Unidos y la OTAN”.
Estas tres declaraciones forman parte de la escasa lista de apoyos incondicionales a la guerra de exterminio que se ha desatado contra la población ucraniana, aplicando la táctica militar de la tierra arrasada.
En esa guerra se destruyen ciudades y se matan a sus habitantes utilizando misiles hipersónicos que viajan a una velocidad cinco veces superior al sonido, y que llegan con perfecta precisión a edificios residenciales, centros comerciales, iglesias, escuelas, hospitales o cualquier otro lugar de concurrencia pública, previamente escogido por la maléfica dictadura moscovita.
Además, con la retoma del control por parte de Ucraniade la región de Kiev se han puesto en evidencia los procedimientos criminales del ejército ruso en más de 30 poblaciones que permanecieron sometidas a su ocupación durante varias semanas.
En la ciudad de Bucha se descubrieron centenares de cadáveres de civiles maniatados y dejados en las calles con señales de torturas, y de ajusticiamientos con disparos en la nuca.
Algunos habitantes de esa población que lograron sobrevivir declararon a los medios internacionales que los soldados rusos entraban a las viviendas asesinando a niños, ancianos, hombres y mujeres para luego abandonar la zona.
De todo ese desastre han quedado las pruebas difundidas al mundo por los medios de comunicación.
Ante la ostensible gravedad del conflicto el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan ha anunciado una investigación, reconociendo que: “hay bases razonables para creer que tanto crímenes de guerra, como crímenes de lesa humanidad, presuntamente, han sido cometidos en Ucrania”. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con 141 votos de los países miembros una enérgica resolución que deplora la invasión, reafirma la independencia y la soberanía territorial de Ucrania, pide al país invasor revertir el reconocimiento de la independencia de Luhansk y Donestk, y solicita el retiro incondicional del territorio ucraniano.
Estos hechos han convertido la invasión a Ucrania en un motivo de indignación y rechazo universal contra el presidente ruso y su íntimo entorno civil y militar. Y ha producido un prudente distanciamiento de China comunista, su aliado más próximo y país con el que Putín acaba de firmar un ambicioso tratado para crear un nuevo orden mundial que sustituya la preeminencia y los valores de Occidente.
Y al intentar analizar el efecto que producirá sobre nuestro país esta crisis internacional que es considerada como una de las más delicadas y peligrosas ocurridas desde la terminación de la segunda guerra mundial, es necesario destacar dos aspectos que deben ser tomados en consideración.
En primer lugar, recordemos el auspicioso pronunciamiento de los Estados Unidos y 19 países de la Unión Europea emitido en febrero pasado pidiendo la reanudación de los diálogos de México con el fin de lograr una exitosa salida democrática para nuestro país. En aquella oportunidad se consideraba a Rusia como país acompañante del proceso, a instancias de la parte oficialista venezolana.
Ahora cabe preguntarse si luego de la invasión a Ucrania el gobierno de Estados Unidos y los del amenazado viejo continente considerarán legítima la presencia de los rusos en un diálogo que pretende solventar pacíficamente la prolongada crisis venezolana, o si el régimen de Maduro tolerará la exclusión de su socio principal en las próximas reuniones.
Y finalmente, de qué manera se cumplirá la doble tarea que le espera al fiscal Karim Khan, abocado a investigar y acusar ante la Corte Penal Internacional a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, y en Ucrania a los responsables de crímenes de guerra ejecutados por las fuerzas militares de la Federación Rusa, bajo el mando supremo del presidente Putin.
Al retomar sus empleos los pensionados pueden mejorar sus miserables ingresos
La fuga masiva de cubanos se empieza a reflejar en la cantidad de puestos de trabajo por cubrir en Cuba, hasta el punto de que la prensa oficial ya habla de la recontratación de jubilados. «Actualmente muchas personas solicitan la jubilación con el propósito de volver a recontratarse para aumentar sus ingresos y así enfrentar el alto costo de la vida hoy», plantea el diario provincial de Sancti Spíritus, Escambray, en un artículo destinado a aclarar si es posible reincorporarse a un puesto que se abandonó.
El texto explica que algunos jubilados desean volver a trabajar, aunque no ofrece datos que lo sustenten, no solo para complementar sus ingresos en un contexto en que las pensiones alcanzan menos que nunca por lo desbocado de la inflación, sino también para «aportar sus experiencias y saberes en un momento «marcado por el envejecimiento poblacional y la falta de fuerza joven».
«La entidad laboral no está obligada a recontratar a la persona que se jubila, esto funciona como un acuerdo entre las partes, depende de si la necesita o no. Es una decisión empresarial. No en todas partes quieren volver a contratar a los mismos trabajadores, pero los jubilados pueden ser empleados en sus mismas entidades o en otros lugares donde se gestionen un empleo y allí también pueden aportar sus conocimientos y experiencias», explica José Adriano Abreu, director del Instituto Nacional de Seguridad Social en Sancti Spíritus.
El funcionario recuerda que en 2020 se aprobó una norma que permite a las empresas valorar si necesitan y quieren volver a contratar a un jubilado «porque también hay jóvenes esperando por esos puestos de trabajo que los jubilados dejan». La afirmación choca al propio redactor de la información, que escribe: «Pero, no aceptar de vuelta a los jubilados parece un poco contradictorio de cara al envejecimiento poblacional que ya vive el territorio».
Abreu sostiene que, en el caso de la Educación, Sancti Spíritus retiró a los trabajadores en edad de jubilarse porque «ya contaba con la fuerza disponible de los maestros nuevos que se acabaron de formar», un caso llamativo, ya que el propio ministerio alerta, año tras año del déficit de maestros.
En 2021, la ministra Ena Elsa Velázquez Cobiella indicó que faltaban docentes en 14 provincias cubanas. Un año antes, se anunció la contratación de más de 5.000 maestros, la mayoría jubilados, para completar las necesidades de la Isla. En 2018 faltaban 10.000 maestros y un año antes 16.000.
Abreu, pese a mencionar en Escambray que hay jóvenes que necesitan trabajar, acaba recordando a los cubanos que «no es obligatorio jubilarse, las personas se retiran cuando lo deciden y, si lo desean, después de la edad establecida —60 años en la mujer y 65 en los hombres—, pueden seguir trabajando por más tiempo en sus puestos de labor habituales».
El pasado año, el Ministerio de Trabajo cifró en 4.708.800 los trabajadores en Cuba, de los que 3.105.400 están en el sector estatal y 1.603.400 en el no estatal. En 2012 se realizó el último censo de población en Cuba, un estudio que se hace cada diez años. En aquella ocasión había 11.167.325 de habitantes, frente a los 11.177.743 contabilizados en 2002.
En los próximos meses se actualizará este dato, que pondrá en evidencia lo que todo el mundo sabe, el vaciado de la Isla, que, además del drama humano, pone en riesgo su ya dañado sistema de pensiones, sanitario y, por ende, la economía por completo.
