Vía New York Times
El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos controlaría las ventas de petróleo venezolano. El gobierno de Trump dijo que Venezuela presentaría presupuestos mensuales a la Casa Blanca, y Estados Unidos dijo que había contratado auditores para comprobarlos.
La nueva dirigente de Venezuela y aliada de Trump, Delcy Rodríguez, dijo que el público podría rastrear cada dólar del petróleo en un nuevo sitio web.
Sin embargo, por ahora ninguna de estas iniciativas ha aclarado el destino del dinero petrolero de Venezuela, lo que suscita interrogantes sobre la voluntad política tanto en Washington como en Caracas.
Sin embargo, incluso con las mejores intenciones, el plan de Washington para demostrar cómo y dónde se gastan las riquezas petroleras de Venezuela constituiría una tarea colosal. Décadas de saqueo han dejado a Venezuela con una industria petrolera opaca y profundamente corrupta, un problema que Rodríguez no logró resolver en gran medida durante su gestión previa al frente de la economía nacional.
Por cada dos dólares que Venezuela obtuvo de la venta de petróleo a principios de esta década, un dólar fue robado, según revelan documentos internos y estadísticas oficiales.
Lo que está en juego es aún mayor hoy en día. Para Trump, su plan para liberar el inmenso potencial petrolero de Venezuela mediante una inversión estadounidense de 100.000 millones de dólares depende, en parte, de convencer a los ejecutivos petroleros estadounidenses de que su gobierno puede establecer el Estado de derecho.
Para Rodríguez, asegurar a los venezolanos que la industria petrolera —un pilar fundamental de la identidad nacional del país— beneficia a muchos y no solo a unos pocos resulta vital para mejorar sus escasas probabilidades de ganar unas elecciones presidenciales competitivas, las cuales Estados Unidos está impulsando para el próximo año.
No está claro cuánta corrupción estaría dispuesta a tolerar Rodríguez con tal de mantener su control sobre el gobierno, el cual sigue plagado de los burócratas leales a Maduro y de los empresarios que los apadrinan.
Durante los 13 años de gobierno de Maduro, PDVSA, la omnipresente compañía petrolera estatal de Venezuela, se había convertido en el patrimonio personal de su familia, permitiendo a parientes y allegados vender petróleo en condiciones sumamente preferenciales. Este clientelismo aceitó los engranajes del aparato gobernante, asegurando su lealtad a Maduro, quien sobrevivió a múltiples crisis antes de ser capturado en enero por las fuerzas especiales de Estados Unidos.
Los esquemas de comercio petrolero opacos continuaron hasta la propia caída de Maduro, y algunos beneficiarios han seguido haciendo negocios discretamente con PDVSA bajo la gestión de Rodríguez, según documentos internos y entrevistas con funcionarios petroleros venezolanos y con personas cercanas al sector.
Esta cuestionable actividad de concertación de acuerdos pone a prueba la promesa de Rodríguez de romper definitivamente con las políticas económicas de Maduro, a las que ha culpado de la prolongada crisis financiera de Venezuela.
Estos documentos, no reportados anteriormente, ofrecen una visión excepcional de la magnitud de la corrupción durante los últimos años de Maduro, un periodo marcado por un enfrentamiento económico con Estados Unidos y una creciente represión interna.
Los documentos y las entrevistas revelan también el papel central desempeñado por un pariente de Maduro, Carlos Malpica Flores, a quien varios funcionarios petroleros venezolanos y personas con información privilegiada del sector han descrito como el custodio de la riqueza de la familia Maduro. Las personas entrevistadas para este artículo hablaron bajo condición de anonimato para evitar represalias.
El gobierno de Trump impuso sanciones a Malpica, de 53 años, en diciembre, alegando que había “facilitado la corrupción continua del régimen de Maduro”. Malpica no respondió a las preguntas enviadas a través de un socio comercial y dos parientes.
Los documentos de PDVSA muestran que empresas fantasma controladas por Malpica y otros empresarios cercanos a Maduro exportaron petróleo por un valor de 11.000 millones de dólares en 2021 y 2022 sin pagar suma alguna a la empresa estatal. Esa cifra representó la mitad de todos los ingresos petroleros de Venezuela en esos dos años, según indican las estadísticas del banco central del país.
Estas ventas de petróleo no registradas oficialmente parecen haber violado la legislación venezolana vigente en aquel momento, la cual otorgaba a PDVSA la custodia exclusiva de la riqueza petrolera del país.
Desde la destitución de Maduro y la imposición del control estadounidense sobre las exportaciones de petróleo de Venezuela en enero, Malpica parece haber perdido el acceso a las ventas de crudo, según personas cercanas a la industria. Sin embargo, dichas personas —así como un alto funcionario petrolero venezolano— afirman que Malpica continúa obteniendo beneficios a través de sus empresas, las cuales operan yacimientos petrolíferos, prestan servicios a PDVSA y transportan productos petrolíferos a nivel local.
El gobierno de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios. El gobierno de Trump declinó hacer comentarios públicos para este artículo.
Un funcionario del gobierno estadounidense señaló que Venezuela estaba ofreciendo garantías de que los fondos se estaban gastando de manera adecuada.
Un alto funcionario del Departamento de Estado, Michael Kozak, informó al Congreso el mes pasado que el gobierno de Estados Unidos había contratado a KPMG —una firma global de servicios financieros— para auditar las ventas de petróleo de Venezuela, añadiendo que la firma presentará sus informes en una fecha posterior aún por determinar. El Banco Central de Venezuela comunicó la semana pasada que, por su parte, había contratado a otra firma de auditoría, sin ofrecer detalles adicionales al respecto.
La historia de Malpica, de 53 años, personifica la transformación de la economía venezolana en un feudo personal de la familia Maduro; un sistema que, a pesar del cambio de liderazgo, sigue vigente en gran medida.
Exconductor de autobús y líder sindical, Maduro carecía de la comprensión técnica de la intrincada economía de Venezuela cuando su mentor y predecesor —Hugo Chávez, aquejado de cáncer— le legó la presidencia en 2013.
Maduro necesitaba aliados para gobernar el país. Y esas personas debían ser leales a él, no a Chávez, un autoproclamado revolucionario que despertaba la adoración de sus seguidores. Maduro y su esposa, Cilia Flores —una política de alto rango por derecho propio— se embarcaron en la creación de una nueva élite.
Entre los aliados de Maduro estaba Rodríguez, abogada proveniente de una destacada familia de izquierda.
Maduro y Flores también comenzaron a nombrar a decenas de familiares —sin cualificaciones aparentes— para ocupar cargos públicos, en los que algunos permanecen hasta el día de hoy.
Uno de esos familiares fue Malpica, sobrino de la primera dama, quien al inicio del mandato de Maduro convenció al presidente de permitirle gestionar los tratos con el sector petrolero, según relataron altos funcionarios de la época.
La carrera de Malpica despegó rápidamente. Meses después de asumir el poder, Maduro lo nombró miembro de la junta directiva del banco de desarrollo de Venezuela, conocido como Bandes. Poco después, se convirtió en tesorero nacional y en jefe de finanzas de PDVSA.
Estos cargos otorgaron a Malpica un acceso irrestricto a la riqueza petrolera de Venezuela, la cual continuó explotando incluso después de abandonar el sector público en 2016 para convertirse en subcontratista y comprador de petróleo de PDVSA.
A finales de 2022, la junta directiva de PDVSA se reunió para hacer un balance de los años de facturas petroleras impagas dejadas por Malpica y otros confidentes de Maduro, según consta en una presentación de dicha reunión a la que tuvo acceso el Times. La junta contabilizó cerca de 240 buques petroleros que zarparon sin efectuar el pago entre 2019 y 2022, lo que representó una pérdida de 13.000 millones de dólares para el Estado venezolano.
La junta votó a favor de dar por perdida esa suma de dinero, tal como indica la presentación. Meses después, Rodríguez asumió la dirección de PDVSA tras orquestar la caída de su predecesor, Tareck El Aissami, un protegido de Maduro que actualmente enfrenta un juicio por cargos de corrupción. Bajo su gestión, las irregularidades más flagrantes de PDVSA —como las ventas de petróleo impagas— cesaron en gran medida.
Sin embargo, Malpica y otros empresarios cercanos a Maduro continuaron gozando de acceso preferencial al petróleo, lo que puso de manifiesto los límites de las iniciativas de Rodríguez.
En 2023, por ejemplo, una empresa fantasma vinculada a Malpica se convirtió en la segunda mayor exportadora de crudo venezolano, situándose solo por detrás de Chevron —una multinacional que lleva un siglo produciendo petróleo en Venezuela—, según revelan los documentos.
Copias de algunos de los contratos muestran que dicha empresa fantasma —Hangzhou Energy, registrada en China— recibió petróleo de PDVSA bajo condiciones sumamente favorables e inusuales, a pesar de carecer de todo historial de actividad comercial. Un contrato correspondiente a 2022 revela que se autorizó a Hangzhou a vender cerca de una décima parte del volumen total de exportaciones del país durante ese año, a cambio de suministrar al gobierno una cantidad no especificada de “ayuda humanitaria”.
Se desconoce la cantidad exacta de ayuda que Hangzhou finalmente entregó, así como su contenido. Estos acuerdos de “petróleo por alimentos” —similares al obtenido por Hangzhou y supuestamente establecidos como respuesta a las sanciones estadounidenses— se convirtieron en una importante fuente de corrupción durante los últimos años del mandato de Maduro, desviando miles de millones de dólares de las arcas del Estado en un contexto de crisis humanitaria; así lo sostienen tanto el gobierno de Estados Unidos como las investigaciones realizadas por el medio de comunicación venezolano Armando.info.
Un correo electrónico enviado a la gerente de operaciones de Hangzhou, Zhang Junling, no recibió respuesta.
Si bien los representantes legales de Hangzhou se encontraban, en teoría, en China, en la práctica fueron Malpica y un socio suyo —Ramos Carretero— quienes representaron a la empresa en las reuniones con PDVSA; así lo confirman varios funcionarios de la petrolera estatal y diversas fuentes del sector petrolero venezolano, lo cual sugiere que ambos eran los beneficiarios finales de la compañía.
Asimismo, Hangzhou mantenía otros acuerdos de pago inusuales y altamente lucrativos.
La mayoría de los compradores de petróleo debían pagarle a PDVSA en dólares. Hangzhou, sin embargo, realizaba sus pagos al Bandes —el banco de desarrollo estatal— en bolívares, la moneda local; así lo indican documentos internos de PDVSA, mensajes internos a los que tuvo acceso The New York Times y entrevistas con funcionarios del sector petrolero venezolano.
El esquema desafiaba la razón fundamental por la que las naciones exportan petróleo: obtener divisas fuertes para financiar las importaciones.
El control de cambio de Venezuela implicaba que comprar petróleo con bolívares subvalorados y venderlo a refinerías chinas a cambio de divisas estables —como el dólar— permitiría a los propietarios de Hangzhou obtener enormes beneficios.
Y la inflación desbocada de Venezuela significaba que cualquier bolívar que Hangzhou terminara depositando en el Bandes —una institución opaca vinculada a Malpica— quedaba prácticamente desprovisto de valor.
La estrecha relación de Malpica con Maduro y su esposa le ayudó a sobrevivir a las purgas periódicas de PDVSA, que han llevado a la cárcel a cuatro de sus presidentes recientes y a decenas de ejecutivos, incluidos la mayoría de quienes firmaron contratos con Hangzhou.
Malpica también logró entablar una amistad con Rodríguez a lo largo de los años, según varias personas que conocen bien a ambos. Esta conexión parece haberlo librado hasta ahora de la “limpieza” de la nueva presidenta, la cual ha derivado en el despido o el ostracismo de decenas de familiares de Maduro.
Varios empresarios petroleros cercanos a Maduro han sido detenidos desde su captura, pero hasta el momento ninguno ha sido acusado públicamente de delito financiero alguno.
El sitio web de rendición de cuentas de la industria petrolera —denominado “Transparencia Soberana”—, prometido por la Rodríguez en enero, tiene una sola entrada.
El sitio web afirma que el gobierno vendió combustible por un valor de 300 millones de dólares en marzo, que se utilizó para aumentar el salario mínimo.
El sitio web no especificó quién adquirió el petróleo ni cuál fue el monto de la operación.
