Morfema Press

Es lo que es

DBuford

Vía AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a la cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, decidido a exigir un alto el fuego inmediato en Ucrania bajo amenaza de “consecuencias severas” y nuevas sanciones contra el Kremlin. Sin embargo, terminó cediendo y abandonando esa postura, al aceptar que la salida debía ser un acuerdo de paz integral, en línea con la posición defendida por Putin.

La reunión tuvo lugar el viernes en la base militar de Elmendorf-Richardson, Alaska, donde ambos mandatarios caminaron por la alfombra roja, intercambiaron sonrisas y ofrecieron una rueda de prensa conjunta. Al regresar a Washington, Trump escribió que, tras conversar también con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y líderes europeos, “se determinó que la mejor forma de acabar con esta guerra es un acuerdo de paz y no un simple alto al fuego que muchas veces no se sostiene”.

Una cumbre sin avances concretos

Aunque Trump y Putin destacaron un supuesto “progreso”, no trascendieron detalles del encuentro. Para analistas como Fiona Hill, exasesora del Consejo de Seguridad Nacional, el giro de Trump lo dejó en una posición debilitada: “Salió sin el único objetivo que se había fijado: un alto al fuego. Y eso después de dar a Putin el trato de alfombra roja”.

Desde Europa, la cumbre fue interpretada como una victoria simbólica para Moscú. El ex primer ministro sueco Carl Bildt señaló que Putin “no cedió un centímetro”, mientras que Trump sufrió “un revés evidente”.

Críticas en casa

En Estados Unidos, el recibimiento con honores a Putin —la primera visita del líder ruso a suelo estadounidense en una década— generó fuertes críticas de los demócratas. La senadora Jeanne Shaheen lo calificó como “un día de deferencias” y advirtió que el presidente “no obtuvo nada a cambio”. Pidió al Congreso responder con sanciones más duras contra Rusia.

El senador Jack Reed coincidió en que la diplomacia debe ejercerse “con responsabilidad” y no en términos de concesiones al Kremlin.

Reacciones republicanas

Los republicanos, en cambio, reaccionaron con cautela. La senadora Lisa Murkowski se declaró “moderadamente optimista” y subrayó que cualquier negociación debe contar con el consentimiento pleno de Ucrania. El senador Lindsey Graham se mostró confiado en que una eventual reunión trilateral con Zelenski “pueda poner fin a la guerra antes de Navidad”.

Otros aliados de Trump celebraron simplemente el hecho del encuentro. El activista Charlie Kirk lo describió como “una gran cosa”.

Un impulso para Putin

En Moscú, el expresidente Dmitri Medvédev elogió la cumbre como un paso hacia la restauración del diálogo al más alto nivel, destacando que las conversaciones se dieron “sin amenazas ni ultimátums”.

El propio Putin invitó a Trump a visitar Moscú, consolidando una imagen de recuperación de protagonismo internacional tras años de aislamiento por la invasión a Ucrania.

Por Omar Lugo en The Objective

En tan solo cinco años, Guyana ya es uno de los principales productores de petróleo de América del Sur

En dos semanas Guyana irá a elecciones presidenciales y ni Venezuela ni el Esequibo han estado en el centro de la campaña electoral. Mientras, en este lado de la frontera, el chavismo sube la apuesta sobre la demanda territorial histórica y se pone en curso de colisión con las políticas de EEUU en el Caribe. 

La frase se ha vuelto recurrente desde hace algunos años. Aparece escrita en vistosos murales, en calles y escuelas, en los vehículos de las fuerzas policiales y militares, en discursos políticos y proclamas de los cuarteles: «El sol de Venezuela nace en el Esequibo». En esas ocho palabras está encerrada un litigio territorial de 180 años; el esfuerzo del chavismo por galvanizar al país en torno a su liderazgo nacionalista, y un conflicto geopolítico regional que hoy se extiende a los negocios del petróleo, a las grandes corporaciones y a los intereses del impredecible gobierno de Donald Trump.

La controversia limítrofe entre Venezuela y Guyana está hoy en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y esta semana el chavismo ratificó que no acepta esa competencia ni acatará ningún fallo que emane de ese organismo de la ONU. El gobierno exige, en cambio, que Guyana se siente a negociar directamente con Venezuela, como sentenció un referendo en diciembre de 2023, cuando Maduro pidió a los venezolanos que lo acompañen en el renacer de esta justa demanda.

Pero esa negociación parece fuera del radar de los guyaneses, cuya estrategia incluye ignorar la demanda venezolana hasta el punto que ni el gobierno de Mohamed Irfaan Alí, ni sus opositores, le han dedicado mayor tiempo «al caso fronterizo» en esta recta final de la campaña rumbo a la elección del 1 de septiembre.

Irfaan es favorito a la reelección gracias al impulso de una bonanza petrolera que ha convertido a Guyana en el país de más rápido crecimiento en el mundo, según datos del FMI, y pronto en el de mayor ingreso petrolero global per cápita. El gobierno de Trump reitera su apoyo incondicional a Guyana frente a Venezuela, mientras mantiene la confrontación con Maduro en otros territorios escabrosos.

«El régimen de Maduro no es un gobierno legítimo. Nunca los reconocimos como tales. Son una organización criminal que básicamente ha tomado el control de un territorio nacional, de un país, y que, por cierto, también amenaza a las compañías petroleras estadounidenses que operan legalmente en Guyana», declaró esta semana el secretario de Estado, Marco Rubio. 

Una cicatriz histórica en Venezuela

El Esequibo es un territorio de 159.500 kilómetros cuadrados, equivalente a casi un tercio del área de toda España, que le fue arrebatado a Venezuela por Gran Bretaña en 1899, con un Laudo Arbitral firmado en París entre las potencias de la época. Venezuela nunca reconoció ese fallo y en 1966, poco antes de la independencia de Guyana, logró resucitar su demanda de que el Laudo es írrito. Gracias al Acuerdo de Ginebra, firmado con Gran Bretaña, el caso terminó en la ONU. Pero allí languideció durante 50 años sin que pasara nada ni la diplomacia de la era democrática bipartidista moviera un dedo para impulsar una solución.

Por esos avatares de la historia, el militar Hugo Chávez, el hombre que transformó a su antojo a Venezuela y le cambió desde el nombre hasta la forma de caminar, expresó que no se opondría a que Guyana desarrollara el Esequibo y dejó en segundo plano la demanda territorial y la delimitación de aguas en el Atlántico entre los dos países.

La cordialidad era de tal grado que durante el gobierno de Chávez Venezuela se convirtió en el principal comprador mundial del arroz exportado por Guyana y cultivado mayormente en el Esequibo, según prueban documentos de la época que recogían un vibrante intercambio comercial entre los dos países, como recoge el experto en esta controversia Ricardo Salvador de Toma.

Chávez también se aseguró en la OEA el apoyo de varios pequeños países insulares amigos de Guyana. Así pudo desafiar y hasta vetar las políticas de Washington en esta organización hoy denostada por los herederos del comandante.

De Toma observa que EEUU aparentemente Trump va a dejar de tener tres grandes preocupaciones (Irán, Ucrania y Gaza) y va a concentrarse mucho más en el ámbito de lo que llama su patio trasero, la América Latina. «Creo que el próximo paso será Maduro y toda esta gente. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, quizá un semestre, quizá un par de años, pero creo que el próximo objetivo serán hechos», afirma.

El petróleo como motor geopolítico

En toda esta historia hay un personaje de peso: el petróleo, encontrado en aguas del Atlántico frente a Guyana desde 2015, como fruto de unas concesiones exploratorias entregadas por Georgetown, sin que entonces el chavismo hiciera mayor escándalo para frenarlas a tiempo.

Las petroleras trasnacionales, encabezadas por ExxonMobil, han localizado solamente en uno de los bloques, llamado Stabroek, 11.000 millones de barriles de petróleo y lo están sacando a un ritmo frenético para los estándares de la industria. En tan solo cinco años, Guyana ya es uno de los principales productores de petróleo de América del Sur y, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), es hoy junto a Estados Unidos, Canadá y Brasil uno de los líderes en el aumento de la oferta mundial.

Esta semana, y bajo la mirada de protesta del gobierno de Maduro, ExxonMóbil y sus socios Chevron y la china CNOOP anunciaron el inicio de operaciones de un nuevo buque plataforma de extracción y almacenamiento de petróleo (FPSO), la OneGuyana, con capacidad para extraer 250.000 barriles por día (bpd). Así, Guyana ya tiene una capacidad instalada para producir pronto 900.000 bpd y una producción de 786.000 bpd en el último trimestre de 2025.  Para 2030, ExxonMobil prevé alcanzar los 1,7 millones de bpd en ocho desarrollos.

Es, según los entendidos, el crecimiento más vertiginoso en la industria petrolera mundial en los últimos años. Es la cuarta unidad de este tipo, y se suma las FPSO Liza Destiny, Liza Unity y Payara Prosperity.  El OneGuyana explotará los yacimientos Yellowtail y Redtail, descubiertos en 2019 y 2020, respectivamente en el extremo sureste dela concesión Stabroek, que en su prolongación noroccidental llega hasta frente a las cosas del estado venezolano de Delta Amacuro.

El auge petrolero de Guyana ha ido desde 100.000 bpd en 2021 hasta los esperados 900.000 bpd ya a finales de 2025. Las reservas actuales indican que alcanzan para 33 años al ritmo de producción actual. En contraste, Venezuela ha mantenido estable su producción entre 900.000 y un millón de bpd, según la fuente. De este modo sus reservas, calculadas en 303.000 millones de barriles, según la tesis oficial, alcanzarían para 810 años al ritmo de producción actual, mucho más que cualquier escenario de consumo de las energías fósiles, lo que significa que están condenadas a quedarse en el subsuelo, en su mayor parte.

«Prácticamente de la noche a la mañana —al menos para los estándares de nuestra industria— el hallazgo en Guyana y la posterior producción de petróleo para su venta en los mercados mundiales han logrado lo que parecía imposible: han convertido a Guyana en una de las historias de éxito económico y geopolítico más increíbles que el mundo haya visto», decía en mayo pasado Hunter Farris, vicepresidente de operaciones en aguas profundas de ExxonMobil. Compara esto con «un auto de carreras que pasa de cero a 60 en apenas unos segundos». Hasta la fecha, se han descubierto más de 50 yacimientos petrolíferos en aguas reivindicadas por Guyana, 46 de ellos solo en el bloque Stabroek. Y ExxonMobil no es la única petrolera con intereses en esas aguas.

Vía EL Tiempo

Además de incautar bienes del régimen y aumentar la recompensa sobre Maduro, EE. UU. desplegó tropas en el Caribe.

Lo que parecía un proceso de distensión tras el intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington y la autorización a Chevron para retomar operaciones en Venezuela, ha derivado en una nueva fase de confrontación. La relación bilateral se ha tensado tras la designación del “Cartel de los Soles” como organización terrorista y el incremento a 50 millones de dólares de la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de liderar dicha estructura criminal.

A esta ofensiva se sumó la fiscal estadounidense Pam Bondi, quien informó esta semana sobre la incautación de 700 millones de dólares en bienes vinculados a Maduro en República Dominicana y Florida. Paralelamente, el Pentágono desplegó en el Caribe más de 4.000 infantes de marina junto con destructores, un crucero de misiles guiados, un submarino nuclear y aeronaves de reconocimiento, como parte de una operación antidrogas bajo el Comando Sur.

La reacción en Caracas no se hizo esperar. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, sobre quien pesa una recompensa de 25 millones de dólares, rechazó la acusación y aseguró que en Venezuela “no hay producción ni tránsito de drogas” y que el único cartel que opera “a la luz del mundo es la DEA”.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó que el régimen de Maduro “no es un gobierno, es una organización criminal”, al señalar que el Cartel de los Soles es “una de las redes más amplias del hemisferio”. La dirigente opositora María Corina Machado, en la clandestinidad, respaldó la línea dura de Washington y calificó a Maduro de jefe de la organización criminal y del grupo delictivo transnacional Tren de Aragua.

Expertos advierten que la política de la administración Trump hacia Venezuela combina presiones radicales con gestos pragmáticos, como la licencia otorgada a Chevron. Según el analista Michael Shifter, esta dualidad “mantiene a todos adivinando” y refleja las contradicciones en el enfoque hacia Caracas.

Para el politólogo Daniel Arias, la nueva estrategia busca forzar una negociación política y romper el estancamiento posterior a las elecciones del 28 de julio de 2024. El exministro chavista en el exilio, Andrés Izarra, sostuvo que el objetivo no es una invasión, sino crear condiciones para “la repetición de elecciones libres” en Venezuela.

En este contexto, países de la región enfrentan el dilema de definirse. Gobiernos como los de Colombia, México y Brasil, cercanos a Maduro, deberán calibrar sus posturas para evitar sanciones o retaliaciones financieras de Washington.

La escalada actual marca un punto de inflexión en la relación bilateral y reabre el debate sobre la viabilidad de una salida política en Venezuela bajo la presión internacional más fuerte de los últimos años.

Bolivia celebra este domingo unas elecciones generales en un clima de incertidumbre política y marcada crisis económica. La jornada podría representar el fin de casi veinte años de dominio del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que, por primera vez en dos décadas, llega dividido y con escasas opciones de retener el poder.

De acuerdo con las encuestas, los favoritos para encabezar la contienda son Samuel Doria Medina, candidato de la alianza Unidad, y el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002), de Libre. Ambos concentran la mayor preferencia electoral, aunque sin los votos necesarios para imponerse en primera vuelta. El escenario apunta hacia un eventual balotaje el 19 de octubre, hecho inédito en la historia reciente del país.

Mientras tanto, el candidato de izquierda mejor posicionado, Andrónico Rodríguez, ha descendido al quinto lugar con apenas un 5% de intención de voto. En paralelo, más del 30% del electorado se mantiene indeciso o inclinado al voto nulo y blanco, una proporción mayor que la obtenida por cualquiera de los ocho aspirantes presidenciales.

A este panorama se suma la campaña del ex mandatario Evo Morales, inhabilitado por fallo judicial, quien ha llamado a marcar el voto nulo como rechazo al proceso electoral. Aunque esta modalidad no será contabilizada, analistas consideran que constituye una estrategia para mantener viva la influencia del evismo.

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha exhortado a que se respete el derecho ciudadano a participar y ha rechazado cualquier intento de obstaculizar los comicios.

Expertos coinciden en que el próximo gobierno enfrentará una agenda de emergencia centrada en estabilizar la economía, garantizar el suministro de combustibles y controlar la inflación. Más allá de la coyuntura, los analistas señalan que Bolivia entra en una nueva etapa política: el fin de las mayorías absolutas y el regreso de los pactos interpartidarios como fórmula de gobernabilidad.

“El país está ante un cambio de ciclo. La prioridad será lo económico, porque otros ajustes requieren recursos que hoy no existen. Será un gobierno de transición que deba construir consensos para salir de la crisis”, afirmó la analista política Ana Velasco.

Con estas elecciones, Bolivia podría dar un giro histórico: el cierre de una era de gobiernos de izquierda que se inició en 2006 y la apertura de un nuevo mapa político y económico.

Vía El Impulso

El economista Miguel Altuve afirmó que el venezolano ha aprendido a administrar “las crisis”, tanto dentro como fuera de Venezuela.

“Hemos aprendido a administrar las crisis y más de 6 millones de venezolanos se fueron. La gente ha tenido que resolver”, dijo en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias. “En otros países el tema económico también es complicado, el venezolano ha aprendido a administrar la crisis dentro y fuera del país”.

Dijo que el 40% de la economía se mueve en el país por las remesas del exterior: al moverse los migrantes de sus lugares de acogida iniciales, esto trastoca un poco la dinámica en el país.

El especialista remarcó que con una cultura migratoria de experiencia, tras 10 años del venezolano fuera, ya Suramérica no es una opción real y por eso ahora buscan Europa, especialmente España.

También resaltó que este escenario es una revolución económica hoy, que a la larga podría traer bonanza si se sabe manejar en crisis.

Crecimiento vs. Desarrollo

Venezuela en términos de desarrollo y crecimiento económico ha sufrido cambios drásticos en los últimos 10 años. En ese sentido, para el docente universitario y experto en finanzas, Miguel Altuve, las empresas y emprendimientos deben afianzar su concepto sobre crecimiento y verdadero desarrollo a largo plazo.

“A veces se cae en el error de decir que hay crecimiento en Venezuela y al salir a las calles de las principales ciudades la realidad es muy distinta. El crecimiento es más puntual y no tiene que ver totalmente con desarrollo”, destacó en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.

Altuve dijo que las crisis representan una oportunidad para diversificar las economías y buscar alternativas. Por eso, en términos de desarrollo, se pasa por un proceso de varias fases, donde el órgano responsable debe llevar un plan que no debería tener más de 5 años en proyección.

Fuera de la estructura empresarial normal, la economía del país se mueve sobre datos duros del Banco Central de Venezuela (BCV), por eso “el desarrollo se observa desde la administración de la crisis”.

“En el país tenemos más de 30 años en crisis y la hemos sabido gestionar. Del año 2001 al 2007 hubo bonanza en Venezuela sobre petróleo, pero hoy la realidad es distinta y toca diversificar esas entradas”, remarcó el especialista.

Por Javier L: Mora

Hace apenas un mes la escritora Zulema Gutiérrez y yo nos presentamos en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana arrastrando un par de maletas llenas de libros, y con el corazón ansioso y estrujado porque abandonaríamos no solo la Isla, sino también nuestra zona de confort emocional entre familiares y amigos. Una vez allí, y realizado el check in, fuimos directamente a la aduana, donde nos retuvieron pasajes y pasaportes, y nos indicaron que esperáramos a varios metros de distancia de la ventanilla en cuestión, mientras nuestros documentos eran llevados a cierta oficina.

Se sabe que el tiempo en tales situaciones de tensión pasa rigurosamente lento, y allí estuvimos, de pie y cargando sendas mochilas repletas igualmente de libros, durante dos larguísimas horas. Supuse que, obviamente, esto era una especie de castigo, el «último pellizco contra nosotros de la dictadura cubana» —como lo nombraron después, cuando hicimos el cuento, en la plataforma cívica Archipiélago—, un juego de nervios en el que el primero en perder los estribos cede la victoria a su contrario. Entretanto, en la oficina a la que habían llevado nuestros documentos entraban y salían, a intervalos, agentes uniformados o de civil de la Seguridad del Estado, seguramente consultándose unos a otros qué hacer con nuestro caso.

Dos horas después nos llamaron de aquella oficina. Un joven vestido de paisano, tal vez un recién llegado a las filas de la represión uniformada en Cuba, nos esperaba sudoroso y visiblemente expectante por la entrevista de rigor que nos haría a continuación. Después de dar algunas vueltas ambiguas en la conversación, con preguntas de control fuera de toda marca motivacional, cayó en el centro de la cuestión: el asunto de nuestra pertenencia a la plataforma cívica Archipiélago y de nuestro activismo político.

Contesté a sus preguntas de buena gana, viendo cómo aquel joven frente a mí fingía anotar alguna cosa sin importancia (letras, signos, nombres…) en algún papel. Un rato después se nos permitió viajar: el joven pasó nuestros documentos a un oficial de uniforme que los llevó justo a la ventanilla de aduana en la que antes nos habían sido retenidos.

Sirva este relato para entender la anomalía de la situación cubana: el simple acto de que un Estado, a través de sus órganos de represión y control, se arrogue el derecho de retener en aduana los documentos de viaje de un ciudadano cualquiera; el asunto de segregarlo de una fila frente a todos, y de hacerlo a un lado como si se tratara de un criminal perseguido por la ley; el caso de obligarlo a una entrevista para entender si concederle o no un permiso de viaje, e incluso la posibilidad latente de impedirle simplemente salir del país —todo esto, claro está, por motivos de naturaleza política—, son apenas una mínima muestra de lo que ese Estado representa, es decir, de su genética dictatorial.

Vengo de un país llamado Cuba en el que una facción paramilitar, todavía hoy en el poder, tomó por la fuerza el control de la Isla después de dos años de guerra civil, y transformó, desde su llegada en 1959, el destino de las cuatro siguientes generaciones de cubanos en un calvario humano y material; vengo de una nación donde el actual Gobierno sustituyó una dictadura de siete años por otra más larga y cruenta de 66 años; vengo de vivir toda mi experiencia vital bajo el signo de un Estado despótico y totalitario, cuyo único interés no es servir al ciudadano común, sino mantenerse enquistado en su dominio absoluto de la Isla.

Hay cifras no oficiales que indican que hoy el índice de pobreza en el país es de casi un 87% de la población; pero el Gobierno cubano sigue hablando en los medios de «conquistas sociales» y de «construcción del socialismo», mientras culpa de los males congénitos del sistema al embargo de EEUU. Hay organismos que señalan que Cuba tiene confinados a más de mil presos políticos; mientras el régimen alardea de su «democracia socialista» y del respeto a los derechos humanos y cívicos.

La llamada «Revolución» ha fracasado en todos los órdenes, y ha hundido en el abismo de la desesperación y la miseria a los cubanos de la Isla. Pero el daño es, por supuesto, todavía incalculable: no se trata solo de que el país ha sufrido en los últimos años la mayor ola migratoria de su historia, sino de la desesperanza de toda una nación que ha visto cerrarse sobre ella las nubes de un futuro cada vez más precario, asfixiante e incierto, y que ha tenido que abandonar la Isla detrás de un mañana tal vez mejor en tierra extraña; no se trata solo de que hoy vivan en el exilio, desperdigados por el mundo cual semillas de tierra fracturada, unos cinco millones de mis connacionales, sino de la desintegración celular de la familia cubana; no se trata solo de que el régimen de la Isla desconozca su propia Constitución, en la que figuran derechos como la libertad de expresión y manifestación pacífica, sino de la abierta criminalización del disenso, de la represión política gubernamental, del odio ideológico practicado sobre el cuerpo social del país sin asomo alguno de culpa.

No se trata siquiera de esa culpa que el Gobierno cubano no acaba de asumir por su tiránico egoísmo natural, sino de la deuda, impagable ya, que este tiene con su propio pueblo, entre muertos en el estrecho de la Florida o la selva del Darién, en conflictos militares en África o América Latina; entre las carencias cotidianas de todo tipo y la precariedad de un sistema de salud cada vez más ineficiente; entre la falta de agua o de electricidad en la mayor parte de la Isla y el sufrimiento generalizado de sus habitantes.

El cubano, pueblo noble y alegre en esencia, ha aprendido a sobrevivir en condiciones que provocarían, de ser testigo, el espanto de cualquier otro país o pueblo. El cubano ha insistido, de mil modos distintos, en hacerle saber al Gobierno abusivo que oprime sus derechos fundamentales que el país necesita un cambio político profundo y radical, una senda de luz y democracia que garantice no solo sus derechos, sino también su estabilidad económica, su desarrollo personal; el marco legal, sin exclusión política, que viabilice su voluntad de crecer y trascender, según talentos propios.

Pero el Estado, como escribió Henry David Thoreau, «nunca se enfrenta voluntariamente con la conciencia intelectual o moral de un hombre, sino con su cuerpo, con sus sentidos. No se arma de honradez o de inteligencia, sino que recurre a la fuerza física».

Y así vimos pasar a Oswaldo Payá, Premio Sajarov y cinco veces nominado al Premio Nobel de la Paz, excelso fundador del Movimiento Cristiano de Liberación, una agrupación cívica que en los años 90 procuró hacer valer cierto estatuto constitucional, hoy derogado, para que el Gobierno cubano aplicara el Proyecto Varela, un proyecto cuya sustancia implicaba la apertura del país a un mínimo de democracia, y que el Gobierno desoyó, desestimó y censuró sin cansancio. (Payá murió en el año 2012, en un trágico y oscuro accidente de tránsito. En 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado cubano era responsable de su muerte).

Y así vimos cómo un grupo de jóvenes artistas y escritores de la capital, en noviembre de 2020, se agruparon sin previa coordinación frente al Ministerio de Cultura de Cuba, exigiendo el respeto a la libertad artística, de expresión y manifestación, a raíz de una violenta intromisión policial en la sede del Movimiento San Isidro, donde algunos de los miembros de esta última organización llevaban días en huelga de hambre para reclamar la excarcelación de uno de sus miembros. Aquellos jóvenes artistas y escritores que pedían un diálogo abierto y oficial con el Gobierno a través del Ministerio de Cultura, protagonistas de la protesta y del plantón pacífico frente a la sede de ese ministerio en La Habana, fueron testigos no solo de la frustración de cualquier amago de diálogo con el régimen, sino además de la reprimenda policial que recibiera un colectivo de mujeres integrantes de la protesta, justo frente a ese ministerio, mientras el propio ministro de Cultura agredía verbal y físicamente a un periodista independiente que filmaba la escena.

Así sucedieron, en julio de 2021, las mayores y más masivas protestas que hayan ocurrido en Cuba en el período post-1959, cuando miles de cubanos salieron a las calles del país a pedir libertad y cambio de sistema, y fueron violentamente reprimidos por la Policía política. Hoy, dos tercios de los presos políticos que tiene el país guardan prisión desde esa fecha.

Así también se organizó Archipiélago: una plataforma cívica integrada por cubanos de dentro y fuera de la Isla, que aboga pacíficamente por la libertad incondicional de los presos políticos y por los cambios urgentes y democráticos que el país necesita, y cuyo gesto fundamental fue la organización de una Marcha Cívica por el Cambio, programada para el 15 de noviembre de 2021, que se viera frustrada gracias a la militarización que sufrió el país en esas jornadas, y por la ingente presión de los aparatos de control del Estado cubano sobre todos los organizadores de la plataforma.

El civismo y la honradez siguen tratando de abrir en Cuba, a golpe de entereza y de razón, la compleja madeja ideológica y política que mantiene atada a la sociedad cubana en general, en la figura de otros disidentes, activistas, intelectuales o simples ciudadanos, como la historiadora y profesora universitaria Alina Bárbara López Hernández, a quien se debe la iniciativa que mueve a varios dentro del país, el 18 de cada mes, junto a algún busto del héroe nacional cubano del siglo XIX, como forma de protesta pacífica por la liberación de los presos políticos, y para exigir la organización de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna participativa, plural, enteramente democrática y desideologizada.

Pero el Gobierno cubano no parece estar interesado en dialogar con (o escuchar a) las distintas voces que, desde la sociedad civil o la oposición en general, le exigen el respeto de derechos humanos. Parapetado en una institucionalidad servil creada ad hoc por él mismo, y que justifica su dominio absoluto e intrafamiliar del ecosistema político cubano, se dedica solo a defenderse de los reclamos de libertad que el pueblo de la Isla viene exigiéndole desde hace mucho tiempo. En Cuba, las leyes no se crean en función del equilibrio económico, político o social de las partes integrantes del cuerpo de la nación, sino con la intención abierta o solapada, pero siempre palpable, de solidificar en el poder a la clase parásita, burócrata y militar del país; es decir, para justificar el atropello constante del Estado cubano contra su propio pueblo.

El arte, por ejemplo, ha visto entronizarse en el cuerpo de leyes de la República al oneroso Decreto-Ley 349 que, desde 2018, no solo regula la libre circulación artística y cultural de la Isla, sino también la temática de su producción, al concederle permisos extraordinarios de censura y amonestación al Gobierno cubano sobre el trabajo creativo de la masa artística.

¿Cuántos artistas son presos políticos en la Isla? ¿Cuántos de ellos son poetas, escritores, artistas visuales, gente del grafiti o del teatro?

Dice algún personaje de Svetlana Aleksiévich, en su Voces de Chernóbil, que «el mal, en sustancia, no es algo por sí mismo, sino privación del bien, así como la oscuridad no es otra cosa que ausencia de luz». Todavía hoy, y desde 1959, el mal que cubre por entero a mi país, como una sombra ideológica de nefastas e incalculables consecuencias, es un Estado y Gobierno totalitarios cuya práctica de control ciudadano llega incluso al absurdo de regular la salida del país de cualquier individuo que se le enfrente; un sistema dictatorial que le ha cerrado el paso a la única luz que podría rescatar a la Isla: hablo de una luz que se traduce en respeto a la diferencia política, al pensamiento crítico, a la libertad de expresión; hablo de un estándar de democracia que garantice, para todos, el bienestar individual en la nación.

Este texto fue publicado en Facebook y se reproduce con autorización del autor. Una versión del texto fue leída en el Centrum Wielokulturowe w Krakowie, Cracovia, el pasado 6 de agosto, en un encuentro con residentes de la red de ICORN de Polonia. 

Vía 14ymedio

La prensa mexicana amaneció este sábado con titulares incendiarios que cuestionan la gestión de Petróleos Mexicanos (Pemex). Entre el 29 de mayo y el 27 de junio de 2025, la empresa realizó 39 operaciones de exportación a bordo de 20 barcos con destino a Cuba, que incluyeron 10,2 millones de barriles de crudo y 132,5 millones de litros de productos refinados (turbosina para aviones, diésel y gasolina). Y, sin embargo, los cubanos siguen sufriendo apagones interminables: este sábado, el pronóstico de la Unión Eléctrica prevé un déficit de 1.675 megavatios en el horario pico.

Estos productos, valorados en 850 millones de dólares, se enviaron a través de Gasolinas Bienestar S.A., la filial de Pemex creada –entre otros objetivos “solidarios”– para exportar combustible a la Isla. En esas entregas incluso llegó turbosina, el combustible para aviones que La Habana pedía por señas el pasado diciembre y que causó que en el aeropuerto de la capital se cancelaran vuelos por varias horas.

México ha llegado incluso a sustituir a Venezuela en la cantidad de combustible enviado a la Isla. En junio, Caracas mandó apenas 8.000 barriles por día (bpd), en lugar de los 50.000 de promedio mensual en los años anteriores, aunque en julio aumentó sus exportaciones a 31.000 bpd. En cambio, México entregó a Cuba en junio 333.000 bpd solo en crudo, además de combustible.

El monto casi alcanza el valor del petróleo que Pemex envió a Cuba durante más de un año, entre julio de 2023 y septiembre de 2024: cerca de 1.000 millones de dólares. Las entregas han seguido desde junio pasado, con el Ocean Mariner, cuya llegada a Cienfuegos está prevista para mañana 17 de agosto, y con el Sandino, que está actualmente cargando crudo en el puerto mexicano de Pajaritos-Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, donde llegó el 28 de junio.

Del total de envíos de 2025, 19 salieron desde Coatzacoalcos y uno desde Tampico, en Tamaulipas, con 6,8 millones de litros de diésel. La empresa importadora fue Coreydan S.A., una estatal cubana de la que poco se conoce, pero que en 2023 importó hidrocarburos de Gasolinas Bienestar por valor de 60 millones de dólares entre julio y otra fecha que se desconoce, según Bloomberg. Según la prensa mexicana, la estatal comparte sede en La Habana con la Unión Cuba-Petróleo (Cupet), en la calle Amistad 552, en Centro Habana. 14ymedio pudo constatar en el lugar que ningún vecino del edificio había oído hablar de Coreydan. 

De los envíos de mayo a junio de este año, todos registran como empresa importadora a Coreydan menos uno, con fecha del 19 de junio, en el que se enviaron 8 millones de litros de gasolina regular encargados por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Otros buques involucrados en el trasiego de crudo entre México y la Isla son el Ocean Mariner, que llegó a La Habana en julio con 13.000 toneladas (aproximadamente 91.000 barriles) de combustible desde la refinería de Ciudad Madero, tras haber realizado al menos dos viajes previos en el año. El tanquero tiene previsto llegar este domingo al puerto de Cienfuegos.

En años anteriores, reseñan los medios mexicano, también se han registrado viajes frecuentes del Bicentenario, propiedad de Pemex Logística, que hizo cuatro visitas a La Habana y una a Matanzas en 2023. A esto se suman embarcaciones cubanas como el Delsa (ocho viajes), el Esperanza (seis viajes) y el Vilma (17 viajes) entre 2023 y 2024, todas desde la terminal de Coatzacoalcos-Pajaritos. 

En un informe ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE UU en 2024, Pemex ya había reconocido que desde julio de 2023 su filial Gasolinas Bienestar S.A. adquirió crudo y productos petrolíferos de sus propias compañías para exportarlos a Cuba. En ese mismo informe, la empresa declaró haber exportado entre julio y diciembre de 2023 productos por 400 millones de dólares y, en 2024, otros 600 millones.

En cuanto a 2025, en el primer trimestre México envió a la Isla 19.600 barriles de petróleo por día (bpd), cuyo valor asciende a más de 166 millones de dólares, según los propios informes de Gasolinas Bienestar S.A. A falta de datos para los meses de abril y mayo, ya es un hecho que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha entregado a su aliado cubano más de 1.000 millones de dólares en petróleo y derivados.

Sin embargo, este millonario apoyo no ha sido gratuito para México. El pasado 25 de febrero, la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Pemex se ha endeudado aún más como resultado de estos envíos, que fueron subsidiados al menos hasta los últimos años del mandato de Manuel Andrés López Obrador (2018-2024). Actualmente se desconoce si La Habana desembolsa algo por esas entregas, si se trata de un trueque a cambio de servicios (aunque Cuba ya recibe un pago altísimo por sus misiones sanitarios) o si es una donación de México.

Pemex se ha endeudado aún más como resultado de estos envíos, que fueron subsidiados al menos hasta los últimos años del mandato de Manuel Andrés López Obrador

El pasado julio, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió de que la deuda acumulada de Pemex con sus proveedores, en su mayoría pymes, amenaza a miles de negocios en todo el país, especialmente en regiones clave del sector energético. 

Según un comunicado del organismo, que representa a más de 36.000 empresas, responsables del 30% del producto interno bruto (PIB) nacional, aunque Pemex redujo 20% su deuda con proveedores al cierre del primer trimestre del año –ubicándola en unos 20.200 millones de dólares–, el monto sigue siendo “de proporciones insostenibles”.

México tampoco está en condiciones de exportar semejantes cantidades de crudo, criticaron este sábado los medios locales. Con titulares como Pemex prioriza a Cuba sobre México en el desabasto de gasolina; Escasean gasolinas… y Cuba goza a Pemex o Mientras falta gasolina en México, Pemex envía cargamentos millonarios a Cuba, la prensa denunciaba que en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Chiapas se han reportado problemas de abasto de gasolina.

Vía Versión Final

El informe especial “Maduro: una década oscura para los Derechos Humanos” documenta que durante los últimos 10 años decenas de dirigentes sindicales han sido detenidos y procesados, mientras que más de 3.000 casos de «amenazas o actos de hostigamiento» contra líderes sindicales han sido registrados

a organización no gubernamental Provea denunció que el reciente anuncio del presidente Nicolás Maduro, de impulsar un “proceso constituyente para trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional”, constituye una nueva amenaza contra la libertad sindical en Venezuela.

Rechazamos esta nueva amenaza contra el movimiento sindical y recordamos que la existencia del sindicalismo autónomo y libre de amenazas e injerencias indebidas del Estado es esencial para la democracia y la garantía de los derechos sociales”, señaló la ONG en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Provea recordó que desde que Maduro asumió la presidencia en 2013 se ha producido una «progresiva anulación de los derechos laborales, acompañada de represión y hostigamiento hacia trabajadores, sindicatos y gremios, en un contexto de debilitamiento del Estado de derecho».

El informe especial “Maduro: una década oscura para los Derechos Humanos” documenta que durante los últimos 10 años decenas de dirigentes sindicales han sido detenidos y procesados, mientras que más de 3.000 casos de «amenazas o actos de hostigamiento» contra líderes sindicales han sido registrados.

Según la ONG, las reformas legales aplicadas tras los ciclos de conflictividad social de 2014, 2017, 2018 y 2019 reforzaron un marco restrictivo para el derecho a la asociación y a la huelga. En paralelo, se consolidó un modelo económico caracterizado por la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores, la precarización del empleo y la persecución de la disidencia laboral.

Provea también recordó que la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya había instado al Estado venezolano, en 2019, a cesar de inmediato todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización e intimidación contra dirigentes y organizaciones sindicales, y a garantizar que tales agresiones no se repitan.

La historia de Colombia es un lienzo ensangrentado, pintado con las tragedias de sus líderes más prometedores. La muerte, como un espectro implacable, ha rondado durante décadas los sueños de una nación que anhela paz, justicia y democracia. Desde el estruendo de las balas que segaron la vida de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 hasta el reciente y doloroso asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en 2025, la violencia política en Colombia no es un grito del pasado, sino una amenaza viva, un lobo que acecha en las sombras, dispuesto a devorar la esperanza. Con este relato no solo honro a los caídos, sino que lanzo una advertencia urgente: la muerte sigue rondando, y su hambre no se sacia.

El Bogotazo: El Grito que Despertó al Monstruo

El 9 de abril de 1948, las calles de Bogotá se tiñeron de rojo con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el carismático líder liberal cuya voz resonaba como un llamado cargado de esperanza para las masas. Cuatro disparos en el corazón de la capital desataron el Bogotazo, una furia desbocada que dejó miles de muertos y marcó el inicio de “La Violencia”, un conflicto que devoró a Colombia durante décadas. Gaitán, con su promesa de justicia social, era percibido como una amenaza para las élites y los poderes oscuros. Su muerte no fue solo un magnicidio; fue un golpe al alma de un país que aún no se recupera de sus heridas. Las hipótesis sobre su asesinato —desde conspiraciones de las oligarquías hasta intereses internacionales— siguen sin resolverse, alimentando la desconfianza en una nación donde la verdad a menudo muere junto a sus mártires.

Álvaro Gómez Hurtado: El Silencio de la Verdad 

En 1995, la muerte volvió a golpear con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, líder conservador y figura respetada por su integridad. Su voz, crítica y lúcida, incomodaba a los poderes establecidos. Baleado a las puertas de una universidad en Bogotá, su crimen permanece envuelto en un velo de misterio. Aunque en 2020 las FARC se atribuyeron la autoría, la familia Gómez rechaza esta versión, señalando al Estado como posible culpable. La muerte de Gómez no solo apagó una mente brillante, sino que sembró una semilla de duda: ¿quién decide quién vive y quién muere en Colombia? La impunidad, como un veneno lento, sigue carcomiendo la confianza en la democracia.

Luis Carlos Galán: El Mártir de la Esperanza

El 18 de agosto de 1989, en la plaza de Soacha, Luis Carlos Galán Sarmiento, líder del Nuevo Liberalismo, cayó bajo las balas del Cartel de Medellín, con la complicidad de sectores corruptos del Estado. Unos días antes lo había conocido y estrechado sus mansos en un encuentro organizado por el Presidente Carlos Andrés Pérez en el palacio de Miraflores en Caracas. Galán, que lideraba las encuestas con su cruzada contra el narcotráfico, representaba la posibilidad de un país libre de la garra del crimen organizado. Su muerte, capturada en imágenes que aún estremecen, no solo mató al hombre, sino que intentó asesinar la esperanza de una generación. Junto a él, murieron su escolta Santiago Cuervo y el concejal Julio César Peñaloza, víctimas olvidadas de una noche que marcó a Colombia para siempre.

Miguel Uribe Turbay: La Herida que No Cierra

El 7 de junio de 2025, la tragedia golpeó de nuevo. Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, fue atacado en un mitin en Fontibón, Bogotá. Un sicario de apenas 15 años disparó contra él, hiriéndolo gravemente. Días después, el 11 de agosto, Colombia lloró su muerte. Uribe, un firme opositor al gobierno de Gustavo Petro, llevaba en su sangre el peso de una dinastía marcada por la violencia: su madre, Diana Turbay, murió en 1991 durante un operativo de rescate tras ser secuestrada por narcotraficantes. Su asesinato, como un eco cruel de los magnicidios del pasado, reavivó los temores de una violencia política que nunca se fue. La muerte de Uribe no es un hecho aislado; es un recordatorio de que los fantasmas del pasado siguen vivos, alimentados por la polarización y el odio.

Los Atentados contra Simón Bolívar: La Semilla de la Violencia

La violencia política en Colombia no es un fenómeno moderno. Sus raíces se hunden en el siglo XIX, cuando incluso el Libertador, Simón Bolívar, fue blanco de la intolerancia. El 25 de septiembre de 1828, en la Conspiración Septembrina, Bolívar escapó por milagro de un atentado en Bogotá, orquestado por opositores que veían en su liderazgo una amenaza a sus intereses. Este episodio, aunque lejano, sembró la semilla de una cultura de eliminación del adversario político que aún persiste. La resonancia de aquella noche en la que Bolívar saltó por una ventana para salvar su vida se percibe en cada disparo que ha silenciado a los líderes colombianos. 

Otros Caídos: El Genocidio de la Unión Patriótica

La década de 1980 y 1990 fue un cementerio para los sueños de cambio. Jaime Pardo Leal (1987), Bernardo Jaramillo Ossa (1990) y Carlos Pizarro León Gómez (1990), todos ligados a la Unión Patriótica o al M-19, fueron asesinados en una ola de violencia que buscaba aplastar cualquier intento de apertura democrática. La Unión Patriótica, nacida de los acuerdos de paz con las FARC, fue diezmada en un genocidio político que dejó más de 4,000 víctimas. Estos crímenes, perpetrados por paramilitares, narcotraficantes y sectores corruptos del Estado, no solo mataron personas, sino que intentaron borrar la posibilidad de una izquierda democrática en Colombia.

Una Advertencia al Futuro 

La muerte de Miguel Uribe Turbay, como las de Gaitán, Gómez, Galán y tantos otros, no es solo una pérdida personal; es un ataque a la democracia misma. Cada bala disparada contra un líder es un intento de silenciar al pueblo que los sigue. Colombia vive atrapada en un ciclo de violencia que se alimenta de la polarización, la impunidad y la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. Entre 2021 y 2023, más de 800 líderes sociales y políticos fueron asesinados, y en 2025, 34 más han caído. La amenaza no ha desaparecido; al contrario, se renueva con cada ciclo electoral, como un depredador que espera su momento.

La democracia colombiana está bajo fuego. La muerte sigue rondando, y su sombra se alarga con cada discurso de odio, con cada silencio cómplice, con cada investigación que no llega a la verdad. No basta con llorarlos; es hora de actuar. Es hora de rechazar la violencia como herramienta política, de exigir justicia para los caídos y de proteger a quienes se atreven a soñar con un país mejor. Porque mientras la muerte siga rondando, ningún líder, ningún ciudadano, estará a salvo.

Este artículo es un grito de alerta, un llamado a la conciencia de un pueblo que no puede permitir que la violencia siga definiendo su destino. Que la memoria de los caídos nos inspire a construir una Colombia y una Venezuela donde la vida, y no la muerte, tenga la última palabra.

Antonioledezma.net

La empresa estadounidense ExxonMobil firmó un acuerdo con el gobierno de Trinidad y Tobago para iniciar la exploración de hidrocarburos en una extensa zona marítima ubicada al este del país. El área abarca más de 7,000 kilómetros cuadrados y supera los 2,000 metros de profundidad. El proyecto se desarrolla en medio de presiones internacionales para que la nación caribeña avance hacia modelos de energía más sostenibles.

El vicepresidente de exploración global de ExxonMobil, John Ardill, señaló que la negociación se concretó en seis meses, un plazo que calificó como “sin precedentes”. Aunque reconoció que “no hay garantías de éxito”, destacó que los mayores descubrimientos recientes han ocurrido en entornos similares. La empresa prevé iniciar una evaluación geofísica en los próximos seis meses, como paso previo a las perforaciones de prueba.

Durante el anuncio, Ardill mencionó el caso de Guyana como referencia regional. En menos de cinco años, ese país pasó del descubrimiento inicial a la producción petrolera, alcanzando actualmente unos 650,000 barriles diarios. “Vemos un gran potencial para replicar el éxito de Guyana aquí”, afirmó. La comparación refuerza las expectativas sobre el posible impacto económico del proyecto en Trinidad y Tobago.

La primera ministra Kamla Persad-Bissessar indicó que se aplicarán mecanismos de supervisión ambiental para garantizar el cumplimiento de estándares. Aunque aseguró que se buscará reducir las emisiones de carbono, defendió el uso de los recursos fósiles del país. “Trinidad y Tobago tiene una ventaja competitiva cuando se trata del sector energético, y no deberíamos renunciar a eso a la ligera”, declaró.

El acuerdo se produce tras el fracaso de una alianza energética con Venezuela, bloqueada por la revocación de licencias estadounidenses vinculadas a sanciones. ExxonMobil había operado en Trinidad entre 1998 y 2003, pero se retiró tras resultados negativos.

Su retorno plantea nuevas expectativas sobre el papel del país en el mercado energético regional, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y desafíos climáticos.

Reuters

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