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Es lo que es

DBuford

Vía 14ymedio

Un inesperado paro académico en varias universidades de Cuba ha desatado una oleada de solidaridad dentro y fuera del país, mientras las autoridades reaccionan con pánico y discursos cada vez más beligerantes. La protesta, originada por el reciente aumento de tarifas de Etecsa —que en la práctica dolariza el acceso a internet— ha dejado al descubierto un creciente descontento entre estudiantes, profesores y egresados.

La Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana fue la primera en anunciar el cese de actividades, a la que se sumaron rápidamente la Cujae y la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. La protesta ha sido presentada por el régimen como parte de “una campaña orquestada desde el exterior”, pero los videos que circulan en redes sociales muestran una realidad distinta: jóvenes que, desde sus aulas, convocan a continuar el paro con aplausos y apoyo generalizado.

En un intento por controlar la narrativa, Roberto Morales Ojeda, alto dirigente del Partido Comunista, calificó las manifestaciones como parte de una “guerra mediática” y llamó a “cerrar filas”. Pero el tono marcial del mensaje oficial solo ha aumentado el malestar. Incluso en espacios afines al Gobierno, como el grupo de Telegram La Manigua, comienzan a surgir grietas. “Estamos viviendo momentos como los del 11 de julio”, reconoció un usuario. Otro fue más directo: “Nuestros talones de Aquiles son la juventud y la cultura. En ambos casos nos están dando de lo lindo”.

El movimiento estudiantil no se ha replegado. Profesores del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana han expresado su respaldo a los estudiantes y exigido la suspensión inmediata del tarifazo, además de una consulta ciudadana auténtica y mecanismos institucionales que garanticen decisiones colectivas.

Egresados universitarios también han comenzado a recolectar firmas en solidaridad con los manifestantes y en protesta por la respuesta represiva del régimen. La indignación crece a la par de la inflación, mientras las autoridades se ven obligadas a improvisar: ofertas especiales para estudiantes, mensajes contradictorios y una repentina visita de la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich, a Rusia.

Lejos de apaciguar los ánimos, estas maniobras evidencian el desconcierto en las altas esferas del poder. El viejo guion de culpar al “enemigo externo” pierde fuerza. Esta vez, el descontento no viene de Miami, sino del corazón de las aulas cubanas.

El presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping mantuvieron una conversación telefónica de hora y media el jueves, la primera en más de cinco meses, en medio de tensiones comerciales que han sacudido los mercados globales y reducido significativamente el comercio bilateral.

Infobae

Trump describió la llamada como “muy buena” y dijo que resultó en “una conclusión muy positiva para ambos países”, según declaró en su plataforma Truth Social. La conversación se centró “casi enteramente en COMERCIO”, agregó el mandatario estadounidense.

Los medios chinos reportaron que Xi le dijo a Trump que ambos países necesitan “corregir el rumbo” de las relaciones bilaterales, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

“Corregir el rumbo del gran barco de las relaciones entre China y Estados Unidos requiere que lo manejemos bien y fijemos la dirección, especialmente para eliminar todo tipo de interferencias e incluso destrucción, lo cual es particularmente importante”, dijo Xi a Trump.

Acuerdos inmediatos

Durante la conversación, los líderes acordaron que sus equipos negociadores se reunirán próximamente en una ubicación por determinar. Estados Unidos estará representado por el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el representante comercial Jamieson Greer.

Trump también indicó que se resolvieron cuestiones relacionadas con productos de tierras raras, declarando que “ya no debería haber más preguntas respecto a la complejidad de los productos de Tierras Raras”.

Xi invitó a Trump y a la primera dama a visitar China, invitación que el presidente estadounidense correspondió. “Como presidentes de dos grandes naciones, esto es algo que ambos esperamos hacer”, dijo Trump.

El presidente de EEUU no mencionó discusiones sobre Rusia/Ucrania o Irán durante la conversación, manteniendo el enfoque estrictamente en temas comerciales.

Contexto de tensión comercial

La llamada se produce después de queel déficit comercial estadounidense se redujera a más de la mitad en abril, cayendo 55.5% a $61.6 mil millones, la mayor disminución registrada según el Departamento de Comercio. Esta reducción coincidió con la implementación de aranceles del 10% de Trump sobre casi todos los socios comerciales.

Las importaciones se desplomaron 16.3% en abril a $351 mil millones cuando entraron en vigor los aranceles generalizados. El comercio bilateral con China cayó a sus niveles más bajos desde principios de 2020 durante la pandemia de Covid-19.

“La economía esencialmente ha pausado las importaciones discrecionales y ahora está trabajando con inventarios mientras empresas y consumidores retrasan el gasto esperando claridad sobre los aranceles”, dijo el economista Oren Klachkin de Nationwide.

Escalada arancelaria

Las relaciones comerciales se deterioraron después de que Trump acusara la semana pasada a Beijing de “violar totalmente” el acuerdo bilateral temporal alcanzado en mayo, cargo que China negó. Un día antes de la llamada telefónica, Trump había declarado que era “MUY DURO Y EXTREMADAMENTE DIFÍCIL LLEGAR A UN ACUERDO” con Xi.

Estados Unidos duplicó esta semana los aranceles sobre acero y aluminio del 25% al 50%, aunque eximió al Reino Unido. China criticó la medida como “proteccionismo típico” que “perturbará gravemente la estabilidad de las cadenas de suministro industriales globales”.

Un momento histórico para la aviación se vivió ayer, 3 de junio de 2025, cuando el avión ALIA de despegue y aterrizaje convencional (CTOL) de BETA Technologies completó con éxito su primer vuelo de demostración con pasajeros y aterrizó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York. Este vuelo de 45 minutos, desde el condado de Suffolk hasta Queens, transportó a un piloto y cuatro pasajeros, incluyendo al CEO de Blade Air Mobility y al presidente de Republic Airways.

Este evento representa un avance significativo hacia un futuro más sostenible en la aviación. El avión ALIA CX300 de BETA Technologies es un modelo de cero emisiones, diseñado para reducir drásticamente el impacto ambiental del transporte aéreo. Además de su compromiso con la sostenibilidad, los presentes destacaron la operación notablemente silenciosa de la aeronave, lo que promete una reducción considerable de la contaminación acústica en las cercanías de los aeropuertos.

Según informes de eVTOL Insights y AeroTime, el vuelo desde East Hampton hasta JFK tuvo un costo de solo $8 en electricidad, lo que subraya el potencial de ahorro operativo sustancial en comparación con los aviones tradicionales que utilizan combustible.

Kyle Clark, fundador y CEO de BETA Technologies, afirmó: «Volar nuestro avión eléctrico en uno de los aeropuertos más concurridos del mundo, con pasajeros, demuestra que la movilidad aérea avanzada no es un concepto futuro, está aquí». (Fuente: eVTOL Insights)

Vía CBS News

Este hito sigue a seis años de rigurosas pruebas y desarrollo por parte de BETA Technologies y refleja el compromiso de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey con la seguridad y la innovación en el avance de soluciones de transporte de próxima generación. La empresa tiene como objetivo obtener la certificación completa de la FAA y comenzar las operaciones comerciales para 2026. La reciente finalización de las reglas de la FAA para la certificación de pilotos de aeronaves eléctricas también allana el camino para que la movilidad aérea avanzada (AAM) se convierta en una realidad para el transporte urbano y regional.

El avión ALIA fue inicialmente desarrollado para misiones de transporte de órganos, con capacidad para un piloto, cinco pasajeros o 1,250 libras de carga. BETA Technologies también está desarrollando una versión de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (eVTOL) del ALIA.

Este exitoso aterrizaje en JFK marca un paso crucial en la integración de aeronaves eléctricas en el panorama de la aviación comercial, ofreciendo una visión de un futuro de viajes aéreos más silenciosos, limpios y potencialmente más accesibles.

Fuentes Citadas:

  • eVTOL Insights: «BETA Technologies’ ALIA CTOL electric aircraft flies into New York’s JFK Airport, pilot and four passengers on board.» (4 de junio de 2025)
  • AeroTime: «BETA lands passenger-carrying electric aircraft at JFK.» (4 de junio de 2025)
  • Yahoo Noticias: «Avión eléctrico completa su primer vuelo con pasajeros en Nueva York.» (3 de junio de 2025)

Sobre BETA Technologies: BETA Technologies es una empresa líder en movilidad aérea avanzada que desarrolla aeronaves eléctricas para un futuro más sostenible en la aviación.

Entre 2023 y los primeros cinco meses de 2025, la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) exportó 662 millones de barriles de crudo, lo que generó 42.301 millones de dólares en ingresos, según cifras de la agencia Reuters. Sin embargo, en el mismo período, el salario mínimo legal en Venezuela permanece congelado en apenas 130 bolívares mensuales, equivalentes actualmente a alrededor de un dólar, el más bajo de todo el continente americano.

El desglose de los datos revela que en 2023, PDVSA exportó 252 millones de barriles, por los cuales recibió 16.138 millones de dólares. En 2024, la cifra subió a 282 millones de barriles, con ingresos de 18.389 millones de dólares. Solo en los primeros cinco meses de 2025, la empresa estatal colocó en el mercado internacional 128 millones de barriles, obteniendo 7.778 millones de dólares.

Aunque estos ingresos representan una mejora sostenida en el flujo de divisas hacia las arcas públicas, el Gobierno no ha ajustado el salario mínimo desde marzo de 2022. En la práctica, el ingreso mínimo legal de un trabajador venezolano equivale a menos de 0,05% del valor promedio mensual generado por cada barril exportado por PDVSA.

Esta contradicción entre los ingresos petroleros y el empobrecimiento de la población resalta una vez más la desconexión entre la macroeconomía oficial y la realidad cotidiana. Mientras PDVSA recupera mercados y divisas, millones de venezolanos sobreviven con ingresos simbólicos, sin acceso a una canasta básica y dependiendo de remesas o actividades informales.

El contraste es brutal: un país que exporta miles de millones de dólares en petróleo, pero que mantiene a su población trabajadora con el salario mínimo más bajo del hemisferio occidental.

Vía BBC Mundo

Rusia ha continuado recaudando miles de millones de sus exportaciones de combustibles fósiles a Occidente, según datos recopilados por un centro de investigación, lo que ha ayudado a financiar su invasión de gran escala en Ucrania, que ya está en su cuarto año.

Desde el comienzo de la invasión en febrero de 2022, Rusia ha recaudado más de tres veces la cantidad de dinero por sus exportaciones de hidrocarburos que lo que Ucrania ha recibido en asistencia de sus aliados.

Los activistas señalan que los gobiernos de Europa y Estados Unidos necesitan hacer más para frenar que el petróleo y el gas rusos sigan alimentando la guerra en Ucrania.

¿Cuánto dinero sigue recaudando Rusia?

Los ingresos por la venta de petróleo y gas son clave para mantener en funcionamiento la maquinaria de guerra rusa.

El petróleo y el gas representan casi una tercera parte de los ingresos de Moscú y más de 60% de sus exportaciones.

Tras la invasión de febrero 2022, los aliados de Ucrania impusieron sanciones a los hidrocarburos de Rusia. Estados Unidos y Reino Unido prohibieron el petróleo y gas rusos, mientras que la Unión Europea vetó las importaciones por vía marítima del crudo, pero no del gas.

A pesar de esto, para el 29 de mayo, Rusia recibió más de US$973.000 millones en ingresos por sus exportaciones de combustibles fósiles desde el inicio de la invasión a gran escala, incluyendo US$258.000 millones de los países que impusieron sanciones, según el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés).

La porción más grande de esa cifra, US$237.000 millones, vino de Estados miembros de la UE, que continuaron importando gas de Rusia por vía de gasoducto hasta que Ucrania cortó el flujo en enero de 2025.

Y el crudo ruso sigue siendo bombeado a Hungría y Eslovaquia.

El gas ruso continúan siendo distribuido a Europa en crecientes cantidades vía Turquía: los datos de CREA muestran que su volumen subió 26,77% en enero y febrero de 2025 comparado al mismo período en 2024.

Hungría y Eslovaquia también continúan recibiendo gas por gasoducto vía Turquía.

A pesar de los esfuerzos de Occidente, los ingresos por combustibles fósiles de Rusia en 2024 cayeron apenas 5% en comparación a 2023, con una caída similar de 6% en los volúmenes de exportaciones, según CREA.

El año pasado Rusia vio además un incremento de 6% en ingresos por exportaciones de crudo, y un incremento año tras año del 9% en ingresos por gas enviado por gasoducto.

Según los cálculos de Rusia, sus exportaciones a Europa ascendieron hasta el 20% en 2024, con las exportaciones de gas natural licuado (GNL) alcanzando niveles récord. En la actualidad, la mitad de las exportaciones de GNL ruso van a la UE, afirma CREA.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, explica que la alianza no ha impuesto «las sanciones más fuertes» al petróleo y gas rusos porque algunos Estados miembro temen un recrudecimiento del conflicto y porque comprar los combustibles es «más barato a corto plazo».

Las importaciones de GNL han sido incluidas en el más reciente paquete de sanciones -el décimo séptimo- contra Rusia aprobado por la UE, aunque ha adoptado una hoja de ruta para terminar todas las importaciones de gas ruso para finales de 2027.

Los datos muestran que el dinero logrado por Rusia con la venta de combustibles fósiles han superado consistentemente la cantidad de asistencia que Ucrania recibe de sus aliados.

La sed de combustibles puede interferir en los esfuerzos de Occidente para limitar la capacidad de Rusia de financiar su guerra.

Mai Rosner, de la ONG Global Witness, que investiga abusos ambientales y de derechos humanos, indica que muchos legisladores de Occidente temen que cortar las importaciones de combustibles rusos pueda generar precios más altos de energía.

«No hay un deseo real de parte de muchos gobiernos de limitar la capacidad de Rusia de producir y vender petróleo. Hay demasiado temor de lo que significaría para los mercados de energía globales. Hay una línea bajo la cual los mercados de energía se verían muy diezmados o muy desestabilizados», le comentó a la BBC.

«El tecnicismo de refinación»

Además de las ventas directas, parte del petróleo exportado por Rusia termina en Occidente después de ser procesado en productos combustibles para terceros países a través de lo que se conoce como «el tecnicismo de refinación». Algunas veces también se diluye con crudo de otros países.

CREA asegura haber identificado tres «refinerías lavadoras» en Turquía y tres en India que procesan el crudo ruso y venden el combustible resultante a los países que han impuesto sanciones. Dice que han procesado el equivalente a US$69.000 millones de crudo ruso para hacer productos para países que sancionan.

El Ministerio de Petróleos de India criticó el informe de CREA como «una esfuerzo engañoso para manchar la imagen de India».

«[Estos países] saben que los países que imponen sanciones están dispuestos a aceptar esto. Es un tecnicismo. Es completamente legal. Todo el mundo es consciente de ello, pero nadie está haciendo mucho por enfrentarlo de manera grande», expresó Vaibhav Raghunandan, un analista de CREA.

Los activistas y expertos arguyen que los gobiernos de Occidente tienen las herramientas y los medios disponibles para frenar el flujo de ingresos por petróleo y gas a las arcas del Kremlin.

De acuerdo al ex viceministro de Energía de Rusia Vladimir Milov, que ahora es un acérrimo opositor de Vladimir Putin, las sanciones impuestas al comercio de hidrocarburos rusos deberían hacerse cumplir más enérgicamente, especialmente en el precio tope del crudo adoptado por el grupo de naciones del G7, que según Milov «no está funcionando».

Teme, sin embargo, que las reformas radicales del gobierno estadounidense lanzadas por el presidente Donald Trump obstaculizarán a las agencias como el Tesoro de EE.UU. o la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que son claves para el cumplimiento de las sanciones.

Otra avenida sería continuar ejerciendo presión sobre la «flota fantasma» de Rusia de buques petroleros involucrados en la evasión de sanciones.

«Esa es una compleja operación quirúrgica. Se necesita lanzar periódicamente tandas de nuevos buques autorizados, empresas fantasmas, comerciantes, aseguradoras, etc. cada par de semanas», explica Milov.

Según él, esta es un área donde los gobiernos de Occidente han sido mucho más efectivos, especialmente con la introducción de nuevas sanciones impuestas por el saliente gobierno de Joe Biden en enero de 2025.

Mai señala que prohibiendo las exportaciones de GNL ruso a Europa y eliminando el tecnicismo de refinación en las jurisdicciones de Occidente serían «pasos importantes para concluir el desacople de Occidente de los hidrocarburos rusos».

Raghunandan de CREA opina que sería relativamente fácil para la UE dejar de importar GNL ruso.

«50% de sus exportaciones de GNL van dirigidas a la Unión Europea, y sólo 5% del consumo total de GNL de la UE en 2024 vino de Rusia. Así que si la UE decide cortar completamente el gas ruso, va a perjudicar a Rusia mucho más que a los consumidores en la Unión Europea», comentó a la BBC.

El plan de precios de petróleo de Trump para finalizar la guerra

Los expertos entrevistados por la BBC han desestimado la idea de Donald Trump de que la guerra con Ucrania terminará si la OPEP baja los precios del petróleo.

«La gente en Moscú se ríe de esa idea, porque la parte que sufrirá más… será la industria de petróleo de esquisto de EE.UU., la industria menos competitiva del mundo», recalcó Milov a la BBC.

Por su parte, Raghunandan dice que el costo de producción de petróleo en Rusia es también mucho menor que el de los países de la OPEP como Arabia Saudita, así que estos sentirían el golpe de bajar los precios del petróleo antes que Rusia.

«No hay manera de que Arabia Saudita acceda a eso. Esto lo han ensayado antes. Esto ha generado conflictos entre Arabia Saudita y EE.UU.», expresa.

Mai Rosner concluye que hay asuntos éticos y prácticos con la compra de Occidente de hidrocarburos rusos mientras apoyan a Ucrania.

«Ahora tenemos una situación en la que estamos financiando al agresor en una guerra que estamos condenando y también financiando la resistencia a esa guerra», comenta.

«Esta dependencia de combustibles fósiles significa que estamos realmente sujetos a los caprichos de los mercados energéticos, productores de energía global y de dictadores hostiles».

La organización no gubernamental Foro Penal informó que, hasta el 2 de junio, en Venezuela se contabilizan 927 presos políticos, según su más reciente actualización. Esta cifra representa un aumento de cinco personas respecto al registro de la semana anterior.

De acuerdo con el informe difundido en la red social X (antes Twitter), 82 de los detenidos poseen doble nacionalidad, mientras que el total general se distribuye entre 831 hombres y 96 mujeres, incluidos 922 adultos y cinco adolescentes entre 14 y 17 años de edad. La mayoría de estas detenciones se produjeron tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral —controlado por el oficialismo— proclamó como ganador al presidente Nicolás Maduro, pese a las múltiples denuncias de fraude formuladas por sectores de la oposición.

En el grupo de detenidos figuran 758 civiles y 169 militares, lo que, según Foro Penal, refleja una creciente represión que afecta tanto a la población civil como a integrantes de la Fuerza Armada Nacional.

Desde 2014 hasta la fecha, Foro Penal ha documentado 18.409 casos de detenciones políticas en el país.

La publicación del informe coincide con nuevos señalamientos por parte del gobierno. El pasado miércoles, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, acusó a Foro Penal, junto a otras ONG como Provea, Médicos Unidos y Maracaibo Posible, de formar parte de una presunta “estructura terrorista” con supuestos planes para sabotar las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo. Cabello vinculó estas organizaciones a un plan para “atacar” embajadas y residencias diplomáticas de Colombia, España, Francia y oficinas de la ONU, basándose en información extraída de teléfonos incautados al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, detenido el pasado 23 de mayo.

Ante estas acusaciones, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, rechazó los señalamientos y denunció que las ONG venezolanas están siendo criminalizadas y estigmatizadas. “Expresamos nuestro apoyo a otras organizaciones que también han sido atacadas de forma injusta. Eso debe cesar”, declaró Romero a la agencia EFE, agregando que han elevado su reclamo ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras instancias internacionales.

Romero también exigió garantías para la integridad física de los miembros de estas organizaciones, con el fin de que puedan continuar su labor de defensa de los derechos humanos en Venezuela.

“Si hay alguna institución que se haya adecuado y haya avanzado en el proceso revolucionario del bolivarianismo del siglo XXI es la FANB”

Vladimir Padrino López 

Una de las tragedias más siniestras de América Latina —y Venezuela es hoy su expresión más desoladora— es la conversión de la Fuerza Armada en castas políticas al servicio del poder y no de la nación. Nada degrada más a una República que la politización de los cuarteles. Es la historia de cómo los ejércitos, antaño formados para defender la soberanía y el orden constitucional, acaban rindiendo sus galones al caudillo de turno, no por lealtad, sino por miedo, conveniencia o simple servilismo.

En Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dejó escapar recientemente —como quien revela una culpa que ha querido esconder durante años— una frase que sintetiza esta tragedia: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya no es un cuerpo profesional al servicio del país, sino un instrumento domesticado por el poder madurista —“ha sabido amoldarse adecuadamente a los cambios que la revolución bolivariana ha exigido”, el Estado mafioso—. Lo dijo sin querer, en un discurso acalorado. Pero en el desliz se revela la verdad que el régimen de Nicolás Maduro ha intentado sepultar bajo toneladas de propaganda: que la FANB ha sido instrumentalizada, corrompida y dividida.

Una institución rota por dentro

Pocos conocen con precisión las grietas internas del estamento militar venezolano. Según la organización Foro Penal, de los 920 presos políticos registrados en el país, 169 son militares. Han sido encarcelados por el simple hecho de pensar distinto, o de no plegarse ciegamente a la maquinaria de represión del régimen. Estos números, presentes de forma constante durante la última década, son la prueba más clara de que aún quedan militares fieles a sus principios. Bajo la superficie de la obediencia forzada, sobrevive un sustrato institucional que observa con alarma cómo la institución que juraron defender se ha convertido en algo ajeno e irreconocible.

Porque el madurismo, como todo régimen autoritario y criminal, que desconfía del profesionalismo, ha preferido el método cubano: convertir a los servicios de inteligencia en cancerberos de los cuarteles, instaurar la sospecha como doctrina de mando y repartir privilegios no por méritos sino por lealtad partidista. El G2 cubano —símbolo de la vigilancia estalinista que sobrevive en el Caribe— ha sido importado a Venezuela como guía y perro guardián.

Un ejército sin alma

Así, la FANB ha dejado de ser un ejército. Es, en el mejor de los casos, una suma de grupos desarticulados, de generales en pugna por negocios ilícitos, de facciones con lealtades cruzadas. Y en el peor, una maquinaria represiva al servicio de un Estado mafioso en decadencia. El Ejército ha sido despojado de doctrina; la Armada, relegada a funciones logísticas; la Aviación, invisible. Y la Guardia Nacional, reconvertida en policía política, no responde a una sola cadena de mando, sino a disputas internas que se resuelven no en los salones del Ministerio de Defensa, sino en los pasillos del Palacio de Miraflores.

¿Quién manda hoy sobre la FANB? La respuesta es tan compleja como inquietante. Maduro tiene al ministro de la Defensa, Padrino López, pero Diosdado Cabello tiene a su propio grupo. Se aferra a la Guardia Nacional como último bastión de su menguante poder. Los cubanos vigilan, pero no mandan. Y los hermanos Rodríguez, con su astucia palaciega, mueven hilos civiles con ecos militares. Es un ejército sin alma, dividido, vigilado, corrompido. Y en esa fractura, en esa ausencia de una jefatura clara y profesional, se encierra una bomba de tiempo.

La decadencia que precede al colapso

Toda dictadura prolongada termina convirtiendo a sus ejércitos en custodios de su propia decadencia. En lugar de ser garantía de la democracia, las Fuerzas Armadas se convierten en su verdugo. Pero también —y esto la historia lo ha demostrado una y otra vez— en su posibilidad de redención. Porque cuando los militares recuerdan que su deber no es con una organización criminal ni con un hombre ni un partido, sino con la Constitución, entonces se abren las compuertas del cambio.

Venezuela vive hoy bajo un régimen mafioso que ya no gobierna: administra el miedo, reparte silencios, vigila a sus propios centuriones. Y sin embargo, en esa misma FANB rota, vigilada, politizada, persiste un germen de dignidad. Esos militares institucionales, silenciosos, apartados, excluidos de las orgias del poder, son los que quizás —cuando llegue el momento— impedirán que el país se hunda del todo en la barbarie.

La pregunta, en todo caso, no es si los cuarteles despertarán. Es si lo harán a tiempo.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) anunció hoy haber llevado a cabo una “audaz y única operación especial” contra el Puente de Crimea, mediante el uso de explosivos colocados bajo el agua.

El ataque, que constituye el tercer golpe al emblemático puente desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, tuvo lugar alrededor de las 5:00 a.m. (hora local) y causó daños en la base de los pilares de soporte de la estructura, según el comunicado difundido en el canal oficial de Telegram del SBU. La agencia ucraniana aseguró que no hubo víctimas civiles como resultado de la explosión.

“Ya hemos golpeado el Puente de Crimea en 2022 y 2023. Hoy, continuamos esa tradición —esta vez desde las profundidades del mar,” declaró el jefe del SBU, el Teniente General Vasyl Maliuk. “No hay lugar para infraestructura ilegal rusa en territorio ucraniano. El Puente de Crimea es un objetivo completamente legítimo, especialmente porque ha sido clave en la logística de las fuerzas de ocupación.”

Según el SBU, la operación requirió varios meses de planificación y ejecución, y los explosivos utilizados equivalían a 1.100 kilogramos de TNT, colocados directamente en las estructuras de soporte del puente. Además, la agencia publicó imágenes del momento de la explosión, afirmando que la infraestructura se encuentra ahora en “condición crítica”. Estas afirmaciones no han podido ser verificadas de forma independiente por fuentes internacionales.

Hasta el momento, las autoridades rusas no han emitido comentarios oficiales sobre el ataque, aunque las autoridades en la Crimea ocupada confirmaron restricciones temporales al tráfico sobre el puente entre las 5:00 y las 9:00 a.m., poco después del anuncio del SBU. Medios y canales prorrusos en Telegram habían reportado previamente la colisión de un dron ucraniano contra el puente alrededor de las 6:00 a.m.

Algunos blogueros militares afines al Kremlin, con vínculos con el Ministerio de Defensa ruso, pusieron en duda la versión ucraniana sobre el uso de explosivos submarinos y sugirieron que podría haberse tratado de un dron subacuático.

El Puente de Crimea, también conocido como puente de Kerch, es una infraestructura clave que conecta la península de Crimea, anexada ilegalmente por Rusia en 2014, con la región continental rusa. Su valor estratégico, tanto simbólico como logístico, lo convierte en un objetivo reiterado en la guerra en curso.

Por Frank Calzon en 14ymedio

A principios de mayo, Nicolás Maduro voló a Moscú, donde reside Bashar al-Assad, el depuesto sátrapa sirio con su esposa, desde hace unos meses.

No han trascendido los detalles de las conversaciones de Maduro con Vladímir Putin, pero es de suponer que, en vista de la grave situación venezolana, la alianza entre los dos dictadores fue parte de la agenda. Venezuela y Siria son países muy distintos en diferentes partes del mundo, pero lo cierto es que, cuando llegó el momento crítico, ni la base naval rusa en Tartus, ni la alianza con Rusia pudieron evitar el derrocamiento de Assad.  

Hace una semana, varios medios informaron de que la Administración de Donald Trump extendería la licencia a Chevron para operar en Venezuela que había aprobado el presidente Joe Biden. Para Maduro era una buena noticia por los millones de dólares que significaba en un momento en que Caracas encara tiempos difíciles. Pero no pudo ser.

El Gobierno norteamericano está compuesto de tres poderes independientes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En la Cámara de Representantes se discutía una ley de extrema importancia para el presidente Trump y varios congresistas republicanos cubanoamericanos presionaron para que no se prorrogara la licencia que era tan importante para el dictador venezolano.

La ley fue aprobada por 215 votos contando con el apoyo de los congresistas cubanoamericanos. La licencia a Chevron caducó el martes, como estaba previsto, aunque Chevron seguirá prestando mantenimiento a las refinerías venezolanas; pero la Administración estadounidense planea imponer altos aranceles a los países que compren petróleo venezolano en el futuro. La cosa pinta mal para Maduro.

Lo sucedido ofrece una visión quizás poco conocida del funcionamiento de la democracia norteamericana: a mediados de mayo, El Nuevo Herald informaba sobre una prórroga de 60 días, que iba a permitir las operaciones de Chevron en Venezuela. El presidente de la compañía petrolera, Mike Wirth, advirtió en una entrevista con Fox Business de que, de no renovarse la licencia, China y Rusia podrían llenar el vacío dejado por la empresa estadounidense, lo que representaría una pérdida estratégica para Estados Unidos.

Wirth no se pronunció sobre los beneficios que esta operación podría representar para el Gobierno de Nicolás Maduro

Sin embargo, Wirth no se pronunció sobre los beneficios que esta operación podría representar para el Gobierno de Nicolás Maduro, ni sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela o el interés nacional de Estados Unidos en el asunto. Es probable que no esté familiarizado con el dicho popular que advierte de que «los capitalistas venderán la soga con la que serán ahorcados». Ante esta posibilidad, comunidades cubanas y venezolanas en el sur de Florida expresaron su preocupación.

Pocos días después, el Secretario de Estado Marco Rubio zanjó la controversia al anunciar en su cuenta de X: “La licencia petrolera pro-Maduro de Biden en Venezuela expirará según lo programado el próximo martes 27 de mayo”.

La decisión no fue favorable para Maduro ni para su aliado Miguel Díaz-Canel, en La Habana, especialmente si el presidente Trump, como se ha informado, incrementa los aranceles en un 25 % a los países que compren petróleo venezolano.

Para comprender por qué la licencia de Chevron se ha convertido en un tema estratégico, es útil revisar la historia reciente.

A finales de los años noventa, Venezuela producía más de tres millones de barriles diarios, consolidándose como una potencia energética. Sin embargo, tras años de expropiaciones, decisiones erráticas y una estatal petrolera convertida en botín político, la producción se desplomó.

Cuando Hugo Chávez falleció en 2013, la producción ya mostraba signos de deterioro.

Con Nicolás Maduro, la caída se agravó aún más: en 2023, la producción promedio era de apenas 783.000 barriles diarios. Aunque en 2024 repuntó a 921.000, el país sigue muy lejos de los casi tres millones que bombeaba en sus mejores tiempos, según cifras de la OPEP.

En este contexto, la presencia de Chevron en Venezuela dejó de ser meramente económica para adquirir un matiz político.

Su permanencia ofrecía al régimen un mínimo de legitimidad internacional y, sobre todo, una fuente de divisas difícil de obtener por otras vías.

No sorprende, entonces, que su posible salida haya causado inquietud entre quienes dependen de esa operación para mantener a flote el aparato estatal, al menos simbólicamente.

Mientras la producción venezolana se desintegra, otros países vecinos comienzan a destacar. Uno de ellos es Guyana, cuya costa atlántica ha revelado importantes yacimientos de petróleo. Empresas como ExxonMobil ya han comenzado a explotarlos, despertando el interés –y la molestia– del Gobierno venezolano.

Caracas insiste en reclamar el Esequibo, una región que aparece en sus mapas oficiales como parte del territorio nacional, pese a que la comunidad internacional reconoce la soberanía guyanesa. No es casual que en 2023 aumentaran las tensiones cuando tropas venezolanas fueron vistas cerca de la frontera.

La respuesta desde Georgetown fue inmediata, con llamados a la comunidad internacional.

Washington respaldó a Guyana con declaraciones claras, reafirmando su compromiso con la estabilidad regional.

Todo esto ocurre mientras Maduro pierde espacio.

 La no renovación de la licencia a Chevron, la presión sobre los compradores de crudo venezolano y el respaldo a países vecinos con gobiernos estables y reglas claras sugieren una nueva etapa. Y en ella, los márgenes para sostener un modelo agotado se estrechan, con o sin soga de por medio.

Washington respaldó a Guyana con declaraciones claras, reafirmando su compromiso con la estabilidad regional

Mientras tanto, en Cuba continúan los apagones y las compañías petroleras europeas que invirtieron millones de dólares en búsqueda del oro negro cubano, lamentablemente no lo encontraron.

Es difícil entender las prioridades del Gobierno del presidente Díaz-Canel, que ha permitido la falta de mantenimiento y el deterioro de la industria petrolera cubana. En ningún otro país de América Latina existen los apagones continuos que sufren los cubanos. Ojalá que, en un futuro, como hemos visto en Washington, la Asamblea del Poder Popular no anteponga la aprobación de millones de dólares para la construcción de hoteles para extranjeros, donde nunca falta la electricidad, al mantenimiento y a la renovación del sistema eléctrico del país.

Vía OilPrice

Las anteriores guerras de precios del petróleo que Arabia Saudita mantuvo entre 2014 y 2016 y en 2020 resultaron contraproducentes, ya que los productores de lutitas estadounidenses se volvieron más eficientes y eficientes.

Riad agotó cientos de miles de millones de dólares en reservas y enfrentó crecientes déficits fiscales sin lograr su objetivo de paralizar el petróleo de esquisto estadounidense.

La resiliencia del sector estadounidense del gas de lutitas a bajos costos de equilibrio ya no es la misma que antes.

Es muy improbable que alguien con un mínimo de inteligencia haya perdido dinero en los últimos diez años aproximadamente operando en contra del pensamiento predecible de los responsables de la política petrolera de Arabia Saudita. De hecho, todo lo contrario, con enormes beneficios disponibles de los fracasos de la estrategia enormemente bien marcada y excepcionalmente predecible de las Guerras de Precios del Petróleo de 2014-2016 y 2020, lanzadas por el Reino con la intención de destruir o deshabilitar el sector del petróleo de esquisto estadounidense, como se analiza en detalle en mi último libro sobre el nuevo orden del mercado petrolero mundial . Mientras los miembros de la OPEP y su compañero tóxico en la formación OPEP+, Rusia, reflexionan sobre mantener la producción de petróleo en el lado alto de los promedios históricos recientes, la pregunta clave para los mercados petroleros es: seguramente no van a lanzar otra guerra de precios del petróleo utilizando la misma estrategia que fracasó dos veces antes.

Es oportuno recordar aquí las razones del fracaso de las dos guerras de precios del petróleo anteriores desde 2014. La primera (2014-2016) se basó en la creencia de Arabia Saudita —compartida, cabe decir, por muchos en el mercado petrolero de la época— de que los productores estadounidenses de petróleo de lutitas tenían un precio de equilibrio de 70 dólares por barril (pb) para el West Texas Intermediate (WTI). Por lo tanto, los saudíes razonaron que si el precio del petróleo se mantenía por debajo de ese nivel durante el tiempo suficiente —por parte de Arabia Saudita y de sus compañeros miembros de la OPEP, que aumentaban drásticamente la producción mientras se preveía que la demanda en el mercado mundial se mantendría en torno al mismo nivel durante algún tiempo—, muchos de los nuevos productores estadounidenses de petróleo de lutitas irían a la quiebra. Cualquier otro tendría que cesar la producción a esos niveles de precios tan antieconómicos y aplazar los planes de inversión futuros destinados a aumentar aún más su producción. Tan confiada estaba Arabia Saudita del éxito de su estrategia que, poco después del inicio de la Guerra de Precios del Petróleo de 2014-2016, figuras importantes de su gobierno y del ministerio del petróleo mantuvieron una serie de reuniones privadas en Nueva York para contarles en detalle sobre la estrategia que iba a utilizar y qué tan bien iría, como también se detalla en mi último libro . En estas reuniones, los saudíes revelaron que, lejos de buscar mantener los precios altos, como también había sido la inclinación habitual de la OPEP durante muchos años para impulsar la prosperidad de los estados miembro, estaban dispuestos a tolerar precios del Brent «mucho más bajos» «de entre USD 80 y 90 pb durante un período de uno a dos años o incluso precios más bajos si fuera necesario». Según varias fuentes en la reunión de Nueva York habladas exclusivamente por OilPrice.com en ese momento, los saudíes dejaron en claro que, además de destruir el entonces naciente sector del esquisto estadounidense, la Guerra de Precios del Petróleo también tenía como objetivo volver a imponer un grado de disciplina de suministro a otros miembros de la OPEP.

En cuanto al primer objetivo, las primeras señales auguraban una victoria saudí. El número de plataformas petrolíferas en Estados Unidos en enero/febrero de 2015 registró su mayor caída interanual desde 1991, al igual que el número de plataformas de gas. Según cifras de la industria al final del primer trimestre de 2015, alrededor de un tercio de los 800 proyectos de petróleo y gas (con un valor de 500 000 millones de dólares estadounidenses y un total de casi 60 000 millones de barriles de petróleo equivalente) programados para decisiones finales de inversión ese año eran no convencionales y estaban sujetos a posible aplazamiento o cancelación. Durante el año en su conjunto, la producción de los productores estadounidenses de lutitas cayó típicamente alrededor del 50%, lo que los obligó a recortar la inversión a aproximadamente US$60 mil millones durante el año, en comparación con los US$100 mil millones gastados en 2014. Sin embargo, de manera crucial, a partir de ese punto, el sector estadounidense de esquisto se reorganizó en una máquina de producción más eficiente, más eficiente y de menor costo que podía, en ese momento, sobrevivir ampliamente y obtener ganancias con precios del WTI por encima de aproximadamente US$35 pb desde más de US$70 pb anteriormente. Lograron lograr esto principalmente a través del avance de la tecnología que les permitió perforar laterales más largos, gestionar las etapas de fracturación hidráulica más cerca y mantener las fracturas con arena más alta y fina para permitir una mayor recuperación de los pozos perforados, junto con tiempos de perforación más rápidos, como los expertos de la industria dijeron en OilPrice.com en ese entonces. Estas operaciones obtuvieron mayores beneficios de costos de la perforación de múltiples plataformas y la teoría y la práctica del espaciamiento de pozos. Durante este período, Arabia Saudita pasó de un superávit presupuestario a un déficit récord en 2015 de 98 000 millones de dólares, y gastó al menos 250 000 millones de dólares de sus valiosas reservas de divisas durante ese período, que incluso altos cargos saudíes calificaron de perdidas para siempre. Además, según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, los estados miembros de la OPEP obtuvieron colectivamente al menos 450 000 millones de dólares en ingresos durante la Guerra de Precios del Petróleo de 2014-2016.

La Guerra de Precios del Petróleo de 2020, que utilizó exactamente la misma estrategia de sobreproducción anterior, fracasó menos por los efectos a largo plazo de una mala evaluación de la efectividad de los productores estadounidenses de esquisto que por la intervención política directa de su entonces presidente, Donald Trump, en su primer mandato. Dadas las consecuencias económicas y políticas potencialmente desastrosas para Estados Unidos y su presidente en funciones de las subidas bruscas y sostenidas de los precios del petróleo —y, fundamentalmente, de la gasolina—, como también se analiza en detalle en mi último libro , Trump comenzó advirtiendo repetidamente a Arabia Saudita que Estados Unidos no toleraría ninguna amenaza sostenida a su sector del petróleo de lutitas (y, por extensión, a su economía y su panorama político interno), en discursos y tuits, y en la cada vez más reñida tramitación legislativa del proyecto de ley NOPEC. También advirtió directamente al rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, que Estados Unidos podría retirar el apoyo militar estadounidense a los Al Saud, y por extensión a Arabia Saudita, con la observación adicional de que: «Él [el rey Salman] no duraría en el poder ni dos semanas sin el respaldo del ejército estadounidense». Sin ninguna señal a finales de marzo de 2020 de que los saudíes fueran a cesar la guerra, Trump comunicó telefónicamente, de forma clara y específica, al gobernante de facto saudí, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, el 2 de abril, que, a menos que la OPEP comenzara a reducir la producción de petróleo —permitiendo así que los precios del petróleo subieran por encima de la zona de peligro para los productores estadounidenses de petróleo de esquisto—, no podría impedir que los legisladores aprobaran la legislación para retirar las tropas estadounidenses del Reino, según una fuente de alto rango de la Casa Blanca con la que OilPrice.com habló en exclusiva en aquel momento. En consecuencia, la producción de petróleo volvió a descender, y la guerra de 2020 llegó a su fin.

Actualmente, la resiliencia del sector estadounidense de lutitas a los bajos costos de equilibrio no es la misma que antes. La reciente Encuesta de Energía de la Reserva Federal de Dallas sugiere que ronda los US$65 por barril para los nuevos pozos perforados, aunque para los pozos existentes es significativamente menor. Si bien el costo de extracción del petróleo en Arabia Saudita ha aumentado desde 2014, pasando de aproximadamente US$1-2 por barril, todavía se sitúa en tan solo entre US$3 y US$5 por barril. Sin embargo, el precio de equilibrio fiscal por barril del crudo Brent de referencia para 2025 del Reino es de un mínimo de US$90,9, según cifras del FMI. En consecuencia, no puede permitirse una caída importante y sostenida de los precios del petróleo ahora, como tampoco pudo hacerlo en 2014-2016 o en 2020. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, tampoco está en mejor situación política. De hecho, con mayorías republicanas en ambas cámaras, está en peor posición para afrontar las probables amenazas y acciones que Trump podría usar en su contra si volviera a enfrentarse a Estados Unidos. En cambio, según una fuente energética de alto nivel que colabora estrechamente con la Administración Presidencial estadounidense, Washington cree que los saudíes adoptarán un enfoque moderado para aumentar aún más la producción de petróleo, en sintonía con EE. UU. «Los precios del petróleo en el extremo inferior de los promedios históricos recientes benefician a EE. UU. desde una perspectiva inflacionaria, siempre que no bajen demasiado, y Washington se lo ha dejado claro a los saudíes», afirmó. De hecho, estas conversaciones formaron parte del diálogo que los funcionarios estadounidenses mantuvieron con sus homólogos saudíes durante la visita de Trump a Arabia Saudita el 13 de mayo para firmar un amplio acuerdo económico entre ambos países. «Hay beneficios financieros y de seguridad a largo plazo para los saudíes al adoptar este enfoque más flexible, incluso si el petróleo está por debajo de la cifra que desean para su presupuesto a corto plazo, y para cubrir la diferencia no tendrán problema en endeudarse más en los mercados de capitales», concluyó.

Por Simon Watkins para Oilprice.com

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