El Presidente de Argentina, Javier Milei, se reúne hoy con la Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, en un encuentro bilateral significativo en Roma. Esta parada es clave en la extensa gira internacional de 10 días del Presidente Milei. Los líderes se encuentran en el Palazzo Chigi, la residencia oficial de la Primera Ministra Meloni, y se espera que compartan una cena privada después de sus conversaciones.
Este encuentro subraya la sólida relación entre ambas naciones y sus respectivos líderes, quienes se han reunido en varias ocasiones anteriores, tanto en Argentina como en foros internacionales.
Entre los temas clave que se espera abordar se encuentra un posible acuerdo sobre gas natural que involucre a la empresa energética estatal argentina YPF y a la multinacional italiana ENI, destacando la creciente cooperación económica entre Argentina e Italia.
También se anticipa que las discusiones abarcarán una amplia gama de asuntos internacionales, incluyendo los conflictos actuales en Ucrania y Oriente Medio. Además, las prioridades europeas como la seguridad y defensa, la competitividad económica, las relaciones transatlánticas y la migración probablemente serán temas prominentes en la agenda.
Tanto el Presidente Milei como la Primera Ministra Meloni comparten similitudes ideológicas y han expresado interés en promover los «valores occidentales» y potencialmente formar nuevas organizaciones multilaterales. Esta reunión sirve como una oportunidad crucial para profundizar su colaboración en desafíos y oportunidades globales compartidos.
La gestión de Nicolás Maduro será recordada, entre muchas otras cosas, por haber conducido al colapso total de las obras públicas en Venezuela. A más de una década de haber asumido el poder, no existe una sola infraestructura de relevancia nacional inaugurada bajo su mandato. En cambio, lo que abundan son proyectos inconclusos, hospitales y escuelas colapsadas, carreteras destrozadas y un país que literalmente se cae a pedazos.
Uno de los casos más emblemáticos es el Metro Guarenas-Guatire, anunciado en 2006 por Hugo Chávez como un “sistema de transporte moderno y socialista” que conectaría el oriente de Caracas con dos ciudades dormitorio fundamentales del estado Miranda. El proyecto fue adjudicado por 2.000 millones de dólares y debía estar listo en 2012. Hoy, tras más de 15 años y más de 9.000 millones de dólares invertidos, lo único que puede verse es una traza abandonada, estaciones fantasmas cubiertas de monte y miles de familias atrapadas en un sistema de transporte colapsado.
Otro caso paradigmático es el Ferrocarril Tinaco–Anaco, concebido como parte de la integración ferroviaria nacional. Iniciado en 2009 con apoyo de China, debía conectar el centro con el oriente del país. Tras múltiples anuncios y desembolsos, la obra quedó paralizada. Hoy no existen estaciones operativas, los tramos construidos han sido desmantelados o saqueados, y el proyecto se ha convertido en otro símbolo del abandono y la mentira oficial.
Pero quizás el ejemplo más trágico y costoso del fracaso de las obras públicas en Venezuela es la represa de Tocoma, en el bajo Caroní. Esta central hidroeléctrica —la última en el plan maestro del Caroní— fue concebida para generar 2.160 megavatios con diez turbinas Kaplan, y complementar el sistema eléctrico nacional. Se inició en 2006 con una inversión estimada de 3.800 millones de dólares. Hoy, casi 20 años después y con más de 10.000 millones de dólares invertidos, Tocoma está paralizada, sin generar un solo kilovatio. Las turbinas fueron instaladas sin haberse concluido el aliviadero, y desde 2019 el proyecto está completamente abandonado, corroído por el clima y el saqueo.
Tocoma no solo simboliza el despilfarro, sino también la hipocresía de un régimen que se escuda en el discurso de la “soberanía energética” mientras somete a millones de venezolanos a apagones diarios. El colapso del sistema eléctrico venezolano coincide con la inoperatividad de Tocoma, que debía haber aliviado la presión sobre Guri y garantizado estabilidad a la red nacional.
En el área de salud, la situación es igual de crítica. El Hospital General de Coche, en Caracas, lleva más de ocho años en “remodelación” sin fecha concreta de reapertura total. En Zulia, el Hospital Universitario de Maracaibo ha perdido más del 70% de su capacidad operativa. En estados como Portuguesa o Delta Amacuro, los quirófanos están cerrados y las parturientas deben llevar guantes, yelcos, antibióticos y sábanas si quieren ser atendidas.
En educación, más del 60% de las escuelas presentan problemas de infraestructura según ENCOVI. Muchas no tienen agua, electricidad ni baños funcionales. La autopista José Antonio Páez, que conecta Barinas con Apure, se encuentra destruida, mientras que el puente Nigale sobre el lago de Maracaibo nunca pasó del anuncio.
Otro caso menos conocido pero igualmente revelador es el del Acueducto del Sur de Aragua, cuya construcción se prometió para atender a los municipios más secos del estado. La infraestructura quedó inconclusa, las tuberías están oxidadas o enterradas sin conexión y el sistema jamás funcionó. Los habitantes de San Sebastián, Urdaneta y parte de San Casimiro siguen dependiendo de cisternas o manantiales contaminados.
En definitiva, el legado de Maduro en materia de infraestructura es un desierto de concreto abandonado. Venezuela no solo ha dejado de construir: también ha perdido lo construido. Y con ello, el futuro de generaciones enteras.
La reciente defensa del presidente Miguel Díaz-Canel al descomunal aumento de tarifas de ETECSA, el monopolio estatal de telecomunicaciones, no solo profundiza el malestar social en Cuba: lo agravia con cinismo. Pretender que los cubanos deben estar agradecidos por tener internet, porque “hay 2.500 millones de personas en el mundo sin acceso”, es una forma grosera de manipulación emocional que no resiste el más mínimo análisis ético ni económico.
Este argumento busca consolar a los afectados con comparaciones absurdas: ¿acaso una persona que no tiene comida debería estar agradecida si hay alguien más hambriento en otra parte del mundo? Esta lógica de la resignación forzada encubre el fracaso de una política pública que impone a los cubanos pagar tarifas inaccesibles con salarios y pensiones de miseria. Pagar 3.360 pesos por tres gigabytes —más de 1.200 pesos por encima del salario mínimo y más del doble de muchas pensiones— no es un “repliegue táctico”, como lo llamó el mandatario: es un acto de exclusión digital masiva.
Más aún, el tarifazo viola el propio contrato de ETECSA, que obliga a avisar con 30 días de antelación cualquier cambio en las condiciones del servicio. Saltarse esta cláusula es una muestra más de impunidad, disfrazada de “reorganización” para la sostenibilidad del sistema. Es decir, se castiga al usuario para sostener el monopolio, no para mejorar el servicio.
Peor todavía es la retórica con la que Díaz-Canel intenta suavizar el golpe: “vamos avanzando”, dice, mientras el país retrocede en libertades, calidad de vida y ahora también en acceso a la conectividad. El mensaje es claro: el Estado puede fallar, imponer y restringir, pero el pueblo tiene la obligación de agradecer.
La presidenta de ETECSA, Tania Rodríguez, completó el cuadro al admitir implícitamente que la moneda nacional es casi inútil frente a la nueva estructura tarifaria. Esto equivale a confesar que el sistema económico ya no ofrece un marco realista para sostener siquiera el acceso a la información digital, mucho menos para progresar.
Este tarifazo no es solo un abuso económico: es una herramienta política. Limitar el acceso a internet en medio de una crisis —cuando más se necesita información, organización y expresión— implica un cerco deliberado a la libertad. En lugar de transparencia, se refuerzan los muros de control. En vez de avanzar, como dice el discurso oficial, Cuba sigue retrocediendo.
Afirmar que “no es posible vivir al margen de las necesidades” mientras se condena a millones a la desconexión no es gobernar: es encubrir un despojo con lenguaje heroico. Y eso, además de injusto, es profundamente desmoralizante.
Por Antonio de la Cruz
“Hemos cerrado un ciclo negativo. La apertura petrolera fue el intento de quitarle definitivamente a los venezolanos su riqueza natural más poderosa, más grande”.
Hugo Chávez, Primero de Mayo, 2007
Cómo los Contratos de Participación Productiva (CPP) desmantelan “la soberanía petrolera” de Chávez
En síntesis
El problema
Bajo la fachada de atraer inversión extranjera y esquivar sanciones, el régimen de Nicolás Maduro ha desplegado una estrategia elemental: firmar Contratos de Participación Productiva (CPP), al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, y la Ley Orgánica de Hidrocarburos sancionada en 2001. Esta medida otorga a operadores privados control total de los activos petroleros. Una maniobra sin precedentes desde la nacionalización del crudo en 1976 y menos desde 2007, cuando por orden de Hugo Chávez se transfirió el control de las asociaciones estratégicas a empresas mixtas en las que el Estado, a través de Pdvsa, tendría la mayoría accionaria.
El impacto
Los CPP no solo desvían las ganancias de la nación hacia redes paralelas de poder, sino que suprimen la estructura legal construida para salvaguardar el recurso estratégico del país. Maduro está erosionando por dentro la arquitectura institucional del chavismo fundacional y sustituyéndola por una red de contratos opacos que financian la represión y el clientelismo.
La respuesta
Para restaurar la legitimidad institucional, Venezuela necesita una auditoría independiente de todos los CPP, la derogación de la Ley Antibloqueo y una reforma legal transparente que reestructure la industria, sin privatizaciones encubiertas.
¿Privatización o captura institucional?
En regímenes autoritarios, las amenazas a la democracia no suelen llegar con tanques, sino con contratos —un proceso gradual y sutil de debilitamiento de las instituciones y las normas políticas—. Este es el caso del país bolivariano. Mientras el mundo pone su atención en las recientes elecciones, las sanciones o los crímenes de lesa humanidad, Nicolás Maduro ha accionado un mecanismo seudolegal sigiloso, pero devastador: los Contratos de Participación Productiva.
El régimen presenta estos contratos como una solución pragmática ante el colapso productivo y las sanciones económicas. Pero la realidad es otra. Se trata de un mecanismo que deja a Pdvsa sin funciones operativas al entregar los campos petroleros y gasíferos a actores privados con 100% de control, y canalizar las rentas hacia estructuras de poder que no rinden cuentas a nadie.
De Chávez a Maduro: el cambio del modelo
En 2001, Hugo Chávez promulgó la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) para reafirmar el control del Estado sobre el petróleo. En ella se establece que:
La propiedad de los hidrocarburos es del Estado hasta el punto de venta.
La participación privada está limitada al 49%, siempre subordinada a Pdvsa.
Toda empresa mixta debe pasar por aprobación parlamentaria.
Dos décadas después, Maduro ha dinamitado esa arquitectura institucional desde adentro. En 2020, impuso la Ley Antibloqueo —aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (2017-2020)—, una norma de excepción que le permitiría firmar contratos sin aprobación legislativa, sin transparencia y sin límite en la participación privada.
CPP: contratos sin república
Los Contratos de Participación Productiva que se rigen por la Ley Antibloqueo tienen las siguientes características:
Otorgan 100% de la operación y control del campo al privado.
El Estado transfiere parte del petróleo en el punto de fiscalización, sin comercialización pública.
La empresa recibe hasta 65% del valor neto del crudo producido.
No existen licitaciones públicas ni control parlamentario.
La siguiente tabla resume el cambio estructural que implican los CPP:
Criterio
Ley de Hidrocarburos (2001)
Contratos CPP (Ley Antibloqueo 2020)
Propiedad del recurso
Del Estado hasta la venta comercial
Transferida parcialmente en punto fiscal
Participación privada
Máximo 49%, en empresas mixtas
Hasta 100%, sin empresa mixta
Control operativo
PDVSA o filiales estatales
Operación 100% privada
Transparencia
Requiere aprobación parlamentaria
Confidencialidad total. Opaca.
Uso de la renta
Desarrollo nacional
Sostenimiento del régimen autoritario
¿Dónde está Pdvsa?
El modelo CPP vacía de contenido a la empresa nacional. Pdvsa no actúa como operadora, ni siquiera como accionista relevante. Se convierte en una fachada burocrática, mientras las empresas privadas —muchas sin trayectoria conocida— se apoderan de los activos productivos. Estos contratos desplazan incluso a las «empresas mixtas», figura establecida en la Ley Orgánica de Hidrocarburos como mecanismo legal de participación privada.
Esta privatización funcional, disfrazada de «alianza estratégica», evade deliberadamente la legalidad venezolana y convierte al Estado en arrendador de sí mismo, sin herramientas para supervisar, intervenir o renegociar.
Una economía sin soberanía
Según los flujos de caja estimados por los propios promotores del modelo, el Estado podría recibir entre 40% y 65% de la renta del proyecto. Sin embargo, la distribución real es opaca y sin auditoría. Lo que sí se conoce —por informes independientes y filtraciones— es que los recursos generados por los CPP no se destinan al presupuesto nacional, el principal instrumento de la política pública, sino a:
Pagos en divisas a las Fuerzas Armadas.
Financiamiento de aparatos de inteligencia y represión.
Esquemas de importación paralela, corrupción.
Lavado de activos a través de criptomonedas y paraísos fiscales.
Este no es un modelo de recuperación económica. Es una máquina de extracción de rentas destinada a perpetuar el poder de la organización criminal en Miraflores.
¿Y los inversionistas?
Para los actores privados, los CPP ofrecen acceso a reservas con alto potencial a cambio de alto riesgo. Pero el incentivo económico viene acompañado de un marco jurídico frágil, expuesto a:
Impugnación en un cercano proceso de transición democrática.
Nulidad por inconstitucionalidad (al violar la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Constitución de 1999).
Posibles sanciones internacionales si se prueba connivencia con corrupción o financiamiento de redes represivas.
En otras palabras: alta rentabilidad a corto plazo, pero riesgo existencial a mediano plazo.
Un régimen sin reforma, pero con contratos
A diferencia de reformas legales en otros países —como la apertura petrolera en México o Brasil—, el modelo CPP no responde a un debate nacional ni a un nuevo pacto constitucional. No hay discusión pública ni objetivos estratégicos claros. Solo hay necesidad desesperada de divisas y control del poder.
Esto no es una transformación institucional, sino su negación sistemática. El madurismo desmantela los frenos y contrapesos republicanos mientras simula normalidad con contratos privados.
Recomendaciones estratégicas
Auditoría urgente: Una comisión técnica internacional debería revisar la legalidad y condiciones de todos los contratos firmados bajo la Ley Antibloqueo.
Derogación legislativa: La Ley Antibloqueo debe ser invalidada por violar principios fundamentales del derecho público y constitucional de Venezuela.
Reforma con legitimidad: Un nuevo marco legal es necesario para modernizar la industria de los hidrocarburos con transparencia, soberanía y sostenibilidad fiscal.
Reinstitucionalizar Pdvsa: La empresa debe recuperar su rol técnico y estratégico, y no ser una simple vitrina para operaciones privadas.
Conclusión: un país vendido en silencio
Los CPP no son solo un problema económico. Son en definitiva una amenaza a la soberanía nacional. Maduro está entregando el petróleo porque necesita dólares para sostener un sistema que ya no puede mantenerse por sí solo.
Esta es la verdadera arma secreta de Maduro: una red de contratos opacos que sustituye las leyes, socava las instituciones y destruye el pacto social desde dentro. Barril por barril, se entrega el país, traicionando el legado de Hugo Chávez: la defensa intransigente de la “soberanía petrolera” como columna vertebral de la nación.
Italia se ha convertido oficialmente en la cuarta mayor potencia exportadora del mundo, con más de 316 mil millones de euros en exportaciones, superando a Japón y Corea del Sur, y, por primera vez, su PIB per cápita ha sobrepasado al de Francia, según datos recientes de la OCDE (2025).
Este hito económico se produce en un contexto europeo desafiante, marcado por las consecuencias de la guerra en Ucrania y las exigencias del Pacto Verde impulsado por la Comisión Europea. Frente a estos retos, el gobierno de Giorgia Meloni ha apostado por una estrategia industrial que combina liberalismo selectivo, soberanía económica y disciplina fiscal.
En vísperas del encuentro entre Emmanuel Macron y Giorgia Meloni en Roma este martes, una pregunta clave se instala en la escena europea: ¿Cuál es el secreto del éxito industrial italiano? ¿Es el resultado de una apuesta soberanista, de un enfoque liberal, o de una síntesis de ambos?
La apuesta industrial de Meloni: entre liberalismo y soberanía
En su artículo“Meloni’s Industrial Gamble: Between Liberalism and Sovereignty”, publicado el 15 de mayo de 2025, Marco Malaguti analiza el enfoque del actual gobierno italiano. Desde su llegada al poder el 22 de octubre de 2022, Meloni ha buscado romper con la tradición tecnocrática alineada con Bruselas y dar prioridad a la economía real, sin abandonar los principios del mercado.
Este “liberalismo selectivo” ha consistido en combinar la reducción del déficit público (del 7,2% en 2023 a un proyectado 2,8% en 2025) con incentivos a la producción y la reindustrialización, dentro de los parámetros europeos, pero reinterpretados desde el interés nacional.
Entre las medidas clave se encuentran:
La eliminación de los bonos fiscales excesivos que incrementaban el gasto público, como el “Superbonus 110%” y el “Bono Fachadas”.
Una rebaja del impuesto de sociedades (IRES) para empresas que reinviertan sus beneficios en el país.
Una reducción del 50% en las contribuciones sociales para nuevas pymes artesanales durante cuatro años.
Estrategias de reshoring para atraer de vuelta a empresas italianas que habían deslocalizado su producción.
Este enfoque ha sido bien recibido por el sector privado. Confindustria, principal patronal italiana, ha respaldado las reformas por su capacidad de restaurar competitividad sin caer en el populismo económico.
El modelo de Meloni plantea una visión distinta del futuro económico de Europa: una que defiende la apertura comercial, pero sin renunciar al control nacional sobre los instrumentos de política económica clave.
El enfrentamiento entre el expresidente Donald Trump y el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, se intensificó este jueves luego de que Musk negara categóricamente haber estado al tanto del polémico proyecto de ley fiscal que elimina los créditos fiscales a los vehículos eléctricos (EV) y mantiene subsidios al sector petrolero.
En un contundente mensaje publicado en su red social X, Musk declaró: «Falso, este proyecto de ley nunca me fue mostrado ni una sola vez y fue aprobado en plena noche, tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo.»
La declaración contradice directamente los comentarios hechos por Trump horas antes desde la Casa Blanca, en los que aseguró estar «muy decepcionado con Elon», alegando que el empresario conocía a fondo el contenido del proyecto:
«Él sabía cómo funcionaba este proyecto mejor que casi cualquiera sentado aquí. No tuvo problema con él. De repente lo tuvo, cuando se enteró de que íbamos a recortar el mandato de vehículos eléctricos.»
El presidente también señaló que la molestia de Musk estaría relacionada con la eliminación de su candidato preferido para dirigir la NASA, el empresario Jared Isaacman. «Para dirigir la NASA… no me pareció apropiado. Él es totalmente demócrata. Y digo, miren, ganamos. Tenemos ciertos privilegios.»
Musk, por su parte, respondió con desdén: «Whatever.»
En publicaciones anteriores, el magnate ya había calificado el proyecto de ley como una «abominación repugnante» y exigió eliminar los «incontables privilegios» ocultos en el texto legislativo, señalando que las reducciones a los incentivos EV son injustas mientras se mantienen intocados los subsidios fósiles:
«Mantengan los recortes a los EV/solar si quieren, aunque no tocan ni un centavo del petróleo y gas (¡muy injusto!), pero eliminen la MONTAÑA DE PUERCO ASQUEROSO en la ley.»
El conflicto es particularmente llamativo dado que Musk fue el mayor donante individual de la campaña presidencial de Trump en 2024, con aportes que superaron los $250 millones.
A pesar del distanciamiento, Trump trató de suavizar la tensión:
«Siempre me ha gustado Elon. Prefiero que me critique a mí antes que al proyecto de ley, porque el proyecto es increíble.»
La votación final sobre la llamada “Gran y Hermosa Ley” se espera en el Senado esta misma semana, en medio de crecientes críticas por su contenido, la opacidad del proceso y el posible impacto sobre el sector tecnológico y energético del país.
La petrolera estatal de Venezuela ha firmado al menos nueve nuevos acuerdos con proveedores de servicios extranjeros, incluidas dos empresas chinas, en un esfuerzo por mantener el flujo de dólares a la economía después de que las sanciones estadounidenses obligaran a Chevron Corp. a poner fin a la producción, según personas familiarizadas con los acuerdos.Los contratos exigen que las empresas operen pozos ya perforados y otorguen el derecho exclusivo de venta de la producción, lo que se aparta de la práctica tradicional en el país, donde la estatal
Petróleos de Venezuela S.A. siempre ha mantenido derechos comerciales exclusivos, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas al tratarse de contratos privados. Al menos una de las empresas ha decidido no proceder al proyecto debido a que no pudo obtener una licencia estadounidense para operar allí, según una de las fuentes.Los acuerdos ilustran la estrategia del presidente Nicolás Maduro para impulsar la economía y llenar el vacío dejado por Chevron y otras grandes petroleras occidentales tras la negativa del gobierno de Donald Trump a extender las licencias que les permitían operar en el país a pesar de las sanciones. Chevron representaba casi una cuarta parte de la producción petrolera de Venezuela, la industria más importante del país y su mayor fuente de divisas.La licencia de Chevron para producir y exportar crudo a EE. UU. venció a principios de abril , y la compañía tenía hasta el 27 de mayo para finalizar las obras. Los permisos de los proveedores de servicios estadounidenses Halliburton Co. , Schlumberger NV , Baker Hughes Co. y Weatherford International Plc expiraron a principios de mayo .“PDVSA tiene un plan para seguir produciendo petróleo a pesar de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos”, dijo la vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, el 29 de mayo. PDVSA y el Ministerio de Petróleo de Venezuela no respondieron a una solicitud de comentarios.
Venezuela espera llenar el vacío dejado por Chevron
La compañía estadounidense produjo cerca del 23% de la producción petrolera del país en abril.
Los nuevos acuerdos estipulan que cada una de las empresas extranjeras obtendrá el control de al menos un bloque de terreno en el estado Zulia o en la Faja del Orinoco, las dos regiones petroleras más ricas, según las fuentes. PDVSA tendrá una participación de al menos el 50% en el crudo producido (el porcentaje exacto varía según el bloque) y la empresa socia se encargará de todas las operaciones y de su parte de las ventas de petróleo. Las empresas extranjeras estarán exentas de algunos impuestos. PDVSA financiará su parte de las inversiones con crudo.Las empresas incluyen a Aldyl Argentina SA y las firmas chinas Anhui Guangda Mining Investing Co. y China Concord Resources, según un documento interno de PDVSA al que tuvo acceso Bloomberg.
Una empresa estadounidense, North American Blue Energy Partners, filial del Grupo de Gestión Petrolera Global del magnate energético Harry Sargeant III , firmó un acuerdo, pero posteriormente ha indicado que no lo seguirá adelante porque no pudo obtener una licencia para operar en Venezuela, según una fuente.Los representantes de Aldyl, Anhui, China Concord y North American Blue Partners no respondieron a las solicitudes de comentarios.Venezuela promocionó los contratos como oportunidades para que las empresas de servicios con tolerancia al riesgo llenaran el vacío dejado por las grandes petroleras que se vieron obligadas a retirarse, según algunas fuentes. Generalmente, las empresas pueden intentar evadir las sanciones estadounidenses mediante el uso de cuentas de criptomonedas y otras formas de pago que escapan al control de los reguladores estadounidenses.
“La única manera en que Venezuela puede mantener y aumentar su producción es apoyándose en empresas privadas locales e internacionales a las que no les importan las sanciones estadounidenses”, declaró en una entrevista el diputado William Rodríguez, miembro de la comisión de energía de la Asamblea Nacional. “A diferencia de 2019, cuando las sanciones comenzaron, existe un marco para operar al margen del sistema bancario estadounidense y un mercado estructurado con países aliados, como China, Irán y Rusia”.A diferencia de los contratos de empresas conjuntas anteriores, los nuevos acuerdos no necesitan la aprobación de la Asamblea Nacional ya que se firman bajo la ley antibloqueo de Maduro , que los críticos dicen que es inconstitucional y elude la ley de hidrocarburos que limita la participación extranjera en la industria petrolera de Venezuela.Venezuela produce alrededor de un millón de barriles de petróleo al día, y la producción podría caer a la mitad después de que las políticas de Trump entren en pleno efecto, según Oxford Economics .
Sin embargo, otros pronósticos son menos pesimistas. Francisco Monaldi, director de política energética latinoamericana del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice en Houston, afirmó que la producción podría caer tan solo un 11% para finales de este año. Si bien a Chevron ya no se le permitirá producir petróleo en Venezuela, sí tiene una exención para realizar mantenimiento de equipos en la nación sudamericana.PDVSA prevé que los nueve bloques que se operarán bajo estos nuevos contratos a 20 años producirán un total de 600.000 barriles diarios, con una inversión de capital de 20.000 millones de dólares, según el documento al que tuvo acceso Bloomberg.
PDVSA planea firmar más contratos de este tipo en los próximos meses, revirtiendo en parte la ola de nacionalizaciones petroleras impulsada por el difunto presidente Hugo Chávez a mediados de la década de 2000.“PDVSA ya ha intentado esto con poco éxito, aunque estas nuevas condiciones son mucho más atractivas que las anteriores”, afirmó Monaldi. La clave, añadió, es que PDVSA debe ofrecer un suministro constante de crudo a “estas empresas dispuestas a arriesgarse a las consecuencias de operar en el mercado negro”.
Un inesperado paro académico en varias universidades de Cuba ha desatado una oleada de solidaridad dentro y fuera del país, mientras las autoridades reaccionan con pánico y discursos cada vez más beligerantes. La protesta, originada por el reciente aumento de tarifas de Etecsa —que en la práctica dolariza el acceso a internet— ha dejado al descubierto un creciente descontento entre estudiantes, profesores y egresados.
La Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana fue la primera en anunciar el cese de actividades, a la que se sumaron rápidamente la Cujae y la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. La protesta ha sido presentada por el régimen como parte de “una campaña orquestada desde el exterior”, pero los videos que circulan en redes sociales muestran una realidad distinta: jóvenes que, desde sus aulas, convocan a continuar el paro con aplausos y apoyo generalizado.
En un intento por controlar la narrativa, Roberto Morales Ojeda, alto dirigente del Partido Comunista, calificó las manifestaciones como parte de una “guerra mediática” y llamó a “cerrar filas”. Pero el tono marcial del mensaje oficial solo ha aumentado el malestar. Incluso en espacios afines al Gobierno, como el grupo de Telegram La Manigua, comienzan a surgir grietas. “Estamos viviendo momentos como los del 11 de julio”, reconoció un usuario. Otro fue más directo: “Nuestros talones de Aquiles son la juventud y la cultura. En ambos casos nos están dando de lo lindo”.
El movimiento estudiantil no se ha replegado. Profesores del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana han expresado su respaldo a los estudiantes y exigido la suspensión inmediata del tarifazo, además de una consulta ciudadana auténtica y mecanismos institucionales que garanticen decisiones colectivas.
Egresados universitarios también han comenzado a recolectar firmas en solidaridad con los manifestantes y en protesta por la respuesta represiva del régimen. La indignación crece a la par de la inflación, mientras las autoridades se ven obligadas a improvisar: ofertas especiales para estudiantes, mensajes contradictorios y una repentina visita de la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich, a Rusia.
Lejos de apaciguar los ánimos, estas maniobras evidencian el desconcierto en las altas esferas del poder. El viejo guion de culpar al “enemigo externo” pierde fuerza. Esta vez, el descontento no viene de Miami, sino del corazón de las aulas cubanas.
El presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping mantuvieron una conversación telefónica de hora y media el jueves, la primera en más de cinco meses, en medio de tensiones comerciales que han sacudido los mercados globales y reducido significativamente el comercio bilateral.
Trump describió la llamada como “muy buena” y dijo que resultó en “una conclusión muy positiva para ambos países”, según declaró en su plataforma Truth Social. La conversación se centró “casi enteramente en COMERCIO”, agregó el mandatario estadounidense.
Los medios chinos reportaron que Xi le dijo a Trump que ambos países necesitan “corregir el rumbo” de las relaciones bilaterales, según la agencia estatal de noticias Xinhua.
“Corregir el rumbo del gran barco de las relaciones entre China y Estados Unidos requiere que lo manejemos bien y fijemos la dirección, especialmente para eliminar todo tipo de interferencias e incluso destrucción, lo cual es particularmente importante”, dijo Xi a Trump.
Acuerdos inmediatos
Durante la conversación, los líderes acordaron que sus equipos negociadores se reunirán próximamente en una ubicación por determinar. Estados Unidos estará representado por el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el representante comercial Jamieson Greer.
Trump también indicó que se resolvieron cuestiones relacionadas con productos de tierras raras, declarando que “ya no debería haber más preguntas respecto a la complejidad de los productos de Tierras Raras”.
Xi invitó a Trump y a la primera dama a visitar China, invitación que el presidente estadounidense correspondió. “Como presidentes de dos grandes naciones, esto es algo que ambos esperamos hacer”, dijo Trump.
El presidente de EEUU no mencionó discusiones sobre Rusia/Ucrania o Irán durante la conversación, manteniendo el enfoque estrictamente en temas comerciales.
Contexto de tensión comercial
La llamada se produce después de queel déficit comercial estadounidense se redujera a más de la mitad en abril, cayendo 55.5% a $61.6 mil millones, la mayor disminución registrada según el Departamento de Comercio. Esta reducción coincidió con la implementación de aranceles del 10% de Trump sobre casi todos los socios comerciales.
Las importaciones se desplomaron 16.3% en abril a $351 mil millones cuando entraron en vigor los aranceles generalizados. El comercio bilateral con China cayó a sus niveles más bajos desde principios de 2020 durante la pandemia de Covid-19.
“La economía esencialmente ha pausado las importaciones discrecionales y ahora está trabajando con inventarios mientras empresas y consumidores retrasan el gasto esperando claridad sobre los aranceles”, dijo el economista Oren Klachkin de Nationwide.
Escalada arancelaria
Las relaciones comerciales se deterioraron después de que Trump acusara la semana pasada a Beijing de “violar totalmente” el acuerdo bilateral temporal alcanzado en mayo, cargo que China negó. Un día antes de la llamada telefónica, Trump había declarado que era “MUY DURO Y EXTREMADAMENTE DIFÍCIL LLEGAR A UN ACUERDO” con Xi.
Estados Unidos duplicó esta semana los aranceles sobre acero y aluminio del 25% al 50%, aunque eximió al Reino Unido. China criticó la medida como “proteccionismo típico” que “perturbará gravemente la estabilidad de las cadenas de suministro industriales globales”.
Un momento histórico para la aviación se vivió ayer, 3 de junio de 2025, cuando el avión ALIA de despegue y aterrizaje convencional (CTOL) de BETA Technologies completó con éxito su primer vuelo de demostración con pasajeros y aterrizó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York. Este vuelo de 45 minutos, desde el condado de Suffolk hasta Queens, transportó a un piloto y cuatro pasajeros, incluyendo al CEO de Blade Air Mobility y al presidente de Republic Airways.
Este evento representa un avance significativo hacia un futuro más sostenible en la aviación. El avión ALIA CX300 de BETA Technologies es un modelo de cero emisiones, diseñado para reducir drásticamente el impacto ambiental del transporte aéreo. Además de su compromiso con la sostenibilidad, los presentes destacaron la operación notablemente silenciosa de la aeronave, lo que promete una reducción considerable de la contaminación acústica en las cercanías de los aeropuertos.
Según informes de eVTOL Insights y AeroTime, el vuelo desde East Hampton hasta JFK tuvo un costo de solo $8 en electricidad, lo que subraya el potencial de ahorro operativo sustancial en comparación con los aviones tradicionales que utilizan combustible.
Kyle Clark, fundador y CEO de BETA Technologies, afirmó: «Volar nuestro avión eléctrico en uno de los aeropuertos más concurridos del mundo, con pasajeros, demuestra que la movilidad aérea avanzada no es un concepto futuro, está aquí». (Fuente: eVTOL Insights)
Vía CBS News
Este hito sigue a seis años de rigurosas pruebas y desarrollo por parte de BETA Technologies y refleja el compromiso de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey con la seguridad y la innovación en el avance de soluciones de transporte de próxima generación. La empresa tiene como objetivo obtener la certificación completa de la FAA y comenzar las operaciones comerciales para 2026. La reciente finalización de las reglas de la FAA para la certificación de pilotos de aeronaves eléctricas también allana el camino para que la movilidad aérea avanzada (AAM) se convierta en una realidad para el transporte urbano y regional.
El avión ALIA fue inicialmente desarrollado para misiones de transporte de órganos, con capacidad para un piloto, cinco pasajeros o 1,250 libras de carga. BETA Technologies también está desarrollando una versión de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (eVTOL) del ALIA.
Este exitoso aterrizaje en JFK marca un paso crucial en la integración de aeronaves eléctricas en el panorama de la aviación comercial, ofreciendo una visión de un futuro de viajes aéreos más silenciosos, limpios y potencialmente más accesibles.
Fuentes Citadas:
eVTOL Insights: «BETA Technologies’ ALIA CTOL electric aircraft flies into New York’s JFK Airport, pilot and four passengers on board.» (4 de junio de 2025)
AeroTime: «BETA lands passenger-carrying electric aircraft at JFK.» (4 de junio de 2025)
Yahoo Noticias: «Avión eléctrico completa su primer vuelo con pasajeros en Nueva York.» (3 de junio de 2025)
Sobre BETA Technologies: BETA Technologies es una empresa líder en movilidad aérea avanzada que desarrolla aeronaves eléctricas para un futuro más sostenible en la aviación.
