Morfema Press

Es lo que es

DBuford

_Régimen de Maduro se tambalea_ 

 *Omar González: Detienen a coronel ruso en medio de guerra interna del oficialismo* 

 _Ni siquiera los socios están a salvo de la represión_ 

 *Nota de Prensa* – Omar González Moreno, destacado vocero de la oposición venezolana y uno de los cinco directivos de Vente Venezuela que escaparon de la embajada argentina en Caracas, se pronunció sobre la detención del coronel ruso Román Frolenko, presidente de la Cámara de Comercio Ruso-Venezolana, por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El arresto, ocurrido tras la inauguración de un monumento al Soldado Desconocido en la parroquia 23 de Enero de Caracas, ha generado especulaciones sobre las fracturas internas y también en las relaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y uno de los pocos aliados internacionales que le quedan.

“Este caso refleja el desorden, el caos y la desconfianza que imperan en medio de la guerra interna del círculo de Maduro”, afirmó González Moreno.

 “Detener a un aliado como el coronel Frolenko, quien mantenía vínculos con colectivos armados como La Piedrita y figuras del oficialismo, demuestra que ni los socios más cercanos están a salvo de la represion  paranoica del régimen”.

El evento en el que participó Frolenko junto al colectivo La Piedrita habría generado malestar en la embajada rusa, ubicada cerca de la sede diplomática argentina donde fueron rescatados los dirigentes opositores en la llamada Operación Guacamaya. 

Según reportes, el propio embajador ruso, Serguéi Mélik-Bagdasárov, acusó al coronel de usurpar funciones diplomáticas y «evitó a todo trance emitir opinión sobre la evasión de los opositores asilados en la embajada argentina, que se encuentra ubicada justo al lado de la rusa ni tampoco sobre la guerra interna que se libra dentro del oficialismo».

González Moreno calificó la detención como “un movimiento enigmático que expone las pugnas de poder no solo dentro del chavismo, sino también entre sus aliados internacionales”.

 Según el exasilado, la operación de la DGCIM, que incluyó el allanamiento de la vivienda del Coronel Frolenko en San Bernardino y la detención de su grupo de cosacos, sugiere un intento del régimen por apaciguar a la embajada rusa y mantener el control sobre las pugnas internas en el país.

“Maduro busca proyectar fortaleza tras la humillación de la Operación Guacamaya, pero estas acciones solo revelan su vulnerabilidad y el temor a perder el respaldo de Rusia, un aliado que parece querer distanciarse”, añadió.

El vocero también señaló que las acusaciones de “negocios turbios” que pesan sobre los rusos “revelan que, como buenos socialistas, les atrae el dinero malhabido más que a nadie”.

 Agregó que “no es casualidad que este escándalo estalle en un momento en que el régimen enfrenta presiones internas y externas que podrían ser definitivas”.

González Moreno afirmó que la detención de Frolenko parece ser una maniobra para limpiar la imagen del régimen, mientras distrae la atención de la exitosa Operación Guacamaya, de la represión contra la disidencia y de la crisis humanitaria en Venezuela.

Finalmente, el líder opositor instó a la comunidad internacional a mantenerse atenta a estos eventos, que describió como “un capítulo más en la decadencia de un régimen que se tambalea”. 

“El caso de Frolenko no es solo una disputa diplomática; es una señal de que el régimen de Maduro está perdiendo el control incluso de sus propias alianzas”, aseguró.

“Es hora de redoblar la presión para lograr una transición democrática en Venezuela”, concluyó.

Por James Bosworth en Latin American Risk Report

En julio pasado, el régimen de Maduro quedó en ridículo al robar descaradamente las elecciones presidenciales y fue descubierto porque la oposición recopiló los comprobantes de votación de cada centro para demostrar su victoria. Para evitar que esto volviera a ocurrir, los allegados de Maduro eliminaron diversas regulaciones sobre los comprobantes de votación para facilitar futuros fraudes. Sabían de antemano que tendrían que inventar cifras para manipular las elecciones regionales y legislativas del fin de semana pasado.

No recomiendo el robo de elecciones. Pero si yo fuera el tipo de consultor poco ético que asesora a la dictadura chavista, y supiera con meses de antelación que se robarían las elecciones, yo:

  1. Inventaría las cifras con antelación, no esperaría hasta la noche siguiente a la votación.
  2. Me aseguraría de que esas cifras fueran lógicamente consistentes con los centros de votación y la participación real que quería simular. No debería haber centros con un 99% o un 104% de participación para compensar errores en otros lugares.
  3. Calcularía con precisión los porcentajes de participación electoral a nivel estatal y nacional con base en mis propias cifras falsas.
  4. Aplicaría correctamente la fórmula para distribuir los escaños legislativos utilizando esas cifras ficticias.
  5. Organizaría las listas de escaños para asegurar que los candidatos que deben ganar para mantener la estabilidad interna del régimen alcancen el umbral necesario.
  6. Aleatorizaría adecuadamente las cifras para que los patrones no parezcan generados por humanos.

Bueno, este último punto puede ser excesivo y demuestra cierta obsesión, pero los primeros cinco deberían ser obvios. Esto no son matemáticas avanzadas. Es un trabajo de uno o dos días en una hoja de cálculo, y la inteligencia artificial probablemente pueda hacerlo mucho más rápido.

El hecho de que el aparato electoral del régimen de Maduro no hiciera nada de eso es una señal de disfunción interna. Esperaron hasta el último minuto, entraron en pánico, imprimieron y reportaron cifras inexactas para simular una victoria y luego calcularon mal sus propias fórmulas de asignación de escaños. Hay al menos una posición donde el régimen intentó fabricar una victoria, falsificó el recuento de votos, y aun así perdió, lo que significa que tuvieron que manipular su propio sistema de conteo falso incluso después de haber manipulado los resultados.

Hay algunas personas dentro de los círculos de la oposición que creen que los chavistas cometen estos errores intencionalmente, como una forma de demostrar y presumir del nivel de control y manipulación que ejercen sobre el país. No, no es así. Los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Rusia manipulan sus propios resultados electorales con muchos menos errores básicos. El hecho de que el régimen de Maduro no pueda robar unas elecciones sin arruinarlas demuestra lo inexperta que puede ser esta dictadura. Es un nivel de incompetencia frustrante. Es una debilidad que la oposición, demasiado distraída y dividida, no ha podido o sabido explotar.

La Asamblea Anual y Exposición de Fedeindustria, la organización gremial que agrupa a pequeñas y medianas empresas del sector industrial venezolano, fue inaugurada este jueves con la participación de la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, quien advirtió sobre el impacto económico de la revocatoria de licencias petroleras por parte de Estados Unidos y la baja sostenida en los precios internacionales del crudo.

Durante su intervención, Rodríguez alertó sobre las “turbulencias que afronta la economía venezolana” a raíz de la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de revocar licencias a empresas transnacionales que operan en el país, reseña Petroguia

“El pasado 27 de mayo, el Departamento del Tesoro quitó las licencias a las empresas transnacionales petroleras que operan en el país, y quiero decirles que los campos de Petroboscán, Petropiar, Petroindependencia, Petrojunín, Petrosucre, Petroquiriquire, Petroregional del Lago y Cardón IV están en plena producción”, afirmó.

La funcionaria destacó el compromiso de los trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA), quienes —según dijo— “mantienen su plan de producción, a pesar de que tanto PDVSA como sus socios han sido víctimas de medidas coercitivas y unilaterales”.

Rodríguez presentó datos actualizados al 29 de mayo sobre la producción conjunta de las empresas mixtas, que alcanzaría un total de 322.000 barriles diarios. Desglosó los aportes por empresa y campo operativo:

  • Chevron: 246.000 barriles diarios (109.000 de Petropiar, 103.000 de Petroboscán y 34.000 de Petroindependencia)
  • Repsol: 40.000 barriles en Petroquiriquire
  • Maurel & Prom: 20.000 barriles en Petroregional del Lago
  • ENI: 16.000 barriles (12.000 en Petrojunín y 4.000 en Petrosucre)

Sin embargo, estos datos oficiales contrastan con las cifras reportadas por fuentes secundarias de la OPEP, que suelen mostrar niveles de producción total inferiores y han sido motivo de debate entre analistas del sector energético. La diferencia en las metodologías de estimación y la opacidad informativa dificultan una verificación independiente.

En cuanto al contexto internacional, la vicepresidenta también abordó la evolución del mercado petrolero, que —según afirmó— ha mostrado una tendencia a la baja desde diciembre de 2024. “La caída en los precios del crudo ha sido de 24,4% y la tendencia es a la baja. Eso tiene incidencia directa en la economía venezolana”, puntualizó.

A pesar del complejo panorama, Rodríguez expresó optimismo sobre las perspectivas económicas del país. “La actividad productiva crecerá en 2025”, aseguró. Asimismo, hizo un llamado a repensar los enfoques tradicionales del análisis económico: “No recomiendo a nadie que estudie la economía venezolana según los libros de las escuelas de economía. No lo entendían antes cuando éramos un país netamente petrolero, ahora menos con un país completamente bloqueado y asediado económicamente”, comentó en tono jocoso.

La Asamblea Anual de Fedeindustria reúne a cientos de pequeños y medianos empresarios industriales del país, y constituye una de las principales vitrinas gremiales para debatir desafíos y oportunidades del sector productivo venezolano.

Vía New York Post

La Casa Blanca canceló la visita planificada del veterano estadounidense Joseph St. Clair, recientemente liberado de una prisión venezolana, luego de que el Servicio Secreto determinara que existen órdenes de arresto activas en su contra en el estado de Texas por posesión de drogas y conducir bajo los efectos del alcohol.

St. Clair, de 32 años y veterano de la Fuerza Aérea con servicio en Afganistán, fue detenido en Venezuela en noviembre de 2024 y liberado el pasado 20 de mayo gracias a gestiones diplomáticas lideradas por el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell. Tras su liberación, Grenell lo acompañó en un vuelo privado desde la isla caribeña de Antigua hacia Estados Unidos.

Inicialmente, Grenell solicitó llevar a St. Clair a la Casa Blanca para una celebración oficial, como ha ocurrido en otros casos de estadounidenses liberados en el extranjero. Aunque la propuesta fue aprobada en primera instancia, el Servicio Secreto revocó la autorización al confirmar los antecedentes penales del veterano. Según un funcionario de la administración, «el Servicio Secreto alertó al personal de la Casa Blanca de que si ese individuo llegaba al recinto, sería arrestado en la puerta debido a sus órdenes de arresto pendientes».

St. Clair fue arrestado en al menos tres ocasiones entre abril de 2023 y julio de 2024, enfrentando cargos por posesión de ketamina, esteroides anabólicos, resistencia al arresto y múltiples episodios de conducción en estado de ebriedad, de acuerdo con registros del Departamento de Policía de Waxahachie y la Oficina del Sheriff del Condado de Ellis, Texas.

«No hay evidencia de que Grenell conociera los antecedentes de St. Clair al gestionar su liberación», afirmaron fuentes consultadas por The Post. Sin embargo, el episodio ha generado tensiones dentro del gobierno, debido a que la operación fue llevada a cabo sin la debida coordinación con la Casa Blanca ni el Departamento de Estado.

Una fuente cercana a la administración advirtió que «existe un proceso, un protocolo y una cadena de mando, especialmente en el contexto de la diplomacia de alto riesgo», y calificó la actuación de Grenell como «imprudente y perjudicial».

En paralelo, el mismo día de la repatriación, Grenell afirmó en el podcast War Room que Trump extendería por 60 días la fecha límite impuesta a Chevron para cesar operaciones en Venezuela, en respuesta a la liberación de St. Clair por parte del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, la decisión oficial fue otorgar a Chevron una licencia limitada solo para tareas de mantenimiento, sin autorización para extraer ni comercializar crudo venezolano. Trump mantiene además aranceles del 25% a países que importen petróleo proveniente de Venezuela.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido un pronunciamiento público sobre el caso de St. Clair, a diferencia del trato otorgado a otros ciudadanos liberados desde que Trump asumió nuevamente la presidencia en enero de 2025.

Vía Infobae

Las empresas europeas están recortando costos y reduciendo sus planes de inversión en China a medida que su economía se desacelera y la feroz competencia reduce los precios, según una encuesta anual publicada el miércoles.

Sus desafíos reflejan los retos más amplios que enfrenta una economía china lastrada por una prolongada crisis inmobiliaria que ha afectado al gasto de los consumidores. Beijing también encara una creciente presión por parte de Europa y Estados Unidos debido al aumento de las exportaciones.

“La situación se ha deteriorado en muchos indicadores clave”, afirmó la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China en la introducción de su Encuesta de Confianza Empresarial 2025.

Las mismas fuerzas que están impulsando las exportaciones chinas están deprimiendo las perspectivas comerciales en el mercado nacional. Las empresas chinas, a menudo atraídas por los subsidios gubernamentales, han invertido tanto en industrias específicas como los vehículos eléctricos que la capacidad de las fábricas supera con creces la demanda.

Esta sobrecapacidad ha derivado en feroces guerras de precios que reducen los beneficios y en un esfuerzo paralelo de las compañías para salir a otros mercados.

En Europa, esto ha despertado el temor a que el incremento de las importaciones desde China pueda perjudicar a sus propias fábricas y sus trabajadores. La UE impuso aranceles a los vehículos eléctricos chinos el año pasado, alegando que Beijing había subvencionado injustamente su producción.

Creo que hay una percepción clara de que los beneficios de la relación comercial y de inversión bilateral no se están distribuyendo de manera equitativa”, dijo Jens Eskelund, presidente de la Cámara de la UE en China, a reporteros a principios de semana.

Aunque aplaudió los esfuerzos de China por impulsar el gasto de los consumidores, dijo que el gobierno también debe tomar medidas para garantizar que el incremento de la oferta no supere al de la demanda.

Según Eskelund, los resultados de la encuesta muestran que la presión a la baja sobre las ganancias aumentó durante el último año y que la caída en la confianza empresarial aún no ha tocado fondo. Unas 500 empresas miembro respondieron a la encuesta entre mediados de enero y mediados de febrero.

Evaluación de nuevas medidas

En un intento por regular el creciente flujo de pequeños paquetes que ingresan al continente, la Comisión Europea presentó la semana pasada una propuesta que impondría una tarifa fija de 2 euros por unidad, medida que apunta especialmente a envíos provenientes de plataformas como Temu y Shein.

El anuncio fue realizado por el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, ante el Parlamento Europeo. Según indicó, la iniciativa busca responder a los desafíos logísticos y regulatorios derivados de los 4.600 millones de artículos que cada año se envían directamente a consumidores dentro de la Unión Europea.

De acuerdo con el borrador de la propuesta, al que tuvo acceso el Financial Times, los paquetes enviados directamente a domicilio estarán sujetos a la tarifa de 2 euros, mientras que aquellos dirigidos a almacenes pagarán una tasa reducida de 0,50 euros.

La medida busca financiar controles aduaneros más estrictos y, a su vez, reforzar el presupuesto comunitario. Desde Bruselas se señala que el volumen actual de importaciones ha facilitado la entrada de productos no conformes o potencialmente peligrosos, al tiempo que se agravan las quejas de minoristas europeos frente a lo que consideran una competencia desleal.

El proyecto representa un nuevo capítulo en los esfuerzos de la UE por equilibrar la protección del mercado interno con la apertura comercial global, en un contexto marcado por la expansión de las plataformas de comercio electrónico de origen asiático.

Según el gobierno de Quito, en el vecino país se cometen «arrestos arbitrarios» y no existen garantías reales para «el derecho a la defensa».

Ecuador recomendó el martes (27.05.2025) a sus ciudadanos que eviten viajar a Venezuela, país con el que no mantiene relaciones diplomáticas, ante «el grave riesgo de detenciones arbitrarias».

Caracas ordenó en abril de 2024 el cierre de su embajada y consulados en territorio ecuatoriano a raíz del asalto policial ordenado por Quito contra la embajada mexicana para detener al asilado Jorge Glas, exvice del exmandatario izquierdista Rafael Correa (2007-2017), aliado de Nicolás Maduro.

La cancillería ecuatoriana anunció a través de la red social X la recomendación, que la hizo también «por la falta de garantías para el debido proceso y el derecho a la defensa» en caso de arrestos arbitrarios en Venezuela.

Agregó que la situación «se ve agravada por la negativa de las autoridades venezolanas a proporcionar información sobre ciudadanos ecuatorianos detenidos».

Risas y burlas, la reacción de Caracas

El canciller venezolano, Yván Gil, reaccionó entre risas y se burló de la recomendación. «Jajajaja qué ridiculez más grande proveniente de un gobierno arrastrado y sobón de los gringos… ¡Fuerza Ecuador!», dijo Gil en un mensaje en Telegram.

Estados Unidos también pidió el martes a sus ciudadanos en Venezuela que «abandonen inmediatamente» el país y que eviten visitarlo, una alerta de viaje a la que Caracas respondió con una medida similar.

En un contexto de creciente alarma por la situación de los derechos humanos en Venezuela, cuatro de las principales organizaciones internacionales —la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)— han emitido pronunciamientos contundentes para exigir al Estado venezolano acciones inmediatas que garanticen la vida, salud e integridad de las personas detenidas por motivos políticos.

Estos llamados responden al trabajo articulado del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) junto con familiares de los detenidos, quienes han denunciado reiteradamente detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, incomunicación prolongada, condiciones inhumanas, torturas y la negación sistemática del debido proceso.

CIDH: “Venezuela debe liberar inmediatamente a las personas presas políticas”

El pasado 11 de abril, la CIDH condenó enérgicamente la persistencia de al menos 903 detenciones por razones políticas en Venezuela, muchas de ellas marcadas por desapariciones forzadas y aislamiento total. El organismo exigió su liberación incondicional y denunció la falta de información sobre el paradero de al menos 64 personas, además de los maltratos a familiares durante las visitas.

Asimismo, la CIDH vinculó estas prácticas a un contexto de represión sistemática tras las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que se registraron 2.229 detenciones, incluyendo 177 menores de edad.

Amnistía Internacional: “Una política de represión sistemática”

Amnistía Internacional hizo eco de estas denuncias a través de una acción urgente en la que reiteró que los más de 900 presos políticos en Venezuela son víctimas de tortura, desapariciones, incomunicación y procesos judiciales arbitrarios, enmarcados en una política deliberada de represión.

La organización exigió su liberación inmediata y el respeto a sus derechos fundamentales, subrayando que estas prácticas configuran crímenes de lesa humanidad, como ya han reconocido organismos de la ONU y la Corte Penal Internacional.

HRW: “Castigados por buscar un cambio”

Human Rights Watch presentó su más reciente informe, “Castigados por buscar un cambio”, donde documenta torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias posteriores a las elecciones de 2024. Se advierte sobre el colapso del sistema penitenciario, con más de 60.000 personas detenidas en cárceles diseñadas para 30.000, sin acceso a agua, alimentos o medicinas.

El informe también denuncia la complicidad de los llamados “colectivos” en la represión violenta de manifestaciones, y la utilización del sistema judicial como instrumento de persecución política.

OMCT: “Familiares denuncian aislamiento prolongado y torturas”

El 16 de mayo, la Organización Mundial Contra la Tortura OMCT respaldó públicamente las denuncias de familiares de 11 presos políticos, incluyendo a Freddy Superlano, Américo de Grazia, Rafael Ramírez y Josnars Baduel, recluidos en el SEBIN El Helicoide sin contacto con sus familias ni acceso a abogados.

La OMCT alertó sobre el uso de tortura, negación de atención médica y detenciones sin orden judicial. El pronunciamiento incluyó un llamado urgente a la comunidad internacional, con siete exigencias concretas que incluyen la liberación inmediata de todos los presos políticos, el cese del aislamiento y la persecución a sus familiares, y el restablecimiento de garantías procesales y de atención médica.


Un llamado global por la vida y la libertad

Estos pronunciamientos no son hechos aislados. Representan una respuesta coordinada al deterioro progresivo de los derechos humanos en Venezuela y al trabajo sistemático de denuncia que adelantan el Observatorio Venezolano de Prisiones y las familias de los detenidos.

En un país donde el acceso a la justicia está bloqueado por la opacidad y la represión institucional, la presión internacional constituye la única esperanza para miles de víctimas. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar con firmeza, visibilizando estos crímenes y exigiendo rendición de cuentas.

Habrá justicia.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

El poder no radica en las manos de unos pocos,
sino en la capacidad de la gente para unirse y luchar por lo que creen.”
Václav Havel

El día en que el pueblo desobedeció

En la historia de los regímenes autoritarios, hay momentos en los que el colapso no se anuncia con explosiones, sino con ausencias. El 25 de mayo de 2025 fue uno de esos días. En Venezuela, un país fracturado por décadas de populismo, corrupción y represión, ocurrió un evento que podría pasar inadvertido para un observador superficial: la gente no votó. Más de 85% de la población decidió no participar en unas elecciones regionales y parlamentarias organizadas por el régimen de Nicolás Maduro.

Lejos de ser un gesto pasivo, fue una acción estratégica colectiva, una desobediencia masiva que despojó a Nicolás Maduro y compañía de su último vestigio de legitimidad simbólica. Fue, en palabras del último presidente de Checoslovaquia, Václav Havel, “la política vivida como verdad”. En este acto silencioso, el pueblo venezolano reafirmó la victoria electoral del 28 de julio de 2024, cuando Edmundo González Urrutia fue electo presidente con respaldo popular y político de María Corina Machado. La jornada del 25M no fue un fraude más, fue la confirmación del fin de las formas.

Pero lo ocurrido no puede entenderse únicamente como un gesto nacional. En consecuencia, Venezuela deja de ser un Estado soberano funcional. Lo que sigue en juego es el equilibrio geopolítico de un hemisferio que ha subestimado los riesgos de tener, a pocos kilómetros de sus fronteras, una incubadora de crimen organizado, migraciones masivas y redes transnacionales aliadas con Rusia, Irán y carteles del narcotráfico.

Cuando el Estado es una plataforma criminal

Como lo evidencian informes recientes y observaciones de campo, el régimen de Nicolás Maduro ha superado la categoría de democracia disfuncional o incluso la de Estado fallido. En su lugar, se configura un modelo de Estado sustituido, caracterizado por una estructura híbrida en la que el aparato institucional formal —incluidos el sistema judicial, las fuerzas de seguridad y los marcos normativos— ha sido capturado por redes ilícitas que operan de manera paralela al orden estatal, ejerciendo funciones de control, coerción y gestión territorial.

Dimensiones analíticas clave del Estado cabellomadurista

En términos históricos, la situación venezolana recuerda más la fragmentación del Imperio Otomano en su etapa terminal o a la Somalia de los años noventa, que a una dictadura convencional. Lo que hace el caso venezolano particularmente peligroso es su convergencia de colapso interno con relevancia estratégica regional. El país es parte de las rutas clave del narcotráfico, posee vastas reservas energéticas y sirve como base logística para actores no estatales hostiles.

Estados Unidos ha estado más concentrado en Ucrania, Gaza y el Indo-Pacífico. Pero la crisis estructural más cercana y contagiosa ocurre en el Caribe. Y como ha pasado antes en la historia —basta recordar la implosión yugoslava—, lo local puede transformarse en global en cuestión de semanas.

La dinámica estratégica actual en Venezuela: tres escenarios

La situación venezolana puede entenderse como un proceso en el que múltiples actores —el régimen, la oposición, las Fuerzas Armadas, la ciudadanía y actores internacionales— toman decisiones interdependientes, evaluando riesgos, costos y oportunidades. Lo ocurrido el 25 de mayo alteró de forma decisiva la percepción colectiva sobre la legitimidad y viabilidad del poder establecido. A partir de este punto crítico emergen tres posibles escenarios:

1.⁠ ⁠Equilibrio de statu quo represivo

El régimen se aferra al poder mediante control armado, propaganda y simulación electoral. La Fuerza Armada, dividida y presionada, permanece como soporte funcional del poder, no por convicción, sino por miedo al colapso. Este equilibrio es insostenible: es costoso, moralmente quebrado y vulnerable a eventos disruptivos (como nuevas operaciones de rescate o sanciones coordinadas).

2.⁠ ⁠Equilibrio de transición negociada

La Fuerza Armada y sectores del régimen deciden permitir la juramentación constitucional de Edmundo González, como camino de salida a la presión nacional e internacional. Este equilibrio requiere garantías, liderazgo civil firme y una arquitectura externa que asegure el proceso, incluidos Estados Unidos, Colombia, Brasil y la OEA.

3.⁠ ⁠Equilibrio de implosión

El sistema colapsa desde dentro. Deserciones, fracturas internas, filtraciones de alto nivel y pérdida total del control territorial. Este escenario —el más inestable— podría parecer lejano, pero ya hay señales: rescate de rehenes, quiebre moral en cuarteles, y rumores de fisuras irreparables en las estructuras de poder.

¿Y ahora qué? Hacia una doctrina hemisférica de contención

Los mecanismos de la diplomacia tradicional —diálogo, licencias económicas, promesas de elecciones— han demostrado ser no solo ineficaces, sino peligrosos. La interacción sin criterios verificables ha dado al régimen margen para prolongarse en el poder, distorsionar la narrativa y fortalecer sus vínculos con estructuras criminales.

Es hora de adoptar una estrategia de seguridad hemisférica, que integre componentes diplomáticos, financieros y de inteligencia. Entre las medidas urgentes:

  • Rediseñar los análisis de riesgo país, incorporando indicadores de criminalidad institucional, gobernanza paralela y zonas sin ley.
  • Establecer alianzas público-privadas para inteligencia económica y patrimonial, monitoreando flujos ilícitos regionales.
  • Crear protocolos de desinversión y relocalización para empresas en sectores críticos expuestos a captura criminal.
  • Articular una coalición hemisférica de contención y disuasión, liderada por Estados Unidos y países de la región.

Conclusión: la historia se repite, pero no como farsa

En el siglo XX, las democracias liberales aprendieron por las malas que ignorar a los regímenes autoritarios que han comenzado a colapsar puede costarles muy caro. En Venezuela, ya no se trata de elecciones amañadas ni de sanciones selectivas. Se trata del reemplazo de un Estado por una red criminal internacional con poder de fuego, legitimidad local erosionada y efectos regionales exponenciales.

El 25 de mayo, el pueblo venezolano rechazó la farsa con el silencio de la mayoría. Ahora, solo falta el gesto que confirme el cambio: que la Fuerza Armada recupere su dignidad, que el ciudadano mantenga su valor y que la comunidad internacional deje de fingir neutralidad. Porque seguir creyendo que lo inevitable se resolverá solo desde dentro de Venezuela es, a estas alturas, una forma de complicidad con el régimen cabellomadurista.

Vía ABC

Donald Trump ha iniciado una reestructuración sin precedentes del poder en la Casa Blanca. Bajo su orden directa, el afamado Consejo de Seguridad Nacional ha sido reducido a la mitad y despojado de funciones clave. Se trata de una estructura que, desde el final … de la Segunda Guerra Mundial, había coordinado la acción exterior de Estados Unidos desde el Ala Oeste. Hoy, su poder pasa a manos de Marco Rubio, secretario de Estado y, desde este mes, también asesor de seguridad nacional interino. Leal, discreto y eficaz, Rubio se alza como el verdadero decisor en política exterior y de defensa, y como uno de los más avezados delfines políticos del presidente.

La Casa Blanca no oculta sus intenciones: preguntado por ABC, un funcionario de la sede presidencial afirmó que Trump considera el Consejo de Seguridad Nacional como «el corazón del Estado profundo», una rémora del pasado que debe ser «desmantelada». El propio presidente recuerda aún que una filtración desde ese equipo expuso al mundo una conversación suya con Volodímir Zelenski, en la que instó al mandatario ucraniano a investigar los presuntos negocios irregulares de la familia Biden en su país. Aquella llamada derivó en su primer juicio político, del que fue finalmente exonerado por el Senado.
Trump y Rubio consideran que esa oficina se había convertido en un obstáculo ideológico y burocrático para su agenda. Hoy, el mando operativo recae en un núcleo cerrado: los secretarios de Estado, Defensa, Justicia y Tesoro responden de forma directa al presidente, sin filtros, sin comités, sin intermediarios. Tras la destitución de Mike Waltz, anterior asesor de Seguridad Nacional, por haber incluido a un periodista en una conversación clasificada sobre Yemen a través de la aplicación Signal, Trump entregó el cargo a Rubio y le concedió plena libertad de maniobra. «Si Trump decide levantar sanciones a Siria, se hace. Ya no hace falta pasar por varios niveles de revisión en el Consejo. El presidente da la orden y se ejecuta», dijo un funcionario a ABC este viernes. El nuevo modelo entierra décadas de procedimientos interagenciales basados en la deliberación interna y el consenso entre los departamentos de Estado, Defensa y la Casa Blanca. La seguridad nacional pasa ahora a ser gestionada de forma directa por los distintos departamentos, bajo una lógica ejecutiva pura.

Clave en esta reconfiguración ha sido una crisis con epicentro en Venezuela, detonada por la llamada «Operación Guacamaya», el rescate secreto de cinco opositores venezolanos que llevaban más de un año encerrados en la embajada de Argentina en Caracas. Su liberación, organizada con apoyo de la administración Trump y ejecutada fuera de los canales diplomáticos convencionales, reveló la fractura entre dos estilos de gestión: el de Marco Rubio, centralizado, disciplinado y jerárquico; y el de Ric Grenell, exembajador en Berlín y antiguo jefe interino de Inteligencia Nacional, hoy una figura con acceso directo a Trump, pero cada vez más marginal.

Grenell, que aspiraba al puesto de secretario de Estado antes de que Trump se inclinara por Rubio, viajó sin autorización previa a Antigua en un jet privado para recoger al exmilitar estadounidense Joe St. Clair, encarcelado durante seis meses por el régimen de Nicolás Maduro. Publicó una foto en redes sociales junto al detenido liberado, y afirmó en el pódcast de Steve Bannon que Trump había autorizado prorrogar la licencia de Chevron para operar en Venezuela. Lo dijo sin respaldo institucional. Y no era cierto.

Trump culpa al Consejo de Seguridad de ser el detonante de su primer juicio político por «impeachment»

La maniobra desató una tormenta en la Casa Blanca. Rubio, que había anunciado públicamente la expiración de esa licencia el 27 de mayo, reaccionó con contundencia. La portavoz del Departamento de Estado zanjó el asunto: «La decisión está tomada», dijo. Solo el presidente y su secretario de Estado tienen autoridad para definir la política exterior de Estados Unidos. El golpe definitivo vino desde el Congreso: tres representantes republicanos por Florida –Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez– amenazaron con bloquear el proyecto estrella de Trump, un amplio paquete económico y migratorio, si se prorrogaba el acuerdo con Chevron. El presidente, presionado desde su base electoral, desautorizó a Grenell, reafirmó el mando de Rubio y consolidó su dominio sobre la política hacia Venezuela. El mensaje fue inequívoco: el aparato de seguridad y diplomacia exterior de EE.UU. ya no opera en base a estructuras colegiadas. Está concentrado en un núcleo ideológicamente alineado, que funciona por fidelidad y ejecución directa. En palabras de un asesor de Trump: «Esto no va de consenso. Va de mandos».

El razonamiento que justificó esta purga institucional fue un artículo publicado por Robert O’Brien –último asesor de seguridad nacional de Trump y actual presidente de la consultora American Global Strategies– junto a Alexander Gray, su director ejecutivo. En él argumentaban que el Consejo estaba plagado de «remanentes» de administraciones anteriores que seguían condicionando la política exterior desde dentro. O’Brien recordaba que, al final del primer mandato de Trump, el NSC contaba con unos 110 funcionarios, y proponía una reducción drástica: «Creemos que la plantilla podría limitarse a 60 personas, como en tiempos del presidente Eisenhower».

El viernes se despidió de sus cargos a decenas de funcionarios que habían sido asignados a la Casa Blanca, sin previo aviso

Según confirmó a ABC un funcionario que presenció el proceso, los despidos fueron abruptos. A las 16:30 se notificó al personal afectado y se les pidió abandonar sus puestos antes de las 17:00. En la sección de Oriente Próximo, el equipo pasó de diez personas a cinco en cuestión de minutos. La mayoría serán reubicados en sus agencias de origen –Estado, Defensa, Tesoro–.

El Consejo estaba formado, en su mayoría, por funcionarios cedidos temporalmente para deliberar y asesorar al presidente, priorizando la seguridad nacional sobre la diplomacia tradicional.

Durante el mandato de Joe Biden, su asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, llegó a ser considerado una de las figuras más poderosas del país, pese a no haber sido elegido en las urnas, dada la pérdida progresiva de facultades del expresidente. Reciente revelaciones apuntan a que altos funcionarios de la Casa Blanca ocultaron la incapacidad de Biden y procedieron a gobernar el país sin ser transparentes al respecto, algo que le dio al Consejo de Seguridad un poder desmedido y que no figura de ese modo en la Constitución.

Vía Petroguía

Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Chevron continúan su labor conjunta en las empresas mixtas en las cuales son socias al punto que ya la producción está próxima a los 250.000 barriles diarios, de los cuales 44% los aporta Petropiar -en la faja del Orinoco- con 813 pozos activos para totalizar una producción de 109.000 barriles por día; le sigue Petroboscán -en el estado Zulia- con 42% para agregar 104.000 barriles en 500 pozos; y Petroindependencia -también en la faja del Orinoco- con 14% para añadir 34.000 barriles con 100 pozos activos.

La cifra ya representa la cuarta parta de la producción petrolera venezolana mientras que las exportaciones a territorio norteamericano se mantienen con altibajos por la incertidumbre que existe con respecto a la permanencia de la Licencia General Nº 41B de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).

Adicionalmente estuvo el problema que ocurrió en abril con dos cargamentos de crudo venezolano que iban hacia los Estados Unidos, los cuales el gobierno de Donald Trump rechazó cualquier pago a PDVSA u organismo del Estado venezolano en contravención de las disposiciones de la Licencia General Nº 35 de la OFAC, que permite determinados desembolsos a organismos públicos venezolanos.

Todo indica que la situación fue solventada al punto que PDVSA y Chevron encontraron como alternativa consensuada el envío del curdo hacia el continente asiático con un precio regido a las condiciones de mercado y sin transbordos.

El comercio de crudo hacia los Estados Unidos desde Venezuela persiste, pero con tendencia a la baja, las cifras de exportaciones hacia la nación norteamericana estuvieron en un promedio de 285.000 barriles diarios a inicios de abril, pero cayeron 60% a fines de mes al bajar a 115.000 barriles. A comienzos de mayo, no obstante, repuntaron a 144.000 barriles diarios, pero para mediados de mes continuó la reducción al punto de caer a 35.000 barriles día, lo que implica una reducción de 88% en mes y medio.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Scroll to Top