Morfema Press

Es lo que es

DBuford

Vía El Impulso

Al menos 62 personas detenidas en el contexto electoral en Venezuela se encuentran actualmente incomunicadas, sin derecho a defensa legal y sin contacto con sus familiares, según denuncia la ONG Foro Penal en su más reciente informe semanal.

La organización, que brinda asistencia legal a personas privadas de libertad por razones políticas, reporta un total de 896 ciudadanos detenidos, hasta el 7 de abril, de los cuales la mayoría (747) se encuentran en proceso judicial sin sentencia firme, mientras que 149 ya han sido condenados.

Aunque se registraron siete excarcelaciones recientes, todos hombres civiles, el número de mujeres privadas de libertad se mantiene en 88, junto con 167 militares y cinco adolescentes , de entre 14 y 17 años de edad.

En un nuevo reporte sobre los presos políticos en Venezuela, se informó que 62 de ellos permanecen incomunicados sin tener acceso a sus familiares que exigen saber de su paradero, y sin derechos a abogados para su defensa ni al debido proceso.

Casos sin defensa legal

Uno de los casos más alarmantes es el del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido el 8 de diciembre de 2023 en el estado Táchira, cuando se disponía a visitar a familiares. Desde entonces, su familia no ha recibido información oficial sobre su lugar de reclusión ni ha tenido contacto con él.

“No tiene ninguna causa penal abierta en Venezuela y no le han dado ni siquiera el derecho a una defensa pública ni privada” , denunció su esposa, María Alexandra Gómez , a través de un video difundido por el Foro Penal. “Solicito a los organismos competentes saber dónde está y sigo pidiendo por su liberación” , agregó.

Gallo figura entre los 66 extranjeros privados de libertad en Venezuela, según cifras del Foro Penal al 28 de febrero, y ha sido vinculado sin pruebas a supuestas conspiraciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que lo incluyen entre los 125 “mercenarios” extranjeros señalados recientemente.

El Helicoide: Aislamiento y denuncias de tortura psicológica

Otro de los casos mencionados es el del exconcejal caraqueño Jesús Armas , quien cumplió este jueves cuatro meses detenido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), bajo condiciones de aislamiento absoluto , según denuncian sus familiares. También aseguran que ha sido sometido a tortura psicológica durante su reclusión.

El director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero , informó que los abogados de la organización han sido reiteradamente impedidos de ingresar a El Helicoide, lo que les ha imposibilitado constatar el estado de salud y las condiciones de reclusión de las personas detenidas en el lugar.

“El sistema judicial venezolano impone defensores públicos que no cumplen con su trabajo, mientras se niega a los detenidos el derecho a nombrar abogados de confianza”, denunció Romero.

Denuncias de violaciones al debido proceso

La cifra de personas detenidas en el contexto político y electoral no ha disminuido de forma significativa, a pesar de algunas excarcelaciones recientes. 

Las denuncias sobre incomunicación, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ausencia de garantías judiciales se mantienen constantes en los informes del Foro Penal y otras organizaciones de derechos humanos.

Mientras la presión internacional continúa aumentando, familiares, abogados y activistas siguen exigiendo justicia, libertad para los detenidos y el respeto a las garantías procesales , especialmente en un año marcado por un clima electoral decisivo.

Según una disposición del Servicio de Aduanas difundida el viernes por la noche, estas exenciones se aplican en particular a los dispositivos electrónicos importados desde China, cuyos productos enfrentan gravámenes de un 145% a su entrada en Estados Unidos. 

Los semiconductores también estarán libres del impuesto aduanero del 10% que la primera potencia económica aplica a la mayoría de bienes independientemente del país de procedencia.

   Sin embargo, pueden ser gravados más adelante con un arancel específico para esta industria. Sobre el tema, Trump dijo el sábado que dará una respuesta «muy específica» el lunes. 

La exención de aranceles a la tecnología beneficiará, principalmente, a gigantes como Apple, empresa deslocalizada que fabrica su iPhone y otros productos estrella en China, así como a Dell o Nvidia.

   Los productos favorecidos representan más del 20% de las importaciones procedentes del gigante asiático, según datos de las aduanas estadounidenses transmitidos por Gerard DiPippo, del centro de investigación RAND sobre China. Este cambio de rumbo de Estados Unidos es «la mejor noticia posible para los inversores del sector tecnológico», consideró por su parte Daniel Ives, analista financiero de Wedbush Securities.

   Sin estas exenciones, «la industria tecnológica estadounidense habría retrocedido diez años y la revolución de la inteligencia artificial se habría ralentizado considerablemente», explicó. 

Tras el anuncio, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que las empresas en cuestión estaban, no obstante, «trabajando» para trasladar su producción a Estados Unidos lo antes posible, el principal argumento de Trump para justificar su política aduanera.

RFI

Por Guillermo Bello Vicentini

Venezuela enfrenta un inmenso crecimiento urbano no planificado, la falta de proyectos de servicios a nivel nacional y la ausencia de construcción de nuevos urbanismos de interés social ha resultado en el desarrollo de periferias en las grandes ciudades, conocidos como cinturones de marginalidad. Es crucial planificar proyectos de viviendas acordes con la realidad del país, analizando tres premisas fundamentales: Demanda, Presupuesto, Tiempo.

Demanda: Déficit actual + crecimiento vegetativo.
Presupuesto: Limitado por los ingresos.
Tiempo: Periodo presidencial + necesidad a corto plazo de los excluidos.

Uno de los planes inmediatos es la posibilidad de «parcelas con servicios»  entregadas en propiedad bajo las primicias antes mencionadas.

Demanda: Esta condición es ilimitada, tiene complicaciones estadísticas debido a la cantidad de familias que viven hacinadas en viviendas y ranchos. La atención a este grupo de personas es posible a corto plazo y a nivel nacional con la colaboración del sector privado.

Presupuesto: Esta condición está limitada por la imposibilidad del gobierno de aportar dinero; siempre será insuficiente. De manera que, matemáticamente hablando, una respuesta rápida son los desarrollos de urbanismos masivos, logrando un equilibrio entre rapidez, dinero y número de familias beneficiadas.

Tiempo; Esta condición está limitada por el período constitucional. Todo político en democracia tiene definido el día de su salida. La gestión de los políticos de poca visión regala láminas de zinc, bloques, puertas, etc. … pero el verdadero estadista planifica su país a 15-20 años y se proyecta a sí mismo en el tiempo con urbanismos que trasciendan dejando huella visionaria.

El concepto que sustenta un plan masivo de «parcelas con servicios» es que el gobierno proporciona aquello que el jefe de familia no puede aportar por sí mismo a una vivienda (acceso, vías, agua, electricidad, alcantarillas, parques, áreas deportivas, documento de propiedad, etc.), pero que, si puede con sus propios recursos económicos, familia y amigos, la construcción de la vivienda propiamente dicha. Tal como se ha demostrado todas las barriadas existentes, donde dicha construcción genera un arraigo a la zona, con su vivienda, medio ambiente y protección a la propiedad privada

La exclusión social es la falta de participación en la infraestructura de servicios del estado y de los recursos de cultura y educación, las cuales el ciudadano común no puede superar por sí mismo. Son más de 20 tipos de marginalidades que padecen a diario estas familias y los gobiernos están sujetos a proyectar un PLAN DE VIVIENDAS: DEMANDA – PRESUPUESTO – TIEMPO.

Desde la perspectiva mexicana, ¿sería legítimo o eficaz que Estados Unidos empleara drones contra los cárteles de la droga en suelo de México? ¿Hay mejores alternativas en la lucha contra el narcotráfico?

Según la prensa local, la opción de usar drones contra los carteles del narcotráfico en México estaría sobre la mesa del presidente Donald Trump, quien designó a seis de ellos como grupos terroristas.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el propio Pentágono la han desestimado. Pero un exagente de la DEA consultado por DW la considera «probable», al menos en forma de «un ataque preciso».

La soberanía de México

México no puede impedir que drones de alta tecnología para escuchas o toma de fotografías vuelen en el espacio aéreo estadounidense, como en efecto ocurre, dice a DW Javier Oliva, coordinador de estudios de defensa, seguridad e inteligencia de la UNAM. Pero considera «poco probable» una intervención selectiva con drones artillados y descarta de paso, como «francamente improbable», una intervención militar de mayor envergadura.

«México lo consideraría una violación severa a su soberanía», señala a DW Cecilia Farfán, jefa del Observatorio de América del Norte de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (Gi-TOC). 

En el derecho internacional, sería «una agresión física, armada», subraya, por su parte, el académico de la UNAM, y saca a colación un trauma histórico de fondo en las relaciones con el vecino del norte: México perdió más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio anexado por EE. UU. tras la guerra de 1846-1848.

No obstante, quizás habría sectores de clase media urbana que verían algo así como una solución, «ante la muy prolongada crisis de violencia creciente que tenemos en el país», concede el experto.

La eficacia de la opción de fuerza

Como sea, «recordemos que EE. UU. viene de una estrepitosa derrota militar en su guerra más larga de la historia, que es la de Afganistán, y el talibán está de regreso. Entonces, tampoco es que estas opciones de fuerza hayan funcionado», contextualiza Javier Oliva.

La idea de un ataque quirúrgico con un dron para destruir un laboratorio del narcotráfico o a líderes de cárteles presupone que el negocio del narcotráfico está localizado y concentrado en algún lugar remoto, «que se puede destruir como si fuera un objetivo táctico y que eso va a eliminar el problema, pero la realidad es que el negocio del narcotráfico no funciona así», advierte, por su parte, Cecilia Farfán.

Se trata de un negocio ilegal que tiene, como cualquier negocio, muchas aristas y personas involucradas en la producción, transporte, logística, almacenamiento, corrupción, lavado de dinero. «Tú puedes destruir un laboratorio clandestino, pero ¿cuántos más tienes y cuántos más van a surgir?», cuestiona la experta en crimen organizado en contextos de violencia crónica.

La perspectiva transnacional

«Algo que cada vez se discute más, pero no se discute suficiente, es que también hay muchos ciudadanos estadounidenses involucrados específicamente en el tráfico de fentanilo, algo que sin duda preocupa a la administración Trump», añade la politóloga Farfán. Su colega Oliva va más allá y habla de «autoridades estadounidenses coludidas con el narcotráfico» como la única explicación para la amplia presencia de la droga y los cárteles que registra la DEA en Estados Unidos.

Otro punto importante, para el experto, es la responsabilidad de ese país en el clima de violencia que vive México, más allá de las drogas mismas: «De cada 10 armas que se incautan en escenas de delitos en México, 7 fueron vendidas en EE. UU.», asegura.

Como sea, para Farfán, esta conversación tendría que girar en torno a «cómo se puede trabajar desde la perspectiva transnacional, para desarticular lo que son redes transnacionales». Aunque un tema central para cualquier cooperación es la confianza, «obviamente erosionada entre actores institucionales en ambos países», y que urge reconstruir.

Falta de confianza en autoridades civiles mexicanas

Estados Unidos ya ha llevado a cabo operaciones encubiertas en México, concede Oliva, citando el «secuestro internacional» de un narcotraficante histórico, Ismael «El Mayo» Zambada, y de uno de los hijos de «El Chapo» Guzmán. Hasta hoy, «no le han informado al Gobierno mexicano qué hicieron o cómo lo hicieron», afirma el experto en seguridad e inteligencia de la UNAM.

¿Qué demuestra esto? «Que no hay confianza en las autoridades civiles mexicanas, no para una operación conjunta», dice. Sin embargo, sí hay protocolos de colaboración militar: una conferencia de comandantes de la frontera y 10.000 soldados estadounidenses y 10.000 elementos de la Guardia Nacional desplegados allí, por acuerdo entre las partes.

Responsabilidad compartida y cooperación

La cooperación entre México y Estados Unidos no está en su mejor momento. La división de causas y responsabilidades entre países consumidores, por un lado, y productores y de tránsito, por otro, ha sido usada por ambas partes para trasladar la causa de sus problemas con la droga al exterior.

Pero, con Sheinbaum, ha habido un «sutil» cambio de narrativa por parte del Gobierno mexicano, importante para llevar a Estados Unidos a la mesa: se ha pasado de culpar a EE. UU. del consumo al discurso sobre la «responsabilidad compartida» para atender este «problema regional», observa la politóloga Farfán.

Como efectos más probables de la designación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas, su colega Oliva prevé la apertura de expedientes en Estados Unidos a «funcionarios y funcionarias mexicanas del Gobierno anterior y de este» coludidos con el narcotráfico, así como presiones al Gobierno mexicano para su extradición.

Crucial para cualquier tipo de cooperación sigue siendo «tener mecanismos acordados para poder intercambiar información. Y, sobre todo, acordar quiénes son esos actores, cómo se va a aprobar a la gente autorizada para sentarse en esa mesa», agrega Farfán,

Para Oliva, un concepto clave en este caso es la «diplomacia militar», protocolos de entendimiento y acercamiento entre militares que «juegan un papel muy importante para la estabilidad de las democracias y la paz en el continente»; así como los controles migratorios y financieros, que, en su opinión, han tenido hasta ahora el mayor éxito en poner algún freno a las operaciones terroristas internacionales.

DW

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al régimen de Nicolás Maduro la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas, y condenó el uso de la incomunicación como método sistemático de represión.

En un comunicado oficial, la CIDH advirtió que en Venezuela persisten detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tratos inhumanos contra quienes disienten del régimen de Nicolás Maduro.

Según los datos más recientes, en el país hay al menos 896 presos políticos. De ellos, al menos 64 familias aún desconocen el paradero exacto de sus seres queridos, y solo han logrado tener noticias por intermediarios o funcionarios que ocasionalmente solicitan medicamentos o ropa. La CIDH subrayó que estas prácticas violan estándares internacionales y constituyen actos de terrorismo de Estado para infundir miedo y reprimir la participación política.

El organismo también denunció abusos contra familiares de los presos, especialmente mujeres, quienes son víctimas de requisas humillantes y maltratos al intentar realizar visitas. En algunos casos, como el de Freddy Superlano, Perkins Rocha y Américo de Grazia —todos con medidas cautelares, ni siquiera se permite conocer el estado de salud de los detenidos.

La represión se intensificó tras las elecciones del 28 de julio de 2024. En ese contexto, se registraron al menos 50 detenciones arbitrarias de opositores, y tras la jornada electoral, más de 2.200 personas fueron apresadas por participar en protestas. Entre ellas, 177 eran menores de edad.

La CIDH alertó sobre la falta de independencia del Poder Judicial y el uso del Ministerio Público como brazo represor del régimen. Instó a garantizar el acceso a la defensa técnica, terminar con los juicios amañados, y restituir el equilibrio entre los poderes públicos como paso fundamental hacia una democracia real.

Vía LaPatilla

La Cruz Roja Venezolana informó que este sábado 12 de abril prestó asistencia de salud a los opositores que permanecen asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas.

El organismo humanitario detalló en un comunicado que la acción fue realizada “contando con la aceptación de las partes involucradas” y bajo sus principios fundamentales de neutralidad e imparcialidad.

La Cruz Roja no ofreció mayores detalles sobre el estado de salud de los asilados ni sobre el tipo de asistencia brindada, pero recalcó su disposición para continuar prestando apoyo “a quienes lo necesiten, sin discriminación de ningún tipo”, según el escrito oficial emitido este sábado.

El pasado 20 de marzo de 2024, los opositores Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos, todos colaboradores de la líder de las fuerzas democráticas María Corina Machado, acudieron a la residencia del embajador argentino luego de que la Fiscalía anunciara una orden de arresto en contra de ellos por varios delitos, entre ellos “traición a la patria y conspiración”.

Desde su ingreso, han sido considerados “rehenes políticos”, sin acceso regular a atención médica ni suministros básicos, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y gobiernos de la región.

Con esta intervención, la Cruz Roja rompe un prolongado “silencio institucional” sobre el caso, en medio de crecientes presiones internacionales para garantizar condiciones mínimas de dignidad y atención humanitaria a los asilados.

Vía Finanzas Digital

Laura Carolina Guerra Angulo es la nueva presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV) en sustitución de José Calixto Ortega Sánchez quien se desempeñaba en el cargo desde el año 2018 tras su nombramiento por la extinta Asamblea Constituyente. La presidencia del máximo ente emisor es designado por un período de siete años por el presidente de la República y ratificado por la Asamblea Nacional de Venezuela en sesión plenaria.

Guerra Angulo será la presidenta del BCV número 26 desde 1940 y la cuarta mujer en optar a este cargo.

El nombramiento del directorio del organismo fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Número 6.898 de fecha 11 de abril de 2025.

Un total de 46 personas se postularon para integrar al nuevo directorio del Banco Central, de acuerdo a la lista divulgada el pasado 8 de abril por el Comité de Evaluación de Méritos y Credenciales de los candidatos y candidatas presidida por Roman Maniglia, viceministro de Economía Digital, banca, seguros y presidente del estatal Banco de Venezuela.

Estos son los perfiles de los integrantes del directorio del BCV:

Laura Carolina Guerra Angulo: Es ingeniera de petróleo con master en extracción de crudos pesados. Hermana de Adriana Guerra Angulo, exesposa de Nicolás Maduro.

  • Ex presidenta del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) y del Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden), cargo que ocupó en calidad de encargada en el año 2020 al sustituir a Simón Zerpa.
  • Jefe de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (Sunai) en febrero de 2019.
  • En 2015 asumió la gerencia de la oficina de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Bogotá, Colombia. Trabajó en la petrolera estatal desde diciembre de 2006.

Anabel Pereira Fernández: Abogada. Actual ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior como directora representante del Ejecutivo Nacional en el BCV.

  • En agosto de 2022 cuando fue asignada como presidenta de Fogade.
  • Tras la trama de corrupción «Pdvsa Cripto» asumió la presidencia de la junta reestructuradora de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), organismo eliminado posteriormente.

Luis Alberto Pérez González: Viceministro de Seguimiento y Control del Desarrollo Ecominero, del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, en condición de Encargado en el año 2024.

  • Presidente, en calidad de Encargado, de la Empresa Carbones del Zulia S.A., (CarboZulia), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.

Carlos Alessando Cestari Infantini: General de la Fuerza Armada Nacional (FANB). Jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) en 2018.

  • Gerente de Tecnología de Información y Comunicación del Seniat en 2016.

Christiam Hernández Verdecanna: Vicepresidente de Finanzas y Miembro Principal de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela en septiembre de 2024.

  • Tesorero Nacional encargado en el año 2022.
  • Director del estatal Banco de Venezuela.
  • Viceministro del Ministerio de Economía, Banca y Finanzas en el año 2018.
  • Viceministro para el Sistema Bancario Nacional, en calidad de encargado en el año 2018.
  • Viceministro de Inversión para el Desarrollo.

Santiago Armando Lazo Ortega: Economista graduado en la Universidad Central de Venezuela (UCV) con postgrados en estadística y en banca y finanzas.

  • Forma parte del Directorio del BCV desde el año 2018.
  • Viceministro de Planificación Económica del Ministerio de Planificación y Desarrollo entre los años 2014 al 2018.
  • Director del Bandes Uruguay en 2014.
  • Director suplente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) en el año 2013.

Christian Martell Ramírez: No se pudo obtener información de su perfil o si ejerció algún cargo público.

En un avance que señala tanto un fracaso económico como una recalibración de las ambiciones extranjeras, Gazprom, el gigante estatal del gas ruso, ha abandonado oficialmente el proyecto de exploración de gas Azero en Bolivia.

La retirada marca el fin de un proyecto energético de 16 años, inicialmente considerado como una piedra angular de la creciente influencia de Moscú en Latinoamérica. Sin embargo, el colapso del proyecto se ha convertido en un caso de estudio sobre las promesas de retorno excesivas, los resultados geológicos decepcionantes y los riesgos geopolíticos más amplios que conlleva la diplomacia rusa en materia de recursos.

Cuando Gazprom firmó su acuerdo de exploración con Bolivia en 2008, las expectativas eran altas. Con el respaldo de una visita de Estado del entonces presidente Evo Morales a Rusia, el acuerdo incluía la exploración conjunta de varios bloques de hidrocarburos bolivianos.

Bolivia necesita urgentemente explotar gas. Su producción de gas ha disminuido significativamente , con muchos pozos prácticamente fuera de servicio. 

Azero, con una extensión de 7.856 kilómetros cuadrados entre Chuquisaca y Santa Cruz, se asentaba sobre lo que se creía una formación geológica muy prometedora: la Cuenca Preandina Central. Las reservas estimadas eran enormes: 5 billones de pies cúbicos de gas natural, o más de 140.000 millones de metros cúbicos.

El proyecto fue parte de una hoja de ruta más amplia firmada en 2016 entre Gazprom, el Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia y la estatal YPFB de Bolivia, destinada a ampliar la cooperación bilateral en exploración e infraestructura hasta 2040.

Zonas como Vitiacua, La Ceiba y Madidi también estaban en estudio, con financiamiento ruso y promesas de miles de millones de dólares en inversiones. Para 2018, Gazprom había prometido 1.200 millones de dólares para el desarrollo energético boliviano.

Sin embargo, a pesar de los profundos compromisos financieros y la amplia planificación, Azero nunca cumplió.

Un consorcio liderado por Total E&P Bolivie y Gazprom EP International perforó un pozo exploratorio profundo, Ñancahuazú-X1, y lo completó en 2020. El pozo alcanzó una profundidad récord para Bolivia, 5.830 metros, y Gazprom lo calificó entonces como un éxito técnico en condiciones geológicas extremadamente complejas. Sin embargo, no se encontraron yacimientos de gas comercialmente viables.

Para 2021, Gazprom reconoció discretamente la ausencia de estructuras de hidrocarburos prometedoras a los niveles previstos. El pozo fue taponado y abandonado, y para 2024, la empresa rusa había decidido oficialmente rescindir por completo el contrato con Azero.

Aunque la retirada técnica de Gazprom puede parecer una decisión comercial rutinaria, es inseparable del contexto más amplio del posicionamiento estratégico de Rusia en América Latina.

Según un informe de diciembre de 2024 del Centro para el Estudio de la Democracia, Moscú ha considerado durante mucho tiempo a Bolivia como una cabeza de puente geopolítica en el hemisferio occidental. Las inversiones en hidrocarburos, energía nuclear e infraestructura logística han permitido a Rusia ejercer una influencia discreta pero creciente sobre la gobernanza energética boliviana.

De hecho, la presencia de Gazprom en Bolivia nunca fue puramente comercial. Mediante la financiación de estudios exploratorios y la creación de empresas conjuntas, el Kremlin logró eludir las sanciones, integrar el capital ruso en las economías locales y asegurar activos estratégicos en países en desarrollo con abundantes recursos energéticos.

Empresas como Rosatom —la corporación nuclear estatal de Rusia— obtuvieron contratos importantes, incluido un centro de investigación y desarrollo de 300 millones de dólares en El Alto, en términos que los críticos han descrito como opacos y con motivaciones políticas.

Y tan recientemente como en septiembre pasado, Bolivia selló un acuerdo de 976 millones de dólares con Uranium One Group, propiedad de Rosatom, para establecer una planta de producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, uno de los salares con mayor contenido de litio del mundo. 

El enredo económico resultante de estos proyectos se ha facilitado, en ocasiones, mediante métodos indirectos.

La ONG boliviana Fundación Tierra ha denunciado que las empresas rusas de petróleo y gas suelen aparecer en los registros públicos como entidades con sede en los Países Bajos, lo que oculta su verdadera propiedad y dificulta la supervisión regulatoria. Este capital en la sombra, sumado a una red más amplia de logística marítima opaca —las llamadas «flotas fantasma» utilizadas para transportar crudo sancionado— ilustra el carácter de doble uso de las empresas energéticas rusas: en parte comerciales, en parte de política pública.

A pesar del cierre del proyecto Azero, Gazprom conserva una participación del 20% en el campo boliviano Incahuasi, desarrollado conjuntamente con TotalEnergies (operador, 50%), Tecpetrol (20%) e YPFB (10%). Este campo se considera uno de los más importantes del país, contribuyendo tanto al suministro interno como a la capacidad de exportación.

Además, Gazprom todavía está vinculada al yacimiento de Vitiacua, parte de la hoja de ruta energética bilateral más amplia iniciada a mediados de la década de 2010.

Sin embargo, el colapso de Azero plantea preguntas incómodas: ¿fue simplemente una mala apuesta geológica o es una señal de que la huella económica de Moscú en América Latina se está desmoronando?

La evidencia sugiere esto último. La estrategia bien elaborada de Rusia —acuerdos políticos de alto perfil seguidos de resultados comerciales decepcionantes— se ve cada vez con más escepticismo en toda la región. Mientras Moscú —ahora enredado en un conflicto «existencial» y despilfarrador de recursos con Ucrania y, por extensión, con Occidente— sigue hablando de una «cooperación mutuamente beneficiosa», los beneficios tangibles para Bolivia han sido, en el mejor de los casos, desiguales, con importantes proyectos estancados o completamente desmoronados.

El fracaso del proyecto Azero de Gazprom es más que una simple nota económica; es una advertencia sobre la extralimitación geopolítica y las promesas exageradas del sector energético. Para Bolivia, el colapso del proyecto representa una oportunidad perdida y una advertencia sobre los costos de depender de actores extranjeros con motivos turbios. Para Rusia, es un revés flagrante en una región donde desde hace tiempo ha buscado expandir su influencia mediante la diplomacia energética.

Estonia ha detenido un petrolero vinculado a Rusia, lo que marca la primera operación marítima del país báltico dirigida a la llamada “flota sombra” que transporta petróleo ruso en violación de las sanciones occidentales, informó el medio de noticias Postimees .

El barco fue interceptado en la madrugada del viernes cerca de la isla de Aegna, en la bahía de Muuga, mientras navegaba por aguas territoriales de Estonia en ruta al puerto ruso de Ust-Luga.

Las autoridades detuvieron el barco para verificar su documentación y estatus legal, dijo el comandante de la Armada de Estonia, Ivo Värk, a los periodistas en una conferencia de prensa.

El petrolero, identificado como Kiwala, estaría operando bajo bandera de Yibuti, según el servicio de seguimiento de buques MarineTraffic .

Sin embargo, en el momento de su detención, no enarbolaba pabellón nacional, lo que constituye una violación del derecho marítimo. La tripulación presentó posteriormente un certificado de pabellón, pero un representante de la autoridad marítima de Yibuti negó que el buque estuviera inscrito en su registro nacional.

Las autoridades de transporte de Estonia están inspeccionando la estructura del buque y revisando su documentación para garantizar que no represente una amenaza para la seguridad marítima, informó Postimees. El Kiwala se encuentra ahora bajo la custodia de tres buques de guerra estonios.

Veiko Kommusaar, subdirector de la Junta de Policía y Guardia de Fronteras de Estonia, confirmó que el petrolero está sancionado por la UE.

También ha sido sancionado por el Reino Unido, Canadá y Suiza, según el portal ucraniano de seguimiento de sanciones War & Sanctions .

A bordo se encontraban 24 personas de terceros países. El capitán del barco, de nacionalidad china, cooperó con las autoridades estonias, según informó Postimees. El resto de las personas a bordo fueron identificadas preliminarmente como ciudadanos de Mauritania. 

Guerra y Sanciones señaló que anteriormente el Kiwala estaba comandado por un hombre llamado Sergei Kharchenko.

El buque es propiedad de Tirad Shipping, una empresa registrada en Mauricio cuya flota está compuesta únicamente por el Kiwala. Anteriormente, el petrolero pertenecía a navieras turcas e indias.

La detención se produce dos días después de que el Parlamento estonio aprobara una ley que otorga a las Fuerzas de Defensa del país la autoridad para usar la fuerza contra los buques en el Mar Báltico si se determina que representan una amenaza para la seguridad nacional.

La ley se aprobó en respuesta a un aumento de presuntos incidentes de sabotaje, incluidos daños a cables submarinos e infraestructura crítica, que los funcionarios estonios creen que están orquestados por los servicios de inteligencia rusos.

Las delegaciones estadounidense y rusa continuaron su interacción directa en un esfuerzo por la normalización, reuniéndose el jueves en Estambul para conversaciones que duraron más de cinco horas . El recién nombrado embajador de Moscú en Washington, Aleksandr Darchiev, encabezó la parte rusa, mientras que la estadounidense estuvo encabezada por la subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, Sonata Coulter.

Darchiev fue citado por TASS después de la reunión diciendo que «se ha llegado a un entendimiento [para adoptar] nuevas medidas destinadas a facilitar el movimiento de diplomáticos en el país anfitrión, así como los procedimientos de visado relacionados».

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso anunció, tras la reunión de Estambul, que los diplomáticos rusos y estadounidenses se comprometieron a «facilitar servicios bancarios y financieros ininterrumpidos para las misiones diplomáticas rusas y estadounidenses».

Por parte estadounidense, el Departamento de Estado calificó de «constructivas» las conversaciones en curso, que sin embargo no se centraron en Ucrania en esta última reunión.

«Las delegaciones de Estados Unidos y Rusia intercambiaron notas para finalizar un entendimiento para garantizar la estabilidad de la banca diplomática para las misiones bilaterales rusas y estadounidenses «, indicó un comunicado.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, había anticipado a principios de semana que «Ucrania no está, en absoluto, en la agenda».

Estas conversaciones se centran exclusivamente en las operaciones de nuestra embajada, no en la normalización de la relación bilateral en general, lo cual solo podrá ocurrir, como hemos señalado, una vez que haya paz entre Rusia y Ucrania.

Las conversaciones más amplias sobre cómo lograr un alto el fuego en Ucrania están prácticamente estancadas. Ha habido poco avance al respecto, mientras la Casa Blanca lidia con las consecuencias de los aranceles impuestos por Trump el Día de la Liberación y el estancamiento comercial con China.

El presidente Putin tampoco tiene prisa, ya que considera que las fuerzas rusas tienen el impulso en el campo de batalla, especialmente en Donetsk y en el sur. Sin embargo, algunos informes indican que las líneas del frente han estado prácticamente estancadas durante muchos meses, aunque también es evidente que las fuerzas rusas han estado avanzando una o dos aldeas a la vez a medida que transcurre la semana.

Recientemente, Moon de Alabama señaló que aún existen fuertes esperanzas de un acuerdo definitivo sobre Ucrania. «Trump ya había recurrido al engaño del Russiagate al hablar de Putin. Parece ver a Putin como una víctima de la estafa, al igual que él mismo lo fue «, observó el blog geopolítico. «Creo que esto es, al menos a ojos de Trump, un tema que une a ambos. Es lo que hace posible un acuerdo».

Y además: «Trump no solo se considera a sí mismo y a Putin víctimas del caso Rusiagate. Lo considera peligroso. Hacer afirmaciones (falsas) sobre la interferencia política de otra potencia nuclear innecesariamente podría haber conducido, y aún podría conducir, a altercados más graves ».

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