Por Francisco Santos
Petro acabó con la seguridad, con la salud, con el sector eléctrico y va a acabar con Ecopetrol
Nada cambia si sale el proyecto de ley de salud del Gobierno. El daño ya lo hicieron y destruyeron uno de los mejores sistemas de salud del mundo. ¿Muertos? No importa, el fin justifica los medios, y tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo se lavan las manos y mienten de manera descarada al respecto. Lo que no se entiende es que los prestadores, los hospitales, los médicos y hasta los pacientes aguanten callados. Nadie hace nada serio y son tan tímidos que al Gobierno no le importa, pues su narrativa mentirosa se impone.
Lo mismo ya comienza a suceder con el gas, la energía más barata que tenía Colombia. La fórmula que le aplican al sector es idéntica a la de la salud: asfixiar financieramente a las empresas del sector privado, trasladar la responsabilidad de la crisis a ellas, amenazarlas con investigaciones e intervenciones y fortalecer el monopolio del Estado; en este caso, de Ecopetrol.
Claro, hay que sumarle un ministro negacionista que nunca entendió que había crisis y además un presidente con una agenda ideológica. “El petróleo es peor que la coca”, dijo Petro en la ONU, a quien, así como no le importan los muertos de su desastre en el manejo de la salud, tampoco le molesta que ya comiencen los más pobres a pagar el 36 por ciento más por el servicio del gas. Es más, esto le sirve a su narrativa: las empresas los roban y yo los defiendo. Le sirvió en la crisis que creó en la salud; ahora le sirve en la crisis que está generando el sistema energético que, obviamente, incluye el gas.
Petro recibió unas reservas de gas que caían. Parte de la responsabilidad es del anterior presidente, Iván Duque, y sus ministros, que en cuatro años no hicieron nada al respecto y, al contrario, la fórmula que tenían aprobada y lista, los proyectos de fracking, no tuvieron los pantalones de ponerlos a andar. Se inventaron comisiones y le dieron vueltas al tema, esperando que pasaran los cuatro años.
Esa fue la herencia del Gobierno anterior, con el agravante de que llegó un presidente que no tiene idea del sector, que no le preocupa que los pobres paguen más por ese servicio, él estaría feliz si cocinan con leña, y que con su agenda ideológica frente al tema tiene a Colombia al borde de una crisis energética. Ya se habla de racionamientos en 2026, e importando gas con toda su complejidad logística, geopolítica y económica.
Petro prefiere pagarle a Qatar el gas y no desarrollar la industria nacional. Parece un neoliberal amante del libre comercio. En vez de acelerar el proyecto del bloque Tayrona en la costa Caribe, acelerar el gasoducto submarino y resolver el lío de reservas de gas –las aumenta un 200 por ciento de 2 teras de metros cúbicos de gas a 6–, prefiere en quien sabe qué negocios turbios montar plantas de LNG, gas licuado, en Buenaventura sin siquiera tener un gasoducto. Es decir, gas costoso al que se le suma el brutal costo del transporte en Colombia. ¿Quién se beneficia de ese negocio? Los consumidores ciertamente no, pues además hay alternativas que solo necesitan eficiencia en el manejo del Gobierno y no la pereza cómplice del actual.
A las EPS les demoran el pago de la UPC o de los medicamentos. A las empresas de gas, los subsidios para estratos 1 y 2. Ya les deben más de 840.000 millones de pesos del año pasado. Vanti, una de las empresas del sector, obviamente sube sus precios para subsanar el déficit. La respuesta es idéntica a la que se dio contra las EPS. Petro y su ministro lacayo le ordenan a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la de Industria Comercio, a cargo de Cielo Rusinque, quien ejecuta para el presidente un papel idéntico al de Lavrenti Beria para Stalin, quien desde su aparato de inteligencia era el encargado del aparato de terror, que se “encarguen del problema”.
Obvian, el ministro y su jefecito, que en el sector de gas hay un oligopolio en el que Ecopetrol produce el 80 por ciento del gas que consume el país y que además le subió el precio en casi un 50 por ciento de 6,78 dólares por millón de BTU a 9,2 por millón. Eso sí no es especulación, pues como es una entidad del Gobierno, no la investigan. Las entidades intervenidas en la salud ya no las investigan, que roben y roben, pero las que no, sí están en la mira de un Gobierno depredador que solo quiere acabar con el sector privado.
Ya los bolsillos de los ciudadanos de los departamentos de Tolima, Huila, Putumayo, Risaralda, Quindío, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Antioquia sufren con un sobrecosto en el gas del 20 al 36 por ciento. La costa Caribe, Norte de Santander, Cauca y Valle del Cauca, por ahora, no tendrán incrementos significativos, porque aún tienen vigentes contratos de compra de gas natural para sus usuarios con precios de años anteriores. Cuando se venzan, sufrirán el mismo aumento del costo. El responsable: Petro y su desgobierno.
Petro acabó con la seguridad, con la salud, con el sector eléctrico y va a acabar con Ecopetrol, va a terminar como Pemex, que hoy es solo una carga gigante para el Estado mexicano. Lo que toca lo fulmina. Y todos escondidos sin dar la pelea. ¿Será que van a despertar? El chaparrón no va a pasar. ¡Despierten… despierten!
