Morfema Press

Es lo que es

DBuford

Vía El Nuevo Herald

El empresario venezolano Raúl Gorrín, propietario de Globovisión y figura central en múltiples investigaciones por corrupción transnacional, se encuentra actualmente recluido en el centro de detención conocido como “La Tumba”, ubicado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Plaza Venezuela.

Según fuentes familiarizadas con la situación, Gorrín habría sido ingresado al complejo subterráneo hace aproximadamente tres o cuatro semanas. Este centro, situado a 15 metros bajo tierra, es mundialmente denunciado por organismos de derechos humanos debido a sus condiciones de aislamiento extremo y la práctica de la denominada “tortura blanca”.

Un giro drástico en el poder

La detención de Gorrín ocurre en un contexto de transformación política radical en Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero de 2026, la actual mandataria Delcy Rodríguez enfrenta la presión de la administración de Estados Unidos para cumplir con directrices clave en materia de hidrocarburos e inmigración.

Puntos clave de la situación jurídica de Gorrín:

  • Acusaciones en EE. UU.: Enfrenta cargos en el sur de Florida por conspiración para lavar 1.200 millones de dólares y el pago de sobornos a altos funcionarios de PDVSA.
  • Esquemas de corrupción: Vinculado al saqueo de la Tesorería Nacional de Venezuela junto al ex-tesorero Alejandro Andrade, moviendo fondos ilícitos a través de bienes raíces de lujo en Miami y Nueva York.
  • Estatus actual: Aunque es solicitado por la justicia estadounidense, se desconoce si el gobierno de Rodríguez facilitará su traslado a Miami, dado que no existe un tratado formal de extradición vigente.

Condiciones de reclusión en ‘La Tumba’

Informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional describen el lugar de detención de Gorrín como un espacio de 2 por 3 metros, sin ventanas, con iluminación artificial las 24 horas y temperaturas gélidas. Estas condiciones están diseñadas para provocar un deterioro cognitivo y psicológico acelerado en los detenidos de alto perfil.

Trayectoria de un «Boliburgués»

Gorrín pasó de ser uno de los empresarios más influyentes del ecosistema chavista a un objetivo de la justicia internacional. Fue sancionado por el Departamento del Tesoro en 2019 y ha sido mencionado como pieza clave en el juicio contra el excongresista David Rivera en Miami, relacionado con contratos irregulares de la filial estadounidense de PDVSA.

Hasta el momento, la defensa de Gorrín en Estados Unidos, encabezada por el abogado Howard Srebnick, no ha emitido comentarios oficiales sobre el arresto en Caracas.

El pasado 24 de marzo, el Partido Democrático Esloveno (SDS) publicó un boletín internacional en el cual denuncia que “Las recientes elecciones parlamentarias en la República de Eslovenia se han caracterizado por un menoscabo sistémico y multifacético del proceso democrático.” 

Entre las irregularidades denunciadas por el partido SDS se incluyen: fluctuaciones en los datos estadísticamente imposibles, asignación errónea de candidatos, atribución errónea de votos, retirada física de urnas durante el horario de votación, envío de convocatorias electorales a miles de personas fallecidas, falta de papeletas en las zonas rurales, fallos sistémicos en la votación desde el extranjero y fallos en la entrega de las papeletas por correo. 

La siguiente frase del boletín encendió todas las alarmas en mi cabeza: “La infraestructura digital de la Comisión Electoral Nacional (DVK) sufrió un colapso total y permaneció inoperativa durante las horas críticas de la noche electoral. Una vez restablecido el sistema, se detectaron numerosas discrepancias alarmantes”.

En los fraudes cometidos tanto en Venezuela (2017, 2024) como en Bolivia (2019) los servidores de las autoridades electorales dejaron de funcionar por varias horas y cuando recomenzaron su actividad, los resultados habían cambiado en favor de los candidatos del Foro de Sao Paulo, Nicolás Maduro y Evo Morales.

En el capítulo 10 de mi libro, “Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo”, se lee:  

El 20 de octubre de 2019, a las 19:40, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó los resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Con el 83,76 % de las actas verificadas, Evo Morales obtenía el 45,28 % de los votos. Sin embargo, alrededor de las 20:00, el recuento del TREP se paralizó. Casi 24 horas después, el 21 de octubre, el TREP volvió a funcionar y generó nuevos resultados. Según estos resultados, Evo Morales obtuvo el 46,86 %. Con estas cifras, Morales ganó las elecciones sin necesidad de participar en una segunda vuelta.

Este fraude, implementado con la asesoría de técnicos venezolanos, fue descubierto y Evo Morales se vio obligado a huir de Bolivia. El paralelismo sobre lo ocurrido en Eslovenia con los casos de Bolivia y de Venezuela es alarmante. Es importante resaltar la relación que existe entre el partido Levica, perteneciente a la coalición del gobierno de Robert Golob, con el régimen venezolano. 

Según mi experiencia personal, como estudioso del Foro de Sao Paulo y como observador internacional en numerosas elecciones, la izquierda hace uso de los fraudes electorales como una nueva forma de perpetrar golpes de Estado, sin tener que disparar un solo tiro. Recientemente, el investigador norteamericano Ralph Pezzullo publicó un libro titulado “Stolen Elections” en el que documenta la utilización el método venezolano para cometer fraudes en al menos setenta naciones.

Si el pueblo esloveno permite que este fraude se consolide, ocurrirán dos cosas: el fraude se convertirá en un mecanismo permanente y Golob permanecerá en el poder indefinidamente, sin importar quién en realidad gane las elecciones; y segundo, se aprobarán paulatinamente una serie de reformas para imponer en Eslovenia un sistema totalitario. Este proceso lo he vivido personalmente en el caso de mi país, Venezuela.

La responsabilidad de denunciar el fraude no recae solo sobre el partido SDS, el pueblo esloveno también debería movilizarse para defender su democracia. Las elecciones deberían ser anuladas y repetidas, esta vez sin los vicios experimentados el 22 de marzo. La votación anticipada, por ejemplo, debería ser eliminada, porque es uno de los factores que más contribuye al fraude.

(*) Escritor venezolano. Autor del libro “Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo”

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, manifestó este domingo su respaldo a Cuba frente al bloqueo impuesto por Estados Unidos, durante un encuentro con su homólogo Bruno Rodríguez, en el marco de la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en Bogotá.

A través de un mensaje difundido en Telegram, Gil reiteró la postura de su país en favor del levantamiento de las sanciones, señalando que Venezuela mantiene su apoyo al pueblo cubano y a su derecho a desarrollarse sin medidas coercitivas externas.

Durante la reunión, ambos cancilleres también revisaron los vínculos históricos entre sus naciones y analizaron la coyuntura geopolítica regional, aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre los temas tratados.

En el contexto de la cumbre, Gil había defendido previamente la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países del llamado “sur global”, al considerar que estos no son responsables de la actual situación de tensiones internacionales. En ese sentido, propuso impulsar alianzas más sólidas entre América Latina, el Caribe y África como vía para promover cambios en el orden internacional.

Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez reiteró la disposición de su país a mantener un diálogo con Estados Unidos, siempre que se base en el respeto mutuo y sin injerencias en asuntos internos.

EFE

Vía Versión Final

Más de USD 100 mil millones  fueron invertidos en los últimos 27 años en el sector, según José Águilar, especialista en sistemas de generación eléctrica. Nervis Villalobos, exviceministro de Energía, cercano a Chávez, lidera la lista de principales dilapidadores del erario público, con Luis Motta Domínguez, hoy de nuevo en el Gobierno, como escolta. Delcy Rodríguez repite la receta de Nicolás frente a la crisis: racionar uso del servicio. Víctor Poleo, exviceministro de Energía y Minas, sugiere la designación de una junta interventora y la eliminación de Corpoelec.

Cuatro días después de la caída de Nicolás Maduro, el gobierno de los Estados Unidos, anunció que la Casa Blanca enfocaría sus esfuerzos en el sector petrolero venezolano. “Hemos contratado a los principales comercializadores de materias primas y bancos clave del mundo para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados”, expresaba Donald Trump.

En su discurso, más allá del tema petrolero, el mandatario estadounidense se refirió al mal estado de la red eléctrica venezolana. “Se encuentra deteriorada y frágil tras años de mala gestión socialista, corrupción y mantenimiento deficiente”, expresaba el flamante responsable de la captura y extracción del líder socialista y su esposa Cilia Flores.  

Trump asumió entre las acciones prioritarias de su gobierno en Venezuela fortalecer el sistema eléctrico. “Trabajaremos para mejorar la red eléctrica, esencial para aumentar la producción petrolera, las oportunidades económicas y la calidad de vida diaria del pueblo venezolano”. Casi dos meses después, la realidad es antagónica. Los apagones se acentúan de, entre cuatro y hasta ocho veces por día, con interrupciones que superan las ocho horas en la mayoría de los estados del país. 

Nancy Castellanos, residente en Miranda, escribe en X: “Vamos de mal en peor en Venezuela. Bajones y apagones eléctricos constantes. Sin internet. Ahora mismo es el tercer apagón hoy en el estado. Estamos sin servicio de agua desde hace semanas y sin Internet por cable. ABA de Cantv no hay”.

La misma receta de siempre

Lo peor es el enfoque que ofrece Delcy Rodríguez, presidenta encargada, quien pese a algunos cambios en la línea de gobierno, un poco alejados de la irracionalidad del heredero político de Hugo Chávez, en este renglón muestra idénticas costuras y apeló, la noche de este sábado, a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro de electricidad, luego de que el viernes se registrara una falla masiva del servicio en regiones del oeste del país.

Hoy es un día importante, porque hoy es lo que se llama el pasaje perpendicular de los rayos solares de sur a norte, que en concreto quiere decir que durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela», señaló la mandataria en una reunión con parte de su Gabinete, transmitido por el canal estatal VTV.

Ante esta situación, Rodríguez llamó a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro de energía eléctrica, en cuanto a la temperatura de los aires acondicionados y la desconexión de equipos eléctricos. Pidió, entre otras cosas, utilizar los aires acondicionados con una temperatura menor a los 21 grados, en un país en los que los picos de calor superan los 40 grados.

El miércoles, Rodríguez designó al ingeniero Rolando Alcalá como nuevo ministro de Energía Eléctrica en sustitución con la responsabilidad de «seguir fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional».

Eliminación de Corpoelec

Hace 10 días fueron actualizadas tres licencias generales, con el objetivo de facilitar la inversión y las actividades relacionadas con el petróleo venezolano, modernizar el sector eléctrico y permitir la exportación de fertilizantes.

En ese sentido, Víctor Poleo, exviceministro de Energía y Minas (1999-2001) y experto eléctrico, en entrevista con Bitácora Económica, aseguró que la medida avalada por Trump representa una luz en el camino para poder aliviar la crisis en esa materia, pero insiste en que la inyección de recursos es solo una parte de la ecuación, pues hacen falta algunas medidas urgentes para garantizar la recuperación del sistema eléctrico nacional (SEN).

Poleo aseguró que estas actualizaciones, en especial la 49A, permitirán que empresas especialistas en equipamiento y generación termoeléctrica puedan trabajar en Venezuela, y que esas implementaciones, aunque vayan dirigidas al sector petrolero, ayudarán a aliviar el sistema eléctrico interconectado.

Sin embargo, insistió en que hay una hoja de ruta a seguir para que la recuperación del sector eléctrico sea un hecho y que la primera de las acciones en esa lista debería ser la disolución de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la empresa estatal encargada de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica del país.

Corpoelec es un monopolio estatal creado en 2007 que nunca debió existir, es una monstruosidad conceptual y corporativa”, sentenció el ingeniero electricista, quien señaló que esta corporación “destruyó la tradición de ingeniería y servicios” del país. “La propuesta entonces es disolver Corpoelec y mantener en manos de la nación la hidroelectricidad del Caroní”, propone el también docente universitario.

Poleo explicó que la desconcentración de la atención a todo lo relacionado con el servicio eléctrico y el retorno de empresas que antes estaban en manos de estados e incluso de municipios sería un importante paso para cambiar el funcionamiento institucional que, consideró, no es viable.

“Que la Electricidad de Caracas, por ejemplo, vuelva a ser Electricidad de Caracas y no monopolio de Corpoelec. Llamar a licitación pública internacional y cambiar la propiedad de las termoeléctricas”, son las sugerencias más pragmáticas del experto.

Además, puntualizó que el problema es estructural y de organización, pues considera que “es urgente cambiar el funcionamiento institucional”. En este sentido, cuestionó la “militarización del Ministerio de Energía Eléctrica” y asuntos del sector y remarcó que son expertos en la materia los que deberían tomar las decisiones, por lo que propone la creación de una “junta interventora”.

“La industria eléctrica necesita un anclaje que debemos dar en una junta interventora. En una situación deseable, cualquier capital internacional que desee invertir necesita una contraparte con la cual interactuar”, manifestó el especialista.

Estados Unidos debe intervenir

José Águilar, ingeniero especialista en sistemas de generación eléctrica, aseguró que las fallas en el sistema eléctrico nacional no responden a falta de recursos ni a las sanciones internacionales, como algunos funcionarios cercanos a Miraflores quieren hacer creer, sino a problemas de gestión, mantenimiento deficiente y falta de transparencia en el manejo del sector.

En entrevista en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, Aguilar afirmó que en los últimos 27 años se destinaron más de 100 millardos de dólares al sistema eléctrico, sin que esto se traduzca en mejoras sostenidas del servicio. A su juicio, “ha habido todo el dinero del mundo para haber solucionado estos problemas”.

El especialista señaló que la causa principal de la crisis es la gestión del sistema, que —según indicó— posee deudas documentadas por más de 4.400 millones de dólares y más de 5.000 megavatios en obras inconclusas.

Aguilar destacó que el problema eléctrico no puede separarse de las necesidades del sector petrolero y gasífero, especialmente ante la posible incorporación de empresas privadas, ya que ambos dependen de un suministro energético confiable para operar.

Indicó que actualmente la generación térmica presenta largos períodos sin mantenimiento y enfrenta limitaciones por falta de combustible, lo que agrava las fallas del servicio. Finalmente, subrayó la necesidad de combatir la opacidad y la corrupción en el sector eléctrico como paso fundamental para recuperar el sistema y garantizar un servicio estable a la población.

El alcance de la corrupción 

Lo sucedido en el sector eléctrico en la era del socialismo del siglo XXI retrata el alcance destructivo de la ideología impulsada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La ONG Transparencia Venezuela estima que la corrupción se llevó 61% de la inversión eléctrica en 15 años (entre 1999 y 2016).

En ese tiempo, según un informe, se destinaros 37 mil 691 millones de dólares para obras de la industria eléctrica con sobreprecios estimados en 23 mil millones de dólares.

En 2019 había 19 casos investigados en Estados Unidos, sobre una de las más grandes redes de corrupción detectadas con conexiones en varias naciones, resalta la ONG, que recuerda en su página que en junio de ese año se presentaron en el Distrito Sur de Florida cargos por lavado de dinero contra el exministro de Energía Eléctrica y expresidente de Corpoelec, general Luis Motta Domínguez.

La acusación también recayó sobre el exviceministro de Finanzas e Inversiones del mismo ministerio, el militar, Eustiquio José Lugo Gómez. Casi en paralelo, la Oficina del Tesoro para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a ambos generales.

Pese a ello, Motta Domínguez, sobre quien pesa una recompensa de 5 millones de dólares por su captura, fue recientemente absorbido por Rodríguez como viceministro de Seguimiento a la Gestión de Gobierno en el Ministerio del Despacho de la Presidencia.

Otro caso sonado, en materia de corrupción, fue la contratación de la empresa Derwick Associates, a la que se le adjudicaron proyectos aunque no tenían experiencia previa en el área. De los 40 proyectos energéticos aprobados entre 2010 y 2014 analizados por Transparencia Venezuela, 17 no se terminaron. Ninguno está funcionando a plena capacidad y se identificó un cobro excesivo por miles de millones de dólares.

De las obras que no fueron concluidas destaca el caso de la Central Hidroeléctrica Tacoma. El consorcio Odebretch-Impregilo-Vincler fue el encargado de llevar a cabo esta obra, que no solo tuvo un incremento en su costo de 239% respecto al costo inicial previsto, sino que, a pesar de que su culminación estaba prevista entre 2012 y 2014, en 2023 aún no está terminada y por ende no aporta energía al sistema eléctrico.

Otros de los casos sonados fue la contratación de la empresa Derwick Associates, a la que se le adjudicaron se le adjudicaron proyectos sin experiencia previa en el área. De 40 proyectos energéticos aprobados entre 2010 y 2014 analizados por Transparencia Venezuela, 17 no se terminaron. Ninguno está funcionando a plena capacidad y se identificó un cobro excesivo por miles de millones de dólares.

Ícono del saqueo eléctrico

Pese a las investigaciones realizadas por Transparencia Venezuela, Nervis Villalobos, exviceministro de Energía (entre 2001 y 2006 ), detenido en España por blanqueo de capitales y en vías de juicio por el caso Duro Felguera, es un ícono de la corrupción socialista.

A Villalobos le embargaron 40 propiedades que poseía a su nombre en la ciudad de Marbella y los Estados Unidos pidieron su extradición debido a que un tribunal de Texas lo investiga también por blanqueo. Tras ser arrestado dos veces, hoy está en libertad condicional.

El Ingeniero eléctrico egresado de la Universidad del Zulia en 1990, comenzó a ganarse la confianza del chavismo que llegaba al poder en 1999 y fue nombrado secretario de una comisión nombrada por Chávez para atender el déficit eléctrico. Al mismo tiempo que era viceministro, en 2003, fue nombrado presidente de la compañía estatal Cadafe (Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico).

Así, desde que tuvo el poder sobre la administración de fondos, las irregularidades surgieron. Durante su período, al exfuncionario se le atribuyen el despilfarro de millones de dólares en obras inconclusas y otras no ejecutadas.

En 2013, Otto Reich, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, denunció que Villalobos había sido intermediario en sobornos “para que el grupo estadounidense Derwick se adjudicara en 2009 proyectos energéticos en Venezuela”. Además, la Audiencia Nacional española está investigando a Villalobos por cohecho internacional.

Una vez “fuera” de la cúpula del Ejecutivo, el exministro de Energía cosechó una red de corrupción en la que acumuló más de 27 millones de dólares en paraísos fiscales, cuenta la investigación española. Según el diario El Mundo, Villalobos forma parte de una larga lista de “jerarcas del chavismo” que poseían cuentas millonarias en dólares en España y Andorra.

Mark Rutte insistió en que la operación de Washington y sus aliados es esencial para proteger a Israel, la región y Europa de los riesgos que plantea el programa atómico de Teherán

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó este domingo la ofensiva militar liderada por Estados Unidos contra Irán y aseguró que se trata de una acción “crucial” para reducir los riesgos que representan el programa nuclear y los misiles balísticos de Teherán.

En entrevista con Fox News, Rutte sostuvo que la campaña impulsada por el presidente Donald Trump responde a una necesidad estratégica.

“Es crucial que el presidente y Estados Unidos hagan esto para eliminar la capacidad nuclear y la capacidad de misiles balísticos de Irán, porque representan una amenaza”, afirmó. El funcionario remarcó que el objetivo central es evitar un escenario de mayor inestabilidad internacional.

El jefe de la alianza atlántica insistió en que la magnitud del riesgo trasciende a Medio Oriente.

“Es una amenaza existencial para Israel, una amenaza para la región, una amenaza para Europa y para el mundo entero”, expresó en otra intervención. Bajo ese argumento, defendió la continuidad de las operaciones militares como un elemento necesario para la seguridad global.

Rutte también hizo referencia a las críticas internas en Estados Unidos respecto al costo político y militar de la ofensiva. Aunque reconoció la existencia de debate público, manifestó su expectativa de que la ciudadanía respalde la estrategia.

He visto las encuestas, pero realmente espero que el pueblo estadounidense lo apoye porque lo está haciendo para que el mundo entero sea más seguro”, indicó.

En relación con la coordinación con aliados, el secretario general explicó que la decisión de Washington de no compartir información previa sobre los ataques respondió a razones operativas.

Entiendo perfectamente por qué Estados Unidos no pudo compartir esta información con sus aliados; eso habría impedido el efecto del ‘primer ataque’”, señaló. Según explicó, el riesgo de filtraciones obligó a mantener el factor sorpresa.

A pesar de esa falta de información anticipada, Rutte aseguró que los países aliados han comenzado a organizar respuestas conjuntas.

“Los aliados y socios europeos han aprovechado las últimas semanas para unirse y comenzar a planificar qué podemos hacer colectivamente”, afirmó. En ese sentido, destacó la disposición de varios países a coordinar acciones en áreas estratégicas.

El ex parlamentario del estado Bolívar aseguró que la transición debe pasar por que se logren elecciones libres y democráticas. “Los venezolanos tienen derecho a saber cuándo se realizarán las elecciones, y cómo serán organizadas para la tranquilidad y seguridad de todos”.

La transición no es sinónimo de silencio”, afirma Luis Beltrán Franco, ex diputado ante la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, para enfatizar la tarea que aún está pendiente en torno al panorama político, electoral, social y económico en Venezuela.

El conocido dirigente del estado Bolívar señala que la transición hacia la democracia en el país es un compromiso colectivo, y no un hecho aislado, y menos particular. En un contexto donde la política reclama constantemente un ejercicio responsable y coherente, asegura que es necesario establecer acuerdos y llegar a consensos, pero nunca mantenerse en silencio.

Subrayó la responsabilidad y el compromiso de quienes lideran el proceso de transición hacia la democracia en Venezuela. “Es fundamental administrar la emergencia y cumplir las tres etapas de la transición, estabilización, recuperación y elecciones libres”, según lo convenido en el Plan Trump- Rubio. 

De acuerdo al dirigente, la fase de estabilización conduce a propiciar un ambiente de paz social en medio de la incertidumbre. Mientras, que la recuperación pasa por activar un plan económico que lleve a mejorar los ingresos del país, donde se incluye la industria petrolera y del oro, entre otros sectores. Destacó los ingresos extraordinarios por venta de petróleo y oro que se viene reportando en el país, y que con una buena administración pueden ser utilizados para recuperar el aparato productivo y mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos, a través de aumento general de sueldos y salarios. 

Elecciones democráticas

Y como fase final, Beltrán Franco apunta a una transición que convoque a elecciones libres, democráticas, transparentes y competitivas que permita a los venezolanos, a través del voto directo y secreto, elegir a nuevos líderes, empezando por el Presidente de loa República.

“Es necesario abordar con transparencia esta etapa de la transición.  Los venezolanos tenemos derecho a saber  cuando se realizarán las elecciones, y de qué manera serán organizadas para tranquilidad y seguridad de todos”, resaltó.

Para el ex parlamentario hay temas que todavía no se tocan como debe ser, y que son cruciales para lograr los acuerdos necesarios, no solo en el aspecto de la política interna, sino también a nivel internacional. 

Para finalizar, enfatizó en la importancia de que todos los venezolanos participen en este proceso, refiriéndose a todos los sectores de la sociedad civil, llámese, empresarios, iglesia, oposición, trabajadores, entre otros, significando que es tarea de todos lograr que la transición se concrete para el bienestar y progreso de este país. Aseguró que es el momento de actuar de manera conjunta y con responsabilidad. “Salirse de esta realidad es no tener claro la complejidad del momento político, o simplemente no actuar con la sensatez que demanda la sociedad democrática venezolana”, enfatizó. 

La ley de amnistía aprobada en febrero por el Palacio Federal Legislativo, busca perdonar al «mismo Estado», dijo a EFE el director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, quien expresó su preocupación por esta norma que, en teoría, abarca el periodo de 1999 a 2026, pero en la práctica solo incluye 13 hechos específicos.

«Es algo súper importante y útil, pero su principal función es perdonarse el mismo Estado desde el olvido», sentenció el activista, de visita en Paraguay, quien advirtió que para la aplicación de esta ley no se ha construido «un proceso de establecimiento de verdad para que no vuelva a repetirse esto nunca más».

Con esta norma, opinó, «el Estado trata al máximo de resolver un peso muy grande que tiene y trata de simular una justicia, haciendo un poco caprichoso el proceso en que la gente puede obtener la libertad».

«Todas las personas (detenidas por razones políticas) deben estar libres independientemente de la ley», agregó Gómez, haciéndose eco de quienes cuestionan la legalidad de esas retenciones.

En ese sentido, criticó que se haya «colocado a las familias a hacer peticiones, a rogar» sin que haya «ninguna garantía» de que eso «acabe con los patrones de violaciones de derechos humanos tan graves que ocurrieron en Venezuela».

Según la ley, son objeto de amnistía los «delitos o faltas cometidos» en el contexto del golpe de Estado de abril de 2002, durante el paro petrolero de diciembre de 2002, así como en medio de las manifestaciones ocurridas en 2004, en mayo de 2007, de julio a septiembre de 2009, en 2013, entre marzo y agosto de 2017 y en medio de las elecciones de 2024 y de 2025.

También abarca los acontecimientos relacionados con las actuaciones del Parlamento entre 2016 y 2021 -dominado ese quinquenio por la oposición- y el desconocimiento en ese entonces de las instituciones y autoridades públicas.

Inversiones

Gómez inscribió la amnistía en el contexto del «debido proceso» y la «seguridad jurídica que debería tener cualquier inversionista internacional que quiera ir a Venezuela», lo que es parte de las conversaciones entre el Gobierno de Donald Trump y la Administración encargada de Delcy Rodríguez tras la operación militar de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro.

«Pero -advirtió- lo que no se está tomando en cuenta es que esto es una trampa si simplemente se construye alrededor de un autoritarismo judicial, una capacidad del Ejecutivo de involucrarse y decidir quién queda en libertad».

En ese sentido, aseguró que están «muy preocupados de que solo 690 personas han sido deliberadas» y, criticó que «el resto de las cifras anunciadas se trate en realidad de propaganda alrededor de personas ya excarceladas a las que se mantenía bajo régimen de presentación».

También pidió que se publique el listado general de detenidos.

«El propio Estado no tiene una claridad del alcance de su represión. Ellos no tienen un listado central con el que permita a organismos, a la comunidad internacional, verificar que efectivamente la gente está liberada», denunció.

De igual forma, advirtió que «la maquinaria de terror para reprimir, para encarcelar, fue realmente súper arbitraria» en Venezuela.

«Hay personas en todo el país que son presos de años, son presos de un funcionario que estaba extorsionando, son presos de un alcalde, de un gobernador», ilustró.

Sociedad civil

Por otro lado, opinó que la participación de la sociedad civil en el momento actual «es clave» para no reproducir patrones autoritarios.

Para Gómez, el país vive el efecto de unos acuerdos de dos Gobiernos, en alusión al de EE.UU. y el de Venezuela, «enfocados, principalmente, en el plano de negocios y obviamente de minerales».

En ese sentido, indicó que estos «pequeños cambios que se están dando, si no incluyen a la sociedad civil, simplemente van a reproducir los patrones autoritarios» que llevaron a lo que consideró la «desgracia» del país, por lo que hizo énfasis en la necesidad de «construir una agenda de Derechos Humanos», que consideró debe partir de «recuperar la libertad de expresión».

«Si le brindamos a Venezuela la posibilidad de tener separación de poderes, que es largo, pero seguridad jurídica a cada persona, a cada emprendedor, a cada persona que puede ayudar a mejorar la sociedad; en esa medida vamos a tener definitivamente un país que puede ser tan grande como la riqueza que tiene su subsuelo», concluyó

Más de un centenar de militantes de Encuentro Ciudadano participó en una asamblea ciudadana en la parroquia Siquisique, donde exigieron la liberación inmediata de todas las mujeres presas políticas en Venezuela. 

La actividad formó parte de una visita al municipio Rafael Urdaneta encabezada por el coordinador nacional de la organización, Nicolás Sosa.

“Cada mujer encarcelada por motivos políticos es una herida abierta en la democracia. No vamos a dejar de exigir su libertad”, afirmó Sosa durante su intervención, en la que insistió en que la organización territorial es “la herramienta más poderosa que tiene la ciudadanía para impulsar el cambio político”.

La asamblea reunió a autoridades regionales, municipales y parroquiales, así como a representantes de organizaciones políticas y miembros de la Plataforma Unitaria. 

El encuentro se centró en derechos humanos, estrategias unitarias y mecanismos de participación ciudadana alineados con los lineamientos nacionales de Encuentro Ciudadano.

Rubby Duarte, presidente regional de EC Lara, señaló que “la unidad no puede ser un discurso, tiene que ser una práctica diaria en cada municipio del estado”. Por su parte, la secretaria regional, abogada Ana Salas, destacó que la organización asumió nuevos compromisos comunitarios: “Estamos coordinando acciones de formación y movilización porque la gente quiere participar y necesita herramientas para hacerlo”.

Líderes locales también tomaron la palabra para respaldar la exigencia de libertad para las mujeres detenidas por razones políticas. “No podemos normalizar que madres, profesionales y activistas estén tras las rejas por pensar distinto”, expresó una participante de la parroquia, quien pidió mantener su nombre en reserva por razones de seguridad.

El encuentro cerró con acuerdos para impulsar talleres de formación política y fortalecer la movilización ciudadana en el territorio larense, en un contexto que los asistentes describieron como “crítico, pero lleno de voluntad de cambio”.

Por Joe Daniels para Financial Times

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, solo está promulgando reformas tras la captura del exlíder Nicolás Maduro por parte de EE. UU. debido a la fuerte presión de Washington, afirmó la principal líder opositora de Venezuela.

“Es obvio que Estados Unidos está dando instrucciones y está claro que [Washington] no va a formar parte de un régimen represivo”, dijo María Corina Machado, la líder opositora que ganó el Premio Nobel de la Paz el año pasado, en una entrevista por video con el Financial Times.

Desde que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, Rodríguez —vicepresidenta de Maduro— ha liberado a cientos de prisioneros políticos y ha tomado medidas para abrir la economía de Venezuela.

Sin embargo, Machado señaló que este acercamiento, que habría sido impensable antes de la captura de Maduro, fue el resultado de la constante presión estadounidense.

“Es exactamente la misma gente, con las mismos ideas y valores, pero la dinámica ha cambiado porque evidentemente están siguiendo las instrucciones que vienen de EE. UU.”, dijo Machado, añadiendo que los comentarios de Trump sobre que Rodríguez estaba “haciendo un buen trabajo” estaban condicionados a que ella siguiera sus órdenes.

Caracas ha tolerado protestas pro-democracia y marchas por los bajos salarios en las últimas semanas, además de aprobar una ley de hidrocarburos que abre el sector a la inversión privada. Mientras tanto, Estados Unidos ha restablecido las relaciones diplomáticas con la nación sudamericana y ha comenzado a desmantelar las sanciones de “máxima presión” impuestas a su sector petrolero durante la primera administración de Trump.

Machado, la hija de un acaudalado magnate del acero venezolano que habla inglés, parecía haber sido marginada por Trump, quien ha dicho que ella carecía del apoyo interno en Venezuela para supervisar un gobierno de transición. En su primera reunión con Trump en enero, ella le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz, un galardón que se sabe que él codicia.

“Hemos estado en contacto por teléfono, lo que nos ha ayudado a conocernos y a transmitir la fuerza del pueblo venezolano, que sobre todo está profundamente agradecido por el compromiso y el riesgo que asumió Estados Unidos para abrir esta ventana hacia la libertad”, dijo Machado.

La estrategia de Washington es estabilizar la economía de la nación rica en petróleo antes de que se celebren elecciones. Las instituciones democráticas del país habían sido vaciadas durante un cuarto de siglo de gobierno socialista revolucionario bajo Maduro y su difunto predecesor Hugo Chávez.

En declaraciones ante líderes del Caribe el mes pasado, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dijo que “para que [Venezuela] dé el siguiente paso para desarrollar verdaderamente ese país y beneficiarse realmente de sus riquezas en favor de su gente, necesitarán la legitimidad de unas elecciones democráticas, justas y democráticas”.

Machado dijo que la organización de las elecciones tomaría al menos 40 semanas, para poder registrar a millones de votantes —incluidos aquellos que huyeron de la represión y el colapso económico durante los 13 años de mandato de Maduro— y reformar el consejo nacional electoral del país, que está bajo control del gobierno.

“Queremos llevar a cabo un proceso que sea ejemplar e impecable, ante todo para que todos los venezolanos puedan confiar en él”, dijo Machado. “Ese proceso lleva tiempo, pero queremos hacerlo lo más rápido posible, ya que eso es lo que se necesita para dar garantías a los inversores y a los venezolanos que quieren regresar”.

Machado no ha regresado a Venezuela desde que partió hacia Oslo para recoger su premio Nobel en diciembre. Desde entonces, ha tenido su base en Washington, donde ha mantenido reuniones con Trump, así como con legisladores estadounidenses y ejecutivos de empresas de los sectores energético y tecnológico.

Machado dijo que planeaba regresar a Venezuela “pronto”, y que su viaje allí sería coordinado con la administración Trump.

“Voy a volver, y lo voy a hacer pronto”, dijo Machado, añadiendo que necesitaba coordinarse con personas de los sectores económico, financiero y de derechos humanos, junto con algunos políticos, antes de su regreso.

Antes de huir del país, Machado había estado viviendo en la clandestinidad en Venezuela desde agosto de 2024, cuando Maduro intensificó la represión tras su disputada reelección.

Machado, a quien se le prohibió postularse a la presidencia ese año, supervisó un recuento de votos verificado de forma independiente que mostró que su sustituto, Edmundo González, derrotó a Maduro por un margen de dos a uno.

Estados Unidos y varios aliados reconocieron la victoria de González, mientras que en Venezuela cientos de manifestantes y figuras de la oposición fueron arrestados. González se exilió en España ante el temor de su inminente arresto, mientras que Machado permaneció en Venezuela.

Machado sigue siendo la política más popular del país. Una encuesta del grupo local Meganálisis a principios de este mes encontró que Machado ganaría con el 82,4% de los votos frente al 4,8% de Rodríguez.

El miércoles, Rodríguez remodeló el gabinete de Maduro, reemplazando a su veterano ministro de Defensa, Vladimir Padrino, por un leal suyo. El mes pasado, firmó una ley de amnistía que otorga clemencia para una serie de delitos políticos cometidos durante el gobierno socialista.

Walter Molina, un analista político venezolano, dijo que mientras Rodríguez y sus aliados intentaban “contener y controlar” cualquier transición política, “hay fuerzas que tiran en la otra dirección”. Estas incluyen a venezolanos “cada vez más decididos a ser libres” junto con una administración estadounidense que reconoce que “no puede haber reformas significativas o duraderas sin una transición genuina”.

“Nada de esto garantiza el resultado, pero sí crea un escenario diferente, uno en el que la posibilidad de cambio se siente más al alcance de la mano”, dijo Molina.

Machado, quien viajará a Houston la próxima semana para reunirse con ejecutivos del sector energético como parte de la conferencia CeraWeek, dijo que el mandato de Rodríguez era insostenible a largo plazo.

“Al final del día, Delcy Rodríguez no controla nada y es odiada por el pueblo venezolano y las fuerzas armadas, que están convencidas de que Maduro fue traicionado”, dijo Machado. “Es por eso que el equilibrio actual es tan inestable en este proceso de transición”.

En política, los vacíos se llenan. Y cuando no los ocupa la democracia, los ocupa la fuerza o la conveniencia. Hoy, Venezuela vive precisamente ese momento incómodo en el que una transición en construcción corre el riesgo de desviarse hacia acuerdos pragmáticos que pretenden ignorar el mandato popular. Por eso, el regreso de María Corina Machado no es solo deseable: es urgente. 

La propia María Corina Machado ha anunciado que volverá a Venezuela en las próximas semanas con una agenda clara: organizar una lucha cívica y encaminar al país hacia elecciones libres. Sin embargo, ese retorno enfrenta presiones externas. El presidente Donald Trump le habría recomendado no regresar aún, bajo el argumento de evitar tensiones o la posibilidad de que vaya a “alborotar el avispero”. 

Pero la historia enseña que los momentos decisivos no se posponen sin costo.

Mientras tanto, Washington ha optado por una relación incómoda y altamente desconcertante con Delcy Rodríguez, figura central del aparato chavista durante años y hoy cabeza visible de una supuesta transición que muchos venezolanos consideran ilegítima. Esta realpolitik puede ser entendible desde la lógica geopolítica del actual gobierno de Estados Unidos: estabilizar, negociar, evitar el caos. Pero para el venezolano que ha resistido años de dictadura, represión y crisis humanitaria, esa estrategia huele a concesión.

Es precisamente en ese contexto donde el regreso de Machado, con una agenda electoral bajo el brazo y acompañada de todos los lideres exiliados, adquiere una dimensión estratégica. 

Primero, porque su presencia en el terreno activa a la sociedad. Venezuela necesita entrar en “modo elecciones”: organizar redes, reconstruir confianza, reactivar liderazgos locales. Ninguna transición democrática ocurre desde el exilio. Ocurre en la calle, en las comunidades, en el contacto directo con la ciudadanía. Los venezolanos hemos demostrado una y otra vez que desde nuestro ADN democrático nos viene siempre el mandato: a votar. Esta vez lo haremos con la misma decisión y esperanza de lograr finalmente el gobierno que nos merecemos.

Segundo, porque su regreso neutraliza una narrativa peligrosa. La de quienes, desde dentro y fuera, susurran en Washington que su liderazgo es inconveniente, disruptivo o prematuro. Esa tesis perversa que advierte sobre el “avispero” en realidad encubre otra cosa: el temor a un liderazgo con legitimidad popular capaz de desordenar acuerdos cómodos y a espaldas de la gente. La ausencia de Machado fortalece esas voces; su presencia las desarma.

Tercero, porque el tiempo político es limitado. La ventana de oportunidad es estrecha. En noviembre, las elecciones de medio término en Estados Unidos podrían alterar de manera significativa el entorno político, redefiniendo prioridades, alianzas y niveles de compromiso internacional. Esperar podría significar perder el momento.

Hoy, Venezuela se encuentra en una encrucijada: o se encamina hacia una transición auténticamente democrática o se desliza hacia una estabilización controlada, sin verdadera rendición de cuentas ni participación ciudadana.

El regreso de María Corina Machado inclina la balanza.

No se trata de desafiar a Estados Unidos, sino de recordarle, y recordarnos, que la legitimidad no se negocia con acuerdos oscuros, se construye con la gente. Y que, en última instancia, el futuro de Venezuela no puede decidirse sin la participación de todos los venezolanos.

El riesgo no es que Machado regrese.

El verdadero riesgo es que no lo haga a tiempo.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Scroll to Top