Vía El Impulso
Ahora que la encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recomendado reducir el consumo de energía eléctrica porque, desde el pasado 21 de este mes, aumenta la temperatura debido a que los rayos perpendiculares del sol sobre el territorio nacional se mantendrán hasta el 2 de mayo, no se le puede achacar a ese fenómeno natural los venideros apagones que se sumarán a los que ya nos tiene acostumbrado Corpoelec, pues éstos se deben a la negligencia, a la desprofesionalización en el sistema y sobre todo al saqueo generado por la voraz corrupción de los ingresos nacionales que se ha venido registrando durante más de un cuarto de siglo.
Al hacer la afirmación a El Impulso, el ingeniero Rubén Morales, presidente del Frente Anticorrupción en el estado Lara, dijo que el fenómeno calorífico al cual se ha referido la encargada presidencial no es una novedad, pues se produce dos veces todos los años: el primero en marzo-mayo cuando el sol se desplaza de sur a norte y luego, a su regreso, en agosto-septiembre.
La causa, prosigue Morales, es que Venezuela es un país intertropical como también lo son Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Guatemala, Guayana Francesa, Honduras, Nicaragua, Panamá y Surinam, donde no creemos que haya restricciones en el servicio eléctrico como ocurre aquí. En esos países durante los mencionados meses la temperatura oscila entre los 37 y los 39 grados, sobre todo entre las doce del mediodía y las cuatro de la tarde cuando, prácticamente, desaparece la sombra.
Importante es destacar que durante la etapa democrática del país se proyectó resolver el problema de la energía con la Central Hidroeléctrica del Guri, construida durante veintitrés años y puesta en funcionamiento el 8 de noviembre de 1986 con una capacidad de 10.235 megavatios proporcionada por veinte unidades, que según los expertos pueden proporcionar en condiciones normales en estos tiempos el 60 por ciento de la necesidad del país. El resto debe ser suplido por las termoeléctricas y si existe voluntad, complementado por la energía eólica en Falcón, Zulia y Nueva Esparta, donde es abundante el viento.
Si bien es cierto que el problema de las fallas eléctricas se ha agravado en los últimos veintisiete años del régimen chavista-madurista-interino con los constantes apagones, cada vez con mayor duración, tiene antecedentes que no pueden ocultarse, expone Morales. Ya para finales del gobierno de Jaime Lusinchi (1.984–1.989) se habían comenzado a observar fallas en el sistema eléctrico.
El 2 de febrero de 1.989 asume su segundo mandato Carlos Andrés Pérez, quien designa a Miguel Rodríguez, ministro de Coordinación y Planificación (Cordiplan) y como tal autorizado para diseñar, coordinar y planificar las políticas de desarrollo económico y social. Sin pérdida de tiempo este funcionario alertó al presidente de la crisis eléctrica que se avecinaba, ya que con un año anterior a la toma de posesión, el entonces candidato presidencial había conformado su equipo de trabajo para diagnosticar la situación del país.
Miguel Rodríguez, en punto de cuenta ministerial, le plantea a Pérez la necesidad de solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, a través de la Comisión de Finanzas, la aprobación de un endeudamiento para evitar el colapso eléctrico como consecuencia del fenómeno climático El Niño, el ecocidio que estaban ocasionando los garimpeiros (buscadores ilegales de oro y piedras preciosas, procedentes de Brasil y de otros países que ya para entonces se habían internado en el estado Bolìvar) y la falta de vigilancia por parte de la Guardia Nacional, que había descuidado la protección de las cuencas hidrográficas del río Caroní, que alimenta la presa del Guri.
En esa época estaba vigente el Pacto de Punto Fijo, según el cual cuando el Ejecutivo Nacional era ejercido por un militante de Acción Democrática, la directiva parlamentaria del Senado era presidida por éste partido y la de Diputados por Copei y viceversa si éste partido ejercía la presidencia de la República.
Da la casualidad que el presidente del Banco Mundial era amigo y ex compañero de estudios de Miguel Rodríguez, quien al conocer de éste el proyecto de mejorar el sistema eléctrico, estaba dispuesto a conceder un crédito por la cantidad de 800 millones de dólares, suficiente para financiar la adquisición de 23 plantas termoeléctricas, las cuales tendrían capacidad de suministrar el 40 por ciento de energía eléctrica que no podía generar el Guri para la cobertura nacional.
De las termoeléctricas propuestas, tres estaban destinadas al Zulia, dos a Macagua y las demás a Uribante-Caparo, Planta Centro en Carabobo, La Guaira, Margarita, Falcón, El Vigía, Cabudare y en otras regiones que estaban experimentando un gran crecimiento poblacional.
Como la Cámara de Diputados era presidida por el socialcristiano Luis Enrique Oberto y la Comisión de Finanzas también estaba en manos de los copeyanos, Rodríguez le planteó el asunto de la necesidad de tomar previsiones para cubrir el déficit de energía que ya habìa sido previsto y la posibilidad de recibir el crédito de la mencionada entidad financiera mundial inmediatamente.
Cuando Miguel Rodríguez se presenta ante la directiva de la Cámara de Diputados, lo recibe Henry Ramos Allup, quien era el jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática y el máximo representante de la ortodoxia adeca, que ya había roto relaciones con Carlos Andrés Pérez, la cual consideraba que había sido traicionada por el presidente de la república porque era uso y costumbre que cuando un militante llegaba a ese cargo, los ministros eran colocados por el Comité Ejecutivo Nacional del partido blanco.
Cabe señalar que una vez electo Pérez, Alejandro Izaguirre, Luis Alfaro Ucero y Humberto Celli, miembros del CEN, acuden a entrega los curriculums de quienes ellos pretendían fuesen los ministros; pero, el presidente les dijo: “Si son mejores que los de Miguel Rodríguez, Ricardo Hartman, Eglée Iturbe, Graciela Febres, Moisés Naim….,etc, etc…yo se los nombro; pero, como sé que no lo son, yo sólo les aceptaré a Alejandro Izaguirre, al que le voy asignar la cartera de Relaciones Interiores.” Y así sucedió.
Cuando Miguel Rodríguez se reúne con Oberto y Ramos Allup, la primera obra en importancia del proyecto para el crédito era la planta Uribante-Caparo por un monto de 80 millones de dólares para cubrir las necesidades de poblaciones de Táchira y Mérida.
Al estar exponiendo el ministro el proyecto, lo interrumpió Ramos Allup para pedir esa obra para el dueño de una constructora y dirigiéndose a Oberto le preguntó: ¿Qué quieres para tu hermano Ignacio Oberto? a lo que el interrogado respondió: Él no trabaja con obras eléctricas, sino que se dedica a obras de vialidad y, en general, obras civiles.
Enseguida Miguel Rodríguez ripostó: Yo no puedo aceptar que las obras sean asignadas a personas, porque tampoco eso es aceptado por el Banco Mundial, cuyas reglas son muy estrictas y determina que los recursos tienen que ser orientados bajo licitación internacional, tal como está establecido en la Ley de Licitaciones, para que participen firmas responsables como Siemens, General Electric, Hitachi, Westinghouse, para citar las principales. Una vez que se realice el proceso licitatorio será conferida la buena pro a la que garantice mejor calidad y eficiencia al menor costo y en el menor tiempo posible.
Como en la Comisión de Finanzas ya existía la práctica del otorgamiento de obras a empresas contribuyentes a partidos políticos, como había ocurrido durante el gobierno de Jaime Lusinchi, entonces, no fue aceptado el proyecto del gobierno de Pérez y la excusa presentada ante la opinión pública fue la de que Venezuela no se podía seguir endeudando, porque era mejor pensar en la posibilidad de mejorar las plantas de El Guri. Quince días antes de esa solicitud de aprobación del crédito había sucedido “El caracazo,” que había debilitado al gobierno.
Fue así como, lamentablemente, no pudo concretarse la solicitud del crédito para la adquisición de las plantas termoeléctricas que, desde entonces, habría evitado que se siguiera deteriorando el sistema eléctrico con el pasar de los años y de los gobiernos.
Pero, hay un hecho que no se ha revelado sobre la crisis eléctrica y la solución de otras necesidades como es que tras los cuarenta años de la democracia, la desvalida oposición que había perdido la confianza del electorado decidió sobrevivir taimadamente en cohabitación con el régimen chavista, que había comenzado a destruir las instituciones del Estado.
En este orden de ideas conviene indicar que como resultado, en julio del 2.000, de la llamada relegitimación del gobierno de Hugo Chávez, éste sacó 98 diputados a la Asamblea Nacional porque ya no existía el Congreso, producto del Polo Patriótico conformado por su partido Movimiento V República, Movimiento al Socialismo, Patria para Todos y Movimiento Electoral del Pueblo. De los 165 parlamentarios que constituía la única cámara, AD consiguió 32 diputados y los representantes de Chávez, Luis Miquilena y José Vicente Rangel, entraron en conversación con Ramos Allup, quien entregó esa cuota para, luego, nombrar al contralor Clodosbaldo Russián, al fiscal Isaías Rodríguez y defensor del pueblo Germán José Mundaraín Hernández, todos dependientes de Miraflores y acordaron para el 2.003 entregarle el Consejo Nacional Electoral. AD puso a Sobella Mejías y Ezequiel Zamora, funcionarios de carrera bajo la presidencia de Carlos Delgado Chapellín.
Dentro de ese contubernio, en el año 2.000, Bernabé Gutiérrez resultó diputado de Amazonas, tras ser desplazado de la gobernación por Liborio Guarulla, pero le prohibieron la salida del país y enajenación de bienes al serle dictado cuatro años de prisión por aplicación de la Ley de Salvaguarda. Mediante negociación con el chavismo no fue juzgado en su estado, sino que el caso fue radicado en Anzoátegui y la corte de apelación, le levantó las sanciones y le devolvió sus derechos, nombrándolo Ramos Allup, a sabiendas de que se trataba de un sujeto corrupto, secretario de organización nacional sin pensar que al cabo de veinte años, lo traicionó con los chavistas.
Cuando el 9 de febrero de 2.010 Chávez decretó la emergencia eléctrica y creó el “estado mayor” en electricidad, le otorgó un contrato por el elevadísimo monto de 12 mil millones de dólares, para la adquisición de 23 plantas termoeléctricas, a una empresa de maletín denominada Derwick Associates, cuyos socios eran Francisco D`Agostino (cuñado de Ramos Allup), Francisco Convit (nieto del científico Jacinto Convit), Alejandro Bethancourt y Pedro Trebbau López (primos de Leopoldo López) conocidos como los bolichicos.
Nos resulta contraproducente que Ramos Allup y Oberto negaran el crédito de 800 millones de dólares para 23 plantas termoeléctricas; pero, posteriormente, Chávez concedió 12 mil millones para igual número de plantas, ninguna de las cuales sirvió. porque eran chatarras pintadas, adquiridas en Nueva Zelandia dentro de la voraz corrupción que devoró los recursos del país.
Entre esas plantas estaba la de Cabudare, a la cual le pusieron el nombre de Argimiro Gabaldón y cuyo costo para el Estado venezolano fue de 490 millones de dólares, con la particularidad de que fue subcontratada con una empresa de Nelson Meterani, dueño del Banco Federal y editor del periódico El Globo.
De ese delito de las plantas chatarras que quedó impune como muchos otros miles de delitos de corrupción, tenemos que referirnos a Manuel Rosales que, siendo gobernador del Zulia, guardó sepulcral silencio, ya que los bolichicos instalaron las tres termoeléctricas de esa entidad federal y, como ya he dicho, no generaron electricidad ni tan siquiera para encender un bombillo.
Es de sospechar que parte del dinero de esos bolichicos que consiguieron ese contrato sirvió para financiar la Mesa de la Unidad Democrática en esa oportunidad y me preocupa también que si eso fue así resulta inexplicable el silencio de Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la MUD; y del diputado Ramón José Medina, de Primero Justicia, entre otros dirigentes opositores.
Nadie en su sano juicio pudo darle crédito a las causas inimaginables que los ministros chavistas y maduristas dieron a conocer del servicio eléctrico achacando todos los apagones —algunos nacionales y de varios días de duración— a las iguanas, ratas, serpientes, gatos. golondrinas ardillas y zamuros; fenómenos naturales, como El Niño; ataques cibernéticos, descargas electromagnéticas y hasta misiles lanzados desde drones.
Todavía está en la memoria de la mayoría de la población venezolana el jueves 7 de marzo de 2.019 cuando ocurrió el mega apagón nacional, que en algunos estados duró siete días y causó 43 muertes; pero el gobierno de Maduro en lugar de reconocer que había sido ocasionado por la corrupción, déficit de generación, insuficiencia de la infraestructura falta de inversión y mantenimiento, fuga de profesionales por los malos sueldos, además de malos ministros;, achacó esa crisis a sabotajes de la oposición, ataques electromagnéticos y cibernéticos del imperio estadounidense y supuestos francotiradores.
Los técnicos que han venido analizando el problema consideran que se requieren entre 40 mil y cien mil millones de dólares para que, en el curso de unos tres años, se puedan resolver todas las dificultades del servicio si el presidente Donald Trump convence a las empresas estadounidenses para que se interesen en esa situación, porque mientras no haya un servicio eficiente de electricidad no podrá haber crecimiento de la industria petrolera, ni se activarán las industrias básicas de Guayana que desde hace ya mucho tiempo están paralizadas como son los casos de Venalum, Ferrominera, Bauxiven y las demás, porque si se prende una celda consumiría lo poquito que produce el Guri.
Ahora que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores de Maduro, están pidiendo cien millones de dólares para que sus abogados los defiendan en el distrito sur de Nueva York, pero que ya la fiscalía ha dicho que no merecen ni un centavo porque ellos saquearon a Venezuela, también es hora de pensar en la responsabilidad que tuvieron los ministros del servicio eléctrico y los dirigentes de la supuesta oposición que cohabitaron con Chávez y los encarcelados del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, porque también participaron en la repartición de ese botín que produjeron los ingresos nacionales, especialmente la venta de petróleo, durante 27 años. La justicia puede tardar en llegar, pero cuando llega es implacable como lo están comprobando Maduro y su cónyuge en sus estrechas celdas neoyorquinas, alumbradas con electricidad día y noche.
