Por José Gustavo Arocha en La Gran Aldea
Cuando se destapa una tubería atascada, lo primero que sale no es agua limpia. Sale lo que estaba estancado: residuos, óxido, sedimento. Nadie esperaría que salga agua cristalina. Pero el hecho de que fluya, aunque lo que fluya sea turbio, siempre será mejor que el estancamiento. Algo parecido acaba de ocurrir en la Fuerza Armada venezolana.
El 19 de marzo, Delcy Rodríguez destituyó a Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa después de casi doce años en el cargo. Al día siguiente cayó el resto del Alto Mando: Domingo Hernández Lárez fue reemplazado en el CEOFANB, se cambiaron los cuatro comandantes de componente, el jefe de la Milicia, el inspector general y los ocho jefes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral. El acto se hizo en Miraflores, no en Fuerte Tiuna. Sin solemnidad, sin protocolo militar, con sonrisas forzadas y silencios incómodos. Hernández Lárez eliminó sus redes sociales horas después.
No hubo discurso de despedida. No hubo agradecimiento institucional. Quienes durante años juraron defender la soberanía contra “el imperio” salieron por la puerta trasera, sin explicación y sin épica. La misma alfombra roja que antes pisó el ministro Padrino hoy la pisan otros. La historia tiene una manera particular de humillar a quienes creyeron ser imprescindibles.
Esto es una transición, no una transformación
Conviene ser precisos con las expectativas. Lo ocurrido la semana pasada no es una reforma militar. Es un relevo dentro de una transición que aún no tiene mandato electoral. Un gobierno interino no elige con quién gobernar; gobierna con lo que tiene. Y lo que tiene, por ahora, es la misma gente del sistema anterior, reubicada en posiciones que permitan estabilizar sin romper. Es una lógica de contención, no de reconstrucción.
En Panamá, después de que la Operación Causa Justa derrocó a Noriega en diciembre de 1989, el gobierno de Guillermo Endara no intentó reconstruir todo de golpe. Lo primero que hizo fue estabilizar. El Decreto 38, de febrero de 1990, reorganizó las antiguas Fuerzas de Defensa en una nueva Fuerza Pública de carácter civil, pero lo hizo con buena parte del mismo personal: se retiró a todos los coroneles y a la mayoría de los tenientes coroneles, y el resto fue reevaluado, reentrenado y reubicado. El programa ICITAP, con apoyo del FBI, tardó dos años en formar a los primeros profesionales del nuevo cuerpo. La estabilización tomó un lustro. La transformación de fondo, más de una década. Salvando las distancias, la lección es la misma: primero se contiene, después se reconstruye.
Los nuevos mandos venezolanos son, casi todos, de las promociones 1993 y 1994. Pasan a retiro entre 2026 y 2027. No son la nueva generación. Son la generación de salida. Su función no es transformar la Fuerza Armada; es entregar el mando sin provocar una crisis institucional y, si les queda algo de sentido profesional, dejar las condiciones para que quienes vengan después puedan empezar a reconstruir.
Llegan, además, con una carga que no escogieron: la desmoralización de una institución derrotada y el peso de una derrota que no fue suya pero que heredan. Eso no los exime. Tampoco los condena. Todos estos oficiales se formaron antes de 1999, en una Fuerza Armada que todavía tenía estándares profesionales y una doctrina que no dependía de un proyecto político. Algo de eso queda. Y lo que quede puede servir, no solo cuando lleguen las elecciones, sino en lo cotidiano: en cómo tratan a la tropa, en cómo administran los recursos, en cómo responden a las comunidades donde operan. Nunca es demasiado tarde para empezar a hacer las cosas bien.
La lección que no quieren aprender
El nuevo ministro de Defensa, Gustavo González López, es un caso que merece atención aparte. Promoción 1982. Debía haber pasado a retiro en 2012. Fue director del SEBIN en dos períodos, de 2014 a 2018 y de 2019 a 2024, ministro de Interior, jefe de la Milicia, y desde enero de 2026 dirigía simultáneamente la DGCIM y la Guardia de Honor Presidencial. Está sancionado por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. La Misión de la ONU encontró motivos para creer que tuvo conocimiento y participó en torturas y detenciones arbitrarias bajo su mando en el SEBIN. Y ahora dirige el Ministerio de Defensa.
Braulio Jatar, en su libro El Efecto Lucifer en Tiempos de Pinochet, documenta algo que todo oficial venezolano debería leer con calma: cómo personas que no eran monstruos terminaron cometiendo actos monstruosos porque un sistema los puso en posición de hacerlo y nadie los detuvo. Jatar parte de la investigación de Philip Zimbardo sobre el experimento de la prisión de Stanford y la aplica a lo que ocurrió en Chile: oficiales comunes, con familias, con formación profesional, que bajo las condiciones de una dictadura ejecutaron crímenes que hoy los tienen en prisión.
En Punta Peuco, el penal chileno para condenados por crímenes de lesa humanidad, hay 138 militares presos. Hombres mayores de 60 años, muchos de ellos con más de dos décadas de cárcel. Uno de ellos, el brigadier Miguel Krassnoff, acumula más de mil años de condena. Otro, el teniente coronel Álvaro Corbalán, más de 150. En septiembre de 2023, veintisiete de esos presos firmaron una carta reconociendo que sus acciones produjeron violaciones a los derechos humanos. Pidieron que la sociedad comprendiera a los “eslabones más bajos de la cadena de mando” que cumplían órdenes. Pero para entonces ya era tarde: la justicia chilena no distinguió entre convencidos e instrumentalizados. Todos están en prisión. Y Pinochet murió sin sentencia, pero sus oficiales no.
Esa es la lección que el Alto Mando venezolano, el que se fue y el que llega, se resiste a aprender. Las condiciones que Zimbardo describió, las que Jatar documentó para Chile, son las mismas que operaron en Venezuela: un sistema que convierte la obediencia en complicidad y que luego deja a los ejecutores solos frente a la justicia. Los generales que hoy se retiran sin consecuencias deben saber que esa protección es temporal. Y los que llegan deben entender que lo que hagan desde ahora también queda registrado.
La prueba que viene
Los nombres cambiaron. La lógica, todavía no. Pero hay una prueba concreta a la vista que puede empezar a cambiarla.
Habrá elecciones. El Plan República volverá a desplegarse. Y los oficiales que hoy ocupan estas posiciones de mando tendrán que decidir, uno por uno, si respetan la voluntad del pueblo o repiten lo que ocurrió el 28 de julio de 2024. Esa decisión no será colectiva ni abstracta. Será individual. Cada capitán que custodie una mesa, cada teniente coronel que supervise un centro electoral, cada general que reciba la orden de alterar resultados tendrá que elegir.
Y si hay protestas legítimas, porque las habrá, cada oficial que reciba una orden de reprimir tendrá que hacerse una pregunta simple: ¿voy a ser otra vez “valiente” contra mujeres y jóvenes desarmados, aduciendo conspiraciones? ¿O voy a ser sumiso apenas aterrice el avión o aparezca la alfombra roja? Porque eso fue lo que vimos durante dos décadas: una Fuerza Armada feroz contra su propia gente y dócil ante quien la humilló. Un cuerpo de oficiales que obedeció sin chistar a un hombre que hoy tiene una recompensa de quince millones de dólares sobre su cabeza y que llevó a la FANB a la peor derrota de su historia republicana.
Esa fórmula no puede repetirse. Y la única manera de que no se repita es que los oficiales que hoy tienen mando entiendan algo que debería ser obvio: la soberanía reside en el pueblo, no en quien ocupe circunstancialmente el poder. Respetar eso no es un gesto político. Es la condición mínima para que la Fuerza Armada tenga un futuro.
Los generales que salieron la semana pasada se fueron sin pena ni gloria. Sin el discurso grandilocuente que tanto les gustaba dar. Sin las condecoraciones que tanto les gustaba exhibir. Algunos, con expedientes abiertos y juicios pendientes. Otros, al olvido. La historia les reserva la página que se ganaron: no la del sacrificio, no la del servicio, sino la de quienes tuvieron una institución en sus manos y la destruyeron.
A los que asumen hoy les corresponde entender algo que no admite ambigüedad: sus cargos son de transición, pero la responsabilidad de sus actos será permanente. Lo que hagan bien se les reconocerá. Lo que hagan mal se les cobrará. No hay zona gris en esto. La transición termina; el expediente, no.
Los que llegan tienen poco tiempo y una única oportunidad: demostrar que entienden que el uniforme es un compromiso con la República, no un salvoconducto para el poder. Si no lo entienden, Punta Peuco les recuerda lo que pasa cuando un militar cree que las órdenes lo protegen para siempre. Ciento treinta y ocho oficiales chilenos pueden dar testimonio de que no es así.
José Gustavo Arocha es teniente coronel retirado, máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard y senior fellow del Centro para una Sociedad Libre y Segura.
