JEP denunció que el Estado venezolano usa un sistema de control social que utiliza la arbitrariedad procesal para neutralizar a la disidencia
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), con el apoyo de Alerta Venezuela, denunció que el Estado venezolano perfeccionó un sistema de control social que utiliza la arbitrariedad procesal para neutralizar a la disidencia.
El informe titulado «El balance de la arbitrariedad (2014-2026)» reveló que, a pesar de la Ley de Amnistía promulgada en febrero de 2026, persiste una población de 689 detenidos en prisiones por motivos políticos al 16 de marzo de este año.
La ONG sostuvo que el gobierno ejecuta una estrategia de «puerta giratoria», en la que las liberaciones mediáticas solo sirven para mitigar la presión internacional mientras nuevas oleadas de arrestos mantienen estable el censo de detenidos.
La investigación, presentada este 20 de marzo en su página web, un mes desde que se promulgó la Ley de Amnistía, identifica que la normativa de esa legislación opera como un instrumento de gestión política diseñado para mantener vigentes las estructuras de persecución sistémica.
Las organizaciones documentaron que el Estado instrumentaliza la libertad de los detenidos para obtener legitimidad externa, sin abordar las fallas estructurales del sistema de justicia ni garantizar la reparación integral de las víctimas, y enfatizan que «mientras existan celdas ocupadas por víctimas de persecución por razones políticas, la libertad será una fachada», se lee.
El balance expone que el 39,76 % de los presos políticos reportan haber sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes en centros de reclusión como Ramo Verde y El Rodeo I, en el estado Miranda. Además, la ONG detectó un subregistro masivo de casos generado por el temor de las familias a las represalias y la aplicación del patrón Sippenhaft, un concepto mediante el cual el Estado castiga al entorno familiar de los perseguidos para fracturar su núcleo afectivo y que en Venezuela se ha registrado desde 2019, incluso organismos internacionales lo han documentado.
El estancamiento de las cifras y la exclusión de presos históricos
A pesar de que el primer trimestre de 2026 registró 677 salidas verificadas, el número de presos políticos no disminuye de forma proporcional debido al afloramiento de casos de vieja data que estaban ocultos por el miedo. JEP señala una «contradicción matemática» que se explica por el rompimiento del silencio impuesto; las familias ahora reportan desapariciones y capturas que ocurrieron años atrás, pero que nunca denunciaron bajo amenaza directa.
Al 8 de enero de 2026, la organización identificaba 1011 presos, y tras las fases de excarcelación previas y posteriores a la ley, la cifra se estancó en 689 ciudadanos.
El informe denunció que la Ley de Amnistía actúa como un «filtro de conveniencia» y que el Estado utiliza el volumen de más de 2200 detenidos en el contexto postelectoral de 2024 para alimentar una ilusión de pacificación, mientras asegura la continuidad del cautiverio para los perfiles más críticos y simbólicos previos a ese año.
La organización señaló que el 41,65 % de las víctimas actuales recibieron su privación de libertad entre 2018 y 2023, un período que el articulado de la ley excluye deliberadamente.
El documento confirmó que el instrumento legal es selectivo y su propósito no es rectificar acciones pasadas, sino manejar a las personas con total arbitrariedad. Además, la falta de transparencia del gobierno, que menciona beneficiar a entre 5000 y 7000 personas sin publicar listas verificables, acentúa esta «falsa sensación de alivio o distensión”.
Tortura, centros de reclusión y el impacto en grupos vulnerables
El informe reveló que los cuerpos de seguridad del Estado y grupos de civiles armados pro-gobierno mantienen patrones de violencia física y psicológica contra los detenidos. Entre los actos más frecuentes de tortura, las víctimas denuncian golpizas con objetos contundentes, «tortura blanca» con privación sensorial, asfixia, violencia sexual y el uso intencionado de la fuerza física.
Los centros identificados con mayor incidencia de estos tratos son el Centro Penitenciario Rodeo I, el Fuerte Guaicaipuro y Yare II.
Un hito sombrío en este ciclo represivo es la criminalización de menores de edad, que según el informe, más de un centenar de adolescentes sufrieron capturas y confinamiento en centros de reclusión, donde enfrentaron maltratos que llevaron a algunos a pensar «en el suicidio como una salida al infierno».
En cuanto a la clasificación de los 689 presos actuales, la JEP detalló que 590 son hombres y 99 son mujeres. Las mujeres sufren un impacto diferenciado, siendo objeto de comentarios sexistas, amenazas de violación y desnudos forzados. Además, el sector social más afectado es la sociedad civil (53,99 %), seguido por funcionarios militares y policiales, activos o retirados (35,12 %). También permanecen privados de libertad 25 ciudadanos extranjeros.
El desacato al Código Orgánico Procesal Penal
La investigación sostiene que la crisis de los presos políticos podría resolverse simplemente aplicando el Código Orgánico Procesal Penal (Copp) vigente, sin necesidad de leyes excepcionales.
JEP calcula que más de 300 personas deberían obtener su libertad inmediata si se cumplieran los artículos 230 y 231 del Copp. Por ejemplo, al menos 62 personas superaron los dos años de prisión preventiva sin sentencia firme y 52 padecen enfermedades graves o terminales que justifican medidas humanitarias.
La detención arbitraria también impone una carrera de obstáculos económica y biológica para las familias, compuestas mayoritariamente por mujeres de bajos recursos. El informe señala que los familiares deben cubrir el costo de alimentos, agua, medicinas y productos de aseo, e incluso pagar cuotas informales o «peajes» a los custodios para garantizar que los insumos lleguen a los prisioneros.
Finalmente, JEP concluyó que cualquier proceso de pacificación es técnicamente inviable mientras se mantenga la impunidad sobre las violaciones graves a los derechos humanos. La ONG enfatiza que la amnistía no debe ser un decreto de amnesia selectiva dictado por el mismo poder que autorizó la persecución.
«No puede haber paz sin el vaciado absoluto de todos los centros de detención y procesos genuinos de justicia para las víctimas», señalaron.
Efecto Cocuyo
