Morfema Press

Es lo que es

DBuford

Vía El Libero

De visita en Chile para presentar su libro “12 mitos sobre Cuba: del relato al dato”, el asesor senior del Adam Smith Center for Economic Freedom señala que la situación que atraviesa la isla “es la expresión más cruda de un colapso estructural incubado durante décadas” de dictadura y que el Presidente Donald Trump “está actuando como un factor de aceleración, y hay que reconocerle el mérito”. Eso sí, sostiene que la presión que está ejerciendo por estos días Estados Unidos debe ir acompañada de “una visión seria del día después”.

Frank Zimmerman nació en Cuba en 1957, poco más de un año antes del derrocamiento de Fulgencio Batista por parte de las fuerzas comandadas por Fidel Castro.

Su familia nunca acompañó el proceso revolucionario y, cuando tenía 22 años, pudo salir de la isla rumbo a Estados Unidos. Luego residió en España, Israel y Argentina, en lo que él describe como un período de “desintoxicación de todo lo mal aprendido cuando uno es criado en estos laboratorios”. Actualmente vive en Miami, es máster en Lengua y Literatura del City College de Nueva York y se desempeña como asesor estratégico senior en el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University.

De visita en Chile hace unos días, Zimmerman presentó su libro 12 mitos sobre Cuba: del relato al dato”, que cuenta con un prólogo del ex canciller Roberto Ampuero, recientemente nombrado por el Presidente José Antonio Kast como embajador de Chile ante las Naciones Unidas.

La obra, que ya va en su tercera edición, desmonta las narrativas que han sostenido al régimen cubano durante más de seis décadas. Los mitos que aborda son: Colonia de Estados UnidosFidel: redentor de los pobresChe Guevara: héroe de los oprimidosLa revolución de los humildes… para los humildesCuba es una democracia… ¡diferente!Educación gratuita y universalLa revolución impulsó la culturaLa isla de la igualdadPotencia médica solidariaEl bloqueo, principal obstáculo al desarrolloFaro antiimperialista; y País en ruinas, no una amenaza.

En conversación con El Líbero, Zimmerman analiza la situación que atraviesa la isla tras 67 años de dictadura marxista-leninista, el agudizamiento de la crisis energética luego de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela —principal sostén económico y energético de Cuba por más de dos décadas—, y las negociaciones de Miguel Díaz-Canel con Estados Unidos en un escenario de creciente presión interna y externa.

-¿Cómo está viendo la crisis actual de Cuba con los apagones y escasez de los últimos meses?

-La veo como la expresión más cruda de un colapso estructural incubado durante décadas. Los apagones no son una falla pasajera, sino el resultado de más de medio siglo de destrucción de incentivos, desinversión, centralización extrema y una economía subordinada a la supervivencia política del régimen. El apagón nacional del 16 de marzo, el tercero de gran magnitud en cuatro meses, confirma que el sistema ya no puede sostener funciones básicas de una sociedad modernaCuba no vive una coyuntura: vive el agotamiento de un modelo.

-¿A qué puerto cree que llevarán las conversaciones que están teniendo Cuba y EE.UU.?

-Creo que, por ahora, esas conversaciones no apuntan a una normalización, sino a una negociación bajo presión. El régimen necesita tiempo, combustible y margen de maniobra. Washington parece entender que la vulnerabilidad del sistema es real y que este es el momento de exigir más. No se trata de un diálogo técnico, sino de una pulseada política: Estados Unidos busca cambios y La Habana procura oxígeno sin ceder poder. Si algo emerge, será una descompresión táctica o una apertura condicionada.

-¿Cómo evalúa el rol que está teniendo el Presidente Donald Trump en esto?

Trump está actuando como un factor de aceleración, y hay que reconocerle el méritoNo creó la crisis cubana, porque esa crisis es hija directa del castrismo, pero sí ha elevado de forma estratégica el costo de la supervivencia del régimen. Hasta ahora, ha sido el único Presidente que ha abordado el tema con una visión más clara e informada, en gran parte por la presencia clave de Marco Rubio, una figura sin precedentes al frente de esa política por su conocimiento de la región y, en especial, de Cuba. Esa presión es necesaria, aunque deberá ir acompañada de una visión seria del día después.

-¿Cree que estamos cerca de ver el derrumbe de Miguel Díaz-Canel?

-Algo importante a tener en cuenta es que el problema no es Díaz-Canel. Díaz-Canel es una figura sin poder real, prescindible, colocada ahí -puesto a dedo como le dicen-, para absorber desgaste y, si hace falta, ser sacrificada sin poner en riesgo al sistema. En Cuba, el poder efectivo no está en la presidencia visible, sino en el núcleo duro del régimen, encabezado por Raúl Castro y sostenido por mandos históricos, redes familiares, el partido y las Fuerzas Armadas. La pregunta decisiva no es si cae Díaz-Canel, sino si empieza a resquebrajarse el verdadero sistema de mando.

-¿Si hay un derrumbe sería como lo que vimos en Venezuela o algo más radical?

Si hay un movimiento en la cúpula, lo más probable al inicio no es una ruptura limpia, sino un recambio controlado, como quitar una cara visible para preservar la estructura real del poder. Sacrificar a Díaz-Canel sería fácil, precisamente porque no encarna el sistema, apenas ponen su cara al frente como quien lo administra. El riesgo es confundir ese relevo con un cambio real, cuando podría ser solo continuidad maquillada. Solo creería que está ocurriendo algo radical si viéramos fractura militar-partidista, quiebre entre clanes y presión social sostenida imposible de contener.

-¿Qué escenarios de transición política ve posibles para Cuba en los próximos años?

Veo cuatro escenarios posibles: una continuidad agónica del régimen; un recambio interno con maquillaje reformista; una apertura económica controlada, sin pluralismo real; y, como opción deseable, una transición auténtica, con liberación de presos políticos, incluida la de figuras como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, sin forzarlos al exilio. Estas dictaduras funcionan como máquinas de encarcelamiento: siempre conservan miles de presos como reserva de chantaje y canje. A eso habría que sumar oposición legal, apertura del espacio cívico, garantías jurídicas y elecciones libres. El problema es que el régimen solo ha aceptado cambios para durar, no para transformarse. La cuestión no es si habrá transición, sino si será real o solo otro teatro con caras nuevas.

-¿Qué lo motivó a escribir 12 mitos sobre Cuba?

-Me motivó la necesidad de desmontar una gran estafa narrativa de alcance universal. Durante décadas, Cuba ha sido presentada al mundo como símbolo romántico, reserva moral y mito exportable. Pero detrás de esa escenografía hay represión, ruina, miedo, exilio y un aparato de propaganda extraordinariamente eficaz. Quise escribir este libro para contrastar relato y realidad, mito y dato, y para mostrar cómo una dictadura ha logrado venderse durante tanto tiempo como epopeya.

La semana pasada tuve la oportunidad de presentarlo en Chile, en medio de un contexto de gran interés por las ideas de la libertad y el cambio político. Participé en distintos eventos que se realizaron alrededor del cambio de poder y en el evento de la creación de la Cátedra Sebastián Piñera en la UDD.

Finalmente, el viernes 13 de marzo, presenté mi libro en la Fundación para el Progreso, con su apoyo y de la Red de Jóvenes Cubanos por Cuba Democrática. Fue un evento muy concurrido, con una audiencia mayoritariamente joven, y algo para mi especialmente significativo fue contar con la presencia de Roberto Ampuero, ex canciller de Chile y autor del prólogo. Eso confirma que este no es solo un tema cubano, sino latinoamericano.

-¿Cuál de los mitos que se exponen en su libro cree que ha sido el más eficaz para sostener al régimen durante más de seis décadas y tener la simpatía de la izquierda regional y mundial?

-Creo que los mitos más decisivos son los que definen la esencia misma del régimen que ellos llaman “revolución”: la idealización de Fidel Castro y del Che Guevara, la supuesta excelencia de la educación y la salud, y, sobre todo, el mito del “bloqueo” como explicación universal de todos los males cubanos. Ese ha sido el relato más eficaz, porque le ha permitido al régimen convertir cada fracaso interno en agresión externa, cada escasez en excusa, cada crítica en conspiración y cada protesta en traición.

Mientras el mundo discute el embargo, el castrismo evita rendir cuentas por la destrucción de la economía, la persecución política y la expulsión sistemática de millones de cubanos. Incluso hoy, cuando existe una presión externa más severa que en otros momentos, eso no explica siete décadas de crisis.

La economía cubana no ha sido solo mal gestionada: ha sido deformada por diseño, porque estos sistemas necesitan administrar pobreza, dependencia y miedo para poder mantenerse en el poder.

-¿Qué le diría a los jóvenes latinoamericanos que aún ven a Cuba como un símbolo romántico?

-Les diría que desconfíen de toda épica que necesita censura, policía política y presos para sostenerse. Desde lejos, una dictadura puede parecer un símbolo atractivo; desde dentro, es apagón, racionamiento, vigilancia, miedo y falta de futuro.

Cuba no necesita admiradores a distancia, sino gente dispuesta a mirar la realidad sin filtros ideológicos. Que romanticen menos el uniforme y escuchen más a quienes han vivido bajo ese sistema. Porque cuando una revolución necesita prohibir para sobrevivir, deja de ser promesa y se convierte en cárcel.

Por Diego Bautista Urbaneja

El liderazgo ya está construido sobre una base sólida: la conexión con millones de venezolanos que, en 2024, volvieron a sentir esperanza. Pero el regreso no puede ser un acto impulsivo ni simbólico: debe convertirse en un punto de inflexión capaz de acelerar el cambio.

¿Regresará? ¿Debe regresar? ¿Cuándo? Las grandes preguntas que hoy se hace la mayoría de los demócratas venezolanos.

Parece cierto que el regreso debe esperar. No existen hoy por hoy las condiciones que le garanticen un mínimo de seguridad. No se la quiere, no se la necesita ni presa ni escondida. Se la necesita como potente, activo y público factor dinamizador de esa poderosa bola de nieve que ya es, en la Venezuela concreta que tenemos entre manos, el anhelo de una vuelta a la vida democrática.

Se necesita algún tiempo. No solo para que la capacidad represiva se debilite lo suficiente, sino para que el regreso sea un motivo de entusiasmo colectivo públicamente visible y no una fuente de tensiones, de conflictos y de renovados temores.

La idea de su nueva presencia en el país tiene que ir normalizándose, alisándose. Tiene la dama esa tarea pendiente por delante. Los venezolanos sabemos muy bien con qué tipo de régimen y de personajes hemos tenido que lidiar todos estos años. No es necesario que nadie nos lo recuerde, y quizás menos que nadie que sea ella quien lo haga. Su liderazgo no depende de eso. Se lo ganó de otra forma. No se lo debe a la descalificación o la amenaza contra el adversario, ni a la constante referencia a su talante, aunque ha habido algo de eso —para mi gusto, más de la cuenta— en su lenguaje. Como dije, los venezolanos tenemos muy bien calibrada la calidad de quienes nos han gobernado últimamente. El liderazgo del que actualmente goza nuestro personaje lo debió, además de a su constancia y su coraje, a su apelación a los afectos, a las necesidades emotivas de las mayorías venezolanas, cosa que hizo con una calidez, con una capacidad de penetración y de conexión pocas veces vista en nuestra historia. Esa roca, esa base de apoyo hecha de emociones indisolubles está, estimo, muy firme. Nadie olvida los primeros siete meses del año 2024 ni cómo millares de venezolanos se unieron, día tras día, en una emoción común a todos.

Tal firmeza brinda oportunidad a un nuevo énfasis en el recurso a esa emocionalidad: la de dejar saber que hay espacio para todos, que en verdad hay espacio para todos, aun —y quizás sobre todo— para quienes no la compartan. Abrir, pues, sitio para que todos sientan que tienen cabida en un futuro como el que se nos promete, amparado por algo tan simple como el cumplimiento de la Constitución y las leyes.

No hay tanta prisa con ese regreso, no una prisa urgente. Han de madurar las condiciones que hagan de la presencia de esa persona aquí un factor de enorme positividad. Que la expectativa de que esté físicamente entre nosotros sea cada vez mayor, pero capaz de esperar lo necesario. Lograr ese equilibrio también es tarea suya. Cuando la vimos en Chile, rodeada de honores chilenos y de multitudes venezolanas, sentíamos que estaba un poco, un mucho, aquí. Solo un poco o un mucho, porque todavía no es tiempo de que lo esté de un todo. Pero de eso se trata: “Esté donde esté, yo siempre estoy allá”.

Lo importante es que la presencia sentida no decaiga, que la expectativa siempre encuentre alimento. Que hay que llevar a pulso el aceleramiento de las tres fases, y la presión por su solapamiento. Si la imagen de la bola de nieve es certera, como creo que lo es, los tiempos tienden a abreviarse, no a alargarse. El famoso pragmatismo de la administración estadounidense es capaz de seguir el talante de las situaciones, de modo de caer en cuenta de que lo que al inicio se pensó que iba a llevarse tanto así, en realidad necesita llevarse tantico menos, como diría Cantinflas.

Aquí nadie deja de pensar en el regreso. No hay manera de dejar de hacerlo. Aproveche, señora, ese margen, para prepararlo todo muy bien. Que aquí la esperamos.

Por Gisela Salim-Peyer en The Atlantic

Desde poco después de que los militares de Estados Unidos capturaran a Nicolás Maduro en su habitación a las 2 a.m. a principios de enero, tanto en Venezuela como en Washington D.C. se ha luchado por definir qué estaba haciendo exactamente la administración Trump. ¡Cambio de régimen, por fin!, fue el coro en Caracas, al menos por unas horas. Luego, el presidente Trump dijo que respaldaría a la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez, dejando de lado a la oposición democrática. Eso se pareció más a una «gestión de régimen», señaló el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. EE. UU. había dejado prácticamente a las mismas personas en el poder, pero siguiendo órdenes desde lejos. The Guardian lo definió como un «ajuste de régimen».

El beneficio de 11 semanas de retrospectiva sugiere que un marco distinto podría explicar mejor lo sucedido. Imagine todo este drama como la absorción corporativa hostil del Presidente del Directorio, Trump, hacia una empresa de extracción de recursos (o país), con todos los giros de guion, dolores de cabeza y posibilidades que suelen conllevar tales adquisiciones extranjeras. Trump no es el primer presidente que ve una oportunidad comercial en una incursión exterior, pero podría ser el primero en evitar tan descaradamente los objetivos nobles —promover la democracia, combatir el terrorismo— en favor de un manual y un vocabulario más propios de Wall Street que de Washington.

La adquisición de «Venezuela Inc.» ni siquiera figuraría entre las cinco compras más grandes en la historia de EE. UU. Toda la economía del país está valorada en unos 80,000 millones de dólares, menos de la mitad del valor de la fusión de Time Warner con AOL en el año 2000 (165,000 millones) y a la par de la mayor fusión energética corporativa entre Exxon y Mobil en 1999.

Desde la perspectiva del presidente adquisitivo, Venezuela estaba madura para la toma: una operación que alguna vez fue prometedora, sentada sobre activos ricos, pero que había sido lisiada por la mala gestión. Tan recientemente como en 2012, la empresa (medida por el PIB) estaba valorada en 370,000 millones de dólares, gran parte generada por una sola unidad de negocio: la compañía petrolera estatal. Pero bajo Maduro, la clase política utilizó los recursos de Venezuela como su alcancía personal, enriqueciendo a sus miembros mientras los ciudadanos comunes sufrían.

Como ocurre con otros prospectos infravalorados, los intermediarios financieros buscaron atraer el interés extranjero. En Wall Street, estos promotores suelen ser banqueros de inversión; en Venezuela, eran líderes de la oposición pro-democracia. La primavera pasada, María Corina Machado y su equipo presentaron la idea en una rueda de prensa de que, bajo un nuevo liderazgo, Venezuela podría producir 1.7 billones de dólares en 15 años, «la mayor oportunidad de creación de riqueza en la región en las próximas décadas». Señalaron los campos petroleros, las minas de oro y el potencial económico sin explotar. Es posible que también asumieran que desempeñarían un papel de gestión si su discurso de ventas tenía éxito.

Trump fue una audiencia dispuesta, deseoso de saldar viejas cuentas comerciales y revivir sus «espíritus animales» keynesianos. Se ha quejado de que el «talento, empuje y habilidad estadounidenses» construyeron la industria petrolera venezolana, solo para que esos activos fueran «robados» a las empresas de EE. UU. mediante dos rondas de nacionalización (Chevron continuó operando allí bajo una licencia especial). Meses de negociaciones con Maduro no produjeron un acuerdo en términos satisfactorios. Así que Trump subió la apuesta. Saltó al Congreso —el equivalente gubernamental a buscar la aprobación de los accionistas— y luego lanzó lo que fue, hay que decirlo, una campaña de absorción hostil única, que incluyó una armada de barcos de la Marina en el Caribe. Las campañas de adquisición pueden ser costosas; esta costó 31 millones de dólares al día.

Los directivos de las empresas objetivo de una absorción casi siempre son despedidos para marcar el inicio de una nueva era; Maduro no fue la excepción. En una conferencia de prensa tras la captura de Maduro, Trump anunció que ahora él «dirigiría» Venezuela, como si los países se dirigieran en lugar de gobernarse. Descartando a una socia potencialmente disruptiva como Machado, Trump seleccionó para su directora ejecutiva a una candidata que ofrecía cierta continuidad: Rodríguez, la vicepresidenta.

Desde entonces, Trump ha elogiado públicamente el desempeño de su elección, afirmando que Rodríguez es «maravillosa» y está «haciendo un gran trabajo». Como muestra de confianza, anunció que Washington invertiría «miles y miles de millones». Y dijo al Congreso en su discurso del Estado de la Unión a finales de febrero que los dividendos ya estaban fluyendo: «Acabamos de recibir de nuestra nueva amiga y socia, Venezuela, más de 80 millones de barriles de petróleo».

Rodríguez, mientras tanto, ha estado experimentando los placeres de la gerencia media. Su papel es mantener contentos a los nuevos jefes mientras preserva el régimen existente, lo que podría explicar los vaivenes en su retórica y políticas. En su primer día a cargo, más de 10 periodistas que cubrían su ceremonia de juramentación fueron arrestados. Luego, Trump publicó en redes sociales que los presos políticos estaban a punto de ser liberados «A LO GRANDE» (in a BIG WAY), y las puertas de las celdas en Caracas comenzaron a abrirse.

El patrón ha continuado. Alfredo Romero, fundador de Foro Penal, me mostró un gráfico de liberaciones de prisioneros que sube cuando Trump o un alto funcionario estadounidense menciona el tema, una señal de que la gerencia local está prestando atención y ansiosa por complacer.

Rodríguez también estableció su autoridad con una reestructuración de personal, presuntamente sancionada por sus superiores. El fiscal general renunció. El ministro de industria recibió el agradecimiento de Rodríguez por sus servicios y luego fue destituido. El miércoles, Rodríguez reemplazó al ministro de defensa de larga data por el jefe de inteligencia. Sin embargo, parece valorar la preservación de cierto conocimiento institucional: Diosdado Cabello, el hombre que supervisa gran parte del aparato de represión de Venezuela, sigue siendo ministro del interior.

Esto llevó a uno de esos momentos incómodos tan familiares con un pez gordo de la oficina central de visita. El Secretario del Interior, Doug Burgum, de visita en Caracas este mes, estrechó la mano de Cabello, sin inmutarse o sin saber que el venezolano enfrenta cargos en EE. UU. por su presunto papel en una «conspiración narcoterrorista». El gobierno estadounidense ha ofrecido hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

El ajuste de cinturón también ha comenzado. Antes del 3 de enero, el gobierno venezolano podía asignar como quisiera el dinero que la petrolera estatal generaba por las ventas. Todo el dinero del petróleo que ahora entra en Venezuela pasa por cuentas bancarias controladas por Estados Unidos, a las que Rodríguez y compañía necesitan autorización para acceder. En lenguaje empresarial, deben esperar el visto bueno de «Corporativo».

José Ignacio Hernández, un académico venezolano, me dijo que espera que la supervisión adicional debilite al régimen porque los funcionarios ya no pueden desviar fondos para comprar lealtades. «Se acabó la fiesta, amigo; ya no puedes seguir dándole a la piñata», dijo Hernández. «Ahora tienes que decirle al Departamento de Estado en qué quieres gastar el dinero, y las posibilidades de desviarlo son mucho menores».

En general, la absorción ha empezado a dar frutos financieros con una ayuda (¡sinergia!) de la sede central. En el mes siguiente a la destitución de Maduro, las exportaciones de petróleo de Venezuela aumentaron un 60% respecto al mes anterior, impulsadas por unos 500 millones de dólares en ventas gestionadas por EE. UU. a través de dos firmas de comercio de materias primas. Tras regresar de su visita, Burgum anunció que se habían transportado 100 millones de dólares en oro a Estados Unidos. Y a principios de esta semana, el Departamento del Tesoro suavizó las sanciones para permitir que Venezuela venda petróleo directamente a empresas estadounidenses y en los mercados globales.

Sin embargo, toda adquisición viene con una carga. Muchas multinacionales intentan mantener cierta distancia legal de sus participaciones extranjeras para minimizar las críticas y la responsabilidad legal. Pero Trump podría tener dificultades para limitar el riesgo reputacional de Washington en Venezuela, porque no hizo una limpieza total de inmediato. Y ahora que él y el Secretario de Estado, Marco Rubio, dan las órdenes, están asumiendo la responsabilidad por el desempeño de quienes están a cargo en Caracas.

El régimen enmascaró durante años su ineptitud con represión y se sabía que retenía a más de 1,000 presos políticos a principios de enero. Cerca de la mitad siguen encerrados, según Foro Penal. «Esos 500 presos políticos ya no son de Maduro», me dijo Pedro Burelli, asesor de la oposición venezolana. «Son de Trump y de Rubio, y espero que lo entiendan».

Hace unos 20 años, Carlos Graffe cofundó varios grupos de defensa que defendían la libertad de expresión y los derechos de propiedad en la ciudad de Valencia. En 2017, Cabello, el ministro del interior, llamó a Graffe terrorista en la televisión nacional. Un mes después, Graffe fue detenido y pasó cuatro meses y medio en prisión, incluyendo tres semanas con una docena de personas en una celda de castigo sin ventanas, sin ventilación, sin baño y sin camas. Me dijo que está agradecido con Trump —como muchos venezolanos— y que ha sentido cierta suavización, incluso optimismo, en el ambiente. Antes evitaba dar entrevistas por motivos de seguridad, pero ahora se siente más cómodo.

Aun así, me comentó lo extraño que le ha resultado ver a funcionarios, que siempre habían negado tener presos políticos, felicitarse a sí mismos por conceder amnistía a dichos presos. Graffe tampoco tiene fe en que Trump pueda confiar en que Rodríguez realice el «giro de timón» que la mayoría de las empresas esperarían al adquirir un activo con un rendimiento crónicamente bajo. «Este es un país destruido», dijo Graffe. «La destrucción es palpable en cada obra pública inacabada, en cada escuela ruinosa, en todos los hospitales sin insumos y en las carreteras sin pavimentar». La nueva infusión de petrodólares le da al país una oportunidad de reconstruirse. Pero, añadió Graffe, «¿mi confianza en que esta gente gestionará bien los recursos? Ninguna».

Los defensores del buen gobierno —corporativo o de otro tipo— también podrían señalar la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Aquí, la administración Trump y el régimen quedan muy por debajo de las mejores prácticas. Las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a revelar información relevante sobre sus operaciones, y los accionistas de ambos lados de una adquisición suelen tener derecho a voto.

En este caso, ni a los ciudadanos estadounidenses ni a los venezolanos, que podrían ser considerados los accionistas finales, se les ha dado voz alguna. No pueden acceder a la información financiera que cualquier inversor querría, porque Caracas publica muy poco. Y ven escasas pruebas de una planificación estratégica a largo plazo que pudiera, por ejemplo, indicar el momento de una transición a la democracia. Pero ese es el procedimiento estándar de operación para el primer empresario de Estados Unidos en ocupar la Casa Blanca. La Organización Trump, que el presidente dirigió durante décadas y de la que sigue siendo propietario, siempre ha sido una empresa privada.

El presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), Ingeniero Enzo Betancourt, manifestó su respaldo al actual proceso de reapertura, flexibilización y captación de inversión extranjera en las industrias petrolera, gasífera y la generación de energía eléctrica del país.

Fue el pasado jueves en un conversatorio bajo la denominación “El futuro es hoy”, organizado por la Universidad Metropolitana, y moderado por el profesor Alberto E. Paz Gómez, en el auditorio de esa Casa de Estudios, ante un numeroso público integrado especialmente por estudiantes de Ingeniería.

 El Ing. Betancourt destacó que se trata de una magnífica oportunidad para el desarrollo y progreso del país, y en tal sentido, anunció la creación de una «Hoja de Ruta» para fortalecer la formación profesional de los ingenieros petroleros y afines, ante esta apertura y nuevas inversiones en el sector energético nacional

Calificó esta nueva fase como un catalizador fundamental no solo para el sector energético, sino para el aparato productivo nacional en su totalidad. Según el presidente del CIV, la expansión de licencias para empresas transnacionales y nacionales, y el fortalecimiento de alianzas estratégicas, generarán un incremento sustancial en la demanda de un alto número de profesionales en diversas especialidades de la ingeniería.

Destacó también algunas regiones del país donde la inversión tendrá un impacto directo. Señaló como estados clave al Zulia, Anzoátegui, Monagas, y Falcón, así como el potencial industrial de Carabobo a través de Puerto Cabello. Asimismo, resaltó la importancia estratégica de Apure y Barinas, y el desarrollo gasífero en Sucre (Cumaná y Carúpano).

Mención especial recibió el estado Delta Amacuro, cuya importancia en la producción de gas requiere un enfoque de alta precisión técnica. «Dada la sensibilidad de su geografía y medio ambiente, los trabajos en el Delta deben acometerse con rigurosos protocolos de cuidado ambiental, una tarea en la que nuestros profesionales están plenamente comprometidos», afirmó el presidente del CIV.

Ante la llegada de corporaciones globales que operan con tecnología de punta y sistemas avanzados de inteligencia artificial, el Colegio de Ingenieros de Venezuela ha asumido el rol de facilitador para la profesionalización y actualización del gremio.

«Las empresas de prestigio mundial que están ingresando o ampliando sus operaciones, exigen estándares de formación de primer nivel, similares a los aplicados en Estados Unidos y Europa», explicó el Ing. Betancourt. En respuesta, el CIV ha puesto a disposición sus instalaciones y la data técnica de sus sociedades profesionales adscritas para agilizar estos procesos. Recordó en su intervención que el ente gremial tiene registrados como miembros a más de 320 mil profesionales en todas las especialidaes.

A través del Instituto de Mejoramiento Profesional (FIMP-CIV), ya se han iniciado cursos de actualización técnica en los estados Monagas, Zulia, Carabobo y Falcón, con el objetivo de que los ingenieros venezolanos lideren la implementación de las nuevas tecnologías.

El Colegio de Ingenieros de Venezuela no limita su visión exclusivamente al petróleo y gas. La institución propone activamente alianzas con empresas nacionales para certificar procesos en el área de generación de energía eléctrica y energías alternativas.

En este esfuerzo, juegan un papel determinante sociedades como la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Afines (AVIEM), junto a las Sociedades de Petróleo, Minería, Hidráulica y Geología. Esta estructura multidisciplinaria busca dar respuesta a las exigencias actuales de la sociedad venezolana y el mercado global.

El Colegio de Ingenieros de Venezuela ha formalizado su estrategia mediante lo que denominó la «Hoja de Ruta y Plan de Trabajo», una propuesta diseñada para coordinar esfuerzos entre el gremio, el Gobierno Nacional y las empresas nacionales y transnacionales.

El Ing. Enzo Betancourt concluyó su intervención con un mensaje de unidad y esperanza, haciendo un llamado a los profesionales que se encuentran fuera del país: «Esta será una época de crecimiento y oportunidades que permitirá el regreso de muchos colegas con nuevos conocimientos. Las puertas del CIV están abiertas para convertir a Venezuela en el país del primer mundo que todos merecemos».

Vía NdP

Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales de la líder democrática María Corina Machado asistió ayer a un foro organizado por la Heritage Foundation junto a repfresentantes del congreso de EEUU.

La Heritage Foundation es uno de los centros de pensamiento (think tank) conservadores más influyentes de los Estados Unidos. Fundada en 1973, su sede se encuentra en Washington D.C. y su misión principal es la formulación y promoción de políticas públicas basadas en los principios de la libre empresa, el gobierno limitado, la libertad individual, los valores tradicionales estadounidenses y una fuerte defensa nacional

En un mensaje en su cuenta X, Urruchurtu esquematizó su visión del acontecer nacional, y el cómo se puede avanzar para satisfacer las demandas de la nación venezolana

«Participé en el Miami Security Forum de @Heritage, junto a la congresista @RepMariaSalazar y al eurodiputado @jm_frias, en una discusión sobre el futuro de Venezuela, moderada por @Gundisalvus»

Algunos de mis mensajes claves:

  • Agradecemos al presidente Trump y a su administración por tomar acciones firmes, especialmente por la operación del 3 de enero que capturó al narcoterrorista Nicolás Maduro.
  • El régimen ahora no tiene otra opción que cooperar.
  • El objetivo es un cambio democrático real.
  • No habrá estabilidad ni inversión sin democracia y Estado de derecho. Tampoco hay transición real sin apoyo popular.
  • El régimen sigue en el poder y sigue siendo criminal. Delcy Rodríguez es parte del mismo sistema y arquitecta de relaciones con países como Rusia e Irán, además de su responsabilidad directa en el aparato de represión y tortura. Es parte del terrorismo de Estado.
  • Están cooperando sólo para sobrevivir, pero no debemos subestimarlos. Saben cómo ganar tiempo y adaptarse, con la diferencia de que ahora enfrentan una amenaza real.
  • La presión de Estados Unidos está funcionando y es importante, pero debemos actuar rápido.Una Venezuela democrática sería un aliado fuerte de Estados Unidos.
  • El régimen intenta simular cambios reales, por lo que hay que seguir presionando para que efectivamente los hagan y avancemos en la democratización.
  • Queremos que millones de venezolanos regresen a casa, pero eso sólo ocurrirá en democracia.
  • Queremos una relación sólida con Estados Unidos. Seremos su mejor, más confiable y más seguro aliado en el hemisferio, apenas seamos libres y democráticos, para aprovechar todo nuestro potencial.
  • Debe desmantelarse el aparato represivo, liberarse a todos los presos políticos, garantizarse los derechos de políticos del liderazgo legítimo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia así como su regreso a Venezuela junto a todos los líderes en el exilio y deben celebrarse elecciones libres y justas.
  • Se necesita una transición real para lograrlo.

El reconocido periodista y activista social venezolano ha sido protagonista de intensas jornadas de protesta y denuncias contra la crisis de servicios públicos y la gestión gubernamental. ¿Cuál es su estado actual? ¿Qué hay detrás de las acusaciones en su contra?

En este programa especial abordamos:

  • La trayectoria de Carlos Julio Rojas como líder comunitario.
  • Los detalles de su última detención y el contexto político.
  • Análisis de la situación de los presos políticos en Venezuela.
  • Opiniones de expertos y testimonios.

En un momento de altísima sensibilidad política para Venezuela y para la arquitectura hemisférica del poder, Arcadia Foundation ha hecho pública una carta abierta dirigida a Laura F. Dogu, encargada de Negocios de los Estados Unidos para Venezuela, en la que pide transparencia plena sobre los arreglos, entendimientos, autorizaciones y marcos operativos vinculados a los sectores estratégicos del país, y advierte que cualquier opacidad en esta fase puede convertirse en un nuevo campo de manipulación al servicio de los restos del aparato autoritario del chavismo que, durante más de un cuarto de siglo, ha devastado la vida republicana venezolana.

Suscrita por Robert Carmona-Borjas, CEO y cofundador de Arcadia Foundation, la carta no se limita a formular una exigencia administrativa ni a dejar constancia de una inquietud protocolar. Lo que hace, en rigor, es colocar en el centro del debate una cuestión decisiva para el destino de la transición venezolana: quién controla la verdad pública sobre los recursos del país, quién administra el relato sobre su recuperación y, sobre todo, quién recibe de manera efectiva los beneficios materiales derivados de cualquier esquema promovido, autorizado o respaldado por los Estados Unidos.

La importancia del documento radica, ante todo, en que desplaza la discusión desde el plano abstracto de la diplomacia hacia el terreno concreto de la legitimidad. En la visión expuesta por Arcadia, Venezuela no atraviesa una simple recomposición política ni una alternancia de élites, sino el tránsito desde las ruinas de una estructura estatal criminalizada hacia una forma todavía incierta de reconstrucción democrática. En un escenario así, la opacidad no es un problema secundario ni un defecto corregible a posteriori. Es, más bien, un riesgo estructural. La carta sostiene que, en un país donde la censura, la intimidación contra periodistas, la asimetría informativa, la manipulación propagandística y la captura institucional no solo marcaron los años precedentes, sino que continúan operando con alarmante impunidad en el presente, dejar en penumbra el contenido de decisiones que afectan al petróleo, a los hidrocarburos, a la minería y a los demás sectores estratégicos equivale a abrir espacio para la deformación maliciosa de la realidad y para la fabricación de narrativas tóxicas que pueden ser explotadas por las redes de poder del chavismo residual.

Ese es uno de los méritos mayores del pronunciamiento: comprender que la batalla por la transparencia no es solo una batalla ética, sino también una batalla estratégica. Arcadia no reclama publicidad como gesto ornamental ni como concesión cosmética a la corrección institucional. Reclama publicidad porque entiende que, en la Venezuela contemporánea, la información oculta será llenada de inmediato por el rumor, por la propaganda hostil, por la falsificación interesada y por la capacidad histórica del régimen para convertir las zonas grises en instrumentos de dominación. Lo que la fundación plantea, en consecuencia, es que la misión de los Estados Unidos no puede limitarse a ejecutar decisiones, sino que debe asumir un papel activo en la producción de claridad pública. De allí que la carta exhorte a que las plataformas oficiales de la representación estadounidense se conviertan en instrumentos de confianza cívica, de verdad documentada y de inteligibilidad democrática para una sociedad exhausta de ser gobernada por la mentira.

La misiva va más lejos. No se queda en la exigencia genérica de “más información”, sino que propone el criterio que debería organizar esa apertura. Lo que Arcadia sugiere es la creación de un registro público accesible que permita conocer el alcance, la finalidad, la base jurídica, la estructura de implementación y las salvaguardas de interés público de todos los arreglos relacionados con los sectores estratégicos venezolanos. La relevancia de este planteamiento es inmensa. En una etapa de redefinición del vínculo entre Washington y Caracas, un mecanismo así no solo serviría para informar, sino para inmunizar la esfera pública contra dos amenazas simultáneas: de un lado, la acusación previsible de “pactos secretos” o de nuevas formas de expoliación encubierta; del otro, la tentación de permitir que decisiones de alto impacto nacional queden envueltas en una nebulosa interpretativa que mañana pueda volverse contra quienes hoy las impulsan. El documento entiende con precisión que la autoridad moral de cualquier política hacia Venezuela no dependerá solo de sus intenciones, sino también de su capacidad para mostrarse, explicarse y someterse al escrutinio de aquellos en cuyo nombre dice actuar.

Pero la carta adquiere una potencia todavía mayor cuando desplaza la atención hacia el campo humanitario. Allí aparece uno de sus núcleos más severos y políticamente más delicados: la preocupación por la falta de información suficientemente clara sobre medicinas, insumos médicos y suministros humanitarios que, según distintas referencias, han sido enviados desde los Estados Unidos o canalizados por vías vinculadas a ese país. Arcadia introduce aquí una tesis de enorme gravedad: en Venezuela, la escasez no ha sido solo una tragedia social, sino una herramienta de dominación. El régimen, sostiene la carta, ha perfeccionado el arte de manipular el acceso, borrar la trazabilidad, politizar la distribución y absorber en redes de patronazgo bienes destinados al alivio de la población. La ayuda, en esas condiciones, puede ser desviada, confiscada, sustituida, degradada o lavada propagandísticamente hasta aparecer como dádiva del mismo aparato que produjo el sufrimiento.

La exigencia de un sistema de reporte público sobre estos insumos humanitarios nace precisamente de esa experiencia. No se trata simplemente de saber si algo salió de un puerto o llegó a una aduana. Se trata de reconstruir una cadena verificable de confianza en medio de una sociedad civil colapsada. Arcadia pide que los venezolanos puedan conocer con un grado razonable de precisión qué bienes fueron enviados, por qué canales se distribuyeron, a qué destino llegaron, bajo qué resguardos de custodia y mediante qué mecanismo verificable de entrega. La fuerza del planteamiento reside en que devuelve a la transparencia su verdadero rango: no un formalismo burocrático, sino una forma de protección democrática frente a un poder que históricamente ha convertido la oscuridad en método de gobierno.

Sin embargo, el centro de gravedad del documento se encuentra en otro punto aún más trascendente: la advertencia contra cualquier esquema que, al generar valor a partir de los recursos estratégicos de Venezuela, termine fortaleciendo, financiando o rehabilitando indirectamente a las estructuras responsables de la ruina nacional. En esa formulación se condensa una crítica frontal a uno de los mayores peligros de cualquier política de transición: que los mecanismos destinados a abrir una etapa nueva se conviertan, por negligencia o por cálculo, en canales de respiración para el viejo sistema. La carta es categórica al señalar que los flujos financieros que desembocan en circuitos susceptibles de captura por el régimen no entrañan solo riesgos económicos o jurídicos; comportan también riesgos morales, cívicos y geopolíticos. No se trata únicamente de dinero. Se trata del peligro de devolver fuerza, margen de maniobra y legitimidad operativa a la maquinaria de coerción, opacidad y manipulación que durante décadas ha despojado a los venezolanos de su riqueza y de su voz.

Es en ese contexto donde Arcadia introduce la dimensión propositiva del documento y donde la carta deja de ser una exhortación para convertirse en una arquitectura de pensamiento político. La fundación recuerda que en el mes de enero 2026 formuló públicamente un modelo basado en un principio decisivo: allí donde se generen ingresos bajo autoridad estadounidense o a través de estructuras autorizadas por los Estados Unidos, deben diseñarse mecanismos que permitan que el beneficio material llegue de manera directa, verificable y sin intermediación de instancias estatales venezolanas corruptas ni de redes clientelares políticamente expuestas. La tesis es de enorme calado. Lo que se propone no es solo cerrar la puerta a la captura del régimen, sino abrir una relación visible, limpia y moralmente inteligible entre el origen democrático de la asistencia y su destinatario legítimo: el pueblo venezolano.

En ese punto la carta alcanza uno de sus momentos más finos y más innovadores. No basta, viene a decir Arcadia, con evitar que el dinero sea robado. Hay que lograr que el venezolano común pueda percibir con claridad quién está haciendo posible el alivio, bajo qué principios se organiza y por qué ese beneficio no constituye una nueva maniobra de élites, sino una forma concreta de restitución. Esta idea es central. El documento subraya que debe existir una conexión directa y honorable entre el pueblo estadounidense, bajo la administración del Presidente Donald J. Trump, que estaría contribuyendo a hacer posible la recuperación nacional, y el pueblo venezolano, que debe ser su beneficiario legítimo. No es una frase menor. En ella se cifra una intuición política de gran hondura: la ayuda que no se deja reconocer puede ser secuestrada narrativamente por los mismos aparatos que mañana intentarán presentarse como administradores naturales del alivio. La transparencia, en esta visión, no solo protege recursos; protege el significado de los hechos.

La carta vincula esta necesidad con otra alarma que merece atención: la posibilidad de que los remanentes de la influencia chavista estén buscando fabricar percepciones económicas adversas dentro de la población para explotar luego esa sensación y romantizar retrospectivamente la tiranía. El documento identifica con crudeza estas maniobras como secuelas del autoritarismo: sabotaje, distorsión, inversión psicológica y lavado de la memoria. La formulación es de una precisión política poco frecuente. En lugar de tratar la transición como un momento lineal en el que basta desplazar a los viejos jerarcas para que surja espontáneamente una nueva normalidad, Arcadia advierte que el autoritarismo suele sobrevivir en sus hábitos, en sus operadores, en sus dispositivos de desinformación y, sobre todo, en su capacidad para pervertir el recuerdo colectivo. Si la población termina asociando la nueva etapa con mayores cargas, más confusión y menos certezas, el sistema derrotado habrá encontrado un modo de seguir gobernando desde la nostalgia deformada.

Por eso la carta insiste en que la transición democrática no puede limitarse a cambios institucionales. Debe ir acompañada de alivio visible, comunicación veraz, confianza pública y una línea transparente de reconocimiento entre quienes brindan apoyo y aquellos para quienes ese apoyo ha sido concebido. Esta es, en el fondo, una tesis sobre la pedagogía del rescate. Los venezolanos no solo deben recibir beneficios materiales; deben poder comprender su origen democrático y su sentido histórico. De otro modo, las estructuras de desinformación podrán falsificar el relato, corromper el significado de la asistencia y volver a encerrar al país en la jaula simbólica de la manipulación.

Todo esto hace del documento de Arcadia una pieza de considerable relevancia en el debate venezolano contemporáneo. No es un comunicado de ocasión ni una simple carta de cortesía diplomática. Es un texto que intenta fijar un estándar para la fase que se abre: firmeza unida a transparencia, estrategia unida a inteligibilidad moral, recuperación nacional unida a beneficio público directo. Su peso no reside solo en lo que denuncia, sino en la claridad con que anticipa las trampas del momento. La fundación entiende que el porvenir de Venezuela no se jugará exclusivamente en despachos, licencias, autorizaciones o acuerdos, sino también en la capacidad de construir una legitimidad limpia, visible y verificable ante una ciudadanía devastada por años de simulación institucional.

En esa clave debe leerse la afirmación final de la carta, quizá la más ambiciosa de todas: que los Estados Unidos tienen hoy la oportunidad histórica no solo de debilitar un orden criminal, sino de ayudar a fijar un estándar de transición en el que la fuerza política no se divorcie de los principios y en el que la eficacia estratégica no se degrade en opacidad. Lo que se haga por Venezuela, sostiene Arcadia, debe ser visto, comprendido y merecer la confianza de los venezolanos. La frase encierra toda una doctrina: ninguna acción será plenamente legítima si no puede ser entendida por quienes han sufrido durante años el costo de la traición, del saqueo y de la mentira.

En tiempos en que la palabra “transición” suele usarse con liviandad, la carta de Arcadia devuelve gravedad al término. La reconstrucción de Venezuela, sugiere, no será verdadera si reproduce las sombras que hicieron posible su ruina. No habrá orden nuevo si los recursos estratégicos siguen administrándose sin luz, si la ayuda humanitaria continúa atravesando zonas opacas, si los beneficios materiales no llegan de forma verificable a la gente y si el pueblo no puede identificar con nitidez quién está contribuyendo realmente a su rescate. Ese es el nervio del documento y esa es también su advertencia: el futuro venezolano no puede edificarse sobre otro pacto de penumbra.

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Vía Nota de Prensa

Diez semanas después de la captura de Nicolás Maduro, las «autoridades interinas» deben avanzar hacia la democracia.

Diez semanas después de la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, la administración Trump sigue adelante con sus planes para reconstruir la economía de ese país y vincularla a la nuestra. Hasta el momento, prácticamente no se percibe ningún avance hacia una transición democrática.

El presidente Donald Trump ha enviado a Caracas al secretario de Energía, Chris Wright, para hablar de petróleo; al secretario del Interior, Doug Burgum, para hablar de minerales; y al general Francis L. Donovan, del Comando Sur de Estados Unidos, por razones menos claras. Un mayor volumen de petróleo venezolano está llegando a los puertos del Golfo, gracias a nuevas licencias del Departamento del Tesoro y nuevos contratos con la empresa estatal Petróleos de Venezuela.

Con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado, un mayor suministro de petróleo en el mercado mundial sería beneficioso. Sin embargo, el aumento de la producción venezolana llevará tiempo. Chevron estima que incrementar su producción actual de 250.000 barriles diarios a 375.000 podría tardar dos años . No se vislumbra una bonanza a corto plazo. Aun así, los ingresos derivados del aumento de la producción y de las ventas de petróleo sin descuentos, el fin de las sanciones estadounidenses y el inicio de nuevas inversiones impulsarán la economía venezolana. También hay oportunidades de negocio para los inversores estadounidenses, incluidos algunos que presionaron al gobierno para que les permitiera operar en el país.

Pero ¿qué hay de la promesa de una transición política? Trump no parece muy interesado. En enero, calificó a Delcy Rodríguez como “una persona estupenda ”. Esta semana añadió que es “muy respetada” y que está haciendo un “ gran trabajo ” como “presidenta” de Venezuela. ¿Según quién?

Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, no puede ser presidenta legítimamente, al igual que Maduro tampoco podría serlo. Robó las elecciones de 2024, y su estatus deriva exclusivamente de él. El «gran trabajo» que está realizando apenas implica apertura política. El grupo venezolano de derechos humanos Foro Penal afirma que más de 500 presos políticos permanecen encarcelados más de dos meses después de la caída de Maduro, cuando a estas alturas la cifra debería ser cero. Al menos una encuesta muestra que, lejos de ser «muy respetada», Rodríguez perdería unas elecciones libres ante la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, con un 67% frente a un 25%.

No obstante, la administración Trump ha reanudado las relaciones diplomáticas con el régimen, que se habían interrumpido en 2019. El anuncio del Departamento de Estado del 5 de marzo generó cierta esperanza respecto a los objetivos políticos: «Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares». Este avance, añadió, «facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica e impulsar la reconciliación política en Venezuela. Nuestro compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente».

Referirse a las “autoridades interinas” del régimen es una buena señal. Lo mismo ocurre con los términos “reconciliación política” y “gobierno elegido democráticamente”. Pero si bien en los últimos dos meses se han dado pasos hacia estos objetivos, no han mermado el control absoluto del régimen sobre Venezuela. Mientras tanto, las relaciones diplomáticas otorgarán mayor legitimidad a los herederos de Maduro. Estos representantes se harán cargo de la Embajada de Venezuela en Washington, lo que les permitirá trabajar en la capital, presionando al Congreso, a las ONG, a los grupos empresariales, a los medios de comunicación y a la administración para obtener menos presión y más tiempo.

¿Qué se le debe exigir a Caracas para que la transición sea posible? Hasta la fecha, ningún líder político exiliado ha podido regresar a su país. Cuando Machado, el político más popular de Venezuela, se reunió con Trump el 6 de marzo, el mensaje fue, al parecer, » paciencia «.

Un camino más justo requeriría la liberación inmediata de todos los presos políticos y el regreso inmediato de los líderes exiliados. Otras medidas: Exigir que se permita a los partidos políticos democráticos de Venezuela elegir a sus propios líderes, reemplazando a los designados ilegalmente por el régimen de Maduro. Establecer una comisión electoral nacional independiente para celebrar elecciones libres y justas. Iniciar la planificación y los mecanismos que permitan a los millones de venezolanos que huyeron durante los años de Maduro votar en los países donde residen actualmente. Acordar un plan de justicia transicional que responsabilice a los culpables de sus crímenes durante las últimas dos décadas, pero que otorgue el grado de amnistía necesario.

Estas medidas deben ser fruto de negociaciones serias entre el régimen y los partidos políticos democráticos de Venezuela, tal como ha ocurrido en casi todas las transiciones latinoamericanas de dictadura a democracia en el último medio siglo. Si Rodríguez y compañía se niegan, el Tesoro debería retener los ingresos por la venta de petróleo. Hasta que no exista un acuerdo nacional, las medidas que el régimen está adoptando —su nueva ley sobre hidrocarburos y la ley de amnistía, evidentemente dirigidas a proteger a los funcionarios del régimen— son ilegítimas y transitorias. No sientan las bases para la “reconciliación política” que Washington dice desear ni para las inversiones a largo plazo que requieren seguridad jurídica. Todos estos asuntos deben estar sobre la mesa de negociación.

La destitución de Maduro por parte del gobierno de Trump abrió la puerta al retorno de Venezuela a la democracia. Sin embargo, la Casa Blanca no parece dispuesta a impulsar este proceso. Los partidos democráticos venezolanos están listos. El régimen se resiste. Es hora de decirle a Rodríguez que el juego ha terminado, de iniciar las negociaciones y de insistir en que la transición política comience de inmediato.

Elliott Abrams, investigador sénior del Consejo de Relaciones Exteriores, fue el representante especial para Venezuela durante la primera administración de Trump.

En una reciente entrevista concedida al periodista Napoleón Bravo, el exministro de Energía y Minas y de Relaciones Exteriores de Venezuela, Humberto Calderón Berti, delineó lo que considera la ruta crítica para la recuperación del país, centrada en una alianza estratégica con los Estados Unidos y una apertura total del sector petrolero a la inversión privada.

Durante el encuentro, el experto geólogo y estratega político enfatizó que la salida de Venezuela del actual marasmo económico requiere de una alianza en tres niveles fundamentales:

  1. Alianza Política: Para el restablecimiento de las instituciones democráticas, bajo la premisa de que solo la libertad garantiza estabilidad a largo plazo.
  2. Alianza Militar: Enfocada en la cooperación internacional para combatir amenazas transnacionales como el narcotráfico y el terrorismo.
  3. Alianza Económica: Aprovechando la ventaja geoestratégica de Venezuela, que se encuentra a solo tres días de navegación de las refinerías estadounidenses, frente a los costos logísticos que implica el comercio con Asia.

El fin del modelo estatista

Calderón Berti fue tajante al señalar que el modelo de «Estado propietario» ha fracasado en Venezuela. Comparó la situación del país con el éxito de los Emiratos Árabes Unidos, destacando que mientras estos últimos utilizaron su riqueza para crear fondos soberanos y desarrollo, el modelo venezolano se perdió en políticas «desquiciadas» y confiscaciones que arruinaron a la clase media.

«La recuperación de Venezuela pasa por la recuperación del sector petrolero… y esa recuperación pasa porque el sector privado tenga una activa participación internacional y nacional», afirmó el exministro, sugiriendo que el Estado debe limitarse a fijar políticas públicas y recaudar impuestos para inversión social.

Llamado a la transparencia y a la oposición

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la denuncia sobre la opacidad en los actuales contratos petroleros gestionados por el gobierno. Calderón Berti advirtió que muchos de estos acuerdos se han entregado «a dedo» a sectores sin calificación técnica.

En este sentido, hizo un llamado directo al gobierno de los Estados Unidos para que mantenga una comunicación fluida y transparente con los sectores que representan a la mayoría del país, mencionando específicamente a María Corina Machado y al presidente Edmundo González. «No conviene que las cosas se hagan al margen de los venezolanos… se corre el riesgo de un efecto rebote», advirtió el experto.

Sobre Humberto Calderón Berti: Es geólogo, escritor y político venezolano. Se desempeñó como Ministro de Energía y Minas, Ministro de Relaciones Exteriores y fue presidente de PDVSA, siendo una de las figuras más respetadas en el ámbito energético global.

En este episodio del podcast Reinventarte, converso con Vladimir Petit, académico, consultor, ex diputado venezolano y doctor en ciencias sociales, con una amplia trayectoria en liderazgo, administración pública y estrategia. Fundador del Instituto Universitario de Gerencia y Tecnología de Caracas, Petit ha dedicado gran parte de su vida a la formación de líderes, emprendedores y profesionales en América Latina. En esta conversación analizamos algunos de los temas más complejos sobre el futuro de Venezuela:

  • Qué se necesita realmente para reconstruir el país.
  • El papel de las instituciones en una transición democrática.
  • La influencia que ha tenido el poder político en las estructuras del Estado.
  • Su libro sobre Hugo Chávez y el impacto de ese liderazgo en Venezuela.
  • El rol que debería asumir la Fuerza Armada en el futuro del país.
  • Consejos sobre liderazgo y reinvención personal.

Una conversación profunda sobre poder, instituciones, liderazgo y el desafío de reconstruir una nación.

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