DBuford, Author at Morfema Press

Además de Álex Saab, preguntan en Caracas por un militar que mafiosos mencionan en ruta para sacar cocaína. ¿Qué dice el general?

Diez días después del operativo de extracción en Caracas en contra de Nicolás Maduro, por parte del Gobierno de Estados Unidos, EL TIEMPO reveló que agencias federales empezaron a preguntar por el empresario barranquillero Álex Saab, señalado testaferro del dictador, y operador corrupto de la cúpula de ese régimen, cuya situación judicial y política son inciertas.

Saab no es el único poderoso del régimen por el que se indaga, en un contexto de nuevas relaciones cordiales entre Washington y Caracas que ya llevaron a la liberación de presos políticos, la reactivación de la exploración y exportación de crudo y al reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta, al menos en lo financiero.

Oficiales de inteligencia le dijeron a este diario que también se indaga por la conducta de un mayor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) –al que ubican como una ficha cercana a Vladimir Padrino, general en jefe del Ejército Bolivariano– que ha venido escalando en la pirámide de poder hasta cargos relevantes vinculados a la fiscalización de los recursos de las fuerzas armadas.

El oficial está mencionado en el caso contra dos señalados capos invisibles colombianos: el recién capturado John Henry González, alias Medio Labio, y Pablo Felipe Prada, ‘ Black Jack’, extraditado hace 8 días a Colombia desde Ibiza. Además, aparece su hermano y otro capo más.

Autoridades francesas fueron las primeras en informarles al FBI y a la DEA sobre el hallazgo de inquietantes chats encriptados en donde capos mencionan al alto oficial dentro de planes para abrir una nueva ruta del narcotráfico que sale desde Puerto Carreño, en el Vichada, pasa por Venezuela y termina en Europa.

“Háblale a ‘el Peludo’. Dígale que el tercero al mando de Venezuela, después de Diosdado Cabello, quiere trabajar con nosotros y nos está ofreciendo unas coberturas en agua muy buenas. El hombre quiere que bajemos a hablar con él (sic)”, se lee en uno de los mensajes que desencriptaron investigadores forenses de la Policía francesa y que le fueron enviados a la Fiscalía de Colombia en enero pasado.

De hecho, analistas del ente acusador manifestaron, en un documento en poder de este diario, que la información resultaría relevante para establecer nuevos tentáculos de la organización mafiosa de ‘Medio Labio’ –que usó 3 alias para enviar los chats- a la que vinculan con ‘clan del Golfo’.

“Resulta de interés para este proceso la probable nueva ruta por Puerto Carreño hacia Venezuela, con destino a Centroamérica y Europa, como indica el usuario ‘José Alfredo’. También mencionan el interés por parte de un presunto general de nombre Rodrigo Guerrero Contreras de trabajar con este presunto grupo delictivo organizado, al cual describen como el tercero después de Diosdado Cabello”, se lee en el documento de la Fiscalía y aclara que ‘José Alfredo’ sería uno de los alias de ‘Medio labio’.

En el mismo análisis criminal se anexan fotos del alto oficial, los cargos ocupados y un comentario adicional: “Se realizó búsqueda en portales de Internet de acceso público, con el nombre y grado del presunto general Rodrigo Guerrero Contreras, contralor de la ‘FANB’, la cual quiere decir Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es la institución militar de Venezuela encargada de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial del país”.

El cartel de los Soles

El interés de Estados Unidos va más allá de la supuesta nueva ruta mafiosa. Buscan establecer si se trata de una pista adicional dentro del expediente del llamado ‘cartel de los Soles’ que tiene tras las rejas al dictador Maduro y bajo la lupa a otros miembros del régimen, ahora en transición.

“Se quiere aclarar qué rol cumplió ese general, incluso si estaba adelantando una investigación en cubierta en Venezuela y les estaba poniendo una carnada”, señaló una fuente enterada.

Así como se hizo con Saab, EL TIEMPO contactó a fuentes dentro del régimen que en ambos casos (también en el del general) manifestaron no saber nada: “Lo único que le digo es que es un destacado oficial, con hoja de vida impecable”.

La referencia más reciente del general en redes sociales data de junio de 2019 y se asegura que acompañaba a Vladimir Padrino durante un acto protocolario.

EL TIEMPO, además, encontró actividades en sus redes sociales y se comunicó con un par de sus allegados para pedir un contacto del alto oficial y preguntarle por esas menciones de los chats encriptados.

Sin embargo, al cierre de esta edición no se había obtenido una respuesta. Pero fuentes enteradas del caso le dijeron a EL TIEMPO que al menos uno de los mafiosos mencionados estaría buscando acercamientos con la DEA para hablar del tema.

La defensa de ‘Medio Labio’ aseguró que los chats desencriptados no son una evidencia legal, sino tan solo informes de policía judicial que podrían ser manipulados.

Fuentes de la Fiscalía aseguran que la evidencia fue entregada por Francia y que goza de legalidad plena.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

A Mario Pesci-Feltri Martínez,
un caballero del derecho procesal.
In memoriam

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática (G.O. Extraordinaria n.º 6.990 de 19 de febrero de 2026), coloquialmente llamada Ley (o ley) de Amnistía. ha sido calificada por sus propulsores como un instrumento de reconciliación que concede una “amnistía general y plena” para hechos vinculados a la conflictividad política desde el 1 de enero de 1999 hasta su entrada en vigencia. Sin embargo, el propio texto legal introduce filtros y condicionamientos que, a la luz de la Constitución, obligan a hacer una pregunta que puede resultar incómoda para los promotores de esta ley que, retomando el calificativo que en su día dio notoriedad el a Juan Pablo Pérez Alfonzo, debe calficarse de chucuta:

¿Puede el juez, mediante control difuso de constitucionalidad, prescindir de los condicionamientos y aplicar directamente la amnistía, decretando el sobreseimiento y la libertad plena?.

Antes de responder, hay que partir de una premisa: Para que funcione el control difuso de la constitucionalidad, tiene que haber jueces, no amanuenses ni mujiquitas al servicio del régimen. Por consiguiente, en las líneas que siguen asumiré que habrá alguno que conoce la función que le corresponde de administrar justicia. Iura novit curia.

1. El sistema mixto de control y el deber de todo juez

La Constitución de 1999 consagra un sistema mixto o integral de control de constitucionalidad que combina un método concentrado, confiado a la Sala Constitucional, con un método difuso, atribuido a todos los tribunales de la República. El artículo 334 ordena que “en caso de incompatibilidad entre esta Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente”.

Allan R. Brewer-Carías ha descrito que en ese diseño “[ … ] se consolidó constitucionalmente el método de control difuso de la constitucionalidad de las leyes [ … ] (y) [ … ] todo tribunal de la República podrá ejercer el control difuso de la constitucionalidad únicamente para el caso concreto”. Para Brewer-Carías, la garantía de la supremacía constitucional “[ … ] se consagra, en primer lugar, mediante la asignación a todos los jueces de la República, en el ámbito de sus competencias, del poder-deber de inaplicar la ley inconstitucional”.

De acuerdo a lo expuesto, el juez no es mero aplicador pasivo de la ley, sino garante directo de la Constitución. Cuando la norma legal que debe aplicar contradice la Constitución, el juez está obligado a preferir esta última, incluso si ello implica desaplicar la ley en el caso concreto. José Vicente Haro y Jesús María Casal, conocidos constitucionalistas, también comentan favorablemente el control difuso de la constitucionalidad por parte del juez venezolano.

2. La deriva centralizadora de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
La Sala Constitucional ha tendido a leer el artículo 334 como un título habilitante para dirigir en exclusiva la justicia constitucional, al pretender en diversas sentencias someter el ejercicio del control difuso a mecanismos de consulta o de revisión, y ha ido construyendo una doctrina con vocación centralizadora que, como ha dicho Brewer-Carías, ha supuesto en los hechos la “desaparición” del control difuso de convencionalidad y el vaciamiento del control difuso de constitucionalidad.

No obstante, la propia Sala Constitucional en otros fallos ha admitido que todos los jueces –y también los árbitros– deben “[ … ] darle prevalencia a los principios y normas constitucionales [ … ]” sobre las normas legales contrarias, y que sus decisiones pueden ser luego revisadas por la Sala, a los efectos de la uniformidad de la jurisprudencia.

Como se observa, en esta justicia constitucional se ha dado una indebida tensión entre el control difuso y el control concentrado de la constitucionalidad, acentuada por la tendencia jurisprudencial de la Sala Constitucional a monopolizar la respuesta del juez frente a una inconstitucionalidad. Esa misma tensión, sin embargo, abre la puerta para que el juez ejerza el control difuso de constitucionalidad en los supuestos de aplicación de la amnistía.

3. La Ley de Amnistía: objeto, ámbito y “letra pequeña”
La Ley de Amnistía establece en su artículo 1 que su objeto es “[ … ] conceder una amnistía general y plena [ … ]” respecto de delitos y faltas cometidos “[ … ] en el marco de los hechos objeto de amnistía [ … ]” entre el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la ley; y en el artículo 2 precisa el ámbito material de la amnistía, refiriéndola a hechos vinculados con protestas, conflictos políticos, militares e institucionales ocurridos durante más de dos décadas.

Por su parte, en el artículo 7 dispone que “la amnistía objeto de esta Ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada [ … ]” por los delitos o faltas cometidos en ese marco, siempre que estén dentro de los hechos amnistiados; e introduce exclusiones significativas: los delitos que la Constitución declara imprescriptibles –violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra–, así como homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y delitos de corrupción, quedan fuera del beneficio.

El artículo 9 refuerza esta línea de exclusiones, al establecer de modo expreso que la amnistía no se aplicará a quienes hayan cometido los delitos imprescriptibles ni a quienes hayan “promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, facilitado, financiado o participado en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía e integridad territorial de la República por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras”.

Una interpretación concatenada de los artículos 7 y 9 produce así una amnistía general, aunque rodeada de un perímetro de exclusiones amplias, abiertas a interpretaciones tendenciosas por parte de las autoridades represoras y de los jueces que se prestan a colaborar en mantener entre rejas a los beneficiarios de la amnistía.

Desde la perspectiva constitucional, la cuestión no es solamente si determinados delitos pueden legítimamente ser excluidos de una amnistía, sino si la forma en que se fijan esas exclusiones y, sobre todo, si la manera en que se condiciona la operatividad del beneficio, son compatibles con el objeto mismo de la ley: ser un instrumento efectivo para la paz y de restablecimiento de la convivencia democrática.

4. El precedente arbitral: control difuso frente a prohibiciones legales

Un dato particularmente relevante para este debate es la sentencia de la Sala Constitucional en materia de arrendamientos comerciales y arbitraje a partir de un laudo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, en el que la árbitro única Irma Lovera De Sola desaplicó, por control difuso, el literal j del artículo 41 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, que prohibía de forma expresa el arbitraje en la materia.

Elevado el laudo en consulta, la Sala Constitucional, mediante la sentencia n.º 702 del 18 de octubre de 2018 declaró “conforme a derecho” la desaplicación por control difuso del literal j del artículo 41, lo que confirmó posteriormente en otra sentencia, la n.º 971 de 27 de julio de 2023, reconociendo que los árbitros actuaron como “[ … ] juez natural, imparcial, independiente y autónomo, conocedor del derecho, que debe velar [ … ] dándole prevalencia a los principios y normas constitucionales”.

De esta forma, la Sala Constitucional reconoció que el control difuso está abierto a todos los órganos que ejercen función jurisdiccional, incluidos los árbitros; y que la desaplicación de una norma legal por contrariar principios constitucionales puede ser declarada “conforme a derecho” por la propia Sala Constitucional, en su función revisora.

5. Amnistía condicionada y control difuso en el proceso penal

Con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley de Amnistía, un juez de control, de juicio o de ejecución se ha encontrado, como era de esperarse, ante innumerables solicitudes de aplicación de la amnistía presentadas por personas procesadas o condenadas por hechos que encajan material y temporalmente en el objeto definido por los artículos 1, 2 y 7.

Ahora bien, si al decidir sobre la procedencia de la amnistía, el juez opta por una interpretación restrictiva de la ley, puede apoyarse en el artículo 9 y otras disposiciones para sostener que, por supuestas vinculaciones del caso con delitos excluidos o con conductas calificadas como “acciones armadas contra la soberanía”, la amnistía no procede. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en el conocido caso de Perkins Rocha: el tinterillo judicial le ha negado la amnistía al vincularlo con delitos de terrorismo, conspiración con gobierno extranjero, asociación para delinquir y traición a la patria, según ha reseñado Versión Final (https://diarioversionfinal.com/politica-dinero/tribunal-niega-solicitud-de-amnistia-a-perkins-rocha/).

En tales escenarios, el juez no está frente a una simple cuestión de técnica procesal, sino ante un conflicto de normas: de un lado, la Constitución, que impone la supremacía de los derechos fundamentales, el principio pro homine, la tutela judicial efectiva y la interdicción de la arbitrariedad; de otro, una ley de amnistía cuyo objeto declarado es favorecer la convivencia democrática, pero que en su articulado injusta e ilegalmente puede generar exclusiones amplias y condicionamientos que vacían el beneficio.

Ello hace pensar que en la aplicación del control difuso de la constitucionalidad que exige que, si las condiciones o exclusiones interpretadas extensivamente resultan contrarias a la Constitución o al propio objeto de la ley, el juez, en el caso concreto, puede aplicar directamente la norma constitucional y la ratio de la amnistía, y desaplicar aquellos preceptos legales que, en la práctica, impiden el sobreseimiento de la causa en favor de quien materialmente encaja en el supuesto amnistiable.

En ese sentido, el control difuso de constitucionalidad, tal como fue concebido en la Constitución de 1999 y desarrollado por la doctrina, debe convertirse, en el contexto de la amnistía condicionada, en algo más que una técnica de interpretación: en un espacio donde el juez decide si se alinea sumisamente con la persecución política o si asume el mandato de preferir la Constitución para que la amnistía sea algo más que una declaración simbólica.

Vía UY.press

El Gobierno , a través del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, informa al pueblo de Cuba que, debido a la ruptura en la cadena de suministros externos de combustible y el agotamiento crítico de nuestras reservas internas, el país se encuentra en el umbral de la «Opción Cero».

Los análisis técnicos confirman que, de no materializarse un acuerdo de última hora o la llegada de un cargamento no previsto en las próximas horas, las reservas de combustible se agotarán irreversiblemente durante este fin de semana.

Ante la inminencia de este escenario, con una probabilidad de activación estimada en un 98%, nos vemos en la obligación de declarar el ESTADO DE PREPARACIÓN TOTAL. A partir de este momento, todo el territorio nacional debe asumir que el colapso energético es inminente.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LA POBLACIÓN?

La «Opción Cero» implica la paralización total de la vida nacional tal como la conocemos. No se trata de un «apagón» más; se trata de la suspensión total del suministro eléctrico por falta de combustible para las plantas generadoras, y la consecuente parálisis del transporte y la distribución.

A partir de las próximas horas:

EL TRANSPORTE: Quedará paralizado casi por completo. No habrá transporte urbano de pasajeros (guaguas) ni transporte nacional de larga distancia. Se exceptúan únicamente los vehículos de servicios críticos (ambulancias, bomberos, Fuerzas Armadas) que contarán con reservas estratégicas limitadas.
LA ELECTRICIDAD: El servicio eléctrico se interrumpirá de forma generalizada y durante largos períodos. La generación se limitará exclusivamente a hospitales, instalaciones médicas y puntos estratégicos de seguridad. Los hogares deben prepararse para estar sin fluido eléctrico las 24 horas del día, salvo micro-sistemas locales no dependientes de combustible.
EL AGUA: El bombeo de agua potable cesará o se verá severamente limitado. Es crucial que almacenen agua en todos los recipientes disponibles (bañeras, cubos, tanques) antes de que el sistema colapse por completo.
LOS ALIMENTOS: El sistema de racionamiento se endurecerá al máximo. La distribución de alimentos se priorizará para sectores estratégicos (hospitales, escuelas internas, centros de producción priorizada). Las cadenas de frío se perderán. Recomendamos a las familias hacer inventario de sus reservas domésticas y racionar su consumo desde ya.
LAS COMUNICACIONES: Las redes de telefonía fija y móvil, así como internet, podrían experimentar interrupciones prolongadas por falta de energía en las estaciones base. Aprovechen las próximas horas para comunicar a sus familiares sus planes de contingencia.

DIRECTIVAS INMEDIATAS PARA LA FAMILIA CUBANA:

· ALMACENE AGUA: Prioridad número uno. Llenar todo recipiente disponible.

· RESGUARDE ALIMENTOS: Conserve los alimentos no perecederos. Consuma primero los perecederos antes de que se dañen por falta de refrigeración.

· PREPARE ILUMINACIÓN: Linternas, velas, fósforos. Tengan extrema precaución para evitar incendios.

· MEDICAMENTOS: Asegure los medicamentos de uso crónico para personas de la tercera edad, niños y enfermos.

· SOLIDARIDAD: Organicen la cuadra, el edificio, el barrio. La unión vecinal y la vigilancia colectiva serán nuestra principal defensa.

· CUMPLA LAS ÓRDENES: Permanezca atento a los avisos de las autoridades en los medios oficiales y los puntos de mando de zona. El transporte y los recursos que quedarán serán únicamente para emergencias vitales.

NO SUBESTIMEN ESTA ADVERTENCIA. Los márgenes de maniobra son mínimos. Hemos llegado al límite de nuestras capacidades. Este fin de semana será decisivo para el destino inmediato de la nación.

La disciplina, la solidaridad y la firmeza revolucionaria serán las armas principales para enfrentar estos días. La Patria cuenta con cada uno de ustedes.

¡PREPARÉMONOS PARA LO MÁS DURO, CON LA CERTEZA DE QUE VENCEREMOS!

ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL

UyPress – Agencia Uruguaya de Noticias

La República Islámica de Irán confirmó el uso por primera vez en combate del misil balístico de combustible sólido Sejil contra objetivos militares en Israel, en un nuevo capítulo de la escalada bélica en Medio Oriente. El anuncio fue realizado por la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC), que calificó al proyectil como una pieza estratégica dentro de su arsenal.

El Sejil, de aproximadamente 20 metros de longitud, 23 toneladas de peso y alcance de hasta 2.000 kilómetros, se diferencia de otros misiles de combustible líquido por su capacidad de lanzamiento rápido desde plataformas móviles, lo que aumenta la sorpresa táctica y reduce los tiempos de preparación. Aunque había sido probado con éxito en 2009, nunca antes se había utilizado en un escenario real de combate.

Según información difundida por la agencia Mehr, el lanzamiento del Sejil se produjo en el marco de la 54.ª oleada de ataques de Irán, en la que también se emplearon otros misiles de largo alcance como Khorramshahr, capaces de portar ojivas de hasta 2 toneladas, además de los modelos Kheibar Shekan, Qadr y Emad. Los objetivos incluyeron centros de gestión aérea, instalaciones de la industria militar y concentraciones de tropas israelíes.

Antes del uso del Sejil, la IRGC ya había lanzado al menos diez misiles balísticos y drones contra centros de mando vinculados a Estados Unidos y otros objetivos estratégicos en la región. Algunos de estos ataques afectaron incluso a países vecinos, como los Emiratos Árabes Unidos, aumentando la preocupación por un posible desborde del conflicto más allá de las fronteras iraníes e israelíes.

El gobierno de Israel, a través del ministro de Exteriores Gideon Sa’ar, indicó que la respuesta militar continuará hasta neutralizar lo que definió como “amenazas existenciales” derivadas del programa de misiles iraní. El uso de ojivas del Sejil, con un peso de 500 a 1.000 kilos, elevó al máximo el estado de alerta de los sistemas de defensa aérea israelíes.

Analistas militares destacan que el empleo de misiles avanzados como el Sejil marca un salto cualitativo en el enfrentamiento, al combinar proyectiles de distintos alcances y capacidades destructivas. La posibilidad de lanzar estos misiles desde plataformas móviles dificulta su detección y complica la labor de los sistemas de defensa antimisiles.

Con esta maniobra, el Sejil se confirma como una de las piezas más estratégicas del arsenal de Teherán, complementando otros sistemas balísticos avanzados como Khorramshahr, Kheibar Shekan, Qadr y Emad, y aumentando significativamente la capacidad de proyección de poder de Irán en la región.

Por Alonso Moleiro en El País

La presencia de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la toma de posesión del presidente de Chile, José Antonio Kast, ha terminado de perfilar una estrategia internacional de alianzas con la derecha y la extrema derecha global. Machado, que ha sido aclamada como una heroína por la diáspora venezolana en Santiago de Chile esta semana, ha recibido las llaves de la ciudad y se ha convertido en protagonista permanente de noticias.

La opositora se ha sentido en familia en el entorno convocado por el presidente chileno, su nuevo aliado, cuyos actos protocolarios de asunción del cargo han servido para reunir a una parte importante del liderazgo conservador emergente de América Latina y de otras latitudes.

Además de Kast, la líder venezolana ha intercambiado complicidad y fotografías con dirigentes de Vox, el partido conservador español. Ha recibido un nuevo respaldo del presidente argentino, Javier Milei, su aliado político, y de la nueva mandataria costarricense, Laura Fernández. También ha departido con miembros del grupo parlamentario nacionalista y euroescéptico Patriotas por Europa. Ha conversado, además, con Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de prisión por sedición.

El propio Flavio Bolsonaro publicó una foto con Machado en su cuenta de X con un mensaje que resume el fervor que la líder venezolana despierta en esta generación de liderazgos de derecha: “La ganadora del Premio Nobel de la Paz es siempre una inspiración para nosotros, que luchamos contra los retrocesos y el autoritarismo de las izquierdas”.

“No se puede negar que muchos de estos partidos han respaldado, de forma entusiasta, la lucha que hoy lidera María Corina”, objeta el politólogo y escritor Miguel Martínez Meucci, académico de la Universidad Simón Bolívar, quien resta importancia a esta circunstancia y propone una revisión del vocablo “ultra” empleado para designar algunos de estos líderes. “La visión política de María Corina es la de un liberalismo clásico amplio, centrado en la defensa de los derechos individuales, la democracia liberal-representativa, la economía de mercado y un nivel óptimo de cooperación público-privada”.

Machado, una política de formación liberal muy inspirada en los valores estadounidenses, ya había inscrito desde hace tiempo su estrategia de proyección internacional dentro del campo del pensamiento conservador. Lo ha hecho de forma categórica, sin fisuras. Durante muchos años, y a lo largo de sucesivas administraciones, ha sido una de las interlocutoras privilegiadas de Washington en los temas relacionados con Venezuela.

La dirigente opositora mantiene importantes vínculos con políticos del Partido Republicano, con el movimiento MAGA y con el liderazgo de Donald Trump en Estados Unidos. Antes del ataque militar a Irán —uno de los aliados más importantes del régimen chavista en estas décadas— la dirigente venezolana sostuvo conversaciones sobre alianzas estratégicas de mediano y largo plazo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con su canciller conservador, Gideon Saar. Algunas de estas posiciones han generado rechazo en Europa.

“No ubico a María Corina dentro de los confines del pensamiento conservador global actual; no creo que esa sea necesariamente su marca ideológica”, afirma Francisco Suniaga, politólogo y escritor. “Las circunstancias imponen a los aliados en muchas ocasiones”, razona. “La izquierda global le ha regateado muchas cosas a la causa de la democracia venezolana, y a María Corina en particular, y la oposición venezolana ha buscado el apoyo de todo el mundo: de los dos grandes partidos españoles, de Estados Unidos, de América Latina, de Europa”, añade. Para Suniaga, la causa de la democracia en Venezuela no puede negarse ningún apoyo. “Es algo que no se puede permitir. Recibir ese y otros apoyos me parece lógico, político y racional”, afirma.

Vía Miami Herald

Varios líderes religiosos del sur de Florida reaccionaron con cautela y esperanza al anuncio de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. Mientras expresan el deseo de que el diálogo mejore la vida de los cubanos en la isla, también subrayan la necesidad de que el régimen cubano rinda cuentas por décadas de represión.

El obispo retirado Leo Frade, quien encabezó la Diócesis Episcopal del Sudeste de Florida durante 15 años, afirmó que no le sorprendió el anuncio realizado por el gobernante cubano Miguel Díaz‑Canel sobre negociaciones con Washington.

Frade considera que la crisis interna en Cuba explica el nuevo acercamiento. Según dijo, la situación económica y social del país se ha deteriorado gravemente después de que el presidente estadounidense Donald Trump impulsara medidas para cortar los suministros de petróleo provenientes de Venezuela y México.

“El país está en una situación desesperada”, señaló el obispo de 83 años, nacido en La Habana. “Cuando intentan encender la luz, no hay luz”.

Frade recordó que el contexto actual es muy diferente al que existía durante la apertura diplomática impulsada por el expresidente Barack Obama, cuando Cuba todavía contaba con el respaldo económico de Venezuela y Rusia.

“Durante Obama hicimos algo, pero ellos no hicieron nada”, afirmó. “Ahora la realidad es distinta”.

El religioso también evocó su propia historia con la isla. En 1980 organizó siete vuelos desde el puerto de Mariel hacia Estados Unidos que trasladaron a más de 800 ex presos políticos cubanos.

Esperanza, pero con cautela

Otros sacerdotes del sur de Florida coincidieron en que las conversaciones podrían representar una oportunidad para mejorar la vida del pueblo cubano.

El vicario Eliosbel Pereira Almaguer, de la Ermita de la Caridad en Miami —santuario dedicado a la patrona de Cuba— dijo que su comunidad reza para que las negociaciones generen cambios positivos para quienes han sufrido décadas de opresión.

“Eso es lo que deseamos y por eso rezamos”, expresó.

Sin embargo, el reverendo Alberto Cutié, rector de la iglesia episcopal San Benito en Plantation y ex sacerdote católico, advirtió que cualquier acercamiento debe incluir mecanismos de responsabilidad para las autoridades cubanas.

“Muchas personas no quieren escuchar sobre diálogo con dictadores”, dijo. “Pero cuando los líderes pueden ser responsabilizados por sus acciones, la conversación es distinta”.

Cutié conoce de cerca la represión del régimen. Su padre fue encarcelado dos veces como preso político en Cuba en los años sesenta, pese a no haber realizado actividades contrarrevolucionarias.

Una comunidad diversa

El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, señaló que dentro de la comunidad cubanoamericana no existe una sola postura sobre el futuro de Cuba.

“No hay una sola opinión en Miami”, explicó. “La comunidad cubana es muy diversa y su visión depende mucho del momento en que dejaron la isla. Incluso hay generaciones que ya nacieron en Estados Unidos”.

Wenski, quien ha visitado Cuba en varias ocasiones durante las últimas tres décadas, destacó que la comunicación entre ambos países es importante, especialmente en momentos de crisis humanitaria. La arquidiócesis de Miami, por ejemplo, ayudó a enviar asistencia a la isla tras el paso del huracán Melissa en 2025.

Mientras tanto, sacerdotes como Cutié aseguran que continuarán incluyendo a Cuba en sus oraciones.

“Más que en un sermón”, dijo, “en nuestros momentos de oración siempre mencionamos a Cuba, Venezuela y a cualquier país donde la gente esté sufriendo”.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que perseguirá sin descanso al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para acabar con su vida.

La amenaza coincidió con el lanzamiento de la 52ª oleada de ataques iraníes contra sectores industriales en Israel y fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, según anunció la Guardia Revolucionaria, que no especificó de qué país se trataba.

Estados Unidos, Israel e Irán han bombardeado a diario al país persa, que ha respondido con ataques a instalaciones estadounidenses y energéticas en la región, y con el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La clave: La Guardia Revolucionaria advierte que continuará persiguiendo a Netanyahu para acabar con su vida, en el marco de una escalada de ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos.

¿Por qué está sonando?: El anuncio llega en medio de la 52ª ola de ataques iraníes y de una historia de ataques y represalias que se extiende por la región, con Irán respondiendo a bombardeos y manteniendo el bloqueo de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz. Esto sugiere una intensificación de la confrontación y un aumento del riesgo de expansión de la violencia hacia otros blancos y sectores.

Las citas destacadas:

«Perseguiría sin descanso» al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para acabar con su vida – Reportes de Sepah News
«Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida» – Sepah News

En perspectiva:

La escalada de amenazas y ataques indica un ciclo de hostilidades entre Irán y sus adversarios que podría intensificarse, aumentando el riesgo de ataques directos y de impactos en instalaciones y rutas energéticas.
La muerte de varios altos cargos iraníes el 28 de febrero y la mención de un “día de inicio del conflicto” sugieren una reorganización o intensificación de las capacidades y respuestas iraníes en el frente militar.

Las cifras de esta historia:

1.230 muertos — según la última cifra oficial reportada el jueves 5 —, señalando la magnitud humana de la escalada.

Lo que viene: Se espera una mayor escalada de ataques y contramedidas entre Irán, Israel y Estados Unidos en la región.

EFE

Por Benigno Alarcón

La pregunta que se hace todo venezolano es una sola: ¿cuándo habrá elecciones? Y aunque la mayoría hubiésemos preferido que se reconociera el resultado del 28 de julio de 2024 —fruto de una gesta ciudadana inolvidable—, asumimos el reto de repetir esa victoria comprendiendo que es el precio de una transición que, por razones que podemos compartir o no, se gerencia desde afuera porque no pudimos lograrla desde adentro.

Pero la pregunta por la fecha, con ser urgente, es insuficiente si no se acompaña de otra más profunda: ¿hasta cuándo permanecerá abierta la ventana de oportunidad que se abrió el 3 de enero? La historia de las transiciones en el mundo —pero también la de los múltiples intentos fallidos de negociar un cambio en Venezuela— nos advierte que lo que parece subordinación incondicional del régimen en lo económico puede ser exactamente lo que siempre ha sido: una táctica dilatoria para ganar tiempo y evitar el cambio político, tal como Jorge Rodríguez lo logró en cada proceso de negociación anterior.

Los hechos hablan por sí solos. Chevron y Shell negocian los primeros grandes contratos desde la captura de Maduro. El secretario de Energía de Estados Unidos proyecta un aumento de producción de 30-40% este año. Se restablecieron relaciones diplomáticas. Trump elogió a Delcy Rodríguez diciendo que “está haciendo un gran trabajo”. Y sin embargo, no existe un solo compromiso verificable sobre el calendario electoral que forma parte de la tercera etapa del plan de transición presentado por Marco Rubio al Congreso.

Mientras tanto, la Misión de la ONU documentó esta semana que las estructuras represivas siguen operativas, con 87 nuevas detenciones desde enero, y que la Ley de Amnistía excluye a centenares de presos políticos. El régimen anuncia más de 7.700 “libertades plenas”, pero la mayoría corresponde a personas que ya estaban en libertad con medidas cautelares. Foro Penal registra más de 500 detenidos por motivos políticos.

Esta coexistencia de apertura económica y cierre político no es una contradicción. Es una estrategia. Y tiene precedentes cuyo desenlace debería alarmar a quien los conozca.

En Egipto, tras la caída de Mubarak en 2011, el ejército prometió transición y permitió elecciones, pero nunca desmanteló su control sobre la economía ni las instituciones. Cuando el presidente electo intentó gobernar con autonomía, los militares dieron un golpe, convocaron comicios bajo sus reglas y construyeron un régimen más represivo que el anterior. La comunidad internacional lo aceptó porque Egipto ofrecía estabilidad. La normalización se tragó la democracia.

En Myanmar, la junta militar abrió el sistema en 2010: liberó a la líder opositora, atrajo inversión, fue celebrada dentro y fuera del país. Occidente levantó sanciones, las empresas llegaron. Pero cuando unas elecciones amenazaron el poder real del ejército en 2021, simplemente revirtieron toda la apertura con un golpe. Las sanciones tuvieron que reimponerse, pero la ventana ya se había cerrado.

La lección es inequívoca: cuando la presión externa se agota en normalización económica sin haber asegurado hitos políticos verificables, la transición no se congela. Se pierde. Chile ofrece el contraste exacto. Bajo presión internacional, Pinochet convocó un plebiscito en 1988. La oposición, en vez de rechazar el mecanismo, se unificó y ganó. La diferencia decisiva fue que la presión estaba canalizada hacia un hito concreto con fecha y condiciones: La elección presidencial de 1989.

El reloj que nadie menciona

Las elecciones de medio término en Estados Unidos, en noviembre de 2026, son la variable más importante del proceso venezolano y la más subestimada. Si la administración Trump pierde el legislativo —como es muy probable que ocurra—, o si la atención presidencial se desplaza hacia otros frentes que demanden mayor compromiso, la capacidad de Washington para presionar al gobierno de Rodríguez se reducirá drásticamente. Y los Rodríguez lo saben. Toda su estrategia responde a un solo cálculo: ganar tiempo. Vivir un día más, un día a la vez, como los enfermos terminales que se aferran no al futuro sino a la próxima hora.

Si ese cálculo les funciona, las consecuencias no serían un simple regreso al punto de partida. Serían peores. Un régimen que sobrevive a una intervención militar extranjera y a la mayor presión internacional de su historia regresaría fortalecido en lo que algunos llaman el “mito de invencibilidad”: la percepción de que al chavismo no se le puede derrotar. Lo que seguiría es predecible y devastador: represión sistemática contra quienes apoyaron la intervención o a la oposición democrática, persecución judicial y política a escala sin precedentes, y un giro geopolítico hacia China, Rusia e Irán, que estarían más que dispuestos a llenar el vacío que deja Washington. Un nuevo éxodo masivo de venezolanos que pierden toda esperanza de cambio. Y la consolidación de un eje autoritario en el hemisferio con capacidad de proyección sobre el Caribe y la frontera colombiana.

Lo que falta

Hay que decirlo con claridad: Venezuela y la comunidad internacional tienen hoy algo que rara vez se encuentra en las transiciones: una líder con legitimidad democrática abrumadora, con una visión liberal y de mercado afín a los valores de Estados Unidos y de las democracias occidentales, y la capacidad demostrada de ganar una elección limpia de manera contundente. Desperdiciar esa alineación por haber invertido el tiempo en priorizar contratos petroleros (que podrían firmarse después con mayores garantías de estabilidad) sobre la democracia sería un error estratégico difícil de revertir que Washington lamentaría durante décadas, y uno de los mayores fracasos internacionales de la administración Trump y de la gestión de Marco Rubio, quien hasta ahora ha demostrado un firme compromiso con la democracia en Venezuela.

La oposición democrática debe convertir la pregunta genérica de “¿cuándo habrá elecciones?” en un benchmark concreto e innegociable: reforma del CNE, observación internacional plena, habilitación de todos los candidatos, cronograma electoral en el primer semestre de este año, y elecciones libres antes de que termine 2026. Sin ese referente verificable, la narrativa de “Venezuela está mejorando” solo abona en favor de quienes controlan las instituciones —hoy vistos como protegidos de Washington que, “por ahora”, cultivan la relación y apuestan a ganar por default.

Las ventanas de oportunidad no se cierran con un portazo. Se cierran con un lento deslizamiento: un contrato aquí, una licencia allá, la postergación del regreso de Machado por razones de seguridad, la estabilidad primero, entre otras excusas. Venezuela tiene hoy lo que Egipto tuvo en 2012, lo que Myanmar tuvo en 2015 y lo que Chile tuvo en 1987: una oportunidad real pero con fecha de vencimiento. La diferencia entre una transición exitosa y una frustrada no radica en si la oportunidad existe, sino en si los actores —y en especial Estados Unidos— serán capaces de gerenciarla antes de que se agote.

Venezuela no puede darse el lujo de descubrirlo demasiado tarde.

Vía Bloomberg

Las autoridades venezolanas analizan la posibilidad de anular la ciudadanía otorgada al empresario colombiano Alex Saab, una decisión podría abrir la puerta a su eventual extradición a Estados Unidos, donde enfrenta investigaciones judiciales. Además, podría convertirse en un testigo clave en procesos relacionados con el entorno del gobierno de Nicolás Maduro, según reportó la agencia Bloomberg.

De acuerdo con ese medio, el gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez evalúa mecanismos legales que permitirían revocar la nacionalidad venezolana concedida a Saab en años anteriores. Por lo tanto, la medida sería considerada un paso determinante para eliminar obstáculos jurídicos que dificultan una posible entrega del empresario a las autoridades estadounidenses.

Saab, considerado durante años un aliado cercano de Maduro y quien llegó a ocupar el cargo de ministro de Industria, quedó detenido a comienzos de febrero en Caracas. Esto ocurrió poco después de quedar destituido de su puesto.

Desde entonces permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas. Además, versiones citadas por Bloomberg señalan que se encontraría recluido al menos parcialmente en el centro de detención de El Helicoide.

¿Qué se sabe de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos?

El caso cobra especial relevancia para Washington porque Saab es visto por fiscales estadounidenses como una figura clave dentro de las redes financieras vinculadas al chavismo. Asimismo, su eventual testimonio podría aportar información relevante en el proceso judicial que enfrenta Maduro en Estados Unidos.

Maduro quedó detenido a inicios de enero junto con su esposa, Cilia Flores, en el complejo militar Fuerte Tiuna. Posteriormente lo trasladaron a un centro de reclusión en Brooklyn, Nueva York. Ambos enfrentan cargos federales en territorio estadounidense, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Unas acusaciones que sus defensores han rechazado.

Paralelamente, fiscales federales en Miami habrían obtenido recientemente una nueva acusación formal de un gran jurado contra Saab. Esto indicaría que las autoridades estadounidenses preparan el terreno para una eventual transferencia del empresario a ese país.

Aunque los detalles de esa acusación no se han divulgado públicamente, fuentes citadas por Bloomberg señalan que a Saab ya lo estarían investigando previamente por su presunto papel en la gestión de recursos derivados de un programa gubernamental de intercambio de alimentos por petróleo. Ese programa fue impulsado por el gobierno venezolano.

Hasta ahora, la administración de Rodríguez no ha ofrecido información oficial sobre los cargos específicos que enfrenta Saab dentro de Venezuela. Tampoco ha informado sobre el avance de las evaluaciones legales relacionadas con su ciudadanía.

Vía Wall Street Journal

Tras retirarse de la petrolera estadounidense, Ali Moshiri advirtió al gobierno de Trump que se enfrentaría a un atolladero si intentaba reemplazar a Maduro con la oposición democrática.

En los meses previos a que el presidente Donald Trump decidiera capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, la Agencia Central de Inteligencia recurrió a un viejo conocido en busca de consejo sobre quién debería reemplazar al autocrático líder de izquierda

El exejecutivo de Chevron, Ali Moshiri, dijo a la agencia que si el gobierno de Estados Unidos intentaba destituir a todo el régimen de Maduro e instalar a la oposición democrática liderada por María Corina Machado, podría terminar enfrentando otro atolladero como el de Irak, según personas familiarizadas con el asunto.

Ella no tenía el apoyo de los servicios de seguridad del país ni el control de su infraestructura petrolera, argumentó Moshiri.

Su recomendación: por ahora mantenerse con otra autócrata de izquierda, la vicepresidenta y gestora económica de larga data de Maduro, Delcy Rodríguez.

La opción fue posteriormente presentada a Trump en una evaluación secreta de la CIA.

Horas después de que comandos estadounidenses sacaran a Maduro de su complejo fuertemente fortificado, Trump repitió esa misma idea. Dijo que sería “muy difícil” que Machado asumiera el poder.

“Ella no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país”, afirmó.

La mano oculta de Moshiri en el espionaje de Washington —revelada aquí por primera vez— ofrece una ventana a cómo Trump adoptó el pragmático manual de la industria energética para tratar con regímenes autocráticos.

También marca un giro dramático para las perspectivas de Chevron en Venezuela, donde la decisión de la empresa de mantenerse invertida durante décadas de turbulencia política ahora la deja con una ventaja estratégica cuando el petróleo comienza nuevamente a fluir.

En un comunicado, Chevron dijo que “entre la primavera de 2025 y la salida de Maduro, la compañía no autorizó a nadie que trabajara para o en nombre de Chevron a interactuar con la CIA en relación con el liderazgo de Venezuela, incluyendo evaluaciones de funcionarios del gobierno u opositores”.

Añadió que la empresa no tenía conocimiento previo de la salida de Maduro y que no coordinó ni promovió ese hecho. Chevron también afirmó que “no tiene una relación comercial con Ali Moshiri —ni formal ni informal—”.

Moshiri, quien dejó la compañía en 2017 y finalizó su relación de consultoría con Chevron en 2024, se negó a hablar sobre cualquier contacto con la CIA, diciendo:
“Sabes que no puedo revelar nada de eso”.

En una entrevista, reconoció abiertamente haber compartido con Washington su escepticismo sobre la oposición venezolana, la misma postura que expresa en público.

“La oposición venezolana cree que queremos reconstruir todo desde cero, que necesitamos deshacernos de todo esto”, dijo Moshiri. “Y ese es el modelo de Afganistán e Irak”.

No es inusual que empresarios estadounidenses que viajan con frecuencia al extranjero informen a la CIA sobre sus interacciones con funcionarios de gobiernos extranjeros.

En respuesta a preguntas detalladas de The Wall Street Journal, la portavoz de la CIA, Liz Lyons, dijo:

“Esta historia es fantasiosa y se basa en afirmaciones falsas, no verificadas y anónimas”.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que Chevron no desempeñó ningún papel en la operación que removió a Maduro, la cual —según afirmó— fue “el resultado de una planificación meticulosa en los niveles más altos de la administración, informada por inteligencia detallada y ejecutada de manera impecable por el Departamento de Justicia y el Departamento de Guerra”.

Las opiniones de Moshiri fueron solo una parte del panorama de inteligencia que el gobierno estadounidense recopilaba sobre Venezuela. Ese panorama incluía vigilancia electrónica, un equipo encubierto de la CIA desplegado secretamente en el terreno y una fuente dentro del círculo íntimo de Maduro, informó previamente el Journal.

Funcionarios estadounidenses ya estaban familiarizados con la carrera de Rodríguez y entendían que potencialmente estaría dispuesta a mantener una relación de trabajo, dijo un funcionario de la administración.

Aun así, como jefe durante muchos años de la producción petrolera de Chevron en Venezuela, Moshiri tenía un acceso sin precedentes a los círculos más altos del poder en el régimen, incluido el fallecido presidente Hugo Chávez, quien lo llamaba “querido amigo”.

En un momento en que la agencia tenía poca experiencia propia en el país sudamericano y buscaba desviar recursos del contraterrorismo para cubrir ese vacío, dependió en parte de Moshiri y de otros que habían trabajado para Chevron para vigilar la situación política.

Ahora, Chevron está preparada para desempeñar un papel clave en el desarrollo de las reservas petroleras de Venezuela, que según algunas estimaciones son las mayores del mundo.

Es la única gran petrolera estadounidense posicionada para aumentar rápidamente la producción allí y ha dicho que busca incrementar su producción venezolana hasta en un 50 % en los próximos 18 a 24 meses.

El potencial beneficio valida la estrategia de años de la empresa de quedarse mientras sus rivales se retiraban, una gran victoria para el director ejecutivo Mike Wirth.

“Durante más de un siglo, la presencia de Chevron en Venezuela se ha centrado en producir energía de manera segura, apoyar el empleo y contribuir a la estabilidad económica que beneficia tanto al pueblo venezolano como a la seguridad energética de Estados Unidos”, dijo la empresa.

“Ese historial no debe reinterpretarse para sugerir motivos o acciones inconsistentes con la historia, valores o conducta de Chevron”.

Sobre el terreno, la administración Trump se está beneficiando de la extensa red de Chevron.

La empresa acompañó al secretario de Energía Chris Wright durante su visita el mes pasado, según una copia de su agenda.

Representantes de Chevron entregaron equipos de protección personal a la delegación en su hotel en Caracas, transportaron al grupo de prensa que acompañaba a Wright por el país en vehículos blindados y recibieron al grupo en sus operaciones en Morichal.

“Todos los viajeros deben vestir overoles y botas de Chevron”, señalaba la agenda.

Mientras tanto, Moshiri está ofreciendo asesoría sobre el nuevo liderazgo de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), mientras su Amos Fund busca recaudar 3.000 millones de dólares para proyectos petroleros en Venezuela.

Conociendo al dictador

Durante su tiempo en Chevron, Ali Moshiri logró algo que pocos capitalistas estadounidenses consiguieron: que Hugo Chávez, el ardiente socialista que utilizó la riqueza petrolera de Venezuela para desafiar a Estados Unidos, confiara en él.

Ayudaba el hecho de que Moshiri no era originalmente estadounidense. Creció en Irán, fue a Oklahoma para obtener un título en ingeniería petrolera y se unió a Chevron justo después de terminar sus estudios de posgrado en 1978.

Se casó con una mujer que conoció en Venezuela, aprendió español y desarrolló un acento peculiar que parecía mezclar los múltiples idiomas que hablaba.

Sus asociados lo describen como un hombre que se enorgullece de ayudar a su patria adoptiva estadounidense, pero también de hacer favores que luego puede cobrar.

Moshiri suele vestir trajes de diseñador y gafas de montura gruesa que descansan bajo una ondulada cabellera gris peinada hacia atrás.

Ha pasado su carrera viajando a regiones lejanas y a veces peligrosas para Chevron —Angola, México, Colombia— navegando regímenes de distintas ideologías políticas.

Habla con un tono autocrítico sobre cómo tolera prácticamente a cualquiera, señalando con una sonrisa irónica que sus propios hijos son socialistas… hasta que piden volar en avión privado.

Moshiri asumió las operaciones de Chevron en América Latina en un momento en que la presencia de la empresa en Venezuela se había convertido en un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Funcionarios estadounidenses querían garantizar acceso confiable al crudo en el hemisferio occidental frente a la inestabilidad en Medio Oriente.

Condoleezza Rice, quien se convirtió en asesora de seguridad nacional del presidente George W. Bush y luego en secretaria de Estado, había sido miembro durante mucho tiempo de la junta directiva de Chevron.

La compañía incluso había nombrado uno de sus petroleros en su honor.

A medida que la presencia de Chevron en Venezuela consolidaba su importancia estratégica para Estados Unidos, los contactos de Moshiri con el líder del país resultaron cruciales.

A comienzos de los años 2000, Moshiri contó al Journal que acompañó a Chávez a visitar el sitio de un puerto de aguas profundas planificado en el noreste de Venezuela para introducir gas offshore al país.

Los ejecutivos de PdVSA mostraron un modelo de cómo se vería el puerto y dijeron que se construiría en 18 meses.

Moshiri, que había notado durante el trayecto que los árboles caídos al borde de la carretera aún tenían hojas verdes, se mostró escéptico.

“Acaban de cortar los árboles para que usted pudiera entrar aquí”, le dijo a Chávez.

“Nunca van a terminar esto en ese plazo”.

Moshiri comenzó a visitar con frecuencia la oficina de Chávez cuando los asistentes llamaban con preguntas, esperando al presidente —habitualmente tardío— para ofrecer su opinión sobre la industria petrolera, incluido el despilfarro y el robo que afectaban los proyectos de desarrollo venezolanos.

Chávez siguió algunos de sus consejos.

Cuando Colombia, liderada por Álvaro Uribe, un ícono de la derecha latinoamericana, se resistía a vender a Venezuela el gas natural que Chevron extraía allí, Moshiri encontró la forma de cerrar la brecha.

Con Chávez y Uribe presentes en una conferencia regional en Colombia, Moshiri instó a Chávez a decirle a Uribe que Venezuela construiría un gasoducto.

De lo contrario —dijo— Uribe no aceptaría el acuerdo.

Chávez se lo dijo en el acto y firmaron el acuerdo.

La CIA también tomó nota de las conexiones de Moshiri.

Según personas familiarizadas con el asunto, desde los días de Chávez ha proporcionado información sobre los líderes venezolanos a la agencia, con la aprobación de los más altos ejecutivos de Chevron.

Un portavoz de Chevron dijo:
“No tenemos conocimiento sobre la validez de las afirmaciones hechas por fuentes anónimas acerca de conversaciones que pueden o no haber ocurrido hace casi dos décadas”.

Cuando Chávez comenzó a nacionalizar los campos petroleros en 2006, aumentando drásticamente los impuestos y reescribiendo contratos para convertir a PdVSA en el operador y propietario mayoritario de la mayoría de los proyectos, Exxon Mobil y otras firmas occidentales abandonaron el país y demandaron por los miles de millones de dólares en activos y equipos que dejaron atrás.

Moshiri defendió que Chevron se quedara, diciendo a los ejecutivos que algún día el acceso al petróleo venezolano sería valioso.

Una vez le dijo a un colega:
“Sabes que invertir en Venezuela es arriesgado, pero es más arriesgado invertir en Chile”.

Chile —señaló— no tiene petróleo.

Para algunos colegas, el optimismo de Moshiri también podía interpretarse como ingenuidad.

A medida que los precios del petróleo caían y PdVSA se convertía en una caja chica para los proyectos favoritos de Chávez —incluida la venta de pollos—, la producción petrolera se desplomó.

Las operaciones se deterioraron.

Moshiri inyectó más dinero de Chevron en proyectos con PdVSA para obtener retornos modestos.

Tras la muerte de Chávez en 2013, Moshiri profundizó su relación con Delcy Rodríguez, una acólita de Chávez que se convirtió en una figura central en un régimen que destruyó la economía del país.

Solo dos meses después, Moshiri llevó a Chevron a firmar un acuerdo de préstamo por 2.000 millones de dólares con PdVSA, diciendo en ese momento al Journal que la empresa seguiría trabajando con la estatal petrolera porque creía que Venezuela aún tenía enormes recursos por explotar.

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