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DBuford

Vía ABC

Evanan Romero, asesor involucrado en contactos con Repsol y otras petroleras para reactivar la Faja del Orinoco, es arrestado sin cargos claros en Maracaibo mientras la Casa Blanca impulsa inversiones energéticas tras la captura de Maduro

El régimen en Venezuela ha detenido a uno de los expertos petroleros más respetados del país y ciudadano estadounidense, en un caso que genera nuevos señalamientos de persecución política y abre un nuevo foco de tensión entre los sectores técnicos del crudo venezolano, la oposición democrática y el poder que encabeza Delcy Rodríguez en la nueva etapa tras la captura de Nicolás Maduro, tutelada directamente por la Casa Blanca.

Evanan Romero, de 86 años, consultor con décadas de experiencia en la industria energética venezolana y nacionalizado estadounidense, fue arrestado el viernes en Maracaibo cuando intentaba viajar a Caracas para cumplir una agenda de reuniones con empresas petroleras internacionales. Su detención se produce en un momento crítico para el sector, con Washington presionando para reactivar la producción y atraer inversión extranjera.

Romero atendió a ABC desde una clínica privada en Maracaibo, a través del teléfono de un familiar, mientras custodios permanecían en una sala contigua. «Aquí estoy desde el viernes», relató. Explicó que fue detenido sin previo aviso y sin que sus abogados fueran notificados de cargos formales. Aseguró que la orden «apareció en la computadora» cuando intentó abordar un vuelo interno hacia Caracas.

Había llegado días antes a Venezuela desde Panamá, con escala en Colombia, para visitar a un hermano y trasladarse después a la capital. Aunque posee doble nacionalidad venezolana y estadounidense y entra al país con pasaporte norteamericano, pese a que los que posean la nacionalidad del país sudamericano están obligados a entrar y salir de este con el documento de Venezuela, aunque en el trayecto interno utilizaba la cédula venezolana. ABC ha visto copia del pasaporte estadounidense con el que ingresó en Venezuela días antes de su detención. Al presentarse en el aeropuerto con su pasabordo, fue llamado por megafonía y apartado por funcionarios. «Este señor no puede viajar», le dijeron tras procesar su identificación.

Fue retenido por una delegación policial y agentes de Interpol en el propio aeropuerto. Pasó la primera noche en una oficina de Interpol en Maracaibo. Al día siguiente, dada su edad y su situación médica acreditada, las autoridades aceptaron que permaneciera en una clínica privada, cuyos gastos asume él mismo, en lugar de en un calabozo. Permanece bajo vigilancia permanente. Le retiraron el teléfono y no puede utilizar ordenador, lo que le impidió participar en las reuniones previstas.

Un antiguo litigio administrativo

Romero sostiene que nunca fue notificado de procedimiento alguno. Afirma que el caso estaría vinculado a un antiguo litigio administrativo relacionado con una inversión empresarial familiar. Según su versión, el conflicto fue resuelto en el Tribunal Supremo de Justicia a su favor, pero el antiguo socio tendría vínculos con el fiscal general, Tarek William Saab. Romero interpreta la actuación como una medida de carácter político y asegura que incluso se habría activado una alerta roja, aunque dice que nunca le apareció impedimento alguno en viajes previos a Estados Unidos o Europa.

La primera comparecencia ante un tribunal de control en Maracaibo se celebró el sábado sin decisión definitiva. La audiencia fue pospuesta y, según le han indicado, deberá volver a disposición judicial el miércoles por la mañana. Hasta ahora, asegura, no se le han leído formalmente los cargos.

La relevancia del detenido trasciende su caso personal. Romero fue uno de los fundadores de INTEVEP, el centro de investigación y desarrollo de PDVSA, y ocupó la vicepresidencia ejecutiva en los años en que la industria venezolana operaba con estándares internacionales. Entre 1996 y 1999 fue viceministro de Energía y Minas y miembro de la directiva de la petrolera estatal durante la llamada Apertura, el proceso que permitió la entrada de capital extranjero en el sector.

Desde su salida del país ha trabajado como consultor en Houston y ha mantenido interlocución con empresas y analistas energéticos en Estados Unidos y Europa. En los últimos meses su nombre ha aparecido en medios estadounidenses especializados como uno de los consultores implicados en contactos preliminares entre la Administración Trump y grandes petroleras como Exxon y ConocoPhillips para explorar un eventual regreso a Venezuela en un escenario post-Maduro. En esas conversaciones se habría debatido la compensación por activos expropiados y la posible asignación de nuevos bloques.

Romero forma parte además de un comité de alrededor de 400 ex técnicos y ex directivos de PDVSA que desde hace un año trabajan en propuestas para la reconstrucción institucional y operativa de la industria bajo un nuevo gobierno. Ese grupo debate desde el modelo de gobernanza de la petrolera estatal hasta el grado de apertura al capital privado internacional.

Su agenda en Caracas encajaba en ese contexto. Tenía previsto reunirse con la dirección local de Repsol y participar en una videoconferencia con la cúpula de Reliance en India para discutir el posible retorno a bloques de la Faja del Orinoco. También contemplaba encuentros con otros inversionistas interesados en la fase de estabilización energética que, según su entorno, se estaría coordinando desde Washington tras la captura de Maduro.

La detención se produce pocos días después de la visita a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en un momento en que la Casa Blanca ha intensificado su presión para la liberación de presos políticos y ha reiterado que la reconstrucción del sector petrolero dependerá de garantías jurídicas y políticas claras. El presidente Trump ha defendido públicamente que las grandes compañías estadounidenses deberían invertir miles de millones para reparar la infraestructura deteriorada y recuperar la producción.

En ese marco, el arresto de una figura técnica de alto perfil introduce un elemento adicional de incertidumbre política, entre advertencias de la Casa Blanca. No afecta solo a un consultor de 86 años con problemas médicos. Interrumpe la interlocución entre sectores de la oposición, potenciales inversores extranjeros y una Administración estadounidense que busca reactivar el flujo de crudo venezolano hacia refinerías del Golfo.

La decisión que adopte el tribunal en las próximas horas será leída, dentro y fuera del país, como un indicador del margen real para una transición ordenada y para el retorno de capital internacional al principal activo económico de Venezuela.

La red social X, antes conocida como Twitter, logró restablecer su servicio este lunes, tras una caída que había afectado a usuarios en Estados Unidos, España, Colombia y otros países.

La interrupción, que duró aproximadamente una hora, impidió la carga normal de publicaciones en la aplicación móvil y la versión web.

Durante el periodo de inactividad, Downdetector registró miles de reportes de usuarios afectados, incluyendo casi 4.000 en España y más de 40.000 en Estados Unidos. Además, el chatbot de inteligencia artificial Grok, desarrollado por xAI, también dejó de funcionar temporalmente, generando alertas entre quienes dependen de estas herramientas para interacción digital.

Con el servicio ya recuperado, los usuarios han podido retomar sus actividades en la plataforma sin inconvenientes.

Aunque X no ha emitido comentarios oficiales sobre las causas de la caída, la rápida recuperación demuestra la capacidad de la red social para restablecer sus operaciones y minimizar el impacto en su comunidad tecnológica global.

Vía Infobae

El avance de líderes y discursos de derecha en América Latina marca una tendencia impulsada por el temor a la inseguridad, con un respaldo popular notable incluso hacia figuras identificadas con la “mano dura” y propuestas de endurecimiento policial, según un análisis de Financial Times. Esta tendencia se vio reforzada por la captura del narcodictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, que contó con un amplio apoyo popular en toda la región: un 60% de la ciudadanía se mostró a favor del operativo de los Estados Unidos en Caracas, de acuerdo a una encuesta de AtlasIntel.

A contracorriente de la narrativa tradicional regional, expertos y sondeos muestran que el combate al delito ahora reconfigura el mapa político, arrastrando a candidatos de derecha e izquierda a endurecer sus posiciones mientras la criminalidad echa raíces en la propia política.

El ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador ha motivado a precandidatos y mandatarios de la región a adoptar políticas similares. Su política de encarcelamiento masivo revirtió el elevado índice de homicidios, dotando de legitimidad a su modelo. El Salvador pasó de ser uno de los países más inseguros del mundo a uno de los más seguros de América LatinaFinancial Times detalla que presidentes como Javier Milei en Argentina y el chileno electo José Antonio Kast se inspiran directa o indirectamente en la gestión del líder salvadoreño.

Según datos de Ipsos, el 55% de los latinoamericanos citan la delincuencia y violencia como su mayor inquietud, frente al 34% promedio mundial; en Chile ese porcentaje sube al 62%. Kast logró una arrolladora victoria sobre una candidata comunista enfocando su campaña en promesas para fortalecer fronteras y combatir la migración irregular y las bandas criminales, plan inspirado en parte por su visita a la mega-cárcel Cecot de El Salvador, inaugurada por Bukele y con capacidad para 40.000 internos.

En Costa Rica, país históricamente ajeno a la militarización, el mandatario saliente Rodrigo Chaves lanzó junto a Bukele el proyecto de una cárcel de máxima seguridad valuada en $35 millones de dólares (alrededor de 32,3 millones de euros) para 5.100 reclusos. Laura Fernández, favorita para sucederlo, promete un enfoque aún más estricto contra el crimen organizado.

Seguridad, prioridad electoral e impacto sobre los movimientos políticos

La percepción de inseguridad trasciende fronteras y reordena la agenda pública en países como Perú y Argentina, históricamente más preocupados por sus crisis económicas. Un sondeo de D’Alessio Irol señala que dos tercios de los argentinos ubican la violencia como prioridad desde diciembre pasado. Milei enmarca la seguridad como parte central de su “batalla cultural” contra el peronismo, responsabilizando a dicho movimiento de “convertir este país en un baño de sangre”.

En PerúRafael López Aliaga, favorito para las presidenciales de abril, promete cadena perpetua para delitos graves y califica la situación como “terrorismo urbano”. Solo en los primeros nueve meses de 2025 se han registrado 20.705 casos de extorsión, un aumento del 29% respecto a 2024, mientras que los asesinatos alcanzaron su máximo histórico desde 2017, con 2.213 víctimas.

Colombia y la carrera electoral hacia el endurecimiento

Abelardo de la Espriella, abogado y candidato de la derecha dura, domina la escena preelectoral colombiana tras prometer combatir al “comunismo” y al crimen con “puño de hierro”. Según la encuestadora Gad3, lidera las preferencias conservadoras con el 22%. De la Espriella declara: “La paz solo puede lograrse por la fuerza de las armas y la ley”.

Frente a él se perfila el senador izquierdista Iván Cepeda, aspirante respaldado por el presidente Gustavo Petro. Pese a que de la Espriella defendió como abogado a Alex Saab, cercano al régimen venezolano, sus seguidores no parecen contrariados. En palabras del ex policía Jorge Sarmiento, “es el único que puede evitar que el país se hunda”.

Expertos como Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, advierten que ningún candidato ha presentado planes sólidos para abordar la inseguridad, predominando “un instinto de mano dura más que propuestas fundamentadas”.

El modelo Bukele y sus límites: la excepción brasileña

El “efecto Bukele” ha permeado también a gobiernos de izquierda, como México y Uruguay, cuyos presidentes Claudia Sheinbaum y Yamandú Orsi han endurecido su discurso y acciones frente al delito. Sheinbaum revirtió la política de “abrazos, no balazos” y ejecuta deportaciones, detenciones y confiscaciones récord. Orsi llegó a citar a Bukele como “el ejemplo a estudiar”, justificando que la seguridad es un derecho fundamental.

No obstante, Brasil podría marcar una excepción relevante en octubre próximo, advierte Christopher da Cunha Bueno Garman de la consultora Eurasia, ya que a la preocupación por el delito se suma el peso de la pobreza y la salud pública. El presidente Lula da Silva, con una aprobación del 46%, aparece como moderado favorito mientras la oposición derechista busca recomponerse tras la inhabilitación de Jair Bolsonaro.

Garman señala que, aunque la percepción de inseguridad creció bajo Lula, los ingresos reales aumentaron entre 15 y 17% y el desempleo tocó mínimos históricos. Esto podría dificultar que Brasil repita el mismo giro conservador que otros países.

Violencia, política y el riesgo de la infiltración criminal

La normalización de la violencia como tema electoral produce efectos paradójicos: según Financial Times, en Río de Janeiro la policía mató a 420 civiles en los primeros once meses de 2025, 117 de ellos en un solo operativo antinarcóticos. El 43 % de los residentes dice haber presenciado un asalto armado en los tres meses previos. Pese a ello, la mayoría apoya a la policía, aunque analistas como Robert Muggah critican la falta de estrategias sostenidas y advierten que “las fuerzas de seguridad podrían ser responsables de casi un tercio de todas las muertes violentas en Río este año”.

El fenómeno es doble: el crimen no solo aumenta su presencia en el día a día, sino que se infiltra en la política. En México, la consultora Integralia documentó 37 asesinatos de candidatos antes de las elecciones generales de 2024. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se vincula al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Por Mery Mogollón y Patrick J. McDonnell en Los Angeles Times

El presidente Trump ha prometido recuperar la otrora floreciente industria petrolera de Venezuela. Pero eso probablemente será un largo camino. Una visita a un centro petrolero otrora floreciente cerca del Lago de Maracaibo revela una infraestructura deteriorada, una economía quebrada y ex trabajadores petroleros sin trabajo.

Las bombas que trajeron prosperidad desde las profundidades de la corteza terrestre son hoy en su mayoría reliquias oxidadas de un pasado histórico.

Los edificios que albergaban a una orgullosa fuerza laboral son vandalizados, colonizados por ocupantes ilegales o tapiados con tablas .

Las escuelas, las clínicas, el campo de golf impecable —antiguas comodidades de una industria inundada de petrodólares— desaparecieron o están cubiertos de maleza.

“Nuestro mayor problema es la depresión y la ansiedad”, dice Manuel Polanco, de 74 años, exingeniero petrolero, cuyos recuerdos de los buenos tiempos solo resaltan un presente distópico. “Apenas sobrevivimos. Apenas tenemos lo suficiente para alimentarnos, para sobrevivir”.

Éste es el desolador panorama que se presenta hoy en la cuenca de Maracaibo, en Venezuela, que durante gran parte del siglo pasado fue una de las principales fuentes de petróleo del mundo.

Desde el ataque estadounidense del mes pasado y el arresto del presidente Nicolás Maduro y su esposa, el presidente Trump se ha comprometido a reconstruir el moribundo sector petrolero del país, a la vez que proporciona recursos y efectivo a Estados Unidos. Al este de Maracaibo se encuentra la Faja del Orinoco, que alberga los yacimientos petrolíferos comprobados más grandes del mundo, estimados en más de 300 mil millones de barriles.

Pero una reciente visita a la región de Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, puso de manifiesto los numerosos obstáculos. Un panorama desolador de pozos averiados, tuberías deterioradas y tanques de almacenamiento vacíos, entre otros indicadores del declive, da la bienvenida a los visitantes.

Los planes estadounidenses han generado considerable escepticismo en un país poco acostumbrado a las buenas noticias. Pero algunos veteranos de los yacimientos petrolíferos prevén un regreso a la época dorada.

“Me veo prosperando de nuevo”, dijo José Celestino García Petro, de 66 años y padre de ocho hijos, quien contó que nunca encontró un trabajo estable después de que el gobierno expropiara su empresa de mantenimiento de pozos hace años. “¡Resurgiendo de las cenizas!”

En su apogeo, en la década de 1970, Venezuela extraía diariamente unos 
3,5 millones de barriles . Miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la nación irradiaba riqueza y excesos, aunque esta se canalizaba principalmente hacia las élites nacionales y las compañías petroleras extranjeras, no hacia la mayoría empobrecida.

Pero la caída de los precios del crudo, la mala gestión gubernamental y las sanciones estadounidenses han dejado a la industria venezolana como una cáscara vacía de lo que fue en el pasado.

El año pasado, Venezuela logró extraer alrededor de un millón de barriles diarios, menos del 1% de la producción mundial. Aun así, el petróleo seguía siendo un salvavidas para una nación sumida en más de una década de agitación económica, política y social, marcada por la emigración masiva, la hiperinflación y una sensación de desesperación casi omnipresente.

El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, visitó Venezuela la semana pasada, se reunió con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, e incluso recorrió algunos yacimientos petrolíferos. Se jactó del «enorme progreso» en la reactivación de un negocio que ahora está bajo la administración estadounidense.

Lo que empaña las declaraciones optimistas es una dura realidad: según los expertos, probablemente se necesitará al menos una década (y quizás 200.000 millones de dólares o más) para restaurar la decrépita infraestructura de hidrocarburos del país.

Mucho depende de las grandes petroleras, pero algunos ejecutivos se muestran cautelosos. En una reunión en la Casa Blanca el mes pasado, el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, calificó a Venezuela de » imposible de invertir «.

A lo largo de las orillas surcadas de petróleo del Lago de Maracaibo —en realidad una enorme laguna costera, alimentada tanto por ríos de agua dulce como por el Caribe— los vestigios de una empresa otrora próspera se destacan como tótems de una civilización pasada.

A lo largo de la costa se extiende una desolada extensión de detritos: bombas desgastadas, torres de perforación tambaleantes, grúas desviadas y oleoductos envejecidos. Grandes cantidades de petróleo salpican la costa. La contaminación ha devastado las otrora abundantes reservas de peces y cangrejos.

“Le pido a Dios todos los días que las cosas mejoren”, dijo Joel José León Santo, de 53 años, quien una mañana reciente preparaba su bote pesquero con tres colegas. “Pero hasta ahora no hemos visto ninguna mejora. La comida es más cara. La comida de mañana depende de la pesca de hoy”.

No hay una cifra oficial, pero los observadores de la industria estiman que hay menos de 2.000 pozos en funcionamiento en una región donde viven unos 12.000.

“Aquí todo está mal, paralizado”, dijo Mari Camacho, de 45 años, quien, con su familia, se encuentra entre quienes ocupan ilegalmente una serie de casas abandonadas en el pueblo de El Güere, flanqueado por manglares a lo largo de la costa oriental del Lago de Maracaibo.

Una fábrica de ladrillos que antes servía a productores de petróleo cerró hace mucho tiempo. Sus cuatro hijos se fueron a Colombia, parte del éxodo histórico del país.

Su casa está sobre un mar de petróleo, pero Camacho dice que lleva seis años sin electricidad, desde que se fundió un transformador. Nadie lo arregló. Los rumores de que los dueños legales de sus casas planean reclamar su propiedad la alarman a ella y a sus vecinos.

“No sé a dónde iría”, dijo.

A unos 16 kilómetros al sur se encuentra la sofocante ciudad de Cabimas, un lugar emblemático en la narrativa petrolera venezolana. Ahora es una metrópolis destartalada, aparentemente perdida en el tiempo, donde los residentes se sientan en los porches a observar el avance inestable de los autos que circulan por calles llenas de baches.

“Todas las grandes empresas que existían antes estaban vinculadas a la industria petrolera”, dijo Hollister Quintero, de 32 años, originario de Cabimas, cuyos abuelos trabajaron para petroleras extranjeras durante la época dorada de la industria. “Ahora, solo hay desolación”.

Quintero, quien carecía de los recursos para terminar la universidad, lucha por sobrevivir como productor audiovisual independiente. También cuida de sus padres ancianos, cuyas pensiones públicas ascienden al equivalente a dos dólares al mes.

La mayoría de los jóvenes se van de la ciudad, dijo Quintero, mientras que los que se quedan encuentran trabajo en el sector informal. Una opción común, aunque poco lucrativa, es repartir comida en bicicleta o motocicleta.

“Simplemente no hay muchas oportunidades”, dijo.

Durante siglos, los alrededores del Lago de Maracaibo fueron conocidos por la filtración natural de petróleo que subía a la superficie desde la roca sedimentaria, un fenómeno que también se observa en sitios como los Pozos de Alquitrán de La Brea en Los Ángeles. Los indígenas y los colonos españoles utilizaban esta sustancia viscosa con fines medicinales y para impermeabilizar embarcaciones.

Pero el comienzo de la era del petróleo a mediados del siglo XIX y principios del XX y el atractivo del oro negro atrajeron a una nueva multitud: buscadores de oro y cazadores de fortuna de Estados Unidos y Europa, atraídos por un lugar hasta entonces conocido por el café, el cacao y el ganado.

Fue aquí, en Cabimas, donde hace más de un siglo un acertado Barroso II inició un boom.

El 14 de diciembre de 1922, el suelo tembló en Cabimas, pero no fue un terremoto. Barroso II, gestionada por Royal Dutch Shell, comenzó a escupir al cielo unos 100.000 barriles diarios.

“De repente, con un rugido, el petróleo brotó del pozo en un chorro que se elevó 200 pies por encima de la torre de perforación y se extendió en el aire como el paraguas de un titán”, escribió Orlando Méndez, un historiador petrolero venezolano, en un artículo de 2022 para la Asociación Estadounidense de Geólogos del Petróleo, con motivo del centenario de la explosión.

“Los aldeanos salieron en masa de sus casas”, escribió Méndez. “El petróleo los roció en un torrente de gotas negras de lluvia. … Solo los más valientes caminaron vacilantes hacia el pozo. Extendieron las manos y el líquido oscuro y pegajoso les salpicó las palmas. ‘¡ Petróleo !’, gritaron todos.”

El chorro no cedió durante nueve días.

El desbordamiento del pozo marcó el comienzo de una bonanza. Se prestó poca atención a la catástrofe ambiental del Lago de Maracaibo, destino de gran parte del crudo que se escapaba.

Los exploradores que recorrían la orilla del lago pronto descubrieron otros yacimientos aún más productivos. A finales de la década de 1920, Venezuela se había convertido en el mayor exportador de petróleo del mundo.

“Maracaibo estaba llena de extranjeros ansiosos, pues cada barco que llegaba allí descargaba un ejército de trabajadores petroleros”, escribió Méndez.

En las décadas siguientes, Venezuela atravesó un ciclo de auge y caída, pero a fines de la década de 1990 volvió a producir niveles cercanos a un récord de 3 millones de barriles por día.

Con el aumento de los ingresos, el difunto presidente Hugo Chávez, un populista de izquierda, despilfarró dinero en efectivo entre las masas venezolanas, excluidas durante mucho tiempo de la bonanza petrolera. Una huelga general apoyada por la oposición en 2002-2003 llevó a Chávez a despedir a casi 20.000 empleados de la petrolera estatal.

Años después, Chávez nacionalizó decenas de compañías petroleras, incluidas algunas estadounidenses. Las expropiaciones, junto con los despidos, consolidaron el control estatal del sector petrolero y, según los expertos, privaron al país de experiencia e inversión, causando daños duraderos.

Chávez falleció en 2013. Los precios internacionales del petróleo pronto se desplomaron, una mala noticia para su sucesor, Maduro. Las sanciones estadounidenses impuestas durante el primer mandato de Trump agravaron la crisis. La mayoría de los trabajadores petroleros despedidos nunca recuperaron sus empleos.

“Nos estigmatizaron, nos quitaron los beneficios y nos negaron la oportunidad de trabajar en Venezuela”, dijo Polanco, el ingeniero petrolero.

Tras su despido, Polanco dijo que encontró trabajo en Colombia, Ecuador y México, pero luego regresó a Cabimas. Tiene un hijo en Estados Unidos y otro en México.

Él y otros ex trabajadores petroleros expresaron un optimismo cauteloso respecto del ambicioso plan de reactivación de Trump.

“Me encantaría volver a la industria petrolera y que fuera como hace 22 años”, dijo Michelle Bello, de 51 años, padre de cinco hijos, quien contó que él y sus cuatro hermanos fueron expulsados ​​de la petrolera estatal durante la purga. “Hay que dejar la política de lado”.

Quintero, el joven emprendedor, también ve con buenos ojos que su ciudad natal pueda volver a su famosa época de prosperidad. Pero se muestra escéptico.

“Claro que espero que Cabimas renazca como un centro petrolero”, dijo Quintero. “Este es un lugar con mucha historia y cultura. Pero la triste realidad es esta: ahora somos un pueblo fantasma”.

El corresponsal especial Mogollón informó desde Cabimas y el redactor del Times McDonnell desde la Ciudad de México .

Por Mireya Rodriguez

Para comprender la situación venezolana, no alcanzan las categorías políticas habituales. No estamos frente al desmontaje de una dictadura convencional ni ante un simple Estado fallido susceptible de correcciones graduales. No todos saben que durante 26 años se consolidó en el país una estructura donde el poder público, el aparato coercitivo y una economía ilícita de alcance global se coludieron para operar de manera integrada para asegurar sus propósitos criminales. Desde ese punto de partida, estas diez preguntas intentan explicar -desde un enfoque de resolución de conflictos- qué está ocurriendo en Venezuela y por qué la discusión sobre elecciones, aunque necesaria, resulta insuficiente si no se entiende primero la naturaleza del régimen.

1. ¿Por qué las categorías tradicionales resultan insuficientes para describir el momento actual? Porque la realidad venezolana combina dinámicas que normalmente se analizan por separado. Por un lado, persisten las estructuras de poder internas que sostuvieron al régimen de Maduro y lo siguen haciendo luego de su extracción, ya que conservan el control territorial, los organismos de represión y los flujos ilegales que sostienen a economía. Al mismo tiempo, se vive una situación de tutela efectiva ejercida por la Administración Trump, interesados en estabilizar variables críticas y reducir riesgos regionales. En paralelo, tenemos un liderazgo político fuera del país que trabaja en la construcción de alianzas y de legitimidad para una etapa de reconstrucción democrática. La interacción de estos tres niveles produce un escenario inédito que no encaja con las nociones tradicionales de transiciónpolítica.

2. ¿Cómo operan las estructuras de poder post Maduro? Salvo la presencia de maduro y su mujer, buena parte del aparato administrativo y coercitivo que se consolidó en 26 añosmantiene su capacidad de gestión en la vida cotidiana del país. Esas redes no desaparecen de inmediato: preservan información, vínculos territoriales y mecanismos de financiamiento y buscan a todo precio mantenerse como engranajes de continuidad. Para desmontar el entramado, es necesario contar con recursos superiores en cantidad y calidad, como es el caso de la presencia de EEUU cuya estrategia de tutelaje ha priorizado la destrucción de la actividad del narcotráfico en el Caribe como via para cortar el flujo de dinero que sostiene al régimen y a sus grupos criminales.

3. ¿En esta etapa, por qué las elecciones no pueden ser posibles? Porque votar no desmantela estructuras armadas, financieras ni judiciales que permanecen intactas al día siguiente del evento electoral. Sin control territorial unificado, sin garantías de seguridad y sin ruptura de cadenas de mando criminales, la competencia política ocurrirá dentro de límites fijados por quienes conservan la coerción. La historia comparada muestra que en esas condiciones el sistema tiende a reciclarse para permanecer (son sistemas adaptativos complejos, como dice la analista Maibort Petit)

4. ¿Quién ejerce realmente la soberanía dentro del territorio? El Estado venezolano no existe como lo conocemos. No posee el control del territorio, al encontrarse dividido entre componentes militares, organizaciones parapoliciales, redes de contrabando, grupos guerrilleros irregulares extranjeros, apoyados por y dispositivos de inteligencia aliados extranjeros, como Cuba, Rusia, China e Irá., Tampoco tiene monopolio de la violencia y un tercio de su población se vio expulsada para sobrevivir. Asi, los componentes de un estado moderno se encuentran fragmentados. El resultado es un mapa de poderes superpuestos donde la autoridad legal delegó su poder institucional y lo puso al servicio de estos actores. Por ello, recuperar soberanía implica desmontar esa pluralidad armada y reconstruir jerarquías legítimas de un Estado moderno.

5. ¿Dónde ha residido el corazón de la estabilidad del régimen? En la capacidad de financiar lealtades. El narcotráfico, la minería ilegal, el manejo discrecional de divisas y la captura de empresas estratégicas han permitido sostener estas alianzas internas y externas. Por ello, la estrategia de Trump atacó de manera directa la presencia de estos actores, a fin de interrumpir que estos flujos sigan activos. Por eso el componente financiero del desmontaje es tan determinante como el electoral, en su momento.

6. ¿Era inevitable algún tipo de negociación con los actores que hoy siguen en el poder? El realismo indica que sí, porque controlan territorio, recursos y armas. Sin embargo, es necesario establecer una línea divisoria nítida: una interlocución para facilitar la salida no significa legitimación para mantenerse en el poder. Hay que advertir que cuando quienes administraron la estructura criminal mantienen protagonismo u obtienen capacidad de veto, el resultado podría ser una adaptación cosmética del mismo sistema, bajo nuevos nombres. Es un riesgo de la propuesta de Trump (véase caso de Siria).

7. ¿Qué papel están jugando actualmente los Estados Unidos? La política de Washington ha evolucionado desde la presión diplomática hacia un enfoque agresivo y estructural que combina instrumentos legales, financieros, energéticos y de inteligencia. Durante años se construyó un andamiaje jurídico para perseguir delitos transnacionales vinculados a autoridades venezolanas. En la etapa reciente se han desplegado movimientos que apuntan simultáneamente a estabilizar la economía y a desmontar parte del régimen: como los contactos de alto nivel impulsados por la administración de Donald Trump y Marco Rubio, mayor visibilidad de la CIA, gestiones diplomáticas para una eventual reapertura de embajada y misiones del Secretario of Energía, etc. Estos hechos configuran una tutela focalizada que busca condicionar palancas críticas mientras se reducen riesgos mayores, tendientes a la estabilización., tutela que esta siendo digerida por aquellos que durante 26 años hicieron del antiimperialismo su causa existencial.

8. ¿Cómo debe interpretarse la llegada de empresas norteamericanas al sector energético? No se trata solo de negocios. La presencia empresarial funciona como mecanismo de verificación, trazabilidad y anclaje institucional. Introduce estándares de cumplimiento, monitoreo internacional y vínculos contractuales que limitan márgenes para la opacidad. En paralelo, crea incentivos para la estabilización porque amplía el número de actores interesados en reglas previsibles.

No se trata únicamente de negocios. La presencia empresarial introduce prácticas de gobernanza corporativa, estándares de cumplimiento y mecanismos de trazabilidad financiera que conectan la operación local con sistemas regulatorios internacionales. Ese entramado limita márgenes de discrecionalidad y amplía el número de actores interesados en reglas más previsibles, lo cual puede favorecer dinámicas de estabilización.

9. ¿Dónde se ubica el liderazgo opositor en esta arquitectura? Figuras como María Corina Machado cumplen un rol crucial en la producción de legitimidad democrática y en la articulación del respaldo social a una salida que no reproduzca pactos de impunidad. Su fuerza no proviene del control coercitivo, sino de la capacidad de representar una expectativa ética y política de futuro. En un proceso de desmontaje, esa legitimidad será indispensable para que la tutela externa tenga horizonte de retiro y para que la ciudadanía identifique una verdadera reconstrucción nacional.

10. ¿Cuál sería una secuencia realista del cambio? La corporación que todavía gobierna buena parte de Venezuela necesitó más de un cuarto de siglo para consolidar su dominio sobre territorios, instituciones y economías. Desmontar ese entramado demandará tiempo, coordinación internacional y una lectura honesta de las capacidades disponibles. Tal como lo ha emprendido la administración Trump, primero deben debilitarse las fuentes de financiamiento ilegales y la protección de las redes criminales; en paralelo, avanzar en la recomposición del control territorial y en la generación de garantías básicas (que explica la presencia de una de las figuras claves del régimen como encargada de una presidencia ilegítima) asi como la reactivación inicial de la actividad petrolera, eje de la economía venezolana. Después será necesario reconstruir las instituciones y reorganizar las organizaciones políticas para que haya competencia electoral,sin que el resultado esté predeterminado por la amenaza y el fraude contumaz. Alterar ese orden podría producir un entusiasmo momentáneo, pero se corre el riesgo de que la estructura profunda mute para quedarse en el poder.

Por Alejandra Martinez Canchica

Hace seis semanas, Venezuela vivió uno de los momentos más trascendentales de su historia en lo que va de siglo: la extracción de Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra junto a su esposa, Cilia Flores, en una cárcel en Nueva York y ambos enfrentan la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y terrorismo. 

Lo que sigue a continuación son básicamente apuntes que hemos desarrollado a lo largo de estas turbulentas semanas con respecto al futuro inmediato de Venezuela. Sin lugar a duda, lo que engloba estas reflexiones es la necesidad de entender la situación venezolana y el momento que se abrió a partir del 3 de enero de 2026, desde lo que Isaiah Berlin llamaba “sentido de realidad”. 

Primero: salir de la negación y aceptar nuestro fracaso absoluto como proyecto de nación, el cual no es sino el fracaso de las élites dirigentes venezolanas de las últimas décadas. 

Estados Unidos ha intervenido en un conflicto asimétrico entre chavismo y oposición que tiene 27 años y en el que ninguna de las partes había podido imponer una solución unilateral dentro del país que partiera por la exclusión definitiva del otro de la vida nacional. Tuvo que llegar una potencia extranjera a ponernos en orden, y eso impone una realidad que todas las partes parecen negarse todavía a aceptar: por un lado, el chavismo se niega a aceptar que están intervenidos bajo tutela de Estados Unidos, y por el otro, la oposición se niega a aceptar que el poder no se lo dieron a ellos a pesar de contar con legitimidad electoral y con el respaldo internacional. 

El resultado de esa negación rotunda a aceptar la realidad, ha sido continuar en la inercia del conflicto, eso sí, siempre cuidándose de no tocar al hegemón del norte: así tenemos, por una parte, a la oposición encarnada en María Corina Machado que acusa de “normalizador” y de hacerle juego a la tiranía a todo el que reconozca a los órganos del Estado venezolano (sin importar que operen de facto) y que desaconseje ir inmediatamente a elecciones (lo cual es el plan de la Casa Blanca de “estabilización, recuperación y transición”), a pesar de que sabemos que todas estas iniciativas han sido solicitadas por los mismos Estados Unidos a las autoridades interinas. Y, por otra parte, para el chavismo remanente, cualquier persona que celebre las aperturas que lideran los Estados Unidos en Venezuela, es un traidor a la patria que debe seguir siendo proscrito de la vida política, aunque ellos sean los primeros “cachorros del imperio”, acaramelados con la administración Trump después de que los bombardearon sin piedad. 

La realidad es que en los días siguientes de la operación “Absolute Resolve”, los Estados Unidos prefieren, de momento, trabajar con los restos del régimen chavista y eso obliga a la oposición a esperar su turno en la banca. Chavismo y oposición están subordinadas a Donald Trump, y esta cruda realidad no parece gustarle a ninguno de los dos. Por eso, lo primero, es aceptarla sin dilaciones. 

Segundo: entender la decisión de Estados Unidos de optar por una “transición blanda” o “transición tutelada”. 

Sin poder anticiparnos a los acontecimientos del 3 de enero de 2026 con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, nuestro diagnóstico en la entrega anterior expresó la realidad del país que todavía persiste: una estructura estatal muy compleja de fracturar en la que sus componentes operan bajo una red de lealtades y espíritu de grupo, que mantienen la supervivencia del régimen y que no van a reconocer bajo ninguna circunstancia a un gobierno de la oposición, así éste tenga la legitimidad del voto popular. 

Los hechos del mismo 3 de enero y los días posteriores, lo confirmaron: el mismo día de la captura de Maduro en horas de la noche, la presidenta de la Sala Constitucional del TSJ, Tania de Amelio, ratificaba mediante una sentencia a Delcy Rodríguez como presidenta interina ante la figura sui generis de la “falta temporal forzosa” y el lunes 5 de enero en la mañana, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, junto al Alto Mando Militar, reconocía a Delcy Rodríguez como presidente (y por ende, comandante en jefe de las FFAA). Nos guste o no, ese reconocimiento a lo interno del régimen en cuestión de horas, no lo consiguieron María Corina Machado y Edmundo González en un año y medio presentando la verdad de las actas electorales ante el mundo. Allí confirmamos la pragmática decisión de la administración estadounidense de trabajar con el régimen ya que, a lo interno del país, ellos son los que tienen control del territorio y de la burocracia estatal. Por eso, hay que decirlo sin rodeos: la oposición carece de los medios materiales para imponerse unilateralmente en el país, lo cual les obliga a esperar hasta llegar a ser incluidos eventualmente en el proceso político que se adelante en estos momentos. Como siempre hemos dicho: tener la razón moral, no es poder. Y Trump va a trabajar con quien controla, no con quien tiene la razón o con quien sienta más afinidad de valores. 

Tercero: de aquí se deriva que hay un problema en confundir la democracia con “lo político”.

En estos momentos, lo político eterno, que opera bajo sus propios presupuestos y su propia lógica interna, se impone por sobre lo contingente: “el pueblo”, “la ley”, “lo justo”, “lo bueno”, “lo eficiente”, etc. Es lo que, en la ciencia política, se le llama autonomía de lo político. La verdad intolerable es que siempre, quienes gobiernan, son las minorías, y es con ellas (es decir, con las oligarquías[1]) con las que hay que negociar primero las aperturas al sistema, antes que pensar en la legitimidad mayoritaria del próximo gobierno. Tenemos que entender que antes de apuntar a elecciones, lo primero es fundar un orden que todas las partes en pugna respeten y acaten. Y ahora, que tanto Delcy Rodríguez como María Corina Machado tienen el mismo jefe, es probable que se logre algo en ese sentido, pero para ello se requiere tiempo, e incluso mucho más que “tragar sapos”. De hecho, es probable que ambas partes más bien sean obligadas a “amputarse un brazo”, es decir, renunciar al premio gordo, y Donald Trump ha demostrado ser un experto en eso (ver el caso de Zelenskyy en Ucrania). 

Recordemos que luego de la exitosa reunión entre María Corina Machado y Donald Trump a mediados de enero en la Casa Blanca, ambos quedaron en contacto, lo cual es positivo para la causa democrática venezolana en el futuro próximo. Tampoco hay que ignorar que, en su visita a Venezuela, el Secretario de Energía Chris Wright afirmó que la propuesta de Machado de celebrar elecciones en 9 ó 10 meses, “es realista”

Pero también hay que traer a colación que en días recientes Delcy Rodríguez expresó que está en constante comunicación con el Secretario de Estado, Marco Rubio, y por si fuera poco, afirmó que fue invitada a los Estados Unidos. Es decir, ya que tanto Machado como Rodríguez responden al mismo centro de decisión externo, se abre la posibilidad de un orden mínimo tutelado, condición necesaria para el arreglo de poder posterior. 

Interesantemente, Machado expresó hace días que ella está dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez “si es necesario” para concretar una transición a la democracia. Y al planteársele la posibilidad de que María Corina Machado regrese al país, Rodríguez expresó que “tendrá que responder ante Venezuela (no necesariamente ante la «justicia» chavista), por haber pedido una intervención militar, pero nótese que fue lo suficientemente ambigua para dejar a la interpretación si la libertad y la seguridad de la Premio Nobel de la Paz estarían comprometidas una vez llegue a territorio venezolano. Sobre esto, seguirá habiendo tela que cortar en las próximas semanas y es preciso que estemos atentos al desarrollo de los acontecimientos.  

Cuarto: ¿Se trata de un cambio de régimen o cambio “en el régimen”? De momento, todo apunta a que es más de lo segundo. Lo cierto es que Trump cumplió su palabra de que no iba por un cambio de régimen en Venezuela. De hecho, es probable que estemos frente a una nueva doctrina de intervención en la que Venezuela es el globo de ensayo: usar la superioridad tecnológica-militar para luego trabajar con los propios regímenes descabezados, lo cual es mucho menos costoso y puede arrojar iguales beneficios que una invasión y luego una ocupación clásica que busque sostener a un gobierno títere afín a sus intereses[2]. De allí que estemos viendo un desmontaje de la política petrolera venezolana, por lo menos desde las últimas cinco décadas, y un alineamiento y tutelaje de la industria petrolera venezolana con los Estados Unidos como no se había visto por lo menos en los últimos 80 años. Sin embargo, a pesar de que el viraje económico es radical, la apuesta de Donald Trump sigue siendo bastante arriesgada: ¿Puede el chavismo cambiar su naturaleza? ¿De dilapidadores de riqueza crónicos, podrán mutar a un modelo económico capitalista y globalizado? Creemos que lo máximo tal vez será aspirar a una suerte de oligarquía extractiva “a la rusa”, lo suficientemente confiable para los intereses económicos de las petroleras estadounidenses, para que mejore mínimamente la situación económica y humanitaria, más lo cierto es que nunca llegarán a ser una élite realmente productiva. De momento el enfoque de la estrategia en Venezuela es estrictamente económico para recuperar la industria petrolera, para la cual, Trump ha dicho que se necesitan invertir, por lo menos, 100 mil millones de dólares. En ese sentido, recordemos que días después de la captura de Maduro, Trump invitó a la Casa Blanca a once empresas petroleras para convencerles de invertir en Venezuela. Una muestra de lo impredecible de su apuesta fue la reacción de la Exxon Mobil aduciendo que Venezuela es “uninvestable”, es decir, que no posee las condiciones para invertir, para disgusto de Trump, que incluso amenazó con dejarlos fuera del negocio . Lo cierto es que el mero voluntarismo político no es suficiente para mejorar las expectativas de los agentes económicos, que se mueven con certezas y de momento, el chavismo sigue sin ser percibido como un socio confiable. 

Otro cambio a lo interno del régimen es el lento auto-desmontaje de la represión. Con respecto a la liberación de los presos políticos, en estas seis semanas, han sido excarcelados por lo menos la mitad de los presos políticos que se tenían contabilizados a finales de 2025. Y en relación a la Ley de Amnistía aprobada en primera discusión en la AN, ha habido algunas modificaciones posteriores que se le han hecho al instrumento, tanto por recomendación de la Academia, de las organizaciones de DDHH y de la misma bancada de la oposición en la AN. Lo cierto es que la mayoría de los presos políticos de alto perfil, muchos del entorno de María Corina Machado, les han sido otorgadas medidas, pero aún quedan en encierro varios presos políticos emblemáticos y, a pesar de las promesas del gobierno encargado, las excarcelaciones se han hecho a cuentagotas y han sido condicionadas sin el otorgamiento de libertades plenas

Quinto: pareciera que estamos presenciando un “desenlace amorfo”, como se le llama en la sociología del conflicto a los epílogos de los enfrentamientos no bélicos. La “resolución absoluta”, es que absolutamente nadie ha quedado satisfecho con esa resolución. Por eso es importante preguntarse: ¿Qué NO ES una transición? A nuestro juicio, aún no estamos en una transición hacia la democracia. Pero tal y como está planteado el tablero en estos momentos, para enrumbarnos hacia ella, hay que aclarar que eso no implica una victoria total y unilateral sobre el enemigo, sino una coexistencia incómoda entre las partes. Implica unas garantías mínimas que aseguren la existencia política del otro, lo cual está bastante lejos de la perfección institucional. Si bien previo al 3E se decía mucho que de las dictaduras se sale como se puede y no como se quiere, lo mismo aplica a las transiciones: se logran como se puede y con lo que se tiene. Las transiciones siempre son imperfectas, insatisfactorias y anticlimáticas y precisamente por eso (porque todas las partes quedan amputadas: una que tiene las armas y el control interno del Estado pero que no tiene el apoyo de la gente ni el apoyo internacional, y la otra cuenta con exactamente lo opuesto), es que se logra establecer un equilibrio subóptimo para avanzar. Y de momento, lo único que nos está garantizando ese equilibrio para el avance, son los Estados Unidos y su amenaza, ya más que creíble, concreta. Por esa razón, esto que estamos viviendo desde el 3E no se parece a ninguno de los otros momentos que hayamos vivido antes, por lo menos desde que comenzó la pesadilla chavista en Venezuela. 

De todas formas, con todo lo espinoso e incierto, esto es lo más cerca que hemos estado de nuestra libertad en 27 años. Por eso es importante que miremos el bosque completo y no nos perdamos en las ramas porque si caemos en el inmediatismo democratista[3], reclamándoles a nuestro principal aliado, Estados Unidos y cuestionándoles su estrategia gradual, podemos perder lo que ya tenemos. Es el momento de pensar con cabeza fría. 

No arruinemos lo posible por querer lo perfecto. 


[1] En este punto, traemos a colación la llamada “ley de hierro de la oligarquía” y la “ley de Pareto del 80-20”. Los procesos políticos siempre operan con las minorías. Lo demás, aunque correcto desde el punto de vista moral, es poner la carreta delante de los caballos. 

[2] Luego del 3E en Venezuela, vemos el mismo modus operandi aplicándose en Cuba e Irán. Aunque Rubio afirmó que la situación de Irán es más compleja que la de Venezuela porque no se sabe “quien tomaría el poder”. 

[3] Démocratisme, cuya traducción al español en palabras de don Dalmacio Negro, sería una suerte de “democracia moral”, una moralización extrema e idealizada de la democracia, que termina negando lo político. 

Por Alejando G. Motta en La Razón

Fuertes rumores aseguran que el tecnócrata Óscar Pérez-Oliva Fraga se encuentra en conversaciones con la Casa Blanca para una posible transición hacia la democracia en Cuba

Después de 67 años de “revolución”, Cuba podría estar a las puertas de un cambio político. Lo ocurrido el 3 de enero en Venezuela con la extracción de Nicolás Maduro significó para los cubanos un duro golpe. A partir de esa fecha, tanto el presidente Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, están abocados a la caída del régimen cubano, aspirando a que haya un cambio de Gobierno durante este 2026.

La estabilidad de la revolución depende, en gran medida, de Venezuela. Rubio lo sabe bien. Antes de la captura de Maduro, el Gobierno bolivariano le enviaba entre 26,000 y 27,000 barriles diarios al presidente Miguel Díaz-Canel. A partir del 3 de enerouna de las primeras medidas que Delcy Rodríguez tuvo que asumir, por petición de la Casa Blanca, fue suspender totalmente el envío de petróleo a la isla. ¿Consecuencias? Cuba está sumida en una verdadera crisis energética y turística.

En primer lugar, la capacidad de generación eléctrica es muy inferior a la demanda nacional, lo que obliga a programar apagones largos y frecuentes que afectan a más de la mitad del país. La dependencia representa entre el 45% y el 50% del petróleo crudo y hasta el 97% de energías fósiles, como diésel y combustibles residuales. Así, lo energético resulta devastador para lo turístico, que en Cuba representa entre el 60% y el 80% del PIB, dependiendo de cómo se mida. Por ejemplo, Cuba ha agotado prácticamente su jet fuel (combustible de aviación), lo que ha forzado la suspensión de vuelos de aerolíneas internacionales por petición de los propios cubanos, que reconocen la inviabilidad en la prestación del servicio aeroportuario.

La estrategia de la administración Trump con respecto a los gobiernos autoritarios de América Latina se resume en su desmantelamiento desde lo interno. Los halcones republicanos, liderados por Rubio, han entendido que el empleo de la fuerza debe servir como punto de inflexión para el debilitamiento institucional —o lo que quede de él—; en ningún caso para mantener tropas en tierra que impliquen una ocupación militar. En otras palabras, buscan que los cambios se produzcan como consecuencia de la presión social y la falta de recursos que los sostienen. Así, la estrategia apunta a consolidar procesos de transición que permitan una estabilidad en el mediano y largo plazo.

Fuertes rumores aseguran que el tecnócrata Óscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino-nieto de Fidel y de Raúl Castro y actual viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, se encuentra en conversaciones con la Casa Blanca para una posible transición hacia la democracia en Cuba. ¿Ventajas sobre su perfil? Apenas cuenta con 54 años y es un cuadro discreto dentro del aparato. Los meses venideros confirmarán el rumor. Mientras tanto, queda claro que Trump y Rubio ya decidieron que debe ponerse punto final a una «revolución» calamitosa que le ha hecho un daño inconmensurable a los cubanos por casi siete décadas.

«Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», exclamó González en una publicación en redes sociales.

Los familiares que actualmente realizan una huelga de hambre que ya superó las 48 horas a las afueras de Zona 7, sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, estado Miranda, «representan a quienes, desde el 8 de enero, esperan fuera de las cárceles una respuesta que no llega».

González enfatizó que «no se necesita una ley para liberar a quien fue encarcelado injustamente. Se necesita la decisión de hacerlo, sin dilaciones».

El líder opositor, cuyo yerno fue excarcelado semanas atrás luego de un año detenido injustamente, criticó que «listas van y vienen. Pero no son listas, ¡caramba, son personas! Merecen el mismo respeto que cualquier padre, madre, hijo o hermano».

Por último, González aseguró que acompaña «a cada familia que hoy exige justicia. La liberación inmediata es un acto de respeto a la dignidad humana».

Según la ONG Foro Penal, hasta el momento se han contabilizado solo 444 excarcelaciones en Venezuela, donde más de 600 personas continúan privadas de su libertad por motivos políticos.

Por Luis Carlos Díaz

Estamos en 2026 y por primera vez en mucho tiempo los venezolanos podemos ver el final de la dictadura. La presión interna se ha intensificado: la ciudadanía pudo demostrar su victoria electoral de 2024, ha sostenido un proceso de resistencia cívica que incluso ha doblegado a sectores normalizadores del sistema, y ha construido redes de coordinación y confianza que son esenciales para cualquier cambio duradero. Paralelamente, una presión externa sin precedentes ha generado resultados concretos: la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes ahora enfrentan juicio por cargos asociados al narcotráfico ante tribunales internacionales. Todo ello se produce mientras sectores del chavismo aceptan negociar una salida bajo tutela internacional para iniciar en algún momento la transición democrática.

Sin embargo, no estamos fuera de peligro: el proceso de cambio está en marcha, pero sigue siendo frágil. La dictadura, aunque descabezada, aún no está desarticulada. La estructura represiva del Estado continúa operando, las instituciones clave siguen bajo control ilegítimo y las funciones básicas del poder permanecen cooptadas. Movimientos paramilitares, fuerzas de seguridad y aparatos de inteligencia todavía cometen detenciones arbitrarias, desapariciones y persecución política, aunque se disfracen de colectivos en vehículos sin identificación. El flujo de censura persiste y la maquinaria de extorsión a familiares de presos políticos, empresarios y ONGs sigue activa con el objetivo de fracturar y domesticar a la sociedad civil.

La victoria no será fácil ni inmediata. Pero llevamos años construyendo capacidades sociales, hemos tejido redes sostenibles y contamos con un objetivo claro que articula a amplios sectores de la sociedad: queremos ser libres y recuperar la democracia plena.

A partir de esto, y porque es mi cumpleaños, planteo 10 tareas fundamentales que tenemos por delante si queremos poner fin a la dictadura y construir un país libre y democrático:

  1. Ponerle nombre al monstruo de múltiples cabezas

La dictadura no termina porque Nicolás Maduro y Cilia Flores están en una cárcel federal en Nueva York. Ellos eran una pieza importante, sí, pero no eran el sistema entero. Eran los civiles designados para ocupar el centro visible de una maquinaria mucho más profunda.

El monstruo sigue teniendo cabezas: actores con órdenes de captura pendientes, redes vinculadas al narcotráfico, alianzas criminales con grupos armados, y responsables de crímenes de lesa humanidad entre los más graves documentados en el planeta. Crímenes que no prescriben. Crímenes que pueden ser juzgados en cortes nacionales e internacionales, sin importar cuánto tiempo pase.

Todo eso debe ser desmontado sin demora, porque mientras esas estructuras sobrevivan, el país seguirá sin condiciones reales de gobernabilidad, transparencia y Estado de derecho. Sin justicia no hay inversión sostenible, no hay crecimiento genuino y no hay democracia posible.

Hay que generarle dilemas al poder. Todos los dilemas posibles. Trabajar por la libertad que queremos y no por una celda más cómoda para algunos.

  1. Apoyar la lucha de los presos políticos

Los presos políticos son hoy los más vulnerables en el país. Son el núcleo de la política de terrorismo de Estado desarrollada por el chavismo, denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El régimen no solo los encierra: les niega tratamiento médico, comida digna, abogados y comunicación. Los mantiene en desaparición forzada. Los tortura. Los mata. Pero el daño no termina en la celda: se extiende como castigo colectivo hacia sus familias.

La tragedia de los presos es también usada como mensaje: esto le puede pasar a cualquiera que disienta. Y ese miedo es el combustible principal del poder fáctico que aún les queda. Lo usan para atemorizar a los que quieren un cambio y a los posibles actores que deseen romper filas con la revolución. Por eso es fundamental desmontarlo por completo. No parcialmente, no a largo plazo. Es la urgencia más importante porque se trata de desbaratar la máquina de impedir y desarmar a los secuestradores.

Hay que arrebatarles la capacidad de hacer daño. Diluir lo que quede de su poder represivo hasta que no puedan seguir sosteniendo el terror como forma de gobierno.

  1. No cooperar con la dictadura

Este punto es crucial: no caer en la tentación de participar en espacios de supuesto diálogo, reconstrucción o encuentro que en realidad sean mecanismos de domesticación. Las preguntas rectoras para ser parte de las invitaciones del poder son simples: “¿Esto le quita poder a la dictadura, o se lo devuelve? ¿Esto protege a las víctimas, o las pone en riesgo?”.

Por eso los inventos como una ley de amnistía mal planteada o una comisión de amigos de Delcy Rodríguez generan tanta sospecha. La primera porque revictimiza, excluye, condena a otros a seguir presos y convierte en co-carceleros a quienes la apoyen ciegamente. La segunda porque carece de legitimidad: no tiene mandato claro, no existe formalmente en Gaceta, su conformación es arbitraria, y participan actores vinculados a la extorsión y manipulación de familiares de presos políticos.

Hay que cuidarse del ego y de las trampas del poder. Cuando algunos actores de estos grupos llamaron a defensores de derechos humanos venezolanos, intentaron convencerlos con frases como: “Vas a ser parte de algo grande”. “Serás importante”. “Si no te sumas, no ayudas a liberar presos”.

No. Esa narrativa es una simple emboscada. Delcy necesita mostrar control. Necesita vender estabilidad y necesita apaciguar a la sociedad civil.
Con el crimen no se coopera. El diálogo es otra cosa, no simple buenismo ni disposición. Necesita reglas claras y condiciones. El encuentro, por tanto, no puede ser sinónimo de impunidad. Las premisas son sencillas: No se convalida el autoritarismo, ni sus fraudes, ni sus violaciones constitucionales.

  1. Seguir documentando y denunciando el horror

Todo lo que hemos visto en medios, informes de ONG, reportes de Naciones Unidas, la CIDH, la Corte Interamericana o la Corte Penal Internacional es valiosísimo. Pero no es todo.

Lo público es apenas una parte del océano de crímenes que todavía no hemos terminado de dimensionar. Miles de víctimas y testigos aún no han hablado. No han podido. No han sido escuchados y no sienten la confianza para hacerlo. Aún no han denunciado por completo lo que vivieron. Y este trabajo no puede frenarse.

Se necesita que más personas dentro y fuera del país se sumen, porque no solo hubo víctimas venezolanas: también hay centenares de extranjeros detenidos, torturados, desaparecidos e incomunicados en centros de reclusión clandestinos y oficiales. Seguimos descubriendo presos no contabilizados, casos invisibles, causas fabricadas con otros nombres, otras excusas, otras “películas” montadas, pero con el mismo objetivo: destruir vidas.

Documentar no es quedarse anclado en el pasado: es abrir el camino de la justicia. Es sanear las instituciones. Es hacer posible una transición real.

No compren la manipulación del “hay que pasar la página”, “hay que olvidar”, “hay que perdonar”. No se perdona lo que ni siquiera se ha esclarecido. El perdón, además, es personalísimo, no puede ser usado como chantaje para ahorrarse la justicia.

Todos tenemos derecho a saber qué pasó. Y después veremos cómo se procesa. Pero alerta: quienes piden silencio hoy, casi siempre lo hacen para tapar, anular y obligar a las víctimas a “tragar sapos”. Por eso falta tanto por hacer. Mucha gente tiene testimonios, documentos, grabaciones y pruebas de lo que ha pasado en casi tres décadas de crímenes.

  1. Promover la cooperación y la obtención de información

En un entorno de transición, con sectores del chavismo cooperando con organismos internacionales, con reacomodos internos y bajo vigilancia externa, se multiplican los incentivos para que más actores del aparato represivo, financiero, judicial y de seguridad decidan hablar.

Antes de que los quemen como fusibles, es clave que preserven información y la filtren hacia instancias capaces de procesarla con rigor. Los esquemas de corrupción son múltiples, pero muchos crímenes dejan rastro: órdenes, registros, cadenas de mando, trazabilidad. Esa evidencia será decisiva para la justicia y para el saneamiento institucional.

El chavismo ha intentado convencer a miles de personas en su aparato de que deben ser cómplices para sobrevivir. Les mienten con el mantra de siempre: “vendrán por todos”, “habrá venganza”, “si caemos, caen todos”.

Nada está más lejos de la realidad.

No todo el que trabajó dentro del Estado es narcotraficante. No todo funcionario es torturador. No todo el que estuvo cerca del poder es responsable de crímenes de lesa humanidad. Precisamente por eso, los quiebres que ya comenzaron deben profundizarse, y la preservación de pruebas será fundamental para separar responsabilidades, proteger a quienes cooperen y desmontar el aparato criminal.

  1. Denunciar a los facilitadores

Delcy y Jorge Rodríguez no operan solos. A su alrededor hay círculos concéntricos de facilitadores: blanqueadores, relacionistas públicos, operadores, intermediarios, aliados económicos y políticos que trabajan para prolongar el poder del régimen.

Hay empresarios que necesitan que exista una dictadura, porque solo sobreviven en un sistema de enchufes y captura de rentas. No soportarían competir en un país normal con algo de libre mercado. Su negocio es la crisis administrada con privilegios.

También hay actores que se disfrazan de sociedad civil, humanitarios, academia o mediación eclesial que responden a la agenda de los Rodríguez. Algunos están conectados a intereses internacionales (lobbies bonistas y de petroleras) que quieren extraer beneficios rápidos de una Venezuela devastada antes de cualquier saneamiento real o renegociación de deuda transparente.

El conflicto es asimétrico: esos lobbies tienen millones para comprar buena prensa, financiar eventos, producir papers, cooptar voces y fabricar relevancia. Pero denunciar a los facilitadores importa porque ayuda a que otros no caigan en la trampa. Porque revela quién está construyendo democracia y quién está construyendo una transición falsa, diseñada para reciclar el autoritarismo.

No es fácil. Es recuperar un país secuestrado.

  1. Crear nuevos referentes

Esto siempre es clave. Algunos actores relevantes en la opinión pública tiraron la toalla hace tiempo. Se agotaron. Se acomodaron. Se volvieron parte del paisaje. Hubo intelectuales que callaron cuando debían hablar. Analistas que no honraron la verdad, sino el sesgo de sus financistas. Expertos que vendieron mansedumbre como si fuera realismo político. Incluso hubo políticos que pactaron beneficios con el chavismo de espaldas a la gente y a eso lo llaman “política con p grande”.

Y el discurso de los agotados también agota. Eso también se acaba porque surgen más voces.

Por eso es urgente fortalecer una nueva galería de referentes: voces con coherencia, trabajo, ideas propias y capacidad de corregir. Referentes que no dependan de ser invitados a los espacios permitidos por los Rodríguez ni validados por los facilitadores del régimen.

Los medios cambiaron. Podemos tener nuevas firmas aunque no haya prensa tradicional. Podemos escuchar expertos distintos. Podemos promover discursos diversos en un entorno que durante años intentó reducir todo a dos opciones: la dictadura y la oposición autorizada por la dictadura.

Hemos llegado hasta aquí a través de la desobediencia, la creatividad y la construcción de nuevos canales de información. Eso no tiene por qué terminar ahora. Al contrario: este es el momento de expandirlo, integrar más personas y seguir caminando.

  1. Dedicar tiempo a celebrar

Cada centímetro avanzado no se debe a favores ni a la generosidad de la dictadura, sino al trabajo sostenido, creativo y valiente de miles de personas que presionaron, resistieron y se sostuvieron pese al miedo. Celebrar en este caso no es frivolidad, es reconocimiento. Cada preso excarcelado representa una victoria de lo que es justo sobre la arbitrariedad. Cada espacio ganado es fruto de mucha presión, organización y solidaridad.

La tristeza por los asesinados, el horror de quienes fuimos torturados y las heridas colectivas son inmensas. Pero reconocer lo que sí se conquista fortalece la esperanza y la capacidad de seguir adelante. La celebración es también un espacio de encuentro: nos recuerda que debemos seguir juntos, no fragmentados.

Más aún: celebrar es cuidarnos. Porque tenemos que estar listos para atender a quienes hoy salen de prisión sin recursos, sin red de apoyo, estigmatizados y sobreviviendo con miedo. La victoria no se celebra en burbujas. Se celebra compartiendo la esperanza, la esperanza la de todos, y construyendo un nuevo nosotros.

  1. Tener un gobierno a la sombra para la transición

Si queremos una transición duradera y eficaz, no se puede improvisar. Todo lo que debe ser reconstruido debe estar planificado desde ya. Existen planes para reconstruir la infraestructura, las leyes, las instituciones y la administración pública. El reto es profundizarlos, organizarlos y clarificar quiénes estarán a cargo de cada área en el momento en que la dictadura pierda su capacidad de resistencia. La transición entonces no puede depender de gestos simbólicos ni de ocurrencias improvisadas, sino de estructuras operativas probadas y articuladas desde ahora.

Un gobierno a la sombra, organizado, con mandatos claros y rendición de cuentas, podrá monitorear en tiempo real lo que el régimen intenta ocultar, articular respuestas inmediatas, preparar la implementación de las reformas indispensables y comunicar con transparencia a la sociedad.

Este gobierno paralelo no es una ficción burocrática: es un instrumento práctico para garantizar que la transición no se convierta en un vacío de poder ni en una captura por parte de quienes desean reciclar el autoritarismo.

  1. No ser la dictadura

Esto debe estar en la base de todo lo que viene. La reconstrucción no se limita a reparar lo que se rompió. Implica transformar profundamente nuestras instituciones, valores y prácticas políticas para que el autoritarismo, el populismo y la corrupción tantas veces exhibidos por el chavismo y sus aliados, nunca vuelvan a tomar fuerza.

La lección no puede quedar solo en el trauma porque a los traumas no se les puede confiar nada si no se han trabajado: el aprendizaje debe entrar en la memoria clara, expresada y compartida como advertencia histórica. Esto no se trata solo de documentar crímenes, sino también de entender sus causas, sus efectos y las condiciones que los hicieron posibles. Debemos enunciar claramente qué prácticas y discursos no pueden repetirse. Por eso no basta cerrar el Helicoide cuando hay presos en más de 90 centros de reclusión conocidos y se mantienen operativas las casas de tortura clandestinas. Es un sistema completo el que debe cambiar.

Hemos visto lo que pasa cuando el poder se organiza en torno a la mentira, el miedo y el uso instrumental del sufrimiento humano. Eso no debe volver a pasar. Una democracia sana exige transparencia real, no apariencias. Se necesita rendición de cuentas, no impunidad, instituciones fuertes, el fin de los consensos autoritarios y un pacto social que ubique los derechos de las personas por encima del poder de los grupos.

No ser la dictadura no es un slogan, es una práctica política diaria. Es construir mecanismos para evitar que las narrativas simplistas, las emociones manipuladas o los discursos de miedo vuelvan a dominar la vida pública.

Si logramos esto, no solo habremos derrotado una dictadura: habremos arraigado la idea de democracia real en el alma de la sociedad venezolana de este siglo.

El exparlamentario y defensor de derechos civiles cuestionó el desconocimiento técnico de la Asamblea Nacional sobre la Ley de Amnistía y criticó que se exija a los familiares información que el Estado ya debería poseer.

El abogado y defensor de derechos civiles calificó como un retroceso el proyecto de Ley de Amnistía discutido en la Asamblea Nacional (AN). Alertó específicamente sobre el Artículo 7, el cual pretende obligar a quienes se encuentran en el exterior a presentarse ante los mismos jueces de control que iniciaron su persecución.

A juicio del jurista, esto representa una violación flagrante al debido proceso establecido en el Art. 49 de la CRBV. «Es un proyecto al margen de los estándares internacionales, impregnado de resentimiento y alejado de la naturaleza etimológica de lo que debe ser una amnistía», señaló.

Indiferencia ante la crisis humanitaria

La denuncia también se centró en la «falta de sensibilidad» de la Junta Directiva de la AN frente a la situación de las madres que mantienen una huelga de hambre indefinida. Estas mujeres exigen el cumplimiento de la promesa de liberación de todos los presos políticos de Zona 7.

«No se puede ser tan inhumano y mezquino ante el dolor de estas familias, sabiendo que fue el propio Estado, a través de sus fuerzas represivas, el responsable de graves violaciones a los DDHH y crímenes de lesa humanidad», afirmó el abogado.

Exigencia de rectificación

Finalmente, el exparlamentario instó al Legislativo a cesar el maltrato al sistema jurídico venezolano y a la Constitución. Exigió la eliminación inmediata del Artículo 7, calificándolo como un «traje a la medida» diseñado para favorecer a los victimarios y perpetuar la injusticia contra los perseguidos políticos.

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