Por Enrique Rondón Nieto en Informe 21
Omar Estacio, abogado penalista, Presidente Emérito de la Federación de Abogados de Venezuela fue una de las primeras voces que sugirió una Ley de Amnistía para terminar con la angustia que viven cientos de familias que esperan la libertad de alguno de sus miembros detenido por razones políticas.
Esta expectativa aumentó el pasado 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un «número importante» de presos políticos, sin mencionar el número.
A partir de ese momento, el reclamo por la libertad de presos por razones políticas adquirió voz y rostro en las personas que llevaron su reclamo a las puertas de las diferentes prisiones de Venezuela
En medio de esa angustia, el viernes 30 de enero la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció una Ley de Amnistía y pidió a la Asamblea «un proyecto lo antes posible».
El jueves 5 de Febrero la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión y por unanimidad el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática que tendría como objetivo “consolidar un marco integral de justicia y reconciliación que permita superar la confrontación política y garantizar la paz nacional en Venezuela”.
La presentación del referido proyecto estuvo a cargo del diputado Jorge Arreaza del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien preside la Comisión integrada por 18 diputados. Dijo Arreaza que el proyecto “No busca la impunidad sino el establecimiento de una coexistencia basada en la pluralidad y el respeto estricto al Estado de Derecho y establecer mecanismos legales en el estado democrático de derecho y de justicia”.
La vicepresidencia de la comisión recayó en la parlamentaria zuliana Nora Bracho, de la tolda Un Nuevo Tiempo, liderada por el opositor Manuel Rosales.
Experiencias de amnistía en Venezuela
El doctor Estacio recuerda que la Amnistía es una experiencia que se ha vivido en Venezuela en varias oportunidades.
Precisa que «los elementos de amnistía, reconciliación, de reencuentro de una sociedad dividida, trascienden de las cuestiones meramente jurídicas. Concurren en las mismas consideraciones de orden político, sociológico, cultural, de modo que es aconsejable no entregárselas exclusivamente a operadores de justicia por muy competentes que sean (lo que tampoco es el caso actual en Venezuela).»
Se refiere al «exitoso proceso de reconciliación iniciado en el gobierno del presidente Raúl Leoní (1964 a 1969), que trajo consigo las liberaciones de connotados dirigentes de la izquierda venezolana, como Pompeyo Márquez, Américo Martí, Guillermo García Ponce, Teodoro Petkoff. Fue producto de contactos entre fuerzas políticas que desembocaron en los respectivos indultos.»
Otro ejemplo fue el llamado proceso de pacificación durante el primer gobierno de Rafael Caldera (1969-1974) que «heredó un país con movimientos guerrilleros activos, líderes políticos presos y partidos de izquierda ilegalizados (como el Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR) desde la década de 1960. No se trató solo de ‘indultos individuales’ clásicos, sino de una combinación de amnistías generales, medidas administrativas y facultades presidenciales».
Carlos Andrés Pérez (1989-1993) siguió los anteriores ejemplos con quienes intentaron derrocarlo en su segundo mandato el 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992.
Precisa Estacio, que en el 2020, Nicolás Maduro declaró más de cien indultos «y ahí había gente -y no quiero descalificar a los indultados ni a Maduro por haber fimado tal indulto- pero había personas que ni siquiera tenían procesos penales ni averiguaciones, que fueron indultados de manera plenaria porque el indulto no precisaron, ni en el espacio, ni en el tiempo por los delitos que fueron exonerados. Por eso comencé diciendo que la única ley que hay en el chavismo es que no hay ley porque en esos casos no se siguieron las pautas en materia de indultos. Lo que se buscaba era una supuesta reconciliación que ni siquiera comenzó.»
–¿Qué diferencia hay entre el indulto y la amnistía?
-El indulto parte de la base que la persona es culpable y lo perdona. En la amnistía se produce un giro jurídico sutil porque se declara que determinadas conductas no son delito por lo tanto la persona sale en libertad porque no cometió delito alguno. En todo caso, lo que interesa es que la persona salga en libertad sin proceso judicial pendiente. La amnistía sigue un procedimiento rígido que siempre se agota en fases judiciales.
El beneficio de la duda
El pasado viernes 6 de febrero, 24 horas después de aprobar en primera discusión el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se presentó en el centro de detención conocido como Zona 7 y prometió a familiares de presos por razones políticas que “entre el martes que viene (10 de febrero) y a más tardar el viernes (13 de febrero) estarán todos sueltos”.
Tal ofrecimiento tuvo varias lecturas. Una de ellas es que Rodríguez manda un mensaje a la comisión y a todos los parlamentarios para que aprueben el proyecto en el menor tiempo posible sin importar cualquier vacío jurídico.
Estacio precisa que «si aprueban una Ley de Amnistía, desde el punto de vista ortodoxo, sería el juez de la causa a quien le correspondería determinar quién es y quién no es un perseguido político.»
–En lo personal he sido crítico de la manera, poco transparente de la administración de la señora Delcy Rodríguez, de implementar el proceso de excarcelación de los más de mil presos políticos a partir del 3 de enero. Pero en esta oportunidad, en medio de las promesas de perdón y conciliación de personeros del oficialismo, estamos dispuestos a “desarmar la palabra” y ofrecerle al sector oficialista el beneficio de la duda en lo que se refiere a la expectativas del proyecto de Ley de Amnistía, Reconciliación y Reencuentro Nacional.
-Decía La Rochefoucauld que la “hipocresía es un tributo que le rinde el vicio a la virtud”. Así que sin molestarnos demasiado en escudriñar las intenciones subyacentes del oficialismo, nos vamos a permitir unos comentarios, más bien benévolos con el proyecto de ley en referencia.
El doctor Estacio comienza afirnando que le parece loable que en el articulado del mencionado proyecto se haya incluido un capítulo especial para desglosar los casos de persecución penal, carentes de confiabilidad en la justicia, cuando hayan estado precedidos de estigmatizaciones de altos funcionarios venezolanos exigiendo castigo “ejemplar” para los acusados.
Ante esta alternativa afirma que «bastaría recurrir a los archivos del programa que se transmite por el canal del Estado, todos los miércoles por la noche para acumular un considerable número de candidatos a ser amnistiados por haber sido colocados en posición tan injusta.»
Algunos avances
Se refiere a experiencias que ha tenido en lo profesional: «Como abogado de varios venezolanos, me ha tocado alegar exitosamente, ante organismos multilaterales que los epítetos del fallecido Chávez, del señor Maduro hoy recluido en una penitenciaría de Brooklyn, EE.UU., del conductor del referido programa por la TV, habían despojado a mis defendidos del derecho a un juicio justo, porque ningún juez iba a atreverse a contradecir las estigmatizaciones contra mis clientes, emanadas de altos funcionarios del Estado venezolano.
«Que ahora, después de 27 años, el gobierno de facto de la señora Delcy Rodríguez exprese la voluntad de amnistiar a los venezolanos víctimas de tal práctica y con ello acatar las resoluciones de los entes multilaterales en materia de DD. HH es un avance tardío pero, un avance.
«De igual manera que en el articulado del proyecto de ley de amnistía, se presuma que ha habido subversión procesal cuando se haya creado una jurisdicción de excepción para determinados hechos, no deja de ser un avance, tardío pero avance al fin. Tal ha sido el caso de la llamada jurisdicción, a cargo de jueces verdugos, para castigar supuestos casos de terrorismo, en clara violación al principio del juez natural.
Las contradicciones
Luego de unos minutos de reflexión, el penalista afirma que «no todo puede ser elogios para el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática porque en el mismo se incurre en una irritante contradictio in adjecto» y se extiende en lo que considera contradicciones en el proyecto de Ley que podría quedar aprobado entre el 10 y el 13 de febrero.
-Se incurre en una irritante contradictio in adjecto. Por un lado se dan por buenos los dictámenes de los entes de tuición de DD. HH de la ONU, de la OEA, de la Interpol como lo hemos visto, pero por el otro se desconoce, se silencia, se pretende eludir, que la propia OEA y la Corte Interamericana de DD HH, la ONU por intermedio de la Comisión Independiente sobre los Hechos de Venezuela, presidida por la jurista Marta Valiñas, la Relatoría contra las detenciones arbitrarias, la Relatoría sobre la Independencia de Jueces yj Abogados en sucesivos informes, hayan descalificado el sistema de Justicia venezolano, por carente de independencia, autonomía y por su absoluta sumisión al oficialismo. ¿En qué quedamos? Si los proyectistas de dicha ley de amnistía han expresado la disposición de acatar los dictámenes de los organismos multilaterales al extremo de ordenar que se ejecuten en Venezuela, han debido acatar, por igual, los numerosos informes de esos mismos entes que han reiterado, la total postración, la inexistencia de independencia y autonomía de los jueces venezolanos. Venir ahora los autores del citado proyecto de ley a depositar en tales operadores de justicia, las herramientas de la amnistía, la reconciliación y el reencuentro, es lo menos, una absoluta falta de respeto.
Luego de las anteriores observaciones el doctor Estacio propone que «los mecanismos de amnistía sean manejados por una comisión ad-hoc, con capacidad de dictaminar con carácter obligante o ejecutorio. En esa comisión participarían en forma paritaria, representantes del gobierno de facto, representantes de la disidencia, y un tercer número de representantes escogidos por consenso por los dos sectores, oficialista y disidente encabezado por el presidente electo el 28 de julio de 2024. Este tercer grupo de representantes, serviría como fiel de la balanza en las decisiones colegiadas ¿No se ponen de acuerdo el oficialismo y la disidencia en los integrantes de ese tercer sector? Entonces su escogencia sería por cuenta de la ONU o la OEA.».
Enumera una serie de casos en los que este tipo de comisiones ha funcionado: «Funcionaron en Suráfrica (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 1995-2002); El Salvador (1992-1993); Colombia ( a partir de 2016); Perú (2001–2003); Guatemala (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1997-1999).»
Luego señala que «la Comisión Especial de Reconciliación contemplada en el artículo 27 del proyecto de Ley de Amnistía, es menos que simbólica, porque será electa, unilateralmente por la espuria Asamblea Nacional, entre los amigos y amigotes del sector oficialista.»
Leídas las 15 páginas del proyecto de Ley de Amnistía, Reconciliación y Reencuentro Nacional el abogado Omar Estacio se pregunta: «¿Dónde quedan las personas naturales, empresas, fundos agropecuarios, que sufrieron desmanes de organismos administrativos del Estado, diferentes a los tribunales o confiscaciones por vías de hecho, léanse, a cargo Círculos Bolivarianos, Consejos Comunales, Colectivos de la Paz? Esa es una omisión muy grave del proyecto de ley que comentamos.»
Las cartas están sobre la mesa y el tiempo corre en contra de los presos por razones políticas y sus familiares que, venciendo el miedo, esperan en las puertas de los diferentes penales.
