Morfema Press

Es lo que es

DBuford

Por David Alandete en ABC

Presuntamente detenido esta semana por el Gobierno de Delcy Rodríguez, fue acusado de blanquear 350 millones, sobornar en el programa CLAP y tejer una red internacional de empresas pantalla por las autoridades estadounidenses

La caída de Alex Saab vuelve a abrir un expediente judicial que en Washington nunca llegó a cerrarse del todo, pese a los esfuerzos de la Casa Blanca de Joe Biden por darlo por zanjado. Su supuesta detención en Caracas, adelantada por medios colombianos y por Reuters citando a un funcionario estadounidense, y negada o respondida con evasivas por las autoridades venezolanas, ha reactivado un caso que durante años simbolizó la ofensiva judicial de Estados Unidos contra el entramado financiero del chavismo y que terminó en un indulto que generó una honda incomodidad en la Fiscalía federal.

Saab, señalado durante años como presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue una pieza codiciada por la Justicia estadounidense desde su detención en Cabo Verde y posterior extradición. El régimen venezolano exigió reiteradamente su liberación y la situó como condición en las negociaciones políticas con Washington. Finalmente la obtuvo. Pero el desenlace no alteró el curso autoritario en Caracas: la inhabilitación de opositores como María Corina Machado y unas elecciones cuestionadas marcaron el rumbo posterior. La liberación de Saab no trajo normalización democrática; trajo el regreso de un hombre que durante años había estado en el centro de uno de los expedientes más sensibles para Estados Unidos.

Mucho antes del indulto y del debate sobre su inmunidad diplomática, Washington ya había construido un retrato detallado. El 25 de julio de 2019, el mismo día en que fue acusado penalmente en el Distrito Sur de Florida, el Departamento del Tesoro lo situó en el corazón de lo que describió como una red de corrupción ligada al programa estatal de alimentos CLAP, creado en 2016 para distribuir cajas de comida subsidiada a la población más vulnerable.

Según las alegaciones del Tesoro, Saab sobornó a los hijastros de Maduro —Walter, Yosser y Yoswal, conocidos como ‘Los Chamos’— para asegurarse el acceso a contratos públicos sobrevalorados. Washington sostuvo que explotó contratos adjudicados sin licitación y que se lucró con programas de subsidio alimentario mientras el país atravesaba una escasez crónica. De ahí nació el apodo que lo persiguió durante años en el debate político venezolano: el «empresario del hambre».

Las autoridades estadounidenses describieron un esquema que, en su versión, combinaba sobreprecios, sobornos y una red internacional de empresas pantalla. Saab y su socio Álvaro Pulido habrían diseñado una estructura corporativa para adquirir alimentos en el extranjero, ensamblarlos en terceros países y enviarlos a Venezuela «al tipo más rentable para ellos». El Tesoro sostuvo que el resultado fueron «beneficios sustanciales» mientras se importaba solo una fracción de los alimentos necesarios.

La mecánica, según esas alegaciones, era siempre la misma: empresas instrumentales recibían pagos anticipados del Estado venezolano por contratos inflados; parte del dinero se desviaba en forma de comisiones ilegales y sobornos a funcionarios; se emitían facturas fraudulentas alineadas con el valor de los contratos; y, en ocasiones, se subcontrataba el suministro de productos de menor calidad nutricional. Para dificultar el rastreo, los fondos circulaban por una red global de sociedades registradas en México, Turquía, Panamá, Emiratos Árabes o Hong Kong, vinculadas directa o indirectamente a Saab, Pulido y su entorno familiar.

Corrupción estructural

No se trata de una condena judicial, sino de designaciones administrativas bajo el régimen de sanciones estadounidenses. Pero el lenguaje empleado fue inequívoco, acusaciones de corrupción estructural, de contratos sobrevalorados y de una red que permitió que dirigentes y allegados al poder obtuvieran beneficios de un programa creado para alimentar a la población.

A ese frente administrativo se sumó el expediente penal en Miami. El 25 de julio de 2019, Saab fue acusado de un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y de siete cargos adicionales de lavado de dinero. La acusación sostiene que, junto a Pulido, había articulado desde 2011 una trama para obtener contratos de vivienda social en Venezuela con precios inflados. Según los fiscales, las empresas vinculadas a ambos suscribieron acuerdos para suministrar materiales prefabricados con sobrecostes significativos.

El núcleo del caso describe movimientos por aproximadamente 350 millones de dólares. Los documentos judiciales detallan que el dinero se canalizó a través de sociedades registradas en distintas jurisdicciones y que parte de las transferencias transitó por el sistema financiero estadounidense. Esa conexión permitió fundamentar la jurisdicción federal. La acusación menciona reuniones celebradas en Miami para coordinar pagos y transferencias hacia cuentas en el Distrito Sur de Florida.

En agosto de 2019, al no comparecer ante el tribunal, Saab fue declarado en rebeldía. El 12 de junio de 2020 fue detenido en Cabo Verde cuando su avión, que cubría la ruta entre Venezuela e Irán, hizo escala para repostar. Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición. Saab alegó que viajaba como enviado especial del Gobierno venezolano y que gozaba de inmunidad diplomática. El tribunal de distrito en Florida rechazó su intento de comparecer de forma especial para invocar esa inmunidad. Tras una larga batalla judicial, fue extraditado en octubre de 2021 y trasladado a Miami.

Allí se enfrentaba a una acusación formal de ocho cargos vinculados al blanqueo de capitales y a la presunta vulneración de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en un esquema que, según el Departamento de Justicia, incluía sobornos para aprovechar el sistema de control cambiario venezolano mediante documentación de importación falsa. Para la Fiscalía estadounidense, Saab y Pulido no eran simples intermediarios comerciales, sino arquitectos de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de fondos públicos.

El proceso nunca llegó a juicio. En diciembre de 2023, el presidente Biden le concedió un indulto presidencial completo por los delitos incluidos en la acusación federal de 2019. El documento de clemencia establecía condiciones claras: Saab debía abandonar Estados Unidos y permanecer fuera del país; no cometer nuevos delitos federales; renunciar a cualquier reclamación contra el Gobierno estadounidense; abandonar cualquier derecho sobre fondos o bienes incautados o sujetos a decomiso vinculados al caso; y no percibir beneficios económicos derivados de libros, películas u otras producciones sobre su situación.

El texto precisaba que, si incumplía cualquiera de esas condiciones, el indulto podría quedar sin efecto a discreción del presidente en ejercicio o de un futuro mandatario. Ese detalle mantiene abierto un resquicio jurídico que ahora vuelve a examinarse en Washington ante la incertidumbre sobre su situación en Caracas.

El indulto extinguió la acción penal por esos cargos concretos, pero no borró el marco más amplio de sanciones. El Departamento del Tesoro ya lo había designado en virtud de la Orden Ejecutiva 13850, vinculándolo también a redes destinadas a eludir sanciones en el sector petrolero venezolano. Según esas alegaciones, el régimen de Maduro, la estatal PDVSA y Saab recurrieron a estructuras empresariales en México y otros países para negociar la venta de crudo mediante sociedades instrumentales, en lo que Washington describió como un mecanismo de «crudo por comida» para sortear el régimen sancionador.

Las designaciones implican el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con personas estadounidenses. No constituyen condenas penales, pero consolidan el señalamiento de Saab como figura relevante en redes de corrupción y evasión de sanciones.

Operador del chavismo

Durante años, fiscales estadounidenses lo situaron como uno de los principales operadores financieros del chavismo. En el terreno público se le señaló reiteradamente como presunto testaferro de Maduro, una afirmación que no fue objeto de sentencia firme, pero que marcó la narrativa política del caso. En su batalla contra la extradición en Cabo Verde contó con la defensa del exjuez español Baltasar Garzón, quien sostuvo que actuaba como enviado especial y que su detención vulneraba normas internacionales.

Tras el indulto, Saab regresó a Venezuela y fue incorporado al Gobierno. Su posición parecía consolidada. Sin embargo, la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y su salida posterior del Ministerio de Industria han alterado el equilibrio interno. La noticia de una posible detención por parte del SEBIN abre interrogantes sobre si se trata de un movimiento interno para apartar a una figura incómoda o de una eventual coordinación con instancias externas.

Por el momento, las autoridades estadounidenses consultadas aseguran no tener constancia de un plan de extradición ni de nuevos cargos federales. El indulto cubre específicamente los delitos imputados en el caso de Florida, pero no otorga una inmunidad general frente a cualquier investigación futura.

Por Jason Marczak, James Story, Laura J. Richardson y Geoff Ramsey en The Atlantic Council

Tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, el gobierno de Estados Unidos puede avanzar en sus objetivos a largo plazo planteando las exigencias más difíciles desde el principio; el tiempo disminuirá la presión sobre Delcy Rodríguez para que implemente reformas cruciales. Se deben establecer parámetros claros sobre lo que Rodríguez debe comprometerse a hacer en los primeros tres, seis, nueve y doce meses. Washington debe abordar urgentemente los problemas estructurales económicos y de seguridad, a la vez que establece las condiciones para unas elecciones libres y justas con resultados respetados.

Primera prioridad: Establecer parámetros claros sobre lo que Delcy Rodríguez debe hacer este año

Además de las reformas económicas, Estados Unidos debería presionar a Rodríguez para que adopte las siguientes medidas:

Alto a la tortura y la vigilancia

  • Liberar inmediatamente a todos los presos políticos y, además, en consonancia con la recién anunciada ley de amnistía , garantizar que cese inmediatamente el arresto de disidentes políticos y que todos los venezolanos puedan regresar al país y ejercer sus derechos humanos fundamentales sin riesgo de represión.
  • Asegurar que el centro de tortura El Helicoide cierre rápidamente, como se prometió en el anuncio de amnistía del 30 de enero.
  • Abolir el uso del Carnet de la Patria, de diseño chino , como herramienta de control político; la distribución de bienes públicos debe ser transparente, despolitizada y respetuosa del derecho a la privacidad.
  • Eliminar todas las formas de vigilancia maligna, incluida la tecnología proporcionada y operada por China National Electronics Import & Export Corporation.

Abordar las preocupaciones de seguridad

  • Identificar y retirar al personal no diplomático, incluidos los instructores militares, de países que representan riesgos para los intereses de seguridad de EE. UU., como Rusia, Irán, Cuba y China, y de saboteadores internos como los grupos guerrilleros FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ELN (Ejército de Liberación Nacional).
  • Desmantelar los grupos paramilitares colectivos , proporcionar a los Estados Unidos garantías de que los colectivos no operarán y entender que el gobierno venezolano será responsable de todas las acciones que tomen los colectivos .
  • Recolectar y almacenar todos los misiles antiaéreos portátiles, misiles antibuque, drones y demás armas ofensivas. La vigilancia de las armas almacenadas debe ser compartida entre el gobierno de Caracas y el de Estados Unidos.

Restablecer el estado de derecho

  • Proporcionar un cronograma para las reformas que puedan restablecer la independencia de los poderes legislativo y judicial y garantizar el estado de derecho, una condición necesaria para impulsar la inversión extranjera y la gobernanza democrática.
  • Iniciar un proceso de contratación de nuevos jueces que sea justo e independiente, para que los inversionistas privados confíen en que sus intereses están siendo protegidos y que los venezolanos puedan recuperar la confianza en el poder judicial.

Permitir la libertad política

  • Levantar la prohibición de postularse en elecciones a dirigentes opositores como María Corina Machado.
  • Impedir que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desmantele, disuelva y controle a los partidos políticos de oposición.
  • Crear una comisión para definir el camino hacia unas elecciones libres y justas en un plazo de dieciocho meses. La comisión debe incluir a representantes del gobierno, los ganadores internacionalmente reconocidos de las elecciones presidenciales de 2024, los líderes de la oposición democrática, representada en la coalición Plataforma Unitaria y otros partidos de oposición, y la sociedad civil.

Levantar los controles de los medios

  • Detener la censura de los medios y permitir a los venezolanos el libre acceso a internet y a todos los medios internacionales, incluidas las transmisiones estadounidenses

Prioridad a largo plazo: construir una Venezuela próspera, segura y democrática

Si bien existe actualmente un impulso único para reconstruir la democracia venezolana, se necesitarán años de apoyo internacional constante a las reformas locales para generar un cambio duradero. Sin embargo, el momento actual exige acciones urgentes de Washington para guiar al país en esa dirección. Rodríguez podría acoger con satisfacción un cambio que incluya algunas reformas y modernización bajo el gobierno del PSUV, pero ella y otros en el poder probablemente se resistirán a una transición plena a la democracia. El objetivo final debe ser unas elecciones libres y justas, cuyos resultados sean respetados. Este es también el mejor vehículo para la certidumbre de los inversores en la trayectoria política a largo plazo del país.

Abordar los problemas económicos estructurales para atraer inversión real

El gobierno venezolano debe comprometerse con la transparencia. Una comunicación clara y abierta como política evitará que el gobierno actual realice acuerdos secretos y sentará las bases para crear un entorno de inversión atractivo en Venezuela.

También debe centrarse firmemente en la reforma de la política monetaria. La economía venezolana está dolarizada extraoficialmente, y el Fondo Monetario Internacional estima que la tasa de inflación es del 682 % . Lograr la estabilidad de precios es un paso crucial para la estabilidad económica a largo plazo.

Venezuela debe establecer un plan para el pago de su deuda de 170.000 millones de dólares, lo que sería una señal positiva para los posibles inversores. Pagar esa deuda será casi imposible sin emprender medidas de reestructuración con la ayuda de la banca multilateral, pero hacerlo indicaría que el país mantendrá su solvencia en el futuro. El sector bancario también necesita reformas para facilitar la entrada y salida de capitales de los inversores.

El gobierno necesita un estímulo económico diseñado para beneficiar al pueblo venezolano. Aproximadamente el 73,2 % de los hogares venezolanos vive por debajo del umbral de pobreza; el 36,5 % vive en pobreza extrema. El gobierno también necesita planes de financiamiento para los sectores sociales que consideren las necesidades básicas de infraestructura. Esto incluye facilitar el envío de alimentos y medicamentos desde Estados Unidos y otros países para comenzar a aliviar la crisis humanitaria en el país.

El sector petrolero necesitará ser reconstruido. Un nuevo marco de hidrocarburos , aprobado recientemente en la actual Asamblea Nacional , es un importante punto de partida para tal fin. Sin embargo, existen dudas sobre si este marco es suficiente para atraer la inversión necesaria, si la actual Asamblea Nacional será reconocida internacionalmente o si sus leyes se mantendrán firmes en disputas internacionales. El impulso estadounidense a la inversión es importante, siempre que presente las condiciones locales y la garantía a largo plazo de que se respetarán los compromisos corporativos internacionales. El pueblo venezolano debe beneficiarse de estos ingresos en lugar de ser robado por el régimen.

Conclusión: La situación económica de Venezuela es desesperada. Estados Unidos debe impulsar la transparencia y las medidas anticorrupción del gobierno actual, a la vez que avanza en las negociaciones económicas, como la reestructuración de la deuda, para fomentar la inversión.

Reformar el sector de la seguridad

El gobierno venezolano debe establecer un sistema de seguridad estatal funcional, con claras restricciones y supervisión. La línea divisoria entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados ilegales en Venezuela es difusa. El aparato represivo del régimen incluye actores no estatales como las organizaciones paramilitares armadas progubernamentales conocidas como colectivos. La presencia de grupos armados colombianos, como el ELN o disidentes de las FARC, involucrados en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, representa una grave amenaza para la seguridad y la estabilización. Estados Unidos debe exigir que los colectivos dejen de practicar la desaparición forzada de personas disidentes.

Estados Unidos debe trabajar para contrarrestar la influencia de Rusia, Irán, Cuba y China en Venezuela. Washington debería colaborar con Caracas para consolidar y controlar los cinco mil sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS) de fabricación rusa en Venezuela. Estados Unidos necesita acceso y control sobre las fábricas de armas, incluyendo las que producen misiles, drones militares y armas de fuego, como parte clave del plan de operaciones de estabilización que ha presentado la administración Trump, dada la amenaza que estas armas representan para la seguridad de los venezolanos en el país y en la región en general.

Estados Unidos debería seguir construyendo una fuerza de preparación sostenible en la región para apoyar los esfuerzos de estabilización en el país y al mismo tiempo proponer un plan detallado para el papel futuro del ejército venezolano.

El ejército colombiano también debería participar en ciertas operaciones para erradicar a los grupos ilegales que cruzan frecuentemente la frontera con Colombia. Restringir eficazmente el flujo de drogas y armas ilegales a través de la frontera ayudaría a sofocar la actividad violenta de los actores armados en Venezuela.

Conclusión: Estados Unidos debería consolidar el control de las armas y sistemas de armas rusos e iraníes en Venezuela que podrían utilizarse para actividades de sabotaje o represión. También debería presionar a sus socios regionales para que minimicen la actividad ilegal y reduzcan el poder de los actores violentos en Venezuela durante este período de rápidos cambios.

Promover la reforma institucional y las elecciones como base para la prosperidad

A medida que Estados Unidos avanza hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas formales con Caracas, deberá definir y promover un estado final en Venezuela que beneficie a los intereses estadounidenses y del pueblo venezolano. Si bien no es una prioridad estratégica a corto plazo de Estados Unidos, forjar un camino hacia la democracia es fundamental para la seguridad y la prosperidad de Venezuela.

Dado que el PSUV no querrá ceder el poder, Estados Unidos debería presionar a los líderes del partido y al gobierno actual para que consideren las elecciones como competitivas: no como una amenaza existencial para su supervivencia política, sino como una forma de competir en un ejercicio justo de participación ciudadana. Por eso es necesario empezar de cero para las elecciones: nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, nuevas autoridades judiciales, una nueva legislatura y, sobre todo, ayuda internacional para garantizar la credibilidad de las futuras elecciones. En este sentido, Estados Unidos debería exigir al régimen medidas concretas para restablecer los derechos políticos y las garantías de seguridad en los primeros seis meses, a fin de confirmar que esto no es solo una renovación de la dictadura de Maduro.

Para avanzar hacia la sostenibilidad a largo plazo, Estados Unidos debería presionar a Venezuela para que celebre una elección nacional, conducida por una comisión legislativa independiente integrada por diferentes miembros de la sociedad venezolana, como expertos judiciales y académicos, para elegir nuevos jueces para el Tribunal Supremo de Justicia.

Un órgano judicial independiente debería codificar públicamente las protecciones contractuales y los mecanismos de resolución de disputas . Un nuevo sistema judicial independiente puede comenzar a respetar los contratos entre el gobierno y los actores del sector privado, lo cual es una condición previa importante para importantes entradas de capital.

Finalmente, Estados Unidos debería impulsar mecanismos de justicia transicional en Venezuela. El gobierno venezolano enfrenta actualmente investigaciones ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la represión estatal, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros abusos generalizados. Cualquier transición en Venezuela debe garantizar el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Esto no debe verse como un obstáculo para las reformas, sino como una oportunidad para hacer que la transición sea más sostenible.

Conclusión: Es necesario repensar y reconstruir las instituciones venezolanas con el objetivo final de lograr la recuperación económica y una sociedad civil democrática y próspera. El poder judicial debe gozar de independencia del ejecutivo para otorgar las protecciones necesarias a los venezolanos y a los inversionistas.

Obstáculo: La inversión llega más lentamente de lo previsto.

Acción: Estados Unidos debería permitir la reapertura de los canales bancarios normales con restricciones específicas, así como garantizar que todas las operaciones realizadas por las autoridades actuales mantengan la transparencia.

Además, cualquier conversación sobre reestructuración de deuda, que será desalentadora en cualquier escenario, debería incluir conversaciones con los tenedores de bonos y las instituciones multilaterales. Es necesario respetar la inviolabilidad de los contratos entre actores comerciales y gubernamentales, y es necesario acelerar las reformas legales para proteger dichos contratos.

Barricada: Pocos cambios en la realidad para la población de Venezuela.

Acción: Además de las medidas para proteger la libertad política y desarmar a los actores violentos, Estados Unidos debe seguir monitoreando la situación local en Venezuela, lo cual se facilitaría con la reapertura de la Embajada de Estados Unidos. En este caso, ya se han dado los primeros pasos con una visita reciente de funcionarios de la embajada. El apoyo estadounidense a la reapertura de la economía debería traducirse en que la población vea los beneficios tangibles de los cambios mediante mejoras en los ingresos de sus hogares. Finalmente, Estados Unidos debe exigir garantías de que los venezolanos que deseen regresar a su país, especialmente los miembros de la oposición, no enfrentarán amenazas ni malos tratos y podrán participar de forma justa en el debate popular y las elecciones cuando llegue el momento.

Conclusión

El presidente Donald Trump tiene una oportunidad histórica de volver a alinear a Venezuela con los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos de una manera que pueda beneficiar simultáneamente a la población venezolana. Los planes actuales de Estados Unidos ya están avanzando en esa dirección y creando un legado en la construcción del futuro a largo plazo de Venezuela como un posible aliado de Estados Unidos. Por lo tanto, este es el momento de garantizar que las reformas sean sostenibles y que no se arraigue una versión actualizada del mismo régimen fallido

Acerca de los autores

Jason Marczak es vicepresidente y director sénior del Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council. Marczak cuenta con veinticinco años de experiencia en economía, política y desarrollo regional, y estableció el trabajo del Consejo sobre Venezuela en 2017.

El embajador (retirado) James Story se desempeñó como embajador y encargado de negocios en Venezuela de 2018 a 2023. Oficial de carrera del servicio exterior retirado, ahora es miembro senior no residente del Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council.

La general (retirada) Laura J. Richardson fue comandante del Comando Sur de los EE. UU. desde 2021 hasta noviembre de 2024, y es miembro de la Junta Directiva del Consejo Atlántico y del Consejo Asesor del Centro para América Latina Adrienne Arsht.

Geoff Ramsey es analista senior de inteligencia de amenazas para América Latina en Recorded Future, una plataforma de inteligencia de amenazas, e investigador senior no residente del Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council.

Agradecemos a Colette Capriles y Carmen Beatriz Fernández por sus aportaciones, que contribuyeron a esta publicación. Agradecemos especialmente a Ilona Barrero por su ayuda en la redacción de este memorando.

Por Benjamín Tripier

El cuadro general sigue siendo de realismo informado: hay cambios reales desde el 3E (reforma petrolera, potencial de producción mayor, ley de amnistía, operaciones conjuntas Saab–Gorrín, pérdida de miedo social), pero el centro de poder de la revolución sigue en manos de Diosdado Cabello, que usa a Delcy como ejecutora dual (hacia Trump–Rubio–Dogu y hacia adentro) y mantiene intacto el aguijón del escorpión mientras ensaya un repliegue táctico.

La coexistencia de dos asambleas –una alineada con el poder de facto y otra con referencia democrática– refleja un país roto, pero también el hecho de que solo EEUU puede imponer una solución, lo que permite espacios de acción que de otra forma no podrían siquiera considerarse.

El dato nuevo y decisivo es que el tiempo importa tanto como el contenido: así como en el primer mes post 3E se hizo mucho en poco tiempo, el segundo mes debería servir para hacer mucho más y más rápido, con el objetivo claro de aceleración política y económica que no debería ir más allá del inicio de la campaña de medio término en Estados Unidos; porque después de ese punto la ventana internacional para empujar la transición se estrecha.

1. Nueva base de poder: petróleo, amnistía, doble mando y bienestar

La reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos por parte de la AN chavista, abre el juego a más capital privado y mixto, permite a socios minoritarios comercializar directamente crudo, abrir cuentas en el exterior y gestionar operaciones, siempre bajo control formal del Estado; flexibiliza la estructura de empresas mixtas y contratos, facilita el arbitraje independiente y reconoce de facto contratos de la “ley antibloqueo”.

Lo cual significa que solo tiene efectos internos, y que si no se alcanza un marco de legitimidad que la convalide, será algo que no dará las garantías amplias que requiere la inversión extranjera nueva. Este cambio solo alcanza a empresas que ya están operando por estar asociadas al chavismo, como Chevron, ENI y Repsol que ahora podrán operar con más margen, manejar divisas y recuperar inversión, mientras el chavismo preserva el “dominio público” y la capacidad de veto; el escorpión comparte la renta, no el poder.

Hoy la producción ronda los 861 mil bpd y los expertos estiman que, con inversión y estabilidad política básica, podría subir a 1,0–1,1 mbd en 2026 y 1,1–1,3 mbd (máx. 1,4 mbd) en 2027, lo cual podrá alcanzarse solo en el marco de la confianza que da la institucionalidad democrática que hoy no existe; de otra manera será más de lo mismo, pero ahora sin sanciones.

Para Cabello–Delcy, la mejora petrolera es oxígeno político si logran presentarla como “normalización” sin cambio de fondo; para el proyecto de MCM, en cambio, el petróleo solo tiene sentido si se convierte en una palanca directa de bienestar ciudadano, empezando por salarios dignos y servicios mínimos en las zonas más castigadas.

Que debe convertirse rápidamente en servicios, salarios reales y empleo productivo, y no solo en oxígeno fiscal para el chavismo. Lo cual implica plazos y prioridades: en los próximos 3–6 meses la gente debe empezar a sentir mejoras visibles en electricidad, agua, transporte, alimentación y salud, aunque sea de forma desigual y progresiva; y a partir de allí, el incremento petrolero tendría que sostener aumentos reales de ingreso, estabilización de precios básicos y recuperación de inversión privada en sectores intensivos en empleo.


Si el impacto social de la renta se retrasa demasiado –por ejemplo, más allá del arranque de la campaña de medio término en EEUU– la narrativa de transición útil para la gente se vacía y el proyecto corre el riesgo de no avanzar: la impaciencia social puede transformarse en frustración o en estallido.

Por otra parte, la Ley de Amnistía, Reconciliación y Reencuentro Nacional, con impacto interno, limpia el terreno para liberar presos políticos, permitir regreso de exiliados y normalizar la oposición democrática; lo cual tiene un impacto directo en el tejido social con familias reunidas, profesionales que regresan, organizaciones que recuperan cuadros y experiencia.

No obstante, habría que ser precavidos porque el poder represivo sigue intacto, solo que transitoriamente replegado… Hasta que el repliegue no sea el desarmado total de las fuerzas del mal, nadie estará seguro en Venezuela.

En manos de Cabello–Delcy, sin embargo, la amnistía puede ser arma de doble filo (gesto de apertura o puerta giratoria), por lo que su legitimidad dependerá de que la gente perciba que no es solo un intercambio entre élites, sino una herramienta concreta para reconstruir confianza, organización social y canales de participación.

Desde el 28J24, el jefe real de la revolución es Diosdado Cabello; Delcy opera como ejecutora dual, respondiendo hacia afuera al triángulo Trump–Rubio–Dogu (estabilidad, petróleo, relato de triunfo democrático) y hacia adentro a Diosdado (supervivencia del núcleo duro sin entregar la revolución).

Operativamente, Delcy irá cumpliendo mandatos externos “un día a la vez”, hasta donde Cabello lo autorice, manteniendo siempre capacidad de reversa; el problema es que el bienestar de la gente no puede esperar el ritmo de esa doble lealtad, y de allí la importancia de fijar un objetivo de aceleración con fechas específicas donde se muestre un paquete mínimo de mejoras visibles y reglas básicas.

2. Riesgos y oportunidades: escorpión, rana, calle, dos asambleas y la vida diaria

EEUU ha permitido que el chavismo, vía Delcy, se suba sobre su espalda para cruzar el río de la transición, evidenciado en la cooperación Sebin–FBI–CIA en Saab/Gorrín, validación de Delcy como “interina” y apoyo a la reforma petrolera como plataforma para inversión.

La apuesta implícita es que el aparato represivo está bajo control y que la necesidad de inversión externa limita el uso del aguijón; pero la estructura de poder de Cabello sigue intacta, y solo replegada; el riesgo central es que, si la presión social se desordena o si las exigencias externas se perciben como inaceptables, el escorpión vuelva a picar con colectivos, tribunales, cuerpos de seguridad y censura.

La gente ya empezó a perder el miedo, salen más, protestan más, hablan más; Venevisión rompió simbólicamente el cerco mediático y otros medios, especialmente streamers, tantean el terreno.

Para Washington, esto es una condición necesaria para sostener que hay una transición apoyada por el pueblo, pero para las familias venezolanas lo fundamental no es solo poder protestar, sino que protestar tenga sentido porque se conectan las demandas con mejoras concretas en servicios, ingresos y oportunidades.

La ecuación sigue rota: Cabello–Delcy tienen el poder concreto (aparato, armas, renta), pero sin pueblo; MCM tiene al pueblo, pero no el poder.

El punto crítico será cuando la movilización popular deje de ser “ventana” y empiece a rozar el borde del alzamiento descontrolado; aunque sin conducción política clara, la frustración puede disparar una escalada que termine perjudicando justamente a quienes más sufren; con conducción orientada al bienestar, la presión social puede obligar a adelantar concesiones reales en materia de servicios, salarios, cronogramas y garantías.

Hay que reconocer que hay avances reales (reforma de hidrocarburos, ley de amnistía, detenciones impensables hace un año, apertura mediática incipiente, pérdida de miedo), pero el núcleo duro del poder no ha sido golpeado y el aparato de represión está intacto, aunque en modo espera.

Por eso la categoría adecuada no es “optimismo informado” sino “realismo informado”: reconocer oportunidades, anclar el análisis en la vida concreta de la gente y entender que la ventana de aceleración es corta; si en los próximos meses no se sienten mejoras tangibles y no se fijan reglas claras antes de que la política norteamericana se meta en su propio ciclo electoral, la transición puede entrar en arenas movedizas.

3. Escenarios: transición útil para la gente o reciclaje estéril

  • Escenario A: Transición negociada con desarme progresivo del aguijón y foco social

En este escenario, el bloque Trump–Rubio–Dogu usa la reforma de hidrocarburos y el potencial de producción como zanahoria, y la cooperación judicial (Saab, Gorrín, otros) como palo selectivo, vinculando explícitamente cada avance energético a pasos verificables en libertades, justicia y bienestar.

Cabello acepta desmovilizar gradualmente las estructuras represivas más visibles a cambio de preservar al PSUV como fuerza legal y de obtener garantías personales; la amnistía se aplica de forma amplia, con exclusiones claras para crímenes graves, permitiendo el regreso de líderes y cuadros técnicos que puedan aportar a la reconstrucción.

Se negocia un calendario de transición articulado con las etapas planteadas por MCM (100 horas / 100 días / 15 años) y las fases de Rubio (estabilización, recuperación, transición), pero ahora con una condición explícita: que desde el segundo mes post 3E se muestren resultados concretos en servicios, abastecimiento y seguridad cotidiana, y que antes del inicio de la campaña de medio término en EEUU exista un paquete básico de reformas y mejoras irreversibles.

MCM y su bloque entran a la arquitectura de poder de transición con un mandato claro: orientar la renta petrolera adicional a políticas visibles y rápidas en favor de la gente (salud, educación, redes de protección básica, salarios públicos prioritarios), evitando que toda la mejora se quede en licencias, balances y narrativas.

  • Escenario B: Reciclaje autoritario con mejora económica relativa pero sin bienestar compartido

Aquí la reforma de hidrocarburos y el repunte petrolero se utilizan principalmente para recomponer las finanzas del Estado bajo control de PSUV–AN–Cabello, con flexibilización de sanciones y cierta entrada de inversión, pero sin cambio político de fondo ni transformación del modelo de distribución de la renta.

La amnistía se convierte en herramienta de disciplinamiento selectivo y la dualidad de asambleas se normaliza como parte del decorado; la gente puede percibir alguna mejora en el abastecimiento o en la estabilidad de servicios, pero sin recuperación clara de salarios ni apertura sostenida de oportunidades, lo que mantiene la sensación de “mejoría arriba, estancamiento abajo”.

Si este escenario se prolonga más allá del giro de la política estadounidense hacia su ciclo electoral, la capacidad externa de incidir disminuye y la dinámica interna se rigidiza: la prioridad deja de ser el bienestar y vuelve a ser la supervivencia del sistema, con el riesgo de un nuevo ciclo de frustración y radicalización social.

  • Escenario C: Ruptura de control y estallido híbrido con alto costo social

En este caso, la combinación de hambre, tarifas, corrupción visible y sensación de engaño –sumada a la percepción de que las mejoras prometidas no llegan– detona un alzamiento híbrido, amplificado por medios más irreverentes y redes.

Cabello intenta reactivar al máximo el dispositivo represivo, Delcy queda atrapada entre mandatos internos y externos, la producción petrolera se resiente por conflictos y sabotajes, y la ventana para una transición ordenada se estrecha drásticamente, afectando directamente la vida diaria de la gente con más escasez, más incertidumbre y más violencia.

4. Recomendaciones ajustadas al bienestar y al tiempo

  • Para el trío Trump–Rubio–Dogu

La prioridad debería ser amarrar petróleo a democracia y bienestar: cada flexibilización de sanciones, cada licencia, cada contrato nuevo debería estar condicionada no solo a hitos institucionales (amnistía, garantías para medios, cronograma), sino también a indicadores mínimos de impacto social (mejoras medibles en servicios, abastecimiento y protección de los más vulnerables).

El mensaje clave: “Cada aumento de producción estable y cada dólar de inversión irá de la mano de pasos concretos en justicia, libertades, reglas del juego y mejoras visibles en la vida de la gente, especialmente antes del arranque de la campaña de medio término en EEUU”.

  • Para Cabello–Delcy

Convertir el poder de facto en poder negociado implica asumir que el tiempo del control total terminó y que la única forma de preservar parte de su influencia es vincularse a una transición que muestre resultados rápidos y tangibles para la población.

Dar señales inequívocas de desarme progresivo del aguijón y de uso social de la renta puede reducir el riesgo de estallidos descontrolados y mejorar su propio margen de negociación, siempre que esas señales se concreten en hechos visibles en los primeros meses, y no en promesas lejanas.

  • Para MCM y su proyecto

La tarea central es traducir el discurso de transición en un paquete claro de beneficios tempranos para la gente: vincular el aumento de producción petrolera y las reformas institucionales con metas concretas de bienestar en plazos cortos (100 horas, 100 días) y con un horizonte más largo (15 años), pero evitando que el énfasis en el diseño termine diluyendo la urgencia.

Además, debe insistir en que, si el proceso se demora más allá del punto de inflexión de la política estadounidense, la correlación de fuerzas puede dejar de ser favorable y el proyecto puede no avanzar; esto obliga a pedir más y más rápido en el segundo mes post 3E, que en el primero.

  • Para el pueblo llano de Venezuela

El realismo informado para la gente significa dos cosas al mismo tiempo: entender que hay una pelea en curso por quién capitaliza el repunte petrolero y la amnistía, y usar la pérdida de miedo para exigir no solo libertades, sino resultados concretos en la vida diaria.

Documentar abusos, apoyar medios que arriesgan y reclamar un cronograma de transición es importante, pero igual de importante es demandar que cualquier acuerdo se traduzca en mejoras visibles en servicios, ingresos y oportunidades para quienes han cargado con el costo de la crisis.

Y estar preparados para salir a la calle cuando las circunstancias lo indiquen.

5. Ventana corta, prioridad larga

Hay que acordar rápidamente una hoja de ruta institucional básica –con garantías para todos los actores– y un compromiso claro de impacto social de la renta; más allá de ese umbral, el margen de aceleración disminuye y crece el riesgo de que la transición se estanque o derive en reciclaje autoritario.

En términos simples: hay recursos, leyes nuevas, dos asambleas y una correlación de fuerzas que hacen posible una salida democrática útil para la gente, pero mientras el jefe real de la revolución siga intacto y el aguijón no esté desarticulado, todo avance será reversible.

La tarea de estos meses es lograr que el poder se acerque al pueblo que ya perdió el miedo, que la mejora petrolera se traduzca rápido en bienestar y que el liderazgo de MCM deje de ser solo social para convertirse también en institucional, antes de que la ventana internacional se estreche por el ciclo electoral estadounidense.

Cabe mencionar que a lo largo de este análisis no fue necesario apelar a la figura de Maduro, mostrando que su relevancia era meramente institucional, pues era el actor y vocero del verdadero jefe de la revolución. Y los que no lo creían así y operaban en consecuencia, ahora están pagando el precio de la purga impulsada por el chavismo y llevada a la práctica en los hechos por EEUU.

«Dicen que en política la forma es fondo. En el caso de Diosdado Cabello, su más reciente intervención pública deja al descubierto una fractura evidente entre lo que dice y lo que siente.

Bajo la máscara de una sonrisa ensayada, emergen gestos de hostilidad y temor que la retórica no logra aplacar.

Esta revisión detalla cómo el lenguaje corporal del dirigente delata una contención forzada, revelando a un hombre que parece luchar por no decir lo que realmente piensa.»

Este fenómeno se conoce como «fugas no verbales», que es cuando una emoción intensa se «escapa» a pesar de los esfuerzos conscientes por ocultarla.

Por Laszlo Beke

Entre las grandes preocupaciones globales está la posible de pérdida de puestos de trabajo causados por la IA. La evidencia no es concluyente que IA haya provocado una pérdida significativa de empleos. Las empresas tecnológicas siguen contratando desarrolladores de software sofisticados, pero ya no necesitan programadores calificados. Sin embargo, hay motivos para creer que el avance de la IA cambiará radicalmente la contratación y los requisitos de habilidades en gran parte de la economía. Veremos menos personas realizando el trabajo que hace la IA, y quienes lo hagan serán más expertos, resolviendo los problemas complejos que la IA actualmente no puede resolver por sí sola. Resulta relevante también pensar como será el mundo con los cambios que la IA traerá en los próximos 10-20 años. Muchos piensan que se trabajará menos horas y que asociados con la Inteligencia Artificial General podrán aparecer soluciones como “Capital Básico Universal” y “Seguro Salarial”. En todo caso, aún cuando nunca se llegara a los todos los objetivos de la IAG General, los avances de la IA afectaran inmensamente el mercado de trabajo.

No se encuentran diferencias en el empleo en los últimos años entre las ocupaciones más expuestas a la IA y las menos expuestas. Solo han pasado tres años desde la introducción masiva de esta tecnología, y a las empresas les toma tiempo comprender cómo implementarla de forma transformadora. En cuanto a lo que esto significa para el mercado laboral en el futuro, históricamente se ha experimentado mucha disrupción tecnológica, pero estas también generan nuevas oportunidades.

La apuesta a futuro

Los principales laboratorios de IA no están haciendo apuestas de cientos de miles de millones de dólares esperando que la IA tenga efectos menores en el mercado laboral. Apuestan por lograr la inteligencia artificial general (IAG), que podría sustituir la mano de obra humana en gran parte de la economía. Las cifras de inversión son asombrosas, solo en el último año, Alphabet, Meta, Microsoft y Amazon han invertido en conjunto más de US$300.000, principalmente en infraestructura de IA.

Este enorme gasto no está creando muchos empleos, ni siquiera en las propias empresas de IA. OpenAI tiene aproximadamente 4.000 empleados y está valorada en unos US$500.000 millones. Anthropic tiene alrededor de 2.300 empleados con una valoración de US$350.000 millones. Los principales laboratorios de IA son apostadores, no son oráculos. Sus apuestas podrían dar sus frutos. Pero los inversionistas también están alimentando esas cifras inmensas. Su éxito podría simplemente crear un gran valor en otros sectores de la economía: más descubrimientos científicos, mejor atención médica, transporte, educación, servicios legales, manufactura, construcción, etc. Pero, deberíamos prepararnos ahora para la posibilidad de una disrupción significativa en el mercado laboral, en lugar de esperar a que se refleje de forma concluyente en las estadísticas.

El impacto de la tecnología

Las nuevas tecnologías no solo reemplazan la mano de obra en los sectores económicos existentes; crean sectores completamente nuevos. Hace siglos, no había automóviles, aviones ni telecomunicaciones, y todas esos sectores emplean a personas. La disrupción tecnológica nunca antes ha provocado que la humanidad se quede sin trabajo, a pesar de siglos de preocupaciones casi luditas que indican lo contrario. Esta vez podría ser diferente, y esta revolución podría reducir la necesidad de mano de obra en general. Entonces, tal vez el mundo adoptaría alguna versión de la semana laboral de 15 horas que John Maynard Keynes predijo u otros enfoques. Lo más probable es que surjan nuevos empleos, como ha ocurrido en el pasado, que compensarán los empleos menos necesarios. Habrá ganadores y perdedores. Entre los perdedores podrían incluirse los asociados de bufetes de abogados de primer año y los estudiantes de posgrado en economía, que pasaron años perfeccionando habilidades que la IA puede realizar sin esfuerzo. No es cuestión de minimizar la posible disrupción. La eficacia con la que se gestione esta transición dependerá de las decisiones que se tomen, y será importante reciclar a la fuerza laboral.

Pero las ganancias también serán reales, las personas tendrán más acceso a servicios legales y otros servicios que el software puede proporcionar. También habrá nuevas ocupaciones para supervisar el producto del trabajo de la IA. Con la revolución industrial, aun cuando las innovaciones impulsaron un aumento de la productividad, pasaron cinco décadas antes de que el nivel de vida de la clase trabajadora comenzara a mejorar. En su encarnación inicial, la Revolución Industrial desplazó el trabajo experto, dejando a los humanos a cargo del trabajo simple, agotador e inexperto de alimentar fábricas. Aunque la IA genere grandes ganancias generales para la producción económica, probablemente perjudicará a muchos más trabajadores de los que beneficiará, al menos a medio plazo.

Una pregunta importante es que se debería hacer para reducir ese riesgo. Si la IA continúa avanzando solo modestamente, habrá una transición dolorosa, pero en última instancia surgirán nuevos empleos, como siempre ha sucedido. Durante dos siglos, la mano de obra ha sido el factor más escaso de nuestra economía, lo que ha dado lugar a salarios que han aumentado considerablemente por encima de los niveles preindustriales. Los trabajadores humanos eran el cuello de botella, y eso los hacía valiosos. Pero si la mano de obra en sí misma se volviera opcional para la economía, la situación sería muy diferente.

Inteligencia Artificial General

Si la búsqueda de la Inteligencia Artificial General tiene éxito, no estaremos ante otra Revolución Industrial. Cuando una máquina puede realizar el trabajo de un trabajador, su salario acaba reduciéndose hasta igualar el costo de la máquina. Surgirán nuevos empleos, como siempre. Pero las máquinas los aprenderán más rápido y los realizarán a un costo menor. Los patrones históricos tranquilizadores dependían de la necesidad de los humanos para gestionar la economía. Si se elimina ese cuello de botella, nos enfrentamos a algo cualitativamente diferente: un cambio permanente en quién, o qué, se beneficia del crecimiento económico.

Lo positivo es que la inteligencia artificial general generaría enormes ganancias económicas. Las mismas fuerzas que podrían disminuir el valor de la mano de obra también aumentarían drásticamente la producción total. El reto es garantizar que los humanos compartan esa abundancia cuando ya no se requiera el trabajo humano para generarla. Históricamente, los salarios han sido el principal mecanismo para distribuir ampliamente los beneficios del crecimiento económico. Es posible que pronto se necesiten nuevos mecanismos que desvinculen los ingresos del trabajo: una amplia propiedad del capital, una renta básica universal o enfoques que aún no se han imaginado. Se necesita empezar a construir esas instituciones ahora. La IA podría, en última instancia, mitigar la escasez de mano de obra. De ser así, se trataría de un desafío social desgarrador que no estamos preparados todavía para gestionar con éxito. Dos ideas provenientes de MIT, esbozadas en un ensayo reciente, son:

Capital Básico Universal – El capital básico universal otorgaría a cada persona una participación significativa en la propiedad de los activos productivos al nacer. Potencialmente, proporcionaría ingresos a través de la rentabilidad del capital en lugar de transferencias continuas y protegería contra el riesgo de que la IA desplace la mano de obra.

Seguro Salarial – También se podrían necesitar políticas para ayudar a los trabajadores que pierdan su empleo. Los trabajadores despedidos a menudo deben aceptar recortes salariales significativos para encontrar un nuevo empleo. El seguro salarial puede ayudar a facilitar estas transiciones difíciles

Se hace referencia a Are We at the End of the Industrial Age. También se encuentra en mi Portal https://tinyurl.com/mt7cvcxy. 

Estamos asistiendo al desmantelamiento del ecosistema criminal en tiempo real; los tipos están sometidos.

No se puede reconstruir la República, con sus potentes instituciones, sobre la impunidad de crímenes de lesa humanidad cometidos en 27 años de ignominia.

Corresponde al liderazgo legitimado por la soberanía popular el trazado de las líneas rojas, consciente de que los represores tienen en la actualidad un papel asignado, bajo vigilancia, en la transición en marcha. El bandido no puede dejar de ser bandido; por eso, la parte determinante de la transición debe descansar en el liderazgo que goza del mandato popular. Esta será la fórmula ganadora para hacer realidad la restauración de la democracia. No es venganza lo que queremos, es justicia.

La verdad ha sido excarcelada, con medidas cautelares.

Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos son un evento a tomar en cuenta como fecha límite en la coyuntura política venezolana, en el sentido de que constituyen un catalizador de las etapas transicionales previstas, y lo más seguro es que, antes de esa fecha, quede en manos de autoridades legitimadas por la soberanía nacional la conducción del país.

Insistimos en la necesidad de optimizar las tres etapas (estabilización, recuperación y transición) con miras a brindar certezas a los venezolanos. Ratificamos que no se puede construir sobre la impunidad.

Una sucesión de victorias tempranas será el incentivo real para la catarata de inversiones que se esperan en la nueva realidad venezolana. Pensable para algunos e impensable para la mayoría: normalizar la situación con un chavismo multicolor.

El camino inaplazable es el desmoronamiento de la corporación criminal desde adentro y desde afuera, enfatizamos con la tenaza efectiva externa de la comunidad internacional, y todas esas etapas serán verificadas en menos de un año.

La baja moral de los capitostes del hamponato contribuye a desmontar las amenazas de la dictadura. Somos conscientes de que nadie está jugando carritos en el transcurrir de este dinámico camino heterodoxo. A los forajidos no se les puede subestimar; sabemos de sobra que son incorregibles y que logran sus objetivos con sus marramucias de “ganar tiempo».

Desde ya deben salir las fuerzas de ocupación de cubanos, iraníes, chinos y rusos, un peligro creciente para el hemisferio. Desde ya debe cesar la utilización del Centro de Artes Teresa Carreño para actividades políticas decadentes. Desde ya deben comenzar a entregarse a sus legítimos dueños las propiedades confiscadas.

El hilo conductor de este  proceso, admitiendo las circunstancias particulares de lo heterodoxo de la transición, debe ser el mandato de la soberanía popular. Sería un contrasentido frenar por mucho tiempo el mandato de alternabilidad en el poder. Los repudiados no deben pasar mucho tiempo en el poder, ya que están profundamente involucrados y comprometidos con el narcorrégimen de Maduro.

Resulta interesante que la corte de Nueva York despeje de una vez las dudas razonables sobre la nacionalidad de Maduro, y que pueda determinarse si es colombiano o venezolano.

¡Libertad plena para todos los presos políticos!

En este video producido por el Grupo Política y Gerencia, los invitamos a ver este conversatorio realizado con el Dr. Eduardo Fernández, reconocido político de amplia trayectoria, en el cual tratamos el tema acerca de ¿Cuál es la situación actual de Venezuela?, en el cual el Dr. Fernández abarca los aspectos políticos, petroleros y su punto de vista de mucho optimismo hacia el futuro del país.

Treinta y un (31) exjefes de Estado miembros del Grupo IDEA – Iniciativa Democrática de España y las Américas, celebran la liberación de presos políticos en Venezuela, a la vez que censuran se esté explotando el dolor de estos y sus familiares por sus represores y carceleros; a cuyo efecto demandan el cierre de los juicios arbitrarios, la liberación incondicional de todos los presos políticos y de conciencia, civiles y militares, tanto como la derogación de las leyes represoras que han sido aplicadas por la dictadura todavía imperante en Venezuela.

Asimismo, al recordar que median crímenes de lesa humanidad imprescriptibles y bajo conocimiento de la Corte Penal Internacional, a los presos políticos liberados se les debe asegurar su derecho a la verdad, saber de sus victimarios, acceder para ello a la Justicia y recibir las reparaciones integrales que se les deben, materiales y morales, como víctimas de violaciones graves de derechos humanos.


IDEA AMNISTÍA VENEZUELA 2026Descarga

Arcadia Foundation fijó posición ante el proyecto de Ley de Amnistía en discusión parlamentaria en Venezuela con un pronunciamiento que apuesta por un resultado inmediato y verificable y, al mismo tiempo, desmonta la narrativa oficial con una frase que no deja resquicio a eufemismos: el “reencuentro” es propaganda y el régimen no se reconcilia, simplemente se arrodilla ante la presión de Estados Unidos. En el texto, la organización sostiene que la ley debe aprobarse y ejecutarse cuanto antes si sirve para abrir las cárceles, clausurar expedientes fabricados y desactivar la persecución política que durante años ha operado como método de castigo contra la disidencia.

El comunicado niega que la iniciativa responda a una rectificación democrática o a un acto de contrición institucional y la describe como un movimiento forzado por la presión. Desde esa lectura, insiste en que el debate público no puede convertirse en un ejercicio de estilo ni en un campo de objeciones accesorias que terminen prolongando lo esencial: la existencia de presos políticos y la vigencia de procesos construidos como instrumentos de represalia. La prioridad, subraya, es que la libertad llegue sin dilaciones tácticas ni cálculos de conveniencia, porque la urgencia humana de quienes han sido encarcelados por disentir no admite calendarios cómodos para el poder.

Suscrito por Robert Carmona-Borjas, CEO y Cofundador de Arcadia Foundation, el pronunciamiento plantea que una amnistía no debe insinuar culpa sobre quienes fueron privados de libertad por ejercer derechos fundamentales. Quien fue encarcelado por opinar, denunciar, organizarse o protestar, sostiene el texto, no debe cargar con la sombra de un “perdón” que presuponga delito ni servir de pieza utilitaria para reescribir la realidad. En un Estado conforme a derecho, afirma, la respuesta natural habría sido la nulidad de actuaciones, el sobreseimiento por inexistencia de hecho punible, la restitución plena de la libertad, la reparación integral y la depuración institucional; pero si el poder que causó la persecución pretende ahora una fórmula expedita para cesarla, lo determinante es que cese de inmediato, sin simulaciones y sin relatos adulterados.

Una de las aristas más severas del texto apunta a la oposición democrática. Arcadia Foundation la exhorta a actuar con sentido de urgencia y disciplina, no a perderse en críticas de forma ni a celebrar la medida como si fuese una “sanación nacional”. Ese relato, sostiene, falsea el cuadro real: ningún paciente se sana porque lo saquen de cuidados intensivos: eso apenas lo estabiliza. La sanación llega cuando se elimina la causa del daño y se repara el organismo. Venezuela, hoy, necesita lo urgente —libertad inmediata y cierre de persecuciones—; la sanación vendrá en democracia, cuando haya justicia, reparación y los responsables rindan cuentas. 

El pronunciamiento también advierte que el régimen pretende usar la ley como una salida política para maquillarse ante su militancia y ante los engranajes corruptos que lo sostienen, y sostiene que, precisamente por eso, no debe estorbarse la ejecución de la medida si conduce a lo indispensable: abrir las cárceles y desmontar los expedientes fabricados. La discusión de fondo, agrega, no puede ser secuestrada por el discurso del “reencuentro”, porque lo decisivo no es la liturgia sino el acto verificable de cesar la persecución.

En ese marco, Arcadia Foundation afirma que cualquier revisión, corrección, reforma o ajuste que el país requiera deberá hacerse donde corresponde: en democracia. Con autoridades legítimas, un poder judicial independiente y un Parlamento auténticamente representativo, Venezuela podrá ordenar el sistema jurídico y colocar límites reales a los abusos, establecer garantías de no repetición y asumir la tarea pendiente de justicia y reparación. Pero el comunicado insiste en que el reloj moral del presente no se detiene: la libertad no puede esperar a la perfección normativa ni a la retórica de la reconciliación.

Se adjunta el comunicado.

Arcadia – Comunicado – Ley de Amnistía es para liberar y clausurar persecuciones- el “reencuentro” es propaganda_ el régimen no se reconcilia, se arrodilla ante la presión de Estados UnidosDescarga

Al menos seis aerolíneas internacionales reanudarán sus vuelos a Venezuela entre este mes de febrero y marzo, indicó este viernes a EFE la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera.

Según la organización, TAP, Turkish Airlines, LATAM, Avianca, GOL y Plus Ultra ya confirmaron la reanudación de sus operaciones desde y hacia el país, cuya conectividad se vio afectada desde noviembre, cuando Estados Unidos pidió extremar precauciones al sobrevolar Venezuela ante lo que consideró como «una situación potencialmente peligrosa», en medio de su despliegue militar en el mar Caribe.

La autoridad aeronáutica venezolana había respondido a la decisión de estas aerolíneas de suspender sus vuelos con la revocación de sus permisos.

La titular de Avavit confirmó a EFE que Turkish comunicó a las agencias de viajes que reabrirá la ruta entre Caracas y Estambul a partir del 3 de marzo con tres frecuencias semanales.

«Por el momento, solo podrán ver disponibilidad durante el mes de marzo. Seguimos trabajando para agregar en sistema la totalidad de oferta de vuelos en los siguientes meses. Agradecemos su comprensión mientras terminamos de ajustar los itinerarios», reza el aviso de la compañía turca.

Herrera indicó que Plus Ultra confirmó su retorno para el 3 de marzo con dos frecuencias semanales.

Respecto a las latinoamericanas, señaló que Avianca comienza el 12 de febrero con siete vuelos semanales y LATAM el 23 de febrero con cuatro frecuencias.

La brasileña GOL anunció este viernes que reanudará el próximo 8 de marzo los vuelos entre São Paulo y Caracas.

La portuguesa TAP dijo recientemente que reanudará su conexión con el país latinoamericano a partir del 30 de marzo.

Por otra parte, la venezolana Laser Airlines anunció este viernes a sus clientes que vuelven sus viajes directos a Madrid el próximo 18 de febrero, en alianza con su aliada Hifly.

Recientemente, Wingo, una aerolínea colombiana que reanudó sus vuelos de Bogotá a Caracas el pasado 16 de enero, anunció que a partir del próximo 1 de marzo también los retomará desde Medellín a la capital venezolana con tres frecuencias semanales.

Herrera celebró estas reanudaciones como una noticia «sumamente positiva» para el sector y para el país en general, al recordar que la conectividad impacta también en otros ámbitos como la salud, el comercio, los negocios y los encuentros familiares.

También se espera que el regreso de estas aerolíneas estabilice o incluso reduzca los precios de los boletos aéreos.

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la reapertura de las conexiones aéreas con Venezuela, después de una llamada telefónica con la presidenta encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, quien dijo que todas las aerolíneas son bienvenidas al país.

EFE

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