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Por Daniel Lozano en El Mundo

El Consejo Nacional Electoral (CNE), considerado el «mejor» en dos décadas pese a que el chavismo mantenía una mayoría de tres rectores revolucionarios frente a dos opositores, ha saltado hecho añicos a cuatro meses de las primarias opositoras. El parlamento bolivariano ha comunicado esta noche al país que «ha aceptado la renuncia de los rectores principales y suplentes del CNE», en referencia a su presidente, Pedro Calzadilla, y a los rectores Alexis Corredor y Tania DAmelio, que esperaba su sustitución desde hace varios meses.

En principio, los dos rectores opositores, Roberto Picón y Enrique Márquez, no han renunciado a su cargo, aunque en fuentes opositoras temen que una intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), principal martillo chavista contra la Unidad Democrática, fuerce un nuevo proceso para todos los rectores, quieran o no.

«Ahora van a nombrar lo que les dé la gana, como parte de su agenda de desmovilización del voto», certificó Luis Florido, coordinador de la Comisión Internacional de la Plataforma Unitaria. La semana pasada, la Comisión Nacional de Primaria, encargada de llevar a buen puerto la elección del rival que se enfrente a Nicolás Maduro en 2024, había alcanzado un acuerdo con el ya extinto CNE para que asistiera técnicamente este proceso autónomo en el interior del país. Para los votantes en el exterior, de un universo de entre cuatro y cinco millones de electores, se pondrá en marcha una aplicación para ejercer el derecho a voto en 81 ciudades de distintos países, sin participación gubernamental.

«Nos agarró de sorpresa pese a que suponíamos que el régimen en algún momento iba a tomar la decisión de cambiar a la directiva, era una espada de Damocles desde hace varios meses. Sabíamos que iban a pedir la cabeza de Picón y Márquez», atestiguó a EL MUNDO el experto electoral Jesús Castellanos.

El malestar del Palacio de Miraflores provenía de la doble victoria opositora en las regionales de Barinas, la tierra natal de los Chávez. El primer triunfo de Freddy Superlano (candidato hoy de Voluntad Popular en sustitución del exiliado Juan Guaidó) en noviembre de 2021 fue boicoteado por el chavismo, que ordenó repetir las elecciones en febrero del año siguiente. El ganador entonces también fue opositor, Sergio Garrido, pese a que varios jerarcas del chavismo querían imponer a su candidato, el repudiado Jorge Arreaza, que fuera yerno del comandante supremo y canciller de Maduro.

Fue en ese momento cuando las dudas en el CNE comenzaron a calar en el chavismo. «Automáticamente, esta maniobra dinamita que el CNE apoye técnicamente las primarias. La Comisión va a tener que organizar el proceso por ella misma con todo lo que significa. Además, está claro que de cara a las presidenciales de 2024 al régimen no le interesaba mantener el actual CNE. Fue potable para unas elecciones locales que no les ponían en mucho riesgo, pero ahora va a buscar una directiva que desmotive a la oposición, genere fricciones internas y frustración en la población», resumió Castellanos para este periódico.

La configuración del CNE dinamitado por Maduro se consiguió durante los diálogos entre gobierno y la oposición, con el visto bueno de la Unión Europea.

«La dictadura de Maduro avanza en sabotear primaria y elección presidencial. Un CNE tutelado en el que no confían y hacen cuesta arriba el uso de la infraestructura del Estado (colegios electorales, CNE) para realizar primaria. La respuesta debe ser más unidad y lograr la primaria autogestionada», respondió Guaidó desde el exilio.

Por Mónica Mena Roa en Statista

El 94,5% de la población española de 16 a 74 años (33,5 millones de ciudadanos) usó internet en los tres meses anteriores a la última encuesta anual del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la información, que se realizó entre abril y agosto de 2022 y se publicó el pasado 29 de noviembre.

En cuanto a la utilización de redes sociales durante ese periodo, el 63,2% de la población con edades comprendidas entre los 16 y los 74 años participó en las de carácter general (como Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, etc.), un porcentaje ligeramente inferior al registrado en 2021, que fue del 64,7%.

Aunque las redes sociales han seducido en España a personas de prácticamente todas las edades, las generaciones más jóvenes fueron, sin duda, las más activas en ellas. Así lo corrobora el dato de que cerca del 93% de la población española de entre 16 y 24 años utilizaba algún tipo de red social. Así mismo, la segunda franja de edad con mayor número de usuarios era la de aquellos de entre 25 y 34 años, con más de un 80%.

El interés de los españoles por Instagram, Twitter y compañía desciende a medida que la edad aumenta. Así, algo menos de la mitad (45,1%) de los españoles de 55 a 64 años participó en redes sociales, mientras que sólo cerca de tres de cada diez personas de 65 a 74 años se animaron a hacerlo.

El uso de derivados de petróleo como combustible para el transporte bajará en todo el mundo a partir de 2026, vaticinó este miércoles la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

La expansión de los vehículos eléctricos, el aumento del uso de los biocombustibles y la reducción del consumo por la mayor eficiencia técnica, explicó la AIE en su informe semestral sobre el mercado de petróleo a medio plazo.

El informe también señala que el aumento de la demanda mundial de crudo será casi nulo para 2028, debido a que los elevados precios y las preocupaciones por la seguridad del suministro van a acelerar el paso a energías más limpias.

La AIE prevé que la demanda subirá un 6% entre 2022 y 2028, hasta alcanzar los 105,7 millones de toneladas, pero que en este último año solo se incremente en 0,4 millones de barriles, “poniendo a la vista el pico de la demanda”.

“El cambio a una economía basada en las energías limpias está ganando ritmo, con un pico en la demanda global de petróleo a la vista antes del final de esta década mientras avanzan los vehículos eléctricos, la eficiencia energética y otras tecnologías“, afirmó en el informe del director ejecutivo de la agencia, Fathi Birol.

Con estas perspectivas, Birol consideró que los productores de petróleo deben “prestar mucha atención al creciente ritmo del cambio” a la hora de “calibrar sus decisiones sobre inversiones para asegurar una transición ordenada” en el sector.

El informe señala que los mercados mundiales de petróleo “todavía se están ajustando” tras tres años turbulentos debido a la pandemia y a la invasión rusa de Ucrania.

La AIE prevé que los mercados podrían sufrir un aumento de las tensión en los próximos meses según entran en marcha los recortes de producción anunciados por la OPEP y sus aliados (OPEP+).

Sin embargo, recuerda que los países productores que no pertenecen a esa alianza protagonizarán el aumento de la producción a medio plazo, encabezados por Estados Unidos, Brasil y Guyana, con un aumento de la extracción calculado en 5,1 millones de barriles diarios para 2028.

El informe asume que los principales productores van a continuar aumentando su producción incluso a pesar de que el crecimiento de la demanda se va a ralentizar a medio plazo.

Por ello, calcula que habrá un cojín de capacidad de producción no utilizada de 3,8 millones de barriles diarios, una buena parte concentrada en Oriente Medio.

En este sentido, apunta a que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Irak serán los países que más aumentarán su capacidad dentro del grupo OPEP+.

En cambio, los miembros africanos y asiáticos tendrán que afrontar declives continuados de su capacidad, mientras que la producción de Rusia caerá debido a las sanciones internacionales, asegura la AIE.

El volumen de la inversión en exploración y extracción de petróleo y gas aumentará un 11% en 2023 hasta los 528.000 millones de dólares, la cifra más alta desde 2015.

Aunque el informe considera que esta cifra puede asegurar el suministro necesario para el aumento de la demanda, advierte de que podría exceder lo necesario en años subsiguientes, cuando el mundo avanza hacia la eliminación de las emisiones de carbono.

En el sector del refino, se constata que la capacidad global se ha reducido por una ola de cierres de instalaciones, reconversiones a biocombustibles o retraso de nuevos proyectos debido a la pandemia.

Esto, combinado con un recorte de la exportación china de productos refinados y las convulsiones en los flujos comerciales rusos, generaron en 2022 beneficios récord para la industria, recuerda la AIE.

El informe prevé más inversiones y capacidad en el refino, de forma que se pueda procesar el aumento de la demanda global de crudo previsto hasta 2028, aunque no descarta que pueda haber tiranteces en los mercados de ciertos productos en función de las tendencias de consumo y producción de cada uno de ellos.

EFE

Vía MasE

El Ministerio de Economía de Argentina dio luz verde al ingreso del proyecto de Chevron en El Trapial al Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.

El Ministerio de Economía de la Nación dio luz verde al ingreso del proyecto de la petrolera norteamericana Chevron en el yacimiento no convencional El Trapial Este, en el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, que le permitirá exportar libremente hasta un 20% de la producción sin retenciones. La compañía está dispuesta a invertir unos 500 millones de dólares en la fase piloto para perforar 16 pozos en Vaca Muerta.

La resolución 509/2023 de la Secretaría de Energía, publicada hoy en el Boletín Oficial, estableció que Chevron podrá acceder al régimen brinda derecho a comercializar libremente en el mercado externo 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en los proyectos alcanzados, con una alícuota de 0% de derechos de exportación, en caso de resultar aplicables.

Para lograr esos beneficios, la petrolera debe cumplir con un compromiso de inversión no inferior a US$ 250 millones durante los primeros tres años del proyecto, plazo que comenzará a computarse a partir de la presentación efectuada por la firma, el 18 de mayo de 2023.

Se espera que esa inversión se complete este mismo año. Autoridades de la empresa Chevron en la Argentina anunciaron el viernes pasado al ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía, Flavia Royon, el compromiso de la compañía de ingresar 300 millones de dólares antes de julio.

«Acordamos con la empresa Chevron avanzar en un programa de inversiones. La semana que viene ingresarán 300 millones de dólares para desarrollar El Trapial y según el estado de avance de la inversión, podrán sumarse otros 200 millones, totalizando 500 millones de dólares este año. Además, la empresa presentó el programa de incremento exportador y sus proyecciones de mayores exportaciones para este año», explicó Massa a través de su cuenta de Twitter.

El año pasado, el gobierno de Neuquén otorgó la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos (Cench) a Chevron como operadora y titular de El Trapial Este, que posee una superficie de 282,80 kilómetros cuadrados, y se desprende de la Concesión de Explotación del área El Trapial-Curamched, también bajo la titularidad de la misma empresa.

Ni bien asumió como ministro de Economía en septiembre, Massa viajó a Houston, Texas, donde se reunió con altos directivos de Chevron. El tema excluyente de las tratativas fue la promesa de reactivar el Decreto 929 del año 2013, firmado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que posibilitó el acuerdo entre YPF y la petrolera norteamericana para poner en marcha el primer desarrollo en Vaca Muerta, en el yacimiento Loma Campana.

La norma habilitaba a la compañía a exportar el 20% de la producción sin retenciones y disponer libremente de las divisas generadas, a partir del quinto año. El plazo se cumplió en 2018, pero el gobierno de Mauricio Macri nunca dio luz verde a esos beneficios.

Meses atrás, el dirigente de Tigre cumplió su promesa al reactivar esa norma, lo que fue crucial para desatar la inversión en El Trapial y que la petrolera ingrese dólares que ayudarán a paliar la crítica escasez de divisas en el Banco Central.

Chevron está perforando un proyecto piloto de 16 pozos en El Trapial, que durante los años ´90 fue unos de los yacimientos convencionales de petróleo icónicos de Neuquén.

A continuación les traemos la conferencia sobre Inteligencia artificial y resilencia dictada el pasado 9 de junio por los profesores José Alberto Peña, Elvira Navas y María Cecilia Fonseca en el seno de la Comisión de Infraestructura de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela.

Disfrútenla

Más de dos de cada cinco nuevas solicitudes de asilo en el mundo en 2022 fueron de ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe, con Venezuela a la cabeza, con un alza del 186% en el periodo, según un reporte global difundido el miércoles por Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

La oficina de Naciones Unidas informó que en el mundo, el número de solicitantes aumentó un 83% respecto de 2021, de 1.4 millones a 2.6 millones, y las personas desplazadas crecieron en un 21% (unos 19 millones), el aumento anual más grande de la historia y una cifra que población de Ecuador o Chile.

“A finales de 2022, 800 mil 600 refugiados y otros 5.2 millones con necesidad de protección internacional residían en países de la región de las Américas, la mayoría de los cuales eran venezolanos”, detalló ACNUR en un reporte presentado en Suiza. La cifra total representa un incremento del 17% desde el cierre de 2021.

Unos 5.45 millones de venezolanos eran refugiados o necesitaban protección internacional a finales del año pasado, lo que representa 16 de cada 100 ciudadanos, solo por detrás de Siria y Sudán del Sur, según el reporte.

Las peticiones de asilo de venezolanos en 2022 subieron un 186%, a 264 mil. También se incrementaron las de las personas de Cuba (seis veces más, a 194 mil 700), Nicaragua (un 49%, a 165 mil 800), Colombia (un 184% más, a 90 mil 500), Honduras (un 33% más, a 79 mil 700) y Haití (10% más, a 73 mil 500).

“Si bien las nuevas solicitudes de asilo de estos países se registraron principalmente en otros países de la región, con el mayor número presentado en los Estados Unidos de América, Costa Rica y México, un número significativo también solicitó asilo en España”, explicó ACNUR.

En la región, las mayores poblaciones de refugiados y otras personas con necesidad de protección internacional estuvieron en Colombia (2.5 millones), Perú (976 mil 400) y Ecuador (555 mil 400). Sólo se reportaron nuevos desplazamientos internos en Colombia, unos 214 mil 700 durante el año pasado.

El estudio señala también que Estados Unidos, cuya frontera sur ha sufrido en los últimos años un incremento en la llegada de migrantes indocumentados de Centroamérica y Sudamérica, fue el mayor receptor mundial de nuevas solicitudes de asilo, con 730 mil 400, cerca de cuatro veces más que en 2021.

A principios de este año, Washington endureció sus leyes migratorias al ampliar las nacionalidades de las personas que puede expulsar a través de la frontera hacia México para incluir a cubanos, haitianos y nicaragüenses.

Reuters

Por Carolina Alcalde en VOA

El establecimiento de una oficina de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se traduce en un “muro de contención” para el gobierno del presidente Nicolás Maduro, señalado de haber cometido presuntos crímenes de lesa humanidad, señalan especialistas en DDHH.

La firma de un memorando de entendimiento que concreta la conformación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, tal y como se había acordado en marzo del año pasado, es considerado como positivo por expertos en materia de DDHH.

El documento, cuyo contenido no se ha hecho público, fue firmado el viernes por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y el fiscal de CPI, Karim Khan, quien sin dar detalles dijo que la oficina ya tiene sede, lo que le permitirá “venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana” para ayudar al país a “cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma”.

Aún se desconoce el número de funcionarios que estarán en el país, pero la CPI resaltó que la oficina permitirá “acercar” su trabajo a Venezuela, apoyar la prestación de asistencia y mejorar la cooperación para la rendición de cuentas.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que la oficina no recibirá denuncias y precisó que tendrá un “carácter técnico, de formación” y “cooperación” dentro de la complementariedad.

“Nosotros tenemos la clara intención de hacer justicia en nuestro país, sin que un ente trasnacional lo haga por nosotros y lo estamos demostrando”, dijo el domingo Saab en una entrevista concedida al canal privado, Venevisión.

Muro de contención

Ali Daniels, profesor de derecho internacional humanitario y codirector de Acceso a la Justicia, reiteró que la oficina en Caracas no recibirá denuncias ni recabará información de casos de crímenes de lesa humanidad y que sus funciones estarán orientadas a la capacitación y formación de funcionarios venezolanos, como parte de los mandatos establecidos en el Estatuto de Roma.

“Lo lógico es que se dé capacitación técnica a países que no están siendo investigados porque quieren evitar errores. Esta situación es particular porque un país que está siendo investigado va a recibir capacitación técnica, pero en el Estatuto tiene sentido porque son situaciones diferentes”, subrayó.

Además, aclaró que el fiscal de la CPI tiene un “papel constitucional” y que está en la obligación de dar asistencia técnica a cualquier país, tenga o no una investigación abierta. También, destacó que el hecho de que personal de la CPI esté en el terreno es “esencial” para la fiscalía.

“Nunca jamás va a ser igual que a un funcionario le cuenten lo que pasa en Venezuela a que él lo vea (…) aunque no recaude información para la investigación va a saber lo que es vivir en Venezuela y eso no tiene precio, es inestimable”, dijo Daniels.

Consultado por la Voz de América sobre si la oficina de la CPI en Caracas podría representar un muro de contención para la comisión de violaciones a los DDHH, Daniels respondió: “absolutamente sí”.

El abogado recordó que a partir del momento en el que la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) comenzó a denunciar crímenes de lesa humanidad en el país, el número de ejecuciones extrajudiciales ha bajado, aunque siguen siendo “números escandalosos”, puntualizó.

“Sí he hecho mella, sigue la maquinaria de tortura, sigue la maquinaria de represión, pero está siendo mucho más selectiva porque saben que los están observando”, considera.

En marzo de 2022 cuando se anunció la apertura de la oficina, el fiscal Khan añadió que acordó con el Estado venezolano la emisión de “visados de múltiple entrada” que serán concedidos a diversos miembros de su equipo para poder acceder “de forma sencilla” a Venezuela.

Al respecto, Calixto Ávila, abogado especialista en Derechos Humanos del Programa Venezolano Educación Acción en DDHH (Provea), recordó la semana pasada que el mecanismo cuenta con un presupuesto de más de 1.550.000 euros aprobado por la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma de la CPI en diciembre de 2022.

La fiscalía de la CPI ordenó abrir en 2021 una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.

El Estado venezolano cuestionó la decisión del fiscal argumentando que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.

A principios de mayo de este año, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI rechazó otorgar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ha dudado de la imparcialidad de la fiscalía, autorización para responder al informe con observaciones de al menos 8.900 víctimas que respaldan la continuidad de la investigación de la fiscalía de la CPI contra el Estado venezolano.

Se espera que en los próximos meses la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI anuncie su decisión sobre la continuidad o no de la investigación.

Más de 110 millones de personas viven actualmente en situación de desplazamiento o de exilio forzado, indicó el miércoles la ONU, que ve en ese número récord un acta de «acusación» contra el estado del mundo.

La guerra en Ucrania, la estampida de refugiados de Afganistán y los combates en Sudán elevaron en los últimos tiempos esos balances de manera imparable, precisó el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El número de desplazados y refugiados, de 108,4 millones a fines del año pasado, se acrecentó desde entonces en casi dos millones debido a los enfrentamientos en Sudán, indicó el reporte.

Desde fines de 2021, el aumento de personas en situación de desplazamiento forzado, dentro o fuera de sus países, se acrecentó en 19,1 millones, en el mayor incremento desde que esa agencia de la ONU empezó a elaborar esos balances, en 1975.

La cifra de 110 millones se alcanzó en mayo.

«Hay unas 110 millones de personas que huyeron de sus hogares a causa de conflictos, persecuciones, discriminaciones y violencia, a menudo combinados con otros motivos y en particular con el impacto del cambio climático», subrayó el jefe del ACNUR, Filippo Grandi, en una rueda de prensa en Ginebra.

Esas cifras son «una verdadera acusación contra el estado de nuestro mundo», agregó.

Número en aumento

En 2022, había 35,3 millones de personas que buscaron refugio en otros países y 62,5 millones de desplazados internos.

A ellos se sumaban 5,4 millones de solicitantes de asilo y 5,2 millones de personas, principalmente venezolanas, que requerían una protección internacional.

«Temo que el balance siga aumentando», dijo Grandi.

Los desplazados y refugiados se topan con «un entorno más hostil, prácticamente en todas partes, sobre todo cuando se trata de refugiados», indicó.

Los líderes deben «convencer a la opinión pública de que hay personas que merecen obtener protección internacional», agregó.

Pedir asilo «no es un crimen»

Grandi consideró que los planes del gobierno británico de enviar a Ruanda a solicitantes de asilo «no son una buena idea».

Las respuestas de Estados Unidos son más complejas, pero el ACNUR está «preocupado» por las nuevas dificultades que encuentran los aspirantes a obtener asilo en ese país, puntualizó el funcionario de la ONU.

El mes pasado entró en vigor en Estados Unidos una norma que obliga a los migrantes a pedir cita a través de una aplicación móvil (CBP One) o a acogerse a programas de reunificación familiar o a permisos humanitarios para cupos de venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos.

En cualquiera de estos casos la solicitud debe tramitarse antes de llegar a los puertos de entrada.

Grandi se congratuló en cambio por el acuerdo alcanzado este mes por la Unión Europea (UE), que apunta a reducir las tensiones entre sus 27 países miembros y dar una respuesta «relativamente justa» a las personas en desplazamiento.

Ese pacto obliga a todos los países de la UE a recibir a un determinado número de solicitantes de asilo procedentes de otro país del bloque confrontado a una fuerte presión migratoria o a realizar una contribución financiera en caso de negarse.

Grandi instó a la UE, a Estados Unidos y al Reino Unido a «mantener abiertas sus puertas».

«Los solicitantes de asilo no deben ser encarcelados. Pedir asilo no es un crimen», subrayó.

Temor por Sudán

Grandi urgió a una acción global para aliviar las causas y los impactos de los desplazamientos y afirmó que la situación financiera del ACNUR «no es buena este año».

Los llamamientos de la agencia de la ONU para acudir en ayuda de los desplazados internos en Sudán recabó solamente el 16% de los fondos esperados y los realizados para ayudar a los países que les dieron acogida solo consiguió el 13% de las sumas necesarias.

Unas 467.000 personas huyeron del país africano desde el inicio de los combates entre la junta en el poder y grupos paramilitares a mediados de abril y 1,4 millones se convirtieron en desplazados internos.

En el balance del ACNUR figuraban a fines de 2022 unos 6,5 millones de refugiados sirios, 3,9 millones de ellos en la vecina Turquía.

Había igualmente 5,7 millones de refugiados ucranianos, que huyeron tras el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, en la mayor ola de refugiados en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El año pasado, unos 339.000 refugiados regresaron a sus países y unos 5,7 millones de desplazados internos volvieron a sus tierras.

Los países que mayor número de refugiados acogen son Turquía (3,6 millones), Irán (3,4 millones, Colombia (2,5 millones), Alemania (2,1 millones) y Pakistán (1,7 millones).

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, llegó el martes a Nicaragua para reunirse con su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, con quien busca afianzar los lazos binacionales, informaron medios gubernamentales.

Raisi, que viaja acompañado de una amplia delegación, fue recibido en la tarde en el aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, según los medios.

Ortega dio la bienvenida al «hermano presidente» iraní a quien le aseguró que ambos países compartían «señales de Dios» como la coincidencia del triunfo de la revolución islámica en febrero de 1979 y de la revolución sandinista en julio del mismo año.

«Por eso siempre hemos dicho y repetido que somos revoluciones gemelas, de profundas raíces en la defensa de nuestra identidad, en la defensa del bienestar de nuestros pueblos», indicó Ortega.

Raisi por su parte aseguró que «desde el inicio de la victoria de la revolución islámica en Irán ha existido una excelente relación fraterna con nuestros hermanos de la revolución sandinista de Nicaragua» y sostuvo que los lazos entre ambos países «no son relaciones habituales tradicionales, son relaciones completamente estratégicas».

«Nosotros queremos incrementar y profundizar nuestras relaciones en todas las áreas: políticas, económicas y culturales y en todos los ámbitos, sobre todo en materia de ciencia y tecnología», añadió según la traducción oficial de sus palabras en un discurso durante la ceremonia de bienvenida ofrecida por Ortega.

Antes, la vicepresidenta y portavoz de gobierno, Rosario Murillo, también esposa de Ortega, indicó a los medios que Raisi tiene previsto «un programa amplio de reuniones».

El líder iraní inició el lunes en Venezuela su primera visita a América Latina que continúa en Nicaragua y el miércoles viajará para concluir su gira a Cuba, todos países que considera «amigos».

En Caracas, Raisi y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, firmaron 25 acuerdos para reforzar la cooperación entre ambos países sancionados por Estados Unidos.

Raisi es el segundo presidente iraní que visita Nicaragua desde que el entonces mandatario Mahmud Ahmadinejad viajó en 2007 y 2012 para reunirse con Ortega como parte del estrechamiento de relaciones entre Teherán y Managua.

En febrero pasado, el jefe de la diplomacia iraní, Hosein Amir Abdolahian, afirmó en Managua que Irán y Nicaragua tienen «muchas similitudes» y que ambos países ultimaban mecanismos para impulsar acuerdos bilaterales en áreas de salud, cultural, científica y política.

En América Latina, Irán mantiene estrechos lazos políticos con Venezuela, Cuba y Nicaragua, aunque tiene nexos diplomáticos y comerciales con otras naciones de la región.

AFP

Vía Derecha Diario

El fallecido mandatario italiano reformuló los principales cimientos de la estructura estatal italiana, incluyendo la legislación laboral, el sistema previsional y el sistema impositivo. Las reformas de Berlusconi avanzaron con la necesaria modernización del país.

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, apodado cariñosamente como “Il Cavaliere”, falleció este lunes por la mañana, luego de una larga carrera política donde fue el gran protagonista de una serie de reformas que modernizaron la estructura del Estado italiano desarmando décadas de burocracia socialista en favor del libre mercado.

Ocupó la dirección del Poder Ejecutivo por primera vez en un breve período entre 1994 y 1995, más tarde logró formar un Gobierno con respaldo parlamentario entre 2001 y 2006, y en contra de todo pronóstico logró nuevamente imponerse como mandatario entre el año 2008 y 2011, completando 9 años al frente del poder en Roma.

Sus reformas fueron fundamentales para garantizar la solvencia fiscal a largo plazo, contener la tasa de desocupación y estimular el crecimiento, aún a pesar de las serias dificultades que atravesó la economía italiana, y los problemas estructurales que aún persisten en ella.

Las reformas en el mercado laboral

La reforma de la legislación laboral italiana es sin lugar a dudas uno de los puntos más favorables de la gestión Berlusconi. Aunque Italia tuvo un desempeño similar al de España en cuanto a su nivel de actividad, la tasa de desocupación española prácticamente duplicó a la italiana durante la crisis internacional de 2008 y en adelante.

La divergencia en favor de Italia se debió fundamentalmente a la flexibilización de la legislación laboral que impulsó Berlusconi en sus primeros mandatos. Entre 2001 y 2002 se llevó a cabo una reformulación integral del sistema, por la cual se amplió el “despido libre” para una gran cantidad de contratos (sin indemnización) y a cambio se amplió por un año la percepción por seguros de desempleo.

Para esto hubo que modificar el artículo 18 de la legislación laboral italiana, que requirió meses de negociaciones con el sindicalismo, las cuales Berlusconi encabezó personalmente, con una cumbre con la Confederación General del Trabajo (CGL) donde se acordó finalmente la reforma.

Al mismo tiempo, la reforma estableció una rebaja gradual de aportes patronales: cayeron un punto porcentual del 34,1% al 33,1% a partir de 2001, y en el año 2006 se dispuso una nueva rebaja hasta llevar al impuesto al 32,1%. Las cargas sociales para los trabajadores aumentaron muy ligeramente del 10,2% al 10,5% en el mismo período, en compensación por la extensión del seguro de desempleo.

Reforma del sistema impositivo y disciplina fiscal

El Gobierno de la derecha italiana apostó fuertemente por las “políticas del lado de la oferta”, bajando impuestos para fomentar la libre iniciativa del sector privado. La tasa marginal máxima del impuesto a las Ganancias se redujo fuertemente del 46,1% en 2002 al 45% desde 2003, y a partir de 2005 se dispuso de una rebaja adicional hasta el 43%.

De la misma manera, la tasa sobre Sociedades se redujo del 41,3% al 37,3% entre 2001 y 2006. Esto permitió corregir al menos una parte del enorme atraso competitivo que tenía el sistema fiscal italiano frente a otras economías desarrolladas como Estados Unidos y Alemania. Más tarde, Berlusconi llevó a cabo otra gran rebaja fiscal que llevó la tasa de Sociedades al 31,4% a partir de 2008.

Estas medidas se tomaron sin descuidar la responsabilidad fiscal. Bajo la administración de la derecha, Italia mantuvo estrictamente el superávit fiscal primario de manera ininterrumpida entre 2001 y 2006, y lo perdió solo entre 2009 y 2010 como consecuencia de la crisis internacional.

Por otra parte, el resultado financiero total promedió el 3,4% del PBI hasta 2006, ligeramente por encima de los postulados de Maastricht.

Reforma previsional

La última gran reforma de Berlusconi fue para garantizar la solvencia a largo plazo del Estado italiano, y probablemente sea una de las herencias más positivas de la gestión Berlusconi, dando más poder al sector privado y entregándole sustentabilidad al sistema.

Se determinó un aumento de la edad mínima de jubilación de 57 a 60 años, una medida histórica porque ningún otro Gobierno se había animado a proponerlo desde la creación misma del régimen de reparto en Italia. También se elevó la cantidad mínima de años de cotización necesarios para poder jubilarse hasta los 35 años, un ajuste necesario en compensación por no aumentar aún más la edad jubilatoria estándar.

Se estima que las medidas supusieron un ahorro del 0,7% del PBI por año para las arcas públicas desde el año 2008, con lo cual hasta 2023 el Estado se evitó un gasto sideral de hasta 10,5 puntos porcentuales del PBI, que de otro modo habría tenido que desembolsar, probablemente a base de endeudamiento.

Y si bien el sistema previsional italiano aún necesita urgentes reformas y la edad jubilatoria sigue muy atrasada en términos de envejecimiento poblacional, la gestión de Silvio Berlusconi fue el primer gran precedente reformista que avanzó en la dirección correcta.

Morfema Press

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