Morfema Press

Es lo que es

DBuford

Por Ricardo Israel

Pocas situaciones describen mejor los sesgos de la Corte Penal Internacional (CPI) que su permanente dilación y negativa a procesar a la dictadura venezolana por sus violaciones a los derechos humanos, a pesar de los muchos años transcurridos, las pruebas aportadas y la imposibilidad que se haga justicia en Venezuela. Pareciera que hubiese un manto de protección sobre las personas de Nicolas Maduro, Diosdado Cabellos y otros personajes, sobre todo, si se ve la rapidez con la que han actuado en otros casos. La situación mencionada ha llevado a experimentados activistas de Derechos Humanos a denunciar la posibilidad de corrupción.

Pero todo eso podría cambiar, ya que Carolina Tohá, ministra del Interior (y presidenciable) de Chile reconfirmó que Chile presentará recurso ante la Corte de La Haya contra el Estado venezolano, fruto de las investigaciones del asesinato del teniente Ronald Ojeda, expreso político de la dictadura a quien Chile le concedió asilo, y ahora probaría la participación del régimen de Nicolás Maduro en ese crimen, y concretamente existiría más de una prueba en el sentido que la orden vino de Diosdado Cabello personalmente.

Existen dos cortes de justicia internacional en esa ciudad: la Corte Internacional de Justicia (CIJ), órgano judicial de la ONU que resuelve disputas y denuncias entre Estados y la Corte Penal Internacional, que enjuicia a personas. Chile no ha anunciado oficialmente a cuál acudiría, pero como durante muchos años los demócratas venezolanos han hecho presentaciones sin éxito ante la CPI, lo de Chile seria un poderoso argumento para reactivar formalmente lo que está dormido.

Hace poco se cumplió el primer aniversario del crimen, el que tuvo lugar el 21 de febrero de 2024. En Chile la persecución criminal es monopolio de una institución que es constitucionalmente independiente, el Ministerio Público y aquí los fiscales han sido consistentes, metódicos, y han seguido una investigación donde han descubierto la operación de muchas personas con grandes recursos a su disposición, investigación que los ha llevado a varios países, y por fin parece estar dando resultados tan serios como para que se haga el anuncio de acudir a la justicia internacional. El secuestro y homicidio de Ojeda tensionó a ambos países.

No solo hubo retiro de embajadores, sino que Caracas puso prácticamente fin a las relaciones diplomáticas, afectando en el camino a cientos de miles de venezolanos que han buscado refugio en Chile, en lo que a trámites se refiere. Ello incluye muchas declaraciones y un empeoramiento, a partir de las consecuencias que falsos policías retiraran desde su departamento en Santiago al exmilitar, ya que cámaras de vigilancia del ascensor muestran que fue sacado a la fuerza y en ropa interior por personas fuertemente armadas, y nueve días después, el 1 de marzo, el cadáver de la víctima fue encontrado enterrado en otra comuna de Santiago.

Los fiscales siempre sospecharon que existía un móvil político, ya que Ojeda estuvo encarcelado en Venezuela con otros 33 militares que militaban en el Movimiento por la Libertad y la Democracia, donde fue sometido a intensas torturas, incluyendo asfixia, golpes y descargas eléctricas. Una vez en Chile participó en protestas y se convirtió en un símbolo internacional de la resistencia, siendo de tal modo vigilado, que debió cambiarse de domicilio.

En Chile, la población venezolana ha adquirido prominencia, siendo hoy la población migrante más numerosa. Es así como según un Informe reciente del Servicio Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadísticas, los migrantes representan casi el 10% de la población, siendo venezolana la población que más ha crecido, con el 38% de ese total su aumento ha sido tal, que han pasado de ser 348.506 en 2018 a 728.586 el 2023.

Esos números ayudan a entender porque un gobierno originalmente partidario del chavismo venezolano tiene hoy una situación de confrontación, incluyendo opiniones de alguien que como el presidente Boric fue hasta poco simpatizante, aunque lo sigue siendo de la revolución cubana. El tema también es electoral, toda vez que la Constitución chilena señala en el artículo 14 que “los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley”, agregando el segundo párrafo que después de cinco años de haberse nacionalizado “tendrán opción a cargos públicos de elección popular”.

Según las encuestas, parte principal de ese voto fue a candidatos opositores a Boric, principalmente de derecha, tanto que hoy el gobierno busca reformar la legislación para dificultar el sufragio de los extranjeros, toda vez que ese sufragio ayudó al triunfo de varios candidatos a alcaldes y a gobernadores, en las recientes elecciones locales que tuvieron lugar el 27 de octubre pasado.

Este hecho puede ayudar a entender porque el gobierno está haciendo lo que ha anunciado, a pesar de que enfrenta disidencias internas con el partido Comunista, fuertemente contrario a confrontar a Caracas, toda vez que apoya esa dictadura, donde además hay evidencia que ha recibido aportes económicos en el pasado. Sin embargo, el gobierno se ha visto obligado a actuar de esta manera, toda vez que la prensa acredita que el propio fiscal nacional ha trasparentado que un testigo, con identidad reservada en la causa, señaló que la orden para cometer el crimen y el pago del mismo vino de Diosdado Cabello, no solo el número dos del chavismo, sino también lo habría hecho en su calidad del ministro del interior, lo que vincula al gobierno mismo a este crimen.

Mas aún, la información que posee la máxima autoridad del Ministerio Público debe ser muy sólida, para haber aportado otros detalles en entrevista en Tele 13 radio, donde declaró el 23 de enero que “El fiscal (Héctor) Barros me confirma que efectivamente hay tres personas (…) que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano y a lo menos una de esas personas (…) manifestaría que el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello”.

Lo que está teniendo lugar también muestra cómo se parecen las dictaduras entre sí, ya que a Chile le está pasando lo que la dictadura de Pinochet hizo padecer a otros, desde el momento que este caso recuerda el atentado que sus servicios de seguridad organizaran contra Orlando Letelier, excanciller de Allende en la ciudad de Washington el 21 de septiembre de 1976, que no solo lo asesinó a él sino también a la ciudadana estadounidense Ronni Moffitt, en lo que fue el primer atentado terrorista en la historia de esa capital.

Ese hecho debiera vincularse al atentado que asesinó al excomandante en jefe del ejército chileno general Carlos Prats y su esposa el 30 de septiembre de 1974, en Buenos Aires donde había tomado refugio. Entre otras personas, en el extranjero la dictadura también atentó el 6 de octubre de 1975 contra el exvicepresidente demócrata cristiano Bernardo Leighton quien se encontraba exiliado en Roma, y quien fuera gravemente herido junto a su esposa.

Estos atentados sin duda recibieron aprobación al más alto nivel y seguían un patrón, buscando eliminar a todos aquellos que parecían tener la capacidad de unir a la mayoría de las fuerzas políticas en un proyecto amplio de retorno a la democracia, y razón tenían en su perspectiva, ya que se parece a la coalición con la cual Patricio Aylwin pudo derrotar a Pinochet el año 1988.

La semejanza del caso Letelier con el caso de Ojeda es que obligó a EE. UU. a cambiar de posición, investigar con acuciosidad tal que pudo identificar a los responsables en el aparato de represión del régimen, y el cambio de posición condujo a denunciar a la dictadura chilena y quitarle el apoyo que hasta entonces se le prestó, en aquellos años. Además, nos mostró mostro cuanta semejanza había entre dictaduras en lo que a represión y asesinatos se refiere, por mucho que difieran en sus políticas económicas, privatizar en el caso chileno y estatizar, en el venezolano.

Si el temor de la dictadura chilena era la formación de una alianza amplia para una futura transición a la democracia, la de la dictadura caraqueña era que la disidencia provenía de las filas militares, lo que es otra prueba del completo control y cuasi ocupación de Venezuela por parte de la dictadura madre, la cubana, ya que en La Habana siempre ha habido una preocupación especial por acabar con toda voz diferente entre militares o policías.

Este crimen y la información recogida por la investigación de los fiscales también alteró el diseño político de Boric, quien hasta llegar al gobierno fue un admirador del chavismo, pero Caracas perjudicó gravemente a su gobierno, partiendo por la forma como han alardeado de su participación en el estallido de violencia de octubre 2019, en la exportación de delincuencia como el Tren de Aragua que trajo consigo formas de violencia que eran desconocidas en Chile, y que obligó a Boric a cuestionar en forma creciente a quienes perjudicaron su proyecto político, que finalmente hizo crisis, tanto por su ineficiencia como por la derrota aplastante que sufrió la propuesta maximalista de una nueva constitución radical, cuyo referéndum entregó un rechazo del 62% del electorado.

La muerte, acompañada de tortura, del teniente disidente fue un llamado de atención para Chile, donde al igual que en el estallido de violencia del 2019 encontró al país mal preparado, en ambos casos pagando el precio de no contar con un servicio de inteligencia digno del nombre, herencia de una reacción a lo que ocurrió en dictadura, donde los servicios de seguridad fueron utilizados para perseguir a demócratas. En todo caso, hoy nada justifica que el país no posea algo que es propio de todo Estado moderno, como tampoco y como herencia también de ese periodo, a las FF.AA. la ley les prohíbe hacer inteligencia en Chile y sobre Chile, aunque sea en casos de violencia aguda, incluyendo el desafío de mediana intensidad de una insurgencia mapuche en el sur del país, ya que aunque cumplan funciones de seguridad en esa macrozona bajo la dirección del gobierno, el verdadero problema es que salvo Estados de excepción, solo pueden emplearse ante una situación de guerra, fundamentalmente, países vecinos.

Esa perspectiva también impide conocer del todo, quienes fueron aliados y colaboradores chilenos en la decisión chavista de terminar con la vida del teniente Ojeda, al igual que si hubo colaboración del extranjero en la violencia que Chile vivió en octubre 2019, y que en esa oportunidad pudo haber terminado con la democracia chilena.

La reacción del gobierno, a medida que los fiscales reunían evidencia sobre participación venezolana, representó también una oportunidad para las credenciales políticas del presidente Boric fuera de Chile, sobre todo a nivel de medios de comunicación y gobiernos del primer mundo.

Esos sectores, al igual que el exilio venezolano han ayudado a una imagen antidictatorial del presidente chileno, ya que quizás así se desconocen las circunstancias que condujeron a Boric a criticar a Caracas, por lo que habría que explicar que el chavismo perjudicó su proyecto político, como también que, hasta el día de hoy, no han salido de su boca críticas a la dictadura madre y ocupante de Venezuela, la cubana, además de ser al igual que Petro un furibundo adversario no solo de Israel, pero en el caso de Boric, el primer mandatario claramente antisemita en la historia de Chile.

Al olvidarse lo anterior, predominan solo sus discrepancias públicas con Diosdado y con Maduro, con lo que Boric ha sido muy beneficiado.

Sin embargo, no todo ha terminado, y quizás una arista medular podría estar empezando, ya que a la acción de los fiscales se ha unido una eficiente actividad del equipo legal de la esposa de Ojeda. Es así como en una reciente presentación formal ante el Ministerio Publico, el abogado Juan Carlos Manríquez pidió despejar una serie de asuntos vinculados al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva, formalizado por violación y abuso sexual, y que por ley fue la persona encargada de la temática delincuencial, además de haber buscado acuerdos de cooperación con Caracas en estos temas. Se pretende que se investiguen líneas de acción que podrían abrir luces sobre cómplices chilenos, y hasta involucrar al gobierno en formas no aclaradas hasta el día de hoy. El fundamento es que habrían “circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores a su secuestro y ejecución, que la familia exige que sean aclaradas, y tienen derecho a pedirlo en su condición de víctimas”.

Además de reconocer el buen trabajo de los fiscales, se estima que también se deben profundizar aquellas preguntas que sirvan para aclarar cuestiones pendientes “que son centrales para esclarecer íntegramente lo ocurrido”. Según lo informado por La Tercera y por la familia de Ojeda, el documento ingresado dice: “Para avanzar en la profundización de algunas líneas de investigación…pido ordenar que se dispongan las siguientes diligencias”:

La primera diligencia busca la “identificación exacta de las tres personas que ingresaron al domicilio de Ojeda” a través de dos acciones: a) que se informe en qué estado se encuentra el análisis de la tercera huella hallada en el ascensor, que según la familia pertenecería al oficial del Ejército venezolano Alexander Granko Arteaga, cercano a Diosdado Cabello, y b) se pide obtener antecedentes en poder de otro fiscal sobre gastos reservados que fueron utilizados por Monsalve en el periodo que se desempeñó en el gobierno.

Esto correspondería realmente a una segunda diligencia ya que, según la prensa chilena, de esos dineros Monsalve y el gobierno habrían dicho que una importante cantidad habría sido traspasada a la familia de Ojeda, lo que es negado por la viuda. Como querellante, la familia y su abogado piden al Ministerio Público que se pesquise el viaje que Monsalve hizo a Caracas para suscribir un acuerdo de cooperación, que no sirvió para nada.

El intento de aclarar lo que en verdad hizo o dejó de hacer Boric está presente en la petición que la justicia oficie a diversos ministerios “para que se agreguen a la causa los antecedentes completos que sirvieron para la elaboración de textos firmados en esta colaboración de Chile y Venezuela”, sobre “antecedentes penales y otros datos de venezolanos en Chile que confirmen o descarten que no se entregó ninguno que hubiera servido para detectar al Sr. Ojeda o hubiera vulnerado el secreto legal del refugio” para saber si Chile cumplió aquellas “obligaciones (que son) inherentes al refugio”.

Por último, hay un cuarto ítem, con dos puntos que pudieran conducir a tomarle una nueva declaración a Monsalve. El primero si “supo o fue alertado cuando, como y por quien, que había vigilancia de terceros sobre Ojeda y/o la presencia de agentes estatales extranjeros tras de él” y la segunda, indagar los antecedentes por los cuales el Estado de Chile podría haber detectado “acciones ilícitas de planificación del asesinato en Chile y del ingreso, incluso con nombre fingido de Alexander Granko, Diosdado Cabello o ex oficiales que hubiesen estado en “cursos de formación en las academias militares y/o policiales de Chile” De Granko hay evidencia, no solo que estuvo en Chile, sino también que en enero pasado fue condecorado en Caracas.

Por último, aun mas actividad a nivel internacional debiera tener lugar todavía, ya que los fiscales lograron que una Corte de Apelaciones acogiera en Chile solicitud de detención previa y extradición de imputado por el crimen de Ojeda capturado en EE. UU., y ojalá sea acogida favorablemente y sin demora en Indiana, ya que es quien entregó el vehículo utilizado para el secuestro y el homicidio. A modo de resumen, el fiscal Alex Cortez, ha dicho que “a un año del crimen, ya hay 11 privados de libertad, incluyendo al imputado extraditado en diciembre de Costa Rica y un adolescente ya condenado”, a lo que habría que agregar la abundante cantidad de recursos que se dispuso para entrar y salir de Chile.

Al respecto, una hebra que todavía debe ser investigada, es que los investigadores chilenos creen que actuaron desde la Embajada venezolana en Santiago, concentrándose en la persona del embajador y general ® Arévalo Méndez, militar muy cercano a Hugo Chávez, quien tuvo embajada abierta y tuvo estrecha relación con conocidos políticos del partido comunista chileno.

Lo de Diosdado Cabello no es sorpresa, ya que en febrero de 2024 en la TV venezolana dijo “Cuando el presidente de Chile para la época, Piñera, vino a la frontera para invadir Venezuela estaba autorizando cualquier cosa de nosotros en Chile”, por lo que me permito recalcar lo de “cualquier cosa de nosotros en Chile”, y aunque no hay pruebas siempre se ha sospechado que quemar y destruir estaciones del Metro de Santiago requirió profesionales y no simplemente manifestantes irritados en octubre 2019, y quizás en ello pensaba María Corina Machado, cuando dijo que lo que tuvo lugar fue “cerebro cubano, musculo venezolano”.

Realmente no sé, no tengo evidencias al respecto, pero ojalá la investigación de involucramiento de la dictadura chavista sirva de antecedente para proceder a investigar también lo que ocurrió en octubre del 2019, incluyendo lo que al respecto tengan las instituciones de las fuerzas armadas. Y si tienen poco o nada, que Chile se preocupe. Y en serio.

Por ahora, mis deseos que se concrete lo de La Haya para que, una vez ingresada la denuncia, ayude a que la Corte Penal por fin no tenga más excusas y proceda a procesar a quienes están en el poder en Caracas.

@israelzipper

-Máster y PhD en Ciencia Politica (U, de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

Vía CSIS

El 1 de marzo, un buque de guerra venezolano ingresó a la zona económica exclusiva (ZEE) de Guyana, se acercó a Liza Destiny, una instalación petrolera de ExxonMobil, y exigió información a su tripulación. Esto provocó otra escalada en el prolongado conflicto entre los dos países. Guyana, con el apoyo de la comunidad internacional en general, condenó la incursión y movilizó a su propio ejército, comprometiéndose a buscar una solución pacífica al conflicto, pero prometiendo proteger la soberanía de la nación. Venezuela respondió de la misma manera alegando que estas aguas forman parte de una zona marítima en disputa y refutó las afirmaciones de que violaba la soberanía de Guyana.

P1: ¿Qué ha estado sucediendo en la disputa del Esequibo y la frontera marítima durante el último año y medio?

A1: Las tensiones en la disputa por el territorio del Esequibo han ido aumentando y disminuyendo, lo que ha dado lugar a períodos recurrentes de mayor fricción. En septiembre de 2023, la Asamblea Nacional de Venezuela inició un proceso de referéndum para obtener el apoyo público a la creación del estado de “Guayana Esequiba”, a pesar de la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de que Venezuela debe abstenerse de actuar hasta que se llegue a una decisión. Con la votación del referéndum celebrada el 3 de diciembre de 2023, el régimen de Maduro buscó consolidar aún más el apoyo dentro de Venezuela al intentar unir al país en lo que históricamente ha sido una cuestión multipartidaria. En respuesta, Guyana cuestionó rápidamente la legalidad y el resultado del referéndum. Al mismo tiempo, las fuerzas armadas de Venezuela estaban ampliando una base militar y un aeródromo en la isla de Anacoco , una parte del territorio de Esequibo que el país había ocupado por la fuerza en 1966. Sin embargo, a los pocos días, el presidente Irfaan Ali de Guyana y Nicolás Maduro se reunieron en San Vicente y las Granadinas, donde firmaron los Acuerdos de Argyle, acordando reducir las tensiones, evitar el uso de la fuerza y ​​abstenerse de cualquier acción que pudiera afectar el status quo.

A pesar de este acuerdo, las tensiones entre Guyana y Venezuela persistieron. A fines de diciembre de 2023, el Reino Unido envió un buque de guerra a Guyana como muestra de apoyo diplomático, lo que desencadenó una fuerte respuesta del régimen de Venezuela, que comenzó los preparativos para ejercicios defensivos marítimos supuestamente con 6.000 militares. En los meses siguientes, el CSIS rastreó y descubrió que el régimen de Maduro había violado los términos de los Acuerdos de Argyle al concentrar tropas y equipo militar cerca de la frontera. Luego, en abril de 2024, Maduro firmó un proyecto de ley que establecía el estado de “Guayana Esequiba” y buscaba formalmente ponerlo bajo control venezolano, aunque Guyana todavía ejerce soberanía sobre el área, lo que provocó una respuesta inmediata del gobierno de Guyana.

Durante los meses siguientes, las tensiones disminuyeron a medida que el régimen de Maduro se preparaba para las elecciones presidenciales . El régimen volvió a la cuestión del Esequibo en enero de 2025, cuando Venezuela anunció su intención de elegir un gobernador para el estado de “Guayana Esequiba” en abril, lo que llevó a Guyana a buscar la asistencia de la CIJ para reducir la escalada de la situación y bloquear la acción. Después de estas escaladas, seis soldados de la Fuerza de Defensa de Guyana resultaron heridos por pandilleros venezolanos en un tiroteo en la frontera.

P2: ¿Por qué el régimen de Maduro vuelve a la cuestión del Esequibo y a la disputa por la frontera marítima?

A2: Varios indicadores sugieren que Maduro se ha centrado en la disputa del Esequibo tanto para consolidar el apoyo interno como para tantear el terreno geopolítico en el exterior. En los meses previos a las elecciones presidenciales venezolanas, las imágenes satelitales del CSIS revelaron una acumulación de tropas y activos navales en la región del Esequibo, una acción que, según los expertos, dio a las fuerzas armadas una tarea y un propósito, asegurando su apoyo político y lealtad al régimen. En el plano externo, la realización de ejercicios militares en el Esequibo fue parte de una estrategia de compulsión para obligar a Guyana a entablar una negociación preventiva sobre la región en disputa. Al centrarse en una amenaza externa renovada, Maduro podría crear un “efecto de concentración en torno a la bandera” entre las fuerzas armadas y su base política. Sin embargo, el cese de la actividad en el Esequibo coincidió con los esfuerzos de Maduro por orquestar un plan para robar descaradamente las elecciones y el uso de los militares para reprimir a los manifestantes .

El regreso de Maduro a la disputa del Esequibo llega en una encrucijada particular en la evolución del enfoque de Estados Unidos hacia Venezuela, y es un esfuerzo por mostrarle a Washington que también puede amenazar los intereses estadounidenses en la región. Después de lo que parecían propuestas amistosas por parte de Richard Grenell, el enviado especial del presidente Trump para misiones especiales, a cambio de aceptar y financiar vuelos de deportación originados en Estados Unidos, la administración Trump tomó la repentina decisión de poner fin a la Licencia General (GL) 41. La GL 41 autorizó a la empresa estadounidense Chevron a operar empresas conjuntas en Venezuela, agregando una capa de opacidad a las transacciones entre Chevron y el régimen de Maduro, “[aboliendo] controles y contrapesos, y [aplicando] condiciones confidenciales” , según los expertos. Se estima que la GL 41, junto con otras licencias otorgadas por la administración Biden, han proporcionado cerca de 500 millones de dólares por mes a Maduro. Esta medida, que muchos consideran como una forma de presionar al régimen, se produce después de que Grenell dijera que “Donald Trump es alguien que no quiere cambiar el régimen” en Venezuela. Por lo tanto, la asertividad de Maduro podría tener como objetivo demostrar que, si se produce un cambio en la política estadounidense hacia una postura más dura, puede sembrar una inestabilidad regional que afecte a Estados Unidos.

Además, la renovada actividad en el Esequibo se produce poco después de la discusión pública del presidente Trump con el presidente Zelensky de Ucrania. La reunión fue vista por muchos como una clara indicación de que es poco probable que Estados Unidos acuda en ayuda de sus aliados, con la excepción de Israel. La reunión ha alentado a Maduro a explorar la presión geopolítica con respecto a Guyana, sondeando el apetito de Trump por involucrarse en conflictos internacionales. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela llegó al extremo de enviar un comunicado llamando al presidente Irfaan Ali el «Zelensky caribeño». Es bien sabido que las fuerzas de defensa guyanesas no podrían igualar la capacidad de Venezuela en un conflicto prolongado sin la asistencia de Estados Unidos. Las acciones de Venezuela también pueden estar diseñadas para influir o intimidar al pueblo guyanés antes de las elecciones del país en diciembre de este año. Al intensificar las tensiones, Maduro parece estar preparado para beneficiarse del fortalecimiento de las facciones políticas guyanesas que favorecen un enfoque menos confrontativo hacia Venezuela.

P3: ¿Qué hace que este incidente sea diferente de los incidentes anteriores en la disputa fronteriza marítima?

A3: Venezuela y Guyana tienen reclamos marítimos superpuestos, derivados de su disputa territorial de larga data. Guyana reclama que su espacio marítimo es el área entre una línea de azimut de 10 grados, que comienza en Punta Playa (la frontera entre Venezuela y el territorio Esequibo administrado por Guyana) y se proyecta hacia el norte hasta el Océano Atlántico, y su frontera marítima establecida con Surinam. Venezuela reclama que su espacio marítimo se extiende hacia el este hasta una línea que comienza en un punto en la desembocadura del río Esequibo y se extiende 70 grados al noroeste hasta el Océano Atlántico.

Dentro de estas reclamaciones superpuestas, Venezuela sólo ha estado ejerciendo soberanía sobre el área marítima, que se encuentra al norte y al oeste de una línea de azimut de 70 grados que comienza en Punta Playa en la costa de Esequibo y se extiende hasta el Océano Atlántico. Esta área es sólo alrededor de la mitad de las reclamaciones marítimas del país en el Atlántico. Incluye parte de un bloque de exploración petrolera, el Bloque Stabroek, que Guyana arrendó a un consorcio liderado por ExxonMobil. Venezuela patrulla regularmente el área con barcos y aviones. En octubre de 2013, la marina venezolana interceptó y abordó el Teknik Perdana , un barco que había sido contratado por la empresa con sede en Texas, Anadarko Petroleum, y había estado realizando un estudio del lecho marino frente a la costa de Esequibo bien al norte de la línea de 70 grados. La marina navegó el Teknik Perdana a la Isla Margarita en Venezuela, antes de liberarlo más tarde. Luego, en diciembre de 2018, tres años después de que Exxon hiciera un importante descubrimiento de petróleo en alta mar en el Bloque Stabroek en un sitio conocido como Liza-1 en la zona económica exclusiva (ZEE) de Guyana, la armada de Venezuela interceptó otro barco, el Ramform Tethys , que realizaba estudios sísmicos de petróleo en nombre de ExxonMobil en aguas al norte y al oeste de la línea 70. La armada intentó sin éxito aterrizar un helicóptero en el buque de exploración, que luego navegó hacia el este, de regreso sobre la línea de 70 grados. Después de este incidente, Exxon detuvo sus actividades de exploración en el área. Guyana, por su parte, también declaró una moratoria a la exploración petrolera al noroeste de la línea de 70 grados en febrero de 2024, en el apogeo de las tensiones entre los dos países por el referéndum de diciembre de 2023 y otros esfuerzos declarados para anexar el territorio Esequibo.

El incidente ocurrido el 1 de marzo de 2025 representa una escalada significativa de la intimidación y el acoso de Venezuela a las actividades de exploración y extracción de petróleo de Guyana. El buque flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) Liza Destiny se encontraba aproximadamente a 200 kilómetros al sureste de la línea de 70 grados (proyectada desde Punta Playa) cuando un buque de guerra de la armada venezolana navegó junto a él y le dijo al buque que estaba en la ZEE de Venezuela . Esta ubicación se encuentra en aguas que se encuentran frente a la costa de Georgetown, la capital del país, una zona terrestre que no está ni remotamente en disputa entre los dos países. Más tarde ese día, el buque de guerra venezolano transmitió ejercicios de fuego real en las redes sociales. El consorcio liderado por Exxon opera tres buques FPSO en estas aguas, con un cuarto buque, el FPSO One Guyana , a punto de entrar en funcionamiento. Esto elevará la producción del consorcio a un promedio de 940.000 barriles por día (bpd) más adelante en 2025, desde un promedio de 616.000 bpd en 2024. Esta nueva capacidad significa que Guyana eclipsaría la producción petrolera de Venezuela . El mensaje previsto del 1 de marzo fue muy claro: las operaciones petroleras de Guyana están a merced de las fuerzas armadas de Venezuela.

P4: ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional en la solución de esta disputa actual?

A4: La participación internacional será crucial para resolver la crisis actual. Sin el compromiso de apoyo de los actores regionales y de los Estados Unidos, Caracas tiene pocos incentivos para cesar sus provocaciones, que podrían sumir a la región en el caos.

Maduro parece creer que puede manipular al gobierno de Trump para obtener un resultado favorable. El esfuerzo de Venezuela por pintar al presidente Ali como un “ Zelenski caribeño ” pareció cuidadosamente dirigido no sólo a complacer a los aliados tradicionales del régimen en Moscú, sino también a sacar provecho de la agria reunión en la Casa Blanca entre los líderes de Ucrania y Estados Unidos. Maduro, siguiendo los pasos de Putin, está violando acuerdos internacionales y presentando la indignación de Guyana como provocativa. Sin embargo, a pesar de esta postura, Maduro puede haber exagerado con estas maniobras recientes. Por un lado, si bien el gobierno de Trump ha logrado una reducción general de los compromisos de seguridad de Estados Unidos en el extranjero, la razón para tales movimientos ha sido reorientar los recursos en el interior del país, en el hemisferio occidental. Un gobierno estadounidense que ve al mundo cada vez más en términos de esferas de influencia, en consecuencia, estará mucho más interesado en garantizar que no estalle una guerra dentro de su propio vecindario . Maduro tiene poco en términos de influencia fuera de las negociaciones de rehenes y la repatriación de migrantes, y su gobierno ya ha hecho concesiones en ambos. Es probable que la inacción provoque una respuesta aún más firme por parte de la administración Trump. Esto no quiere decir que Estados Unidos esté seguro de ponerse del lado de Guyana, pero las amenazas venezolanas corren el riesgo de desestabilizar la región y poner en peligro los mercados energéticos mundiales, resultados que Washington probablemente no vea con buenos ojos.

Una postura voluble de Estados Unidos también abre la puerta a que otras potencias intervengan en pos de resolver la disputa entre Venezuela y Guyana. Brasil ha desempeñado este papel a nivel regional y tiene un interés en el resultado de las negociaciones, ya que el Acuerdo de Ginebra de 1966 determina la propia frontera terrestre de Brasil con Venezuela. Sin embargo, la relación conflictiva entre Maduro y Lula después de las elecciones robadas de julio pasado en Venezuela puede obstaculizar la capacidad de Brasil de ser un interlocutor creíble en este momento. Otro actor que podría cobrar protagonismo es China. Pekín tiene importantes acciones tanto en Venezuela como en Guyana . La Corporación Nacional de Petróleo Offshore de China (CNOOC) es una de las tres empresas petroleras del consorcio liderado por ExxonMobil a las que se le otorgaron concesiones para producir en el bloque Starbroek, y el director ejecutivo de CNOOC, Zhou Xinhua, afirmó después de escaladas anteriores que «el área de desarrollo actual está en una ubicación sin disputas». Sin embargo, con los acontecimientos recientes que sugieren la voluntad de Venezuela de perseguir objetivos marítimos más maximalistas, Pekín podría encontrarse atrapado nuevamente en una posición diplomática incómoda.

Por último, la crisis actual ofrece una oportunidad para que los europeos se afirmen más formalmente como administradores del orden internacional. Tras el referéndum venezolano de diciembre de 2023, el Reino Unido envió el HMS Trent a Guyana para reafirmar su apoyo a Georgetown en la resistencia a la agresión extranjera. Debido a la proximidad de la Guayana Francesa, París también tiene interés en la estabilidad regional. En mayo de 2024, inició el primer grupo de trabajo conjunto Guyana-Francia para discutir la cooperación en defensa, seguridad regional y otras cuestiones. Francia también se apresuró a emitir un comunicado sobre la incursión del 1 de marzo. Los Países Bajos también pueden tener acciones importantes en esta disputa debido a los territorios de ultramar de Ámsterdam en Aruba y Curazao que lindan con Venezuela, así como sus continuos vínculos con el vecino de Guyana y ex colonia holandesa de Surinam. Si bien varios actores tienen interés en que se atenúen las tensiones entre Venezuela y Guyana, una respuesta internacional caótica y desorganizada corre el riesgo de crear oportunidades para que Maduro amplíe sus provocaciones. Se necesita urgentemente una respuesta coordinada, por difícil que sea lograrla en el momento actual, que tenga como objetivo disuadir a Venezuela de emprender más acciones militares contra su vecino. 

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Ryan C. Berg es director del Programa de las Américas y jefe de la Iniciativa sobre el Futuro de Venezuela en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, DC Christopher Hernandez-Roy es subdirector e investigador principal del Programa de las Américas en el CSIS. Rubi Bledsoe es investigadora asociada del Programa de las Américas en el CSIS. Henry Ziemer es investigador asociado del Programa de las Américas en el CSIS. Eitan Casaverde es pasante de investigación en el Programa de las Américas en el CSIS.


Critical Questions es una publicación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), una institución privada exenta de impuestos que se centra en cuestiones de política pública internacional. Su investigación es imparcial y no tiene carácter de propiedad. El CSIS no adopta posiciones políticas específicas. Por consiguiente, todas las opiniones, posiciones y conclusiones expresadas en esta publicación deben entenderse como las de los autores.
“Los que anhelan la paz se preparan para la guerra. Por eso estamos reconstruyendo nuestro ejército», respondió Pete Hegseth a China, que aseguró estar listo para cualquier tipo de guerra con Estados Unidos.

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles (05.03.2025) que el país está «preparado» para una posible guerra con China, horas después de que el gigante asiático también aseguró estar listo para una guerra de cualquier tipo con Norteamérica.

«Estamos preparados. Los que anhelan la paz se preparan para la guerra. Por eso estamos reconstruyendo nuestro ejército», expresó Hegseth en una entrevista en el programa ‘Fox & Friends’, de la cadena Fox News.

El Secretario de Defensa respondió así a una publicación en X de la embajada china en Estados Unidos, donde indicaba que, si el país «quiere una guerra, ya sea arancelaria, comercial o de cualquier otro tipo, estamos dispuestos a luchar hasta el final».

La publicación del país asiático reaccionaba a su vez a los aranceles del 20 % impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China, que entraron en vigor ayer junto a los gravámenes a las importaciones del 25 % a México y Canadá. 

Trump tiene buenas relaciones con Jinping

Hegseth dijo hoy en Fox News que el ‘ethos’ guerrero de Estados Unidos se debe a «que vivimos en un mundo peligroso con países poderosos y de ideología muy diferente» que «están aumentando rápidamente el gasto en defensa y la tecnología moderna».

«Quieren suplantar a EE.UU. Si queremos disuadir la guerra con los chinos u otros, tenemos que ser fuertes», apuntó.

No obstante, incidió en que Trump tiene una buena relación con el presidente chino, Xi Jinping, y afirmó que el país no busca una guerra, pero que su trabajo como Secretario de Defensa es asegurarse «de que estamos preparados».

«El gasto en defensa, las capacidades, las armas y la postura en el Indopacífico es algo en lo que estamos muy centrados», anotó.

DW

En Venezuela, las empresas petroleras mixtas son el eje de una industria que, pese a su declive, sigue siendo el corazón económico del país. Estas asociaciones entre la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y socios privados, como la estadounidense Chevron, operan bajo un modelo que busca combinar soberanía estatal con experiencia foránea.

Sin embargo, la reciente emisión de la Licencia General 41A por parte de Estados Unidos ha introducido un giro significativo: Chevron no abandona Venezuela, pero su crudo ya no irá al codiciado mercado estadounidense, sino a Asia, con los consecuentes descuentos que esto implica.

El modelo de las empresas mixtas

Las empresas mixtas surgieron tras la estatización petrolera de 2007, cuando el gobierno de Hugo Chávez exigió a las compañías extranjeras adaptarse a un esquema donde PDVSA ostenta al menos el 60% de las acciones. El resto —hasta un 40%— lo aportan socios como Chevron, Repsol o Maurel & Prom, que traen tecnología, capital y know-how para explotar reservas complejas, como las de la Faja Petrolífera del Orinoco. PDVSA, por su parte, aporta los recursos naturales y una infraestructura que, aunque deteriorada, sigue siendo clave.

En este arreglo, los privados operan técnicamente las áreas asignadas, mientras PDVSA retiene el control mayoritario y, en teoría, la comercialización del crudo. Los ingresos se dividen según las acciones, pero el Estado impone regalías de hasta 33,33% y otros tributos, asegurándose la mayor tajada. Chevron, por ejemplo, participa en cuatro empresas mixtas —Petropiar, Petroindependencia, Petroboscán y Petrodelta—, que juntas producen cerca de 200.000 barriles diarios, un cuarto del total nacional.

La Licencia 41A: no es una expulsión, sino un redireccionamiento

El 4 de marzo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió la Licencia General 41A, reemplazando la previa Licencia 41 de noviembre de 2022. Esta última permitía a Chevron extraer crudo en Venezuela y exportarlo a Estados Unidos, un mercado premium que ofrecía precios de referencia sin descuentos significativos. La nueva licencia, sin embargo, prohíbe que ese petróleo se venda en EE.UU., restringiendo las exportaciones a otros destinos.

En el año 2023 Venezuela exportó crudos a EEUU por un valor de 3.135 millones de dólares y en 2024 por un valor de 5.498, totalizando 8.633 millones de dóares en los dos años

Contrario a lo que podría interpretarse, la 41A no saca a Chevron de Venezuela. La compañía sigue siendo socia minoritaria en sus cuatro empresas mixtas con PDVSA y puede continuar sus operaciones de producción. Lo que cambia es el flujo comercial: el crudo venezolano, en lugar de ir a refinerías estadounidenses del Golfo de México, ahora deberá buscar compradores en Asia, como China o India. Este redireccionamiento no es menor, pues implica vender a través de intermediarios que exigen descuentos —a veces de hasta 20 dólares por barril— para asumir los riesgos logísticos y las sanciones aún vigentes.

Impacto económico: menos divisas, más presión

Históricamente, PDVSA ha monopolizado la comercialización del petróleo venezolano, pero las sanciones de EE.UU. desde 2019 y la flexibilización parcial con licencias como la 41 habían permitido a Chevron vender directamente en el mercado estadounidense, reduciendo la dependencia de intermediarios y maximizando ganancias. Con la 41A, ese esquema se revierte. Expertos estiman que Venezuela podría perder entre 1.500 y 3.000 millones de dólares anuales por los descuentos en Asia, un golpe duro para un país que depende del petróleo para el 85% de sus divisas.

Para Chevron, el cambio limita su rentabilidad, pero no su presencia. La empresa, con raíces en Venezuela desde la década de 1920, mantiene su apuesta a largo plazo en un país con las mayores reservas probadas del mundo. Sin embargo, la producción de las empresas mixtas —que ronda los 450.000 barriles diarios en total— enfrenta retos estructurales: pozos envejecidos, falta de diluyentes y sanciones que complican la inversión.

Una industria en encrucijada

La Licencia 41A refleja la política de presión de la administración Trump hacia el gobierno de Nicolás Maduro (luego del fraude electoral) sin sacrificar del todo la presencia estadounidense en el sector petrolero venezolano.

Para PDVSA y sus socios, el desafío ahora es adaptarse a un mercado asiático menos lucrativo y más opaco, mientras la infraestructura sigue deteriorándose y la producción total permanece lejos de los 3 millones de barriles diarios de antaño.

En este juego de intereses, las empresas mixtas siguen siendo un lifeline para Venezuela, pero la 41A subraya una verdad incómoda: incluso con socios extranjeros, el petróleo venezolano lucha por recuperar su lugar en el mundo, atrapado entre sanciones, ideología y la realidad de un mercado global implacable.

Venezuela, cuna del socialismo del siglo XXI y abanderada del discurso antiimperialista, ha construido su industria petrolera moderna sobre una paradoja: las empresas mixtas, asociaciones entre el Estado y gigantes privados, muchas de ellas provenientes del mismo “imperio” que el gobierno dice rechazar. Este modelo, nacido tras la nacionalización de 2007 bajo Hugo Chávez, revela hoy una dependencia incómoda de petroleras como Chevron, que sostienen la maltrecha economía venezolana mientras el país navega sanciones, crisis y un legado de promesas revolucionarias.

Un esquema de control estatal… con «socios imperiales»

Las empresas mixtas son alianzas entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que por ley retiene al menos el 60% de las acciones, y compañías privadas, nacionales o extranjeras, que aportan el resto. Diseñadas para explotar tesoros como la Faja Petrolífera del Orinoco, estas asociaciones dependen de la tecnología y el capital de socios como Chevron (EE.UU.), Repsol (España), Eni (Italia), Roszarubezhneft (Rusia), Maurel & Prom (Francia) PDVSA pone los recursos naturales; las extranjeras, la capacidad operativa que la estatal, asfixiada por deudas y deterioro, ya no puede garantizar sola.

El discurso oficial celebra la soberanía sobre el petróleo, pero la realidad es menos heroica. La producción, que cayó de más de 3 millones de barriles diarios en los 90 a menos de 1 millón hoy, depende cada vez más de estas alianzas. Chevron, ícono del capitalismo estadounidense, es un ejemplo flagrante: en el mejorador PetroPiar, su 30% de participación sostiene una operación que PDVSA no podría manejar sin ayuda externa.

Comercialización: entre el monopolio estatal y la mano del “enemigo”

PDVSA ostenta el monopolio legal de la comercialización del crudo, vendiéndolo a mercados como China o India, a menudo a través de intermediarios opacos para esquivar sanciones de EE.UU. Sin embargo, la ironía brilla cuando empresas como Chevron, gracias a licencias especiales otorgadas por Washington desde 2022, comercializan directamente parte de la producción venezolana. Ese crudo, extraído bajo la bandera del socialismo, termina en refinerías estadounidenses del Golfo de México, alimentando la maquinaria del “imperio” que el chavismo ha vilipendiado por décadas.

Mientras el gobierno recauda divisas esenciales —tras regalías del 33,33% y otros impuestos—, el papel de estas petroleras extranjeras pone en jaque la narrativa antiimperialista. Lo que alguna vez fue un grito de independencia se ha convertido en una dependencia pragmática, donde el “yanqui” no solo es tolerado, sino necesario.

Una revolución en apuros

El modelo de empresas mixtas buscó equilibrar control estatal y eficiencia privada, pero los números cuentan otra historia: infraestructura colapsada, producción en picada y una economía que aún vive del petróleo, pese a las promesas de diversificación. Casos como Petrocedeño, con TotalEnergies y Equinor, muestran el declive: plantas paralizadas por falta de mantenimiento y socios extranjeros que dudan en invertir más bajo un clima de incertidumbre.

Y sin embargo, ahí está la paradoja suprema: un gobierno que exalta la lucha contra el imperialismo depende de las petroleras del Norte para mantenerse a flote. Las sanciones, el aislamiento y la crisis interna han forzado esta alianza incómoda, transformando a Chevron y sus pares en salvavidas de una revolución que, en su retórica, los desprecia.

El petróleo no entiende de ideologías

En un país donde el crudo sigue siendo el pulso de la economía, las empresas mixtas y su dinámica de comercialización reflejan una verdad cruda: la ideología cede ante la necesidad.

El socialismo venezolano, que una vez soñó con romper cadenas imperiales, hoy las abraza en silencio, dejando tras de sí una industria petrolera que sobrevive gracias a los mismos actores que juró expulsar.

La pregunta no es solo cuánto durará esta contradicción, sino cuánto tiempo podrá el discurso oficial ignorarla. (MP)

La tercera encuesta sobre perspectivas de fabricación automotriz de ABB Robotics , en asociación con la publicación líder mundial de la industria, Automotive Manufacturing Solutions , ha proporcionado información clave sobre cómo los líderes de fabricación automotriz y los proveedores clave ven los objetivos de producción de vehículos eléctricos.

La encuesta de este año reveló que, en general, los profesionales de la fabricación de automóviles son optimistas sobre el crecimiento de la producción de vehículos eléctricos en 2025, pero no están seguros de alcanzar los cronogramas de producción de vehículos 100 % eléctricos debido a factores que ahora suelen estar fuera del entorno de la fábrica. Hay pruebas sólidas de que las capacidades de fabricación de vehículos eléctricos han mejorado considerablemente y se han producido cambios significativos en términos de introducción de nueva tecnología de producción y capacitación de la fuerza laboral. ABB Robotics ha realizado cambios a gran escala en nuestra propia cartera de robótica y automatización para respaldar a nuestros clientes e impulsar esta transformación a buen ritmo.—Joerg Reger, director general de la línea de negocio automotriz de ABB

Los líderes del sector manufacturero tienen una visión positiva sobre el crecimiento de la producción de vehículos eléctricos en 2025: el 31 % predice que la producción de vehículos eléctricos aumentará más del 10 %. Otro 44 % cree que la producción crecerá este año hasta un 10 %. Mientras tanto, solo el 21 % de los encuestados cree que la producción de vehículos eléctricos se mantendrá estática (8 %) o disminuirá (13 %) hasta 2025.

A pesar de las previsiones optimistas de los expertos en fabricación de vehículos eléctricos, la confianza en el cumplimiento de los plazos propuestos para la fabricación de vehículos eléctricos disminuyó. Cuando se preguntó si era posible producir un 100 % de vehículos eléctricos para cumplir los plazos regionales establecidos entre 2030 y 2040, el 31 % opinó que se trataba de un objetivo imposible, en comparación con el 27 % del año anterior y solo el 18 % en 2022. En general, el 65 % se mostró escéptico sobre la posibilidad de lograr la producción total de vehículos eléctricos en el plazo de 2030 a 2040.

Un análisis más detallado de la caída de la confianza reveló que las principales barreras ahora se consideraban «fuera de la fábrica», y se destacaron los niveles de demanda y confianza de los consumidores en la infraestructura de carga. La encuesta de perspectivas de fabricación automotriz de ABB también indicó que los expertos en fabricación predicen un fuerte crecimiento de los sistemas de propulsión híbridos durante 2025: el 67 % de los encuestados cree que la producción de vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) crecerá y el 20 % pronostica que la producción aumentará en más del 10 %. Las cifras de vehículos eléctricos híbridos (HEV) fueron igualmente optimistas: el 62 % de los encuestados espera que la producción crezca este año.

La producción de vehículos híbridos de pasajeros sigue siendo dinámica y la comunidad manufacturera mundial espera producir más automóviles en 2025. Estos resultados respaldan las principales conclusiones de la encuesta: que el ritmo general de adopción de vehículos eléctricos actualmente no es lo suficientemente rápido como para alcanzar algunos de los próximos plazos legislativos para un futuro 100% eléctrico.—Daniel Harrison, analista jefe de soluciones de fabricación de automóviles

China y Canadá anunciaron nuevos aranceles a las importaciones estadounidenses en represalia a los últimos gravámenes impuestos por el presidente Donald Trump.

Por su parte, México esperará hasta el próximo domingo 9 de marzo para anunciar las «medidas arancelarias y no arancelarias» con las que responderá a los aranceles de EE.UU., según anunció su presidenta, Claudia Sheinbaum.

Los aranceles del 25% sobre los productos de Canadá y México entraron en vigor a primera hora del martes. Trump también confirmó otro arancel del 10% a los productos chinos, sumándose a una tasa adicional del 10% que entró en vigor el 4 de febrero.

La respuesta de China llegó de inmediato. Como represalia impondrá aranceles del 10% y el 15% a una serie de importaciones agrícolas estadounidenses, entre otras cosas.

Por su parte Canadá dijo que respondería de la misma manera, con aranceles del 25% sobre productos estadounidenses por valor de US$155.000 millones.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que los aranceles son una «tontería».

«Los canadienses somos razonables y educados, pero no nos acobardamos ante una pelea, no cuando esté en juego nuestro país y el bienestar de todos sus habitantes», dijo Trudeau.

«[EE..UU.] ha elegido sabotear su agenda… Hoy no hay absolutamente ninguna justificación ni necesidad de estos aranceles».

Y añadió: «Usted [Trump] es un hombre inteligente. Pero esto es una tontería».

Pollo, soja, cerdo…

Los temores de una guerra comercial en toda regla aumentaron la volatilidad en los mercados de Asia.

La entrada en vigor de los aranceles supone la concreción de una amenaza que Trump llevaba tiempo planteando.

El presidente estadounidense amenazó con imponer un impuesto a las importaciones a los tres países a principios de este año en respuesta a lo que describe como «un flujo inaceptable» de drogas ilegales e inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos.

La repuesta de China incluye el inicio de acciones legales contra Washington en la Organización Mundial del Comercio, dejando la puerta abierta a las conversaciones para abordar las preocupaciones de cada uno.

Además impondrá aranceles adicionales a algunos productos importados de Estados Unidos, a partir del 10 de marzo, dijo el martes la Comisión de Aranceles Aduaneros de China.

Se agregó un arancel adicional del 15% al pollo, trigo, maíz y algodón importados de Estados Unidos. El sorgo, la soja, la carne de cerdo, la carne de res, los productos acuáticos, las frutas, las verduras y los productos lácteos estarán sujetos a un arancel adicional del 10%.

Además, China decidió el martes añadir 10 empresas estadounidenses a la lista de entidades no confiables del país y tomar las medidas correspondientes contra ellas.

En la lista se incluyen una serie de empresas vinculadas a la defensa y la seguridad, además de inteligencia artificial, aviación, TI y artículos de «doble uso» que tienen aplicaciones tanto civiles como militares.

BBC

Ver también:

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que fue una decisión unilateral de Estados Unidos la imposición de 25% de aranceles a exportaciones de México, a pesar del tratado comercial firmado por el mandatario estadounidense Donald Trump.

En su conferencia mañanera de este martes 4 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también señaló que su gobierno decidió responder “con medidas arancelarias y no arancelarias”, además que convocó a los mexicanos a una asamblea pública en el Zócalo para informar de las acciones.

“Hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es, de ninguna manera, el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo; es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región ante el avance económico y comercial de otras regiones”, dijo.

En el Salón Tesorería, la titular del ejecutivo federal precisó que la asamblea informativa será el próximo domingo 9 de marzo al mediodía en el Zócalo, para compartir las acciones que emprenderá su gobierno tras la imposición de aranceles de Estados Unidos.

Acusó que esta “decisión unilateral” afecta a las empresas nacionales y extranjeras que operan en México: “Es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar, tanto a ciudadanos y empresas de los Estados unidos por el incremento del precio en los artículos que se producen en nuestro país, como también el daño que se va provocar por detener la creación de empleos en ambos países”.

“Nadie gana con esta decisión, por el contrario, afecta a los pueblos que representamos”, declaró.

Al destacar acciones de México contra la delincuencia como detenciones, incautaciones, reducción de homicidios y la entrega de 29 capos a Estados Unidos, Sheinbaum enfatizó: “No hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones”.

“Cooperación y coordinación, sí. Subordinación, intervencionismo, no. A México se le respeta, somos naciones iguales”, agregó al destacar la colaboración contra el tráfico de drogas a ese territorio estadounidense.

Insistió en que ese país debe hacerse cargo de la crisis de consumo de opioides que ha causado tantas muertes, porque es un problema de salud pública que debe atenderse. Agregó que Estados Unidos debe actuar contra los grupos delictivos que internan de manera ilegal, a través de sus puertos y aeropuertos, los precursores de fentanilo.

“Es tiempo de que asumamos cada país nuestro compromiso, en Estados Unidos la crisis de consumo de opioides que se ha desatado, inició con la aprobación irresponsable de fármacos de la FDA”, expuso la mandataria mexicana.

La Presidenta indicó que los y las connacionales en Estados Unidos pueden enviar cartas al Gobierno de Estados Unidos y a sus congresistas, en las que hablen de “la afectación” que significan los aranceles para ambos países.

Al destacar que se generan empleos en ambos países, la presidenta Sheinbaum reiteró que se van a encarecer los productos y dijo que “no es tan fácil” que las empresas de vehículos se vayan para allá porque los costos de producción son más altos en territorio estadounidense.

“Va a provocar un aumento de precios al consumidor”, alertó.

“Poner el asunto del fentanilo como argumento tampoco tiene sustento”, mencionó la Presidenta y destacó los resultados que ha dado en México.

Expuso que el consumo de fentanilo en Estados Unidos no solamente viene de México, también los precursores entran por los puertos estadounidenses y se produce, comercializa y distribuye allá.

“No queremos entrar en una guerra comercial, eso solo afecta a la gente”, expresó.

Comentó la Mandataria que la imposición de aranceles “no es un tema del pueblo de Estados Unidos” e incluso se notó en la bolsa de Estados Unidos el impacto del anuncio. Aseguró que muchos empresarios y políticos estadounidenses han expresado su rechazo a esta medida.

“Yo también lo respeto (a Donald Trump), el asunto es que encontremos la forma de colaborar, de coordinarnos, sin subordinación de nadie para beneficio de nuestros pueblos”, dijo.

En enero, Toyota ha anunciado que su filial de software de movilidad, Woven by Toyota, invertirá 44 millones de dólares en el fabricante de cohetes japonés Interstellar Technologies. Su rival, Honda ha estado desarrollando un cohete reutilizable patentado desde 2019 para lanzar satélites de órbita baja al espacio. El fabricante de automóviles chino Geely Holding Group , una subsidiaria de Tesla, su competidor ha invertido 326 millones de dólares para fabricar sus propios satélites.

“¿Para qué se van a utilizar esos satélites y para qué se están utilizando ya?”, dijo Micah Walter-Range, presidente de la consultora Caelus Partners. “Una parte es para mejorar los servicios de navegación de los coches, otra para la elaboración de mapas. Si pensamos en lo que se necesitará en el futuro para los vehículos autónomos, tener plena conciencia de lo que ocurre en la carretera es increíblemente valioso”.

En la actualidad, los automóviles utilizan la conectividad satelital para realizar seguimiento y localización, actualizar software y ofrecer entretenimiento como la radio satelital. Pero, a medida que los automóviles se conectan cada vez más, los fabricantes de automóviles necesitan la infraestructura que lo haga posible. Ahí es donde entran en juego los satélites y los cohetes necesarios para lanzarlos. Un informe reciente estima que, para 2030, los vehículos conectados podrían representar una oportunidad de ingresos anuales de 742 mil millones de dólares para los fabricantes de automóviles y sus proveedores.

“En el mundo de los teléfonos inteligentes, Apple “Estamos pasando de la venta de un solo dispositivo a servicios adicionales que se pueden proporcionar durante toda la vida útil de ese dispositivo”, dijo Walter-Range. “Por lo tanto, para un automóvil, es el mismo trato. Ya sabes, una vez que vendes ese automóvil, ¿existen flujos de ingresos adicionales que puedes obtener al proporcionar servicios? Algunos de esos servicios se pueden proporcionar desde el espacio”.

Un modelo es el cobro de suscripciones para sistemas avanzados de asistencia al conductor. General Motors’S uper Cruise utiliza cámaras, sensores y datos de ubicación y mapas en tiempo real de satélites GPS para permitir que el vehículo haga cosas como dirigir automáticamente y mantener el vehículo centrado en un carril. En el informe de ganancias del cuarto trimestre de la compañía, la directora ejecutiva de GM, Mary Barra, dijo que la compañía esperaba que dentro de los próximos cinco años, Super Cruise generara alrededor de 2 mil millones de dólares en ingresos anuales para la compañía.

Vía WSJ

Un consorcio de inversores compra una participación mayoritaria en los puertos de CK Hutchison

Un consorcio de inversores liderado por BlackRock acordó comprar participaciones mayoritarias en puertos de ambos lados del Canal de Panamá a CK Hutchison por 22.800 millones de dólares, dijeron las compañías el martes.

El acuerdo pondría los puertos clave bajo propiedad corporativa estadounidense, de la empresa CK Hutchison con sede en Hong Kong. El Canal de Panamá está controlado por Panamá, pero la administración Trump  ha señalado como una amenaza los puertos de propiedad extranjera en ambos lados.

BlackRock ha informado a la administración Trump y al Congreso sobre el acuerdo, dijo una persona familiarizada con el asunto.

“China está operando el Canal de Panamá, y nosotros no se lo dimos a China”, dijo Trump en su discurso inaugural, refiriéndose al tratado de 1977 que entregó el control del mismo a Panamá .

Uno de los temores es que China transforme las concurridas terminales portuarias en instalaciones militares. Los funcionarios panameños y varios ex militares estadounidenses han dicho que las instalaciones chinas no representan una amenaza militar ni violan la neutralidad del canal.

Estados Unidos construyó el Canal de Panamá, inaugurado en 1914, y lo cedió a Panamá a fines de 1999 en virtud de un tratado negociado más de 20 años antes con el entonces presidente Jimmy Carter . Trump ha dicho durante mucho tiempo que el acuerdo era malo para Estados Unidos y se ha quejado de las tarifas que cobra Panamá y de la infraestructura china construida a lo largo de la vía fluvial.

BlackRock, su nueva división de infraestructura Global Infrastructure Partners y Terminal Investment, con sede en Ginebra, acordaron adquirir una participación del 90% en Panama Ports. La empresa posee y opera los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá. El consorcio también acordó comprar la participación mayoritaria de CK Hutchison en otros 43 puertos en 23 países.

Si se concreta, el acuerdo con BlackRock podría contribuir en gran medida a aliviar las preocupaciones sobre la influencia de China sobre el canal.

Al adquirir GIP el año pasado, el director ejecutivo Larry Fink apostó a que los activos de infraestructura privada ayudarían a impulsar la próxima ola de crecimiento de su empresa. GIP opera empresas de energía, transporte, residuos y agua en todo el mundo, junto con el aeropuerto de Londres Gatwick, gasoductos estadounidenses y centros de datos.

El acuerdo con CK Hutchison es la mayor adquisición de infraestructura jamás realizada por BlackRock o GIP.

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