Morfema Press

Es lo que es

DBuford

Vía Lapatilla

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue entrevistada el pasado viernes por Adam O’Neal, jefe de opinión del diario estadounidense The Washington Post.

«Este es un punto de inflexión en la historia de Venezuela, quizás uno de los momentos por los que más hemos luchado como nación. Tras 26 años de devastación, Venezuela está a las puertas de la libertad. Y esto ha costado la vida de muchos venezolanos que han sido encarcelados, torturados, asesinados, obligados a huir de su país, separados de sus familias; miles y miles que lo han dado todo por la libertad. Este es un momento en el que nos hemos unido en torno a nuestros valores comunes, esas virtudes que definen al pueblo venezolano, desde nuestros orígenes hasta este momento crucial y decisivo de nuestras vidas y de nuestra historia», apuntó Machado.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz se declaró «convencida de que soy mucho más útil aquí, cerca del pueblo venezolano. Ellos lo saben, que estoy aquí, que nuestra lucha, nuestra lucha más importante, se libra dentro de nuestra nación. Y he aprendido que incluso sin poder tocar a alguien, se puede estar muy, muy cerca».

Sobre cómo será la vida después de la caída de Nicolás Maduro y sus colaboradores, Machado subrayó que «Venezuela no es como los países de Oriente Medio que han pasado por largos procesos de transición entre regímenes autoritarios».

Asimismo, recordó que «esto no es un cambio de régimen. Votamos. Exigimos un cambio de régimen hace un año y medio en condiciones absolutamente injustas y extremas. No teníamos dinero, ni cobertura mediática. ¿Saben cuántas entrevistas di en televisión durante toda la campaña? Ninguna. Organizamos a un millón de voluntarios y ganamos».

La promulgación de una Ley de Amnistía total para todos los presos políticos en la época navideña es un imperativo moral que podría mitigar el profundo dolor e iniciar la reparación de un daño que, hasta el día de hoy, parece ser irreparable.

El abogado y defensor de los derechos civiles, Rafael Narváez, ex parlamentario, ha responsabilizado directamente al Sistema de Justicia por la violación sistemática del derecho a la libertad y a las garantías constitucionales.

Narváez denuncia que el Sistema Judicial ha permitido que los cuerpos de seguridad del Estado ignoren de manera flagrante el Artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que establece que la libertad es inviolable.

«Ninguna persona puede ser detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti.»

Allanamientos Ilegales y Tratos Crueles

Estos cuerpos represivos continúan ejecutando allanamientos sin orden judicial, atropellando la inviolabilidad del hogar doméstico garantizada en el Artículo 47 CRBV. Además, amenazan a los familiares de los buscados por razones políticas con llevárselos detenidos si no facilitan información, una práctica que constituye una grave violación de los derechos humanos.

El daño perpetrado por el sistema de justicia es de una gravedad extrema, impactando las garantías judiciales y el sagrado debido proceso (Art. 49 CRBV). Es inaceptable que se sigan permitiendo tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo torturas, construyendo así un daño psicológico y moral de carácter irreparable para las víctimas y sus familiares.

Una Navidad sin Reencuentro

Según Narváez, la única vía para aliviar mínimamente el dolor y el sufrimiento de los familiares y las víctimas es la aprobación de una Ley de Amnistía General.

Dejar a los familiares de los presos políticos sin el reencuentro de sus seres queridos en la época de Navidad es un acto «inhumano, despreciable y reprochable», expresó el ex parlamentario.

Para finalizar, Narváez exige al Sistema de Justicia retomar urgentemente las atribuciones que le confiere la CRBV para que, con autonomía e independencia, asuma su rol de administrar una justicia verdaderamente imparcial.

Vía LaPatilla

Un nuevo informe de Transparencia Venezuela sobre el rol de la empresa argentina Ex-Clé S.A – y su filial venezolana Ex-Clé Soluciones Biométricas C.A.– así como el papel de sus propietarios, muestra cómo se convirtieron en testigos claves del fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio 2024, pues son actores centrales del sistema electoral venezolano que han acumulado un poder decisivo sobre la infraestructura de votación, la autenticación de electores y la transmisión de resultados, rol que han obtenido por su relación con el poder político de Venezuela en las últimas dos décadas.

Testigos claves

Como en todos los procesos electorales celebrados en Venezuela a partir de 2017, en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 el control de Ex-Clé fue total:

Programación de todos los equipos de votación.

Diseño y auditoría de las bases de datos de impresiones dactilares de los electores.

Configuración de los equipos de identificación biométrica de votantes.

Organización de la revisión de los programas de escrutinio, transmisión y totalización de resultados.

Definición de los protocolos de seguridad y encriptado de las líneas de transmisión de datos hasta los servidores del CNE.

Definición del diseño, alcance y ejecución de las auditorías internas, esenciales al sistema de votación antes del 28 de julio (incluyendo hardware y software de la máquina y del sistema de totalización).

Capacitación de operadores

El control total sobre la infraestructura tecnológica y los datos de transmisión y totalización evidencia que la empresa Ex-Clé posee la información necesaria para verificar o refutar los resultados oficiales proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron a Nicolás Maduro como ganador.

Organizaciones de observación electoral y grupos civiles venezolanas solicitaron a Ex-Clé, especialmente en Argentina (sede de la matriz), que explicara el funcionamiento de la plataforma; que aclarara las denuncias de supuestos hackeos; que informara sobre las auditorías no realizadas y que diera acceso a actas o registros consolidados. Ex-Clé nunca respondió y tampoco emitió comunicados, ni participó en conferencias de prensa para hablar sobre el tema.

Eje tecnológico del Poder Electoral en Venezuela

Ex-Clé pasó de ser un proveedor de servicios biométricos para varios entes del Estado venezolano a ser el único operador tecnológico electoral, por su relación comercial cultivada durante 20 años con figuras clave del gobierno venezolano y después de la salida de escena de la empresa Smartmatic, tras su denuncia sobre manipulación de la participación en la elección de la Asamblea nacional Constituyente en 2017.

Smartmatic denunció en el Centro International de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) al Estado venezolano y a Ex-Clé en el año 2017 por apropiación Ilegítima de sus activos, robo de tecnología y coacción.

Otro hecho relevante fue el incendio ocurrido en marzo de 2020 en un galpón del CNE, en el estado Miranda, que destruyó 49.508 máquinas de votación (98.5% de los equipos) y 49.323 sistemas de autenticación biométrica:

El hardware destruido, que era de Smartmatic, fue sustituido por nuevos equipos de votación e identificación biométrica suministrados por Ex-Clé S.A. y Ex-Clé Soluciones Biométricas C.A.

Fuentes internas del CNE indicaron que antes del incendio, en diciembre de 2019, ya existía un acuerdo entre el rector Carlos Quintero y Ex-Clé para renovar parte de la infraestructura electoral.

En 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus sigas en inglés) sancionó a Ex-Clé y a sus propietarios, Guillermo Carlos San Agustín y Marcos Javier Machado Requena, por dar apoyo material al gobierno de Nicolás Maduro en la organización de elecciones consideradas fraudulentas.

El informe también contiene una línea de tiempo de cómo ExClé fue transformándose en el proveedor preferido del gobierno venezolano.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, pidió este domingo a Europa asumir un papel activo en la liberación de Venezuela de la “dictadura criminal” de Nicolás Maduro y acompañar la posterior “reconstrucción moral” del país. Su mensaje fue difundido mediante un video durante el Foro Sobre el Futuro de la Unión Europea, celebrado en Madrid.

Europa tiene que recordarle al mundo que la democracia no es un lujo ni un concepto pasado, es una conquista diaria”, afirmó Machado, quien insistió en que el continente europeo, por su propia historia de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, es un referente moral indispensable.

Machado sostuvo que el régimen venezolano ha utilizado la pobreza como “herramienta de control social” y ha “destruido instituciones, corrompido la justicia y hundido la economía”, obligando a millones a emigrar. No obstante, subrayó que “Venezuela está de pie” gracias a la resistencia de su juventud.

Europa, yo sé que va a ayudar cada vez más a liberar a Venezuela. Y Venezuela también puede ayudar a renovar ese espíritu de Europa”, señaló. Prometió que, una vez recobrada la libertad, el país será “un lugar donde los jóvenes van a querer vivir, nunca escapar”.

El mensaje de Machado coincidió con nuevas tensiones en el Caribe, donde Nicolás Maduro intentó enviar en inglés un llamado de “peace and love” al presidente estadounidense Donald Trump tras la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford a la región.

Edmundo González: “En Venezuela no hay democracia”

También intervino por videoconferencia el presidente electo de Venezuela y excandidato opositor en las elecciones de julio de 2024, Edmundo González Urrutia, exiliado en Madrid. Denunció que la democracia venezolana “fue destruida” por el chavismo.

No hay Estado de derecho. No hay libertad de expresión. Hay millones de compatriotas en el exilio y miles de presos por pensar distinto”, afirmó.

González advirtió que la democracia “no es una aplicación que se instala una vez y ya funciona”, sino un sistema vivo que debe “actualizarse todos los días”. Añadió que “hackear la indiferencia” es el desafío de esta generación, porque “nada fortalece más a los autoritarios que el silencio o la falsa neutralidad”.

La democracia se debilita cuando dejamos de creer en ella”, concluyó.

Con información de Europa Press

Por Laura Sullivan en NPR

El portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, llegó este domingo al norte del Caribe en medio del aumento de tensiones con Venezuela, según confirmó un funcionario militar estadounidense. La nave se unirá a un despliegue de 15.000 efectivos, incluidos 2.000 infantes de Marina a bordo de un buque de asalto anfibio.

El funcionario, que no estaba autorizado a declarar públicamente, dijo a NPR que “se está preparando la mesa” para una eventual acción militar. Mientras tanto, la administración continúa realizando reuniones de alto nivel con miembros del Congreso y líderes extranjeros, en el contexto de ejercicios militares en marcha.

Señales mixtas sobre el uso de la fuerza

Pese al despliegue, sigue sin estar claro si el presidente Donald Trump finalmente ordenará el uso de la fuerza contra Venezuela. Hasta el momento, Estados Unidos ha llevado a cabo 20 ataques contra embarcaciones en la región, asegurando que transportaban drogas procedentes del país sudamericano. En agosto, Washington ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro.

Algunos funcionarios dijeron a NPR que la llegada del Gerald R. Ford —retirado recientemente del Mediterráneo— podría tratarse simplemente de otra táctica de presión sobre Maduro, quien ha puesto a sus propias fuerzas en estado de máxima alerta.

El viernes, Trump declaró a periodistas a bordo del Air Force One:
“He tomado más o menos una decisión” sobre si lanzar o no un ataque.
“No puedo decirles cuál es”, agregó, “pero hemos logrado muchos avances con Venezuela en cuanto a detener el flujo de drogas”.

“Operation Southern Spear”

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el jueves en redes sociales que está en marcha una operación denominada “Operation Southern Spear”.

“Esta misión defiende nuestro territorio, elimina a los narco-terroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestro país de las drogas que están matando a nuestra gente”, escribió. “El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos y lo vamos a proteger”.

Tensiones dentro del Pentágono

El incremento de la actividad militar ocurre tras la renuncia de alto perfil del almirante de cuatro estrellas Alvin Holsey, quien supervisaba los ataques contra las embarcaciones. Holsey dejó su cargo abruptamente, dos años antes de lo previsto. Fuentes del Pentágono dijeron a NPR que creen que renunció por objeciones a los ataques, que hasta ahora han dejado 80 muertos e impactado embarcaciones que, en algunos casos, no parecían mostrar una amenaza inmediata.

Ver también:

Por Martín Arostegui en The American Spectator

La apertura de los archivos ultrasecretos de Bolivia sobre Irán podría revelar la presencia de oficiales encubiertos de la Fuerza Quds, operativos de Hezbolá y agentes locales integrados en toda la región.

Mientras la administración Trump contempla operaciones terrestres de alto riesgo contra los cárteles de la droga de América Latina, insta al gobierno recién electo de Bolivia a revelar sus “secretos” sobre la “penetración de Irán en el hemisferio occidental” a través de acuerdos militares forjados con Bolivia y Venezuela que las convirtieron en centros de influencia iraní.

En unas declaraciones incisivas a los medios de comunicación durante la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, la semana pasada, el subsecretario de Estado estadounidense para el Hemisferio Occidental, Cristopher Landau, habló de la “grave amenaza” que representa la “alarmante” alianza entre Bolivia e Irán en los últimos veinte años, en un marcado contraste con las administraciones estadounidenses anteriores, que tendían a ignorar dichas amenazas.

 Aún desconozco si el nuevo gobierno de Bolivia comprende con exactitud la situación que heredó en cuanto a las relaciones entre los gobiernos anteriores e Irán. Sin embargo, supongo que este será un asunto de gran interés mutuo no solo para Estados Unidos y Bolivia, sino también para Argentina, Chile, Paraguay y otros países vecinos preocupados, por ejemplo, por el equipo militar que se fabrique o distribuya en Bolivia.

En el transcurso de mi labor cubriendo América Latina para diversas organizaciones de noticias durante los últimos veinte años, he seguido de cerca la creciente influencia de Irán en la región y puedo ofrecer algunos adelantos sobre lo que podrían contener los archivos secretos iraníes de Bolivia.

El narcopresidente izquierdista Evo Morales siguió el ejemplo de Venezuela al abrir relaciones con Irán poco después de asumir el cargo en 2005. En los años siguientes se produjeron una serie de visitas coordinadas de alto nivel e intercambios oficiales entre los tres gobiernos, en los que se negociaron acuerdos de cooperación en materia de defensa y seguridad mediante conversaciones secretas al más alto nivel.

Según el ex jefe de espionaje venezolano, el general Cristóbal Figueres, quien acompañó al presidente venezolano Hugo Chávez en un viaje a Teherán, las conversaciones con los ayatolás eran tan delicadas que se llevaban a cabo en los pisos inferiores mejor aislados de los búnkeres de mando subterráneos.

El exjefe del servicio de inteligencia venezolano SEBIN afirma que discutieron el nombramiento de Tarek El Aissami, un militante venezolano de extrema izquierda designado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como operativo de Hezbolá, para el puesto más alto de ministro de seguridad, así como el despliegue de oficiales de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica para asesorar a las fuerzas armadas de Venezuela.

Los proyectos militares industriales conjuntos entre la IRGC y el contratista de defensa venezolano CAVIM incluyen la producción de una versión del dron de ataque Mohajer-6 de Irán; el Mariscal Don José De Sucre-100 armado con misiles y con alcances operativos que se extienden hasta el Caribe.

El jefe de la fuerza aérea venezolana, el general Pedro Juliac, se convirtió de facto en “jefe de operaciones iraníes” en Venezuela y embajador en Teherán, adquiriendo drones kamikaze Shahed más avanzados que preocupan a los funcionarios de guerra estadounidenses que elaboran planes para operaciones terrestres en Venezuela.

Las agencias de inteligencia estadounidenses y argentinas creen que Irán también está fabricando drones en Bolivia, como parte de acuerdos militares secretos negociados durante las presidencias de Evo Morales y Luis Arce. Una célula compuesta por altos generales bolivianos y oficiales de la Guardia Revolucionaria gestiona proyectos supervisados ​​desde la embajada iraní, que se ha convertido en la mayor misión diplomática en Bolivia, ocupando un edificio de seis plantas en un recinto amurallado que abarca una manzana entera en la capital, La Paz.

Funcionarios de inteligencia argentinos informaron a The American Spectator  que la organización Qods también opera una base clandestina en un hospital construido por Irán en la ciudad de El Alto, cerca del principal aeropuerto de Bolivia. Según estas fuentes, cientos de documentos de identidad bolivianos han sido distribuidos a agentes iraníes para facilitar su movimiento por todo el hemisferio. Altos funcionarios de inteligencia estadounidenses, que testificaron ante el Senado el mes pasado, estiman que los pasaportes venezolanos entregados a personas procedentes de Oriente Medio, muchos de ellos libaneses, podrían ascender a 10.000.

En 2011, informé sobre la creciente presencia de Irán en Sudamérica en un artículo de una página completa para The Wall Street Journal , que comenzaba con una visita a Bolivia del ministro de Defensa iraní Ahmad Vahidi, acusado de ser el autor intelectual del atentado con camión bomba de Hezbolá en 1992 contra el centro comunitario judío AMIA en Buenos Aires, que mató a 85 personas.

Vahidi presidió junto con Morales la inauguración de una academia militar especial para oficiales de países latinoamericanos de tendencia izquierdista, financiada por la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Según funcionarios diplomáticos estadounidenses, un grupo de iraníes realizaba operaciones de vigilancia electrónica e interceptación de comunicaciones para Morales desde sus oficinas presidenciales, alternándose con un equipo de inteligencia cubano.

En un momento en que se prestaba poca atención oficial a la creciente cercanía de Irán con los regímenes latinoamericanos, que incluso el entonces senador Marco Rubio desestimó como “relaciones públicas”, informé que Irán estaba reclutando ingenieros locales para trabajar en la seguridad informática de su programa nuclear mientras intentaba adquirir uranio de alta calidad de Venezuela y Bolivia.

La CIA estaba muy al tanto de las actividades de Irán, pero el gobierno de Bush quería que las contramedidas se mantuvieran discretas. El Departamento de Estado creó una unidad especial para monitorear los movimientos de Irán en el hemisferio, pero Obama la desmanteló cuando esta interfirió con su política de apaciguamiento hacia Teherán y La Habana.

La expansión iraní ha crecido prácticamente sin control, debido tanto a la colaboración voluntaria de gobiernos latinoamericanos de izquierda como a la negligencia de las sucesivas administraciones estadounidenses. El general de la Guardia Nacional venezolana, Marco Ferreira, quien intentó advertir al Pentágono sobre la creciente influencia de Irán a principios de la década de 2000, declaró a The American Spectator que la Agencia de Inteligencia de Defensa lo recibió con frialdad; sus oficiales mostraron poco interés en el asunto y pusieron en duda su credibilidad.

Un avión de carga Boeing 707 iraní, fletado por una aerolínea venezolana, sobrevoló Latinoamérica durante años, hasta que se denunció su vinculación con el tráfico de armas en Oriente Medio y fue inmovilizado en Argentina por orden judicial estadounidense en 2022. El piloto y otros miembros de la tripulación fueron identificados como oficiales de la Fuerza Quds, pero el entonces presidente izquierdista argentino, Fernández, los liberó y los devolvió a Venezuela antes de que pudieran ser interrogados por el FBI, al que se le impidió inspeccionar la aeronave hasta que el presidente conservador Javier Milei asumió el cargo un año después.

La apertura de los archivos ultrasecretos de Bolivia sobre Irán, como propone el Sr. Landau, podría exponer seriamente la red iraní en América Latina, revelando su funcionamiento interno corrupto que podría permitir a Estados Unidos y sus aliados atrapar con las manos en la masa a oficiales encubiertos de la Fuerza Quds, operativos de Hezbolá y sus agentes locales.

Expertos en contraterrorismo de varias agencias de seguridad estadounidenses declararon recientemente ante el Senado de Estados Unidos que Hezbolá depende cada vez más de los ingresos procedentes de sus operaciones de narcotráfico en América Latina, integradas con el Cártel de Soles de Venezuela, para obtener las “inyecciones de efectivo que tanto necesita” tras los recientes reveses sufridos en Líbano y Siria.

Según el exfuncionario del Pentágono, Marshall Billingslea, la presencia de Hezbolá en Venezuela se ha expandido drásticamente. El general Figueres declaró al periódico británico The Sun que hay unos 1000 miembros de Hezbolá en la isla de Margarita, convertida en centro del activismo islámico; unos 400 en los alrededores de la base militar venezolana de Maracay, en las afueras de Caracas; y unos 200 en el puerto de Valencia, punto de entrada de embarcaciones narcotraficantes.

Cientos, o posiblemente miles, de combatientes de Hezbolá, dirigidos y apoyados por una sólida red regional iraní, podrían representar una amenaza significativa para las fuerzas estadounidenses en Venezuela, desestabilizar un gobierno democrático que reemplace a Maduro y posiblemente llevar a cabo ataques terroristas en terceros países, incluidos los Estados Unidos.

Bolivia podría ser la primera ficha de dominó en caer en el bloque latinoamericano de narcoestados alineados con Irán, y Estados Unidos mantendrá un contacto muy estrecho con las nuevas autoridades del país, según el Sr. Landau. «Creo que veremos cosas muy sorprendentes con respecto a la penetración iraní en la región», afirmó.

Vía U.S. Southern Command

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó que el Carrier Strike Group del portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN 78) ingresó al mar Caribe para participar en operaciones marítimas destinadas a combatir el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo, siguiendo instrucciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y en cumplimiento de las directrices del presidente estadounidense.

“Con un compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos preparados para enfrentar las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”, afirmó el almirante Alvin Holsey, comandante de SOUTHCOM. “El despliegue del grupo de portaaviones Gerald R. Ford es un paso crítico para reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del hemisferio occidental y del territorio estadounidense”.

El grupo de portaaviones se integrará a otras fuerzas ya presentes en la zona, entre ellas el Iwo Jima Amphibious Ready Group y una unidad expedicionaria de Marines. Estos efectivos forman parte de la Joint Task Force Southern Spear, creada para desarticular redes criminales que operan aprovechando fronteras y espacios marítimos compartidos.

“Nuestros líderes han llamado al Gerald R. Ford como la plataforma más capaz, adaptable y letal del mundo para estar donde importa, cuando importa”, señaló el contraalmirante Paul Lanzilotta, comandante del Carrier Strike Group 12. “Nuestra fuerza aumentará las capacidades existentes para proteger la seguridad y prosperidad de nuestra nación frente al narcoterrorismo en el hemisferio occidental”.

Con más de 4.000 tripulantes y decenas de aeronaves tácticas a bordo, el USS Gerald R. Ford permite a los comandantes estadounidenses proyectar poder mediante operaciones sostenidas en alta mar. El portaaviones, el primero de su clase, puede lanzar y recuperar aviones de ala fija de forma simultánea, día y noche.

El grupo zarpó el 24 de junio de 2025 e inició operaciones multidominio en el Atlántico antes de dirigirse al área de la Sexta Flota. Allí navegó por encima del Círculo Ártico y por el Mediterráneo, junto a aliados de la OTAN, participando en los ejercicios Neptune Strike 25-2 y 25-3, además de realizar escalas en Croacia, Francia, Alemania, Noruega y España. Tras cruzar el Estrecho de Gibraltar el 4 de noviembre, emprendió el tránsito hacia el área de responsabilidad del Comando Sur.

Además del portaaviones, el grupo incluye los destructores USS Bainbridge (DDG 96) y USS Mahan (DDG 72), así como el buque de mando y defensa aérea y antimisiles USS Winston S. Churchill (DDG 81), entre otros activos de guerra integrados.

Las fuerzas estadounidenses se encuentran desplegadas en el Caribe en apoyo a la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional.

Operation Southern Spear es una misión del Departamento de Guerra diseñada para fortalecer la seguridad y estabilidad en el hemisferio occidental mediante la detección, interdicción y debilitamiento de redes criminales y actividades marítimas ilícitas. Esta operación también mejora la vigilancia del dominio marítimo y contribuye a evitar que actividades ilícitas alcancen territorio estadounidense.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este domingo la liberación de Camilo Castro, el ciudadano franco-chileno detenido en Venezuela desde finales de junio. “Camilo Castro fue liberado”, escribió Macron en X, expresando su alivio y agradeciendo a quienes trabajaron discretamente por el resultado. “Francia avanza a veces sin hacer ruido, pero siempre con determinación y sangre fría”, añadió.

Por su parte, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, informó que Castro ya se encuentra seguro a bordo de un avión rumbo a Francia, donde se reunirá con su familia “en unas horas”. Destacó que su liberación es “el honor de nuestra diplomacia”.

Un caso marcado por desaparición y denuncia internacional

Castro, profesor de yoga de 41 años, francés por parte de madre y chileno por parte de padre —quien se exilió en Francia tras huir de la dictadura de Pinochet— vivía en Colombia. Desapareció el 26 de junio en el puesto fronterizo de Paraguachón, entre Colombia y Venezuela, después de acudir a renovar su visado colombiano caducado, según relató su familia.

Durante semanas no hubo información sobre su paradero, salvo un mensaje de audio a finales de julio donde Castro pedía ayuda. Las investigaciones de sus familiares y de Amnistía Internacional concluyeron que se encontraba detenido por autoridades venezolanas.

En julio, Amnistía Internacional denunció una política de desapariciones forzadas en Venezuela desde la reelección de Nicolás Maduro, empleada para sostener narrativas sobre “conspiraciones extranjeras” y como moneda de cambio en negociaciones con otros países. Francia, desde hace más de un año, recomienda a sus ciudadanos no viajar a Venezuela.

“No vamos a olvidar a los demás”

La madre de Castro, Hélène Boursier, expresó a AFP una emoción indescriptible tras conocer la liberación de su hijo. Activista de Amnistía Internacional, afirmó que seguirá luchando para que casos como este no se repitan: “No porque para nosotros haya terminado bien vamos a quedarnos ahí. Pensamos en los demás, no los vamos a olvidar”.

El sábado por la tarde, tras ser liberado, Castro llegó a la embajada de Francia en Caracas. Según Yves Guibert, esposo de Boursier, el profesor de yoga estaba “muy contento” aunque aún “inquieto” hasta no abandonar Venezuela.

DW

La Constitución establece que el fundamento de la soberanía es la voluntad intransferible del pueblo, la que se manifiesta o ejerce a través del sufragio. Por tanto los poderes tienen que emanar de la voluntad popular.

¿Qué pasa cuándo ocurre lo contrario? Es decir, cuándo la voluntad del pueblo queda pintada en la pared, por causa de fraudes colosales que se utilizan para justificar el despotismo.

Pasa, entre otros aspectos, que la soberanía se vuelve polvo y ceniza. En verdad, la hegemonía la vuelve polvo y ceniza.

A ello hay que agregar el desprecio notorio por las libertades y derechos generales. Lo que también erosiona la soberanía. Y lo más grotesco es que los destructores de la soberanía salen a defender su afán de continuismo en nombre de la soberanía.

La soberanía no es un pretexto o una guarimba para tratar de validar cualquier atrocidad. No. La soberanía es la vida independiente de una nación que se expresa y sostiene en comicios libres y justos, y que configura su convivencia en el derecho democrático, cuya piedra angular es la Constitución.

¿Hay o no soberanía constitucional? Usted tiene la palabra.

Por Benigno Alarcón Daza

A medida que aumenta el debate internacional sobre Venezuela, también crecen las dudas: ¿está la sociedad venezolana preparada para una transición? ¿Se desataría una guerra civil? ¿Podría el país volverse ingobernable por la presencia de grupos armados? Este artículo intenta responder, con evidencia y realismo, los temores más frecuentes expresados por algunos articulistas y entrevistados recientemente en medios internacionales, algunos de ellos muy prestigiosos.

1. ¿Quieren realmente los venezolanos un cambio político?

, sin lugar a dudas, y de manera abrumadora. Todas las encuestas independientes coinciden en que entre 70% y 80% de la población desea una transición democrática y rechaza al gobierno actual [1][2]. El chavismo duro representa menos del 20%, y aun dentro de ese segmento existe más añoranza por lo que Chávez representaba que afección por el actual gobierno.

Pero aparte de la elección del pasado 28 de julio de 2024 en la que la única evidencia existente muestra el triunfo de la oposición por una amplísima mayoría en la que obtiene casi 70% de la votación, existe un plebiscito silencioso: el éxodo. Al día de hoy van cerca de 8 millones de venezolanos que han abandonado el país en la última década. Y aunque su posición política no se puede cuantificar porque a la diáspora, salvo contadas excepciones, no se le permitió participar electoralmente, ninguna sociedad que migra en esa escala está satisfecha con el statu quo.

2. ¿Está la sociedad venezolana políticamente madura para enfrentar una transición sin expectativas irreales?

, y más que en cualquier otro momento de los últimos 25 años. La prolongada crisis ha producido un doble efecto:

  1. Realismo político: los venezolanos han aprendido, a través de una amarga experiencia de ensayo y error, que no hay soluciones mágicas ni transiciones instantáneas. Los estudios cualitativos y de campo muestran claramente que la población prioriza hoy estabilidad, servicios básicos, orden y seguridad, incluso por encima de sus aspiraciones legitimas a cambios en su nivel de vida, que han sido largamente postergados [3].
  2. Disposición a dar tiempo a un nuevo gobierno: en todos los sondeos recientes, amplias mayorías reconocen que una transición requerirá sacrificios y tiempo. La gente quiere resultados, pero entiende que los problemas estructurales —infraestructura colapsada, servicios destruidos, economía paralizada— no se resuelven en meses.

El riesgo no está en la acumulación de expectativas imposibles; está en no dar señales claras de que la transición es posible y será real. Cuando la población percibe ambigüedad, temor o indefinición, surge frustración y la desesperanza. Pero cuando ve dirección y posibilidad de éxito, resurgen las expectativas positivas, así como la disposición a participar y construir con disciplina y paciencia, como quedo demostrado en la Primaria de 2023 y la elección presidencial de 2024.

3. ¿Existe riesgo de una guerra civil o de violencia política generalizada?

No. No existen condiciones estructurales para una guerra civil en Venezuela.

Venezuela no tiene dos bandos armados comparables y dispuestos a confrontarse. Lo que sí tiene es:

  • Un aparato coercitivo centralizado;
  • Una sociedad desarmada y exhausta;
  • Y más de una década de crisis sin que haya habido insurgencia organizada.

Pero para quienes tratan de utilizar la historia reciente haciendo referencia a procesos como los de 2014, 2017, 2019 y 2023, es importante aclarar que lo que hubo en momentos como estos, e incluso antes (2000, 2002, 2007) fueron protestas masivas, represión estatal y paraestatal, colapso económico, censura y persecución política, pero nunca surgió un conflicto armado bilateral. Las pocas estructuras armadas no estatales —colectivos, grupos irregulares, pandillas— no representan un ejército alternativo, sino grupos paraestatales mantenidos por una lógica clientelar, más que ideológica, que pueden ser reincorporados a una sociedad con libertad política y Estado de derecho.

El riesgo real no es una guerra civil: es que la inacción mantenga un ecosistema fuera de las reglas mínimas de una sociedad con garantías legales, que tiende a fortalecerse con el tiempo y se convierte en una amenaza no solo para el país, sino para toda la región.

4. ¿Podría un nuevo gobierno perder el control del territorio debido a guerrilla, minería ilegal y economías ilícitas?

No, si se hacen las cosas bien. Este es un temor que se manifiesta frecuentemente, pero que la mayoría de las veces (y a veces maliciosamente) está mal planteado.

Las áreas bajo influencia del ELN, disidencias de las FARC o grupos mineros no existen porque el Estado se retiró, sino porque sectores del propio Estado venezolano las toleran por razones políticas, ideológicas y econńmicas, en incluso bajo lógicas clíentelares [4][5]. Son zonas en las que el mismo Estado ha tolerado un ecosistema con reglas distintas en el ejercicio del poder, no como ausencia de poder. En este sentido, el statu quo consolida estas dinamicas.

Una transición, por el contrario, abre por primera vez en años la posibilidad de:

  • Cooperación real con Colombia y Brasil en materia de seguridad fronteriza;
  • Presencia internacional de verificación;
  • Reformas profundas en el sector y las doctrinas de seguridad;
  • Sustitución progresiva de economías ilegales;
  • Aumento de la presencia del Estado y reducción del uso de Venezuela como santuario para grupos armados.

El temor de “ingobernabilidad” de estas zonas ignora que sólo un cambio político puede revertir la situación actual en estas zonas. El riesgo real está en continuidad de la situación actual.

5. ¿No es más responsable negociar con el régimen una transición parcial donde el gobierno conserve parte del poder?

No. Los estudios sobre transiciones de regímenes autoritarios a democracias muestran que los pactos donde las élites salientes mantienen control sobre instituciones o poder de veto sobre armas, justicia o seguridad terminan en el bloqueo de las reformas legales e institucionales necesarias para estabilizar y consolidar una transición política, la captura del nuevo gobierno; y, a mediano plazo, la reversión del proceso hacia una reautocratización mucho más dura.

Esto ocurrió en países como Nicaragua y Egipto, donde las viejas élites conservaron el control sobre el aparato institucional y coercitivo. Las “transiciones controladas” no estabilizan, sino que, por el contrario, garantizan la inestabilidad y el fracaso de los gobiernos de transición.

Garantías personales y salidas negociadas son siempre deseables y necesarias para reducir los costos de una transición; pero un co-gobierno o dejar al régimen anterior en control de instituciones clave solo acarrearán el fracaso. Es por ello que deberá priorizarse la celebración de comicios con integridad electoral que permitan la reinstitucionalización del Estado y la relegitimación de sus autoridades.

6. ¿Qué haría viable una transición en Venezuela?

Hay, al menos, cuatro factores que deben recibir especial atención en el corto plazo:

1. Reafirmación clara e inmediata de la subordinación de la institución militar al poder civil legítimamente constituido.

2. Reinstitucionalización rápida y focalizada de las principales instituciones del país, lo que incluye Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, Contraloría y cuerpos policiales. Sin estos cinco pilares, no hay transición sostenible en el corto plazo.

3. Estabilización económica inmediata: Un paquete internacional de apoyo —fiscal, energético y social— que reduzca presión en los primeros meses y evite estallidos sociales que socaven la legitimidad del nuevo gobierno.

4. Presencia y acompañamiento internacional, lo que incluye cooperación fronteriza; asistencia técnica en seguridad; monitoreo de derechos humanos; apoyo en zonas de minería ilegal y narcotráfico, entre otros.

7. ¿Los venezolanos aceptarían los sacrificios y tiempos de una transición ordenada?

. La evidencia cualitativa acumulada por universidades, ONG y estudios internacionales muestra que la mayoría de la población es consciente de que la recuperación será lenta; el venezolano prefiere hoy un proceso ordenado a cualquier aventura caótica; y está dispuesta a apoyar un gobierno democrático si muestra compromiso, dirección, coherencia y resultados iniciales que vayan en la dirección correcta.

El colapso y la crisis que se ha vivido durante años ha producido, como resultado positivo, una sociedad más pragmática, menos polarizada y más consciente de sus límites. La condición sine que non para la gente es una sola: que la transición sea real, no cosmética. El fenómeno político del que hemos sido testigos desde la Primaria de 2023 hasta hoy, pasando por la elección de julio de 2024, nos enseña que la madurez y legitimidad política no se fracturan por expectativas que alguien podría considerar desmesuradas, sino por falta de coherencia y promesas vacías.

8. Entonces, ¿cuál es el verdadero riesgo?

El verdadero riesgo no está en la transición. Está en el statu quo.

El statu quo implica la continuación de la crisis venezolana; la expansión de los problemas de seguridad e ingobernabilidad; la consolidación y fortalecimiento de los enclaves armados; la influencia creciente de actores extrahemisféricos como Rusia, China e Irán; el deterioro ambiental acelerado, principalmente en la Amazonia venezolana; la aceleración de una nueva ola migratoria cuyas proporciones superan el éxodo de países en guerra como Siria y Ucrania.

Una transición democrática, bien diseñada y apoyada por la comunidad internacional, no garantiza milagros. Pero es la única vía para contener el deterioro, estabilizar el territorio, apuntalar la seguridad hemisférica y la democracia en la región, e iniciar un proceso de reconstrucción y reinstitucionalización que permitiría el regreso de millones de venezolanos que han visto obligados a salir del país por razones de supervivencia política, social y económica.

Conclusión

El debate sobre Venezuela suele centrarse en lo que podría salir mal si se intenta una transición. La pregunta correcta es lo contrario: ¿qué ocurriría si no hubiese una transición democrática en Venezuela?

Toda la evidencia apunta en una dirección inequívoca: los venezolanos quieren el cambio; después de 25 años hay madurez política para sostenerlo; es absolutamente falso de que la alternativa al statu quo es el caos o una guerra civil; la ingobernabilidad territorial es producto del sistema actual, no la consecuencia probable de una transición; y los pactos para preservar el poder total o parcialmente en manos de quienes sostienen al autoritarismo no estabilizan, sino que condenan al país a nuevos retrocesos y ciclos de colapso.

Venezuela no necesita un salto al vacío. Necesita —y puede tener— una transición democrática real, con respaldo internacional, instituciones con legitimidad y un plan serio para recuperar el Estado. Lo verdaderamente irresponsable sería permitir que el país siga deslizándose por el abismo actual.

Referencias

[1] Panteras Market Research, Encuestas Nacionales Venezuela 2023–2025. https://panteraresearch.com/venezuela

[2] Delphos, Opinión Pública 2024–2025. https://delphos.com.ve/

[3] UCAB – Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, Barómetro de la Gobernabilidad 2023–2025. https://cepgy.ucab.edu.ve

[4] International Crisis Group, “Roots of Violence in Venezuela’s Mining Arc.” https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/venezuela

[5] CSIS, “Illicit Economies and Armed Groups in Venezuela’s South.” https://www.csis.org/analysis

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