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Vía 14ymedio

Junto a Liván Arronte Cruz, destituyen al director de la Unión Eléctrica de Cuba, Jorge Armando Cepero Hernández

El ministro cubano de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz, y el director de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), Jorge Armando Cepero Hernández, fueron destituidos de sus respectivos cargos este lunes. Sin mencionar los nombres de los despedidos, en una escueta notaCubadebate informó de que Vicente de la O Levy será el nuevo ministro, y Alfredo López Valdés, el nuevo director de la UNE.

«Ambos fueron directores generales de la Unión Eléctrica en otros momentos. Asimismo, Alfredo López Valdés ocupó anteriormente el cargo de ministro de Energía y Minas, y de Industrias», precisa el texto.

Estos ceses hacen temer a los cubanos que la prometida solución a las carencias de luz no se produzca en diciembre.

El defenestrado Arronte, que llevaba en su cargo desde 2019, se había convertido en estos últimos meses en una figura mediática, en mitad de la crisis energética sin precedentes que sufre el país, al ser la principal figura de autoridad que salía a dar explicaciones sobre los apagones programados cotidianos que sufre la población, por ejemplo en programas como Mesa Redonda.

Cabe destacar que este ministerio se encuentra a las órdenes del viceprimer ministro Ramiro Valdés.

La UNE había previsto, de nuevo, un enorme déficit energético, que provocaría este lunes un «apagón simultáneo» del 41% del servicio. Según su comunicado diario, la capacidad de generación eléctrica en el horario pico será de 1.941 megavatios (MW) para una demanda máxima de 3.200 MW, con lo que el déficit sería de 1.259 MW, el 65 % de la capacidad de generación máxima. La «afectación» –lo que se desconectará–, sin embargo, estima la estatal, será más: 1.329 MW.

Las unidades termoeléctricas sin funcionamiento ascienden a 11. El pasado viernes, menos de 24 horas después de que fuera conectada, volvió a salir del sistema la Antonio Guiteras, en Matanzas.

Con los apagones, han venido numerosas protestas. Proyecto Inventario lleva registrados 176 desde el 14 de julio. La Fiscalía ya ha amenazado con procesar a los manifestantes por «actos vandálicos», igual que hicieron tras las protestas masivas del 11 de julio de 2021.

El pasado 7 de octubre la organización Justicia 11J publicó una actualización sobre los detenidos, a partir de las declaraciones de sus familiares y otras informaciones. De acuerdo con la ONG, serán procesados por los delitos de desórdenes públicos, desacato y resistencia, aunque tampoco puede aportar con exactitud el número de personas encarceladas, que ronda la treintena según varias organizaciones.

Vía Voz de América

La falta de reactivos y de inversión en las plantas de tratamiento de agua de Venezuela, que, según expertos, son de las mejores de América Latina, ocasiona que el agua que llega a los hogares no cumpla con los estándares de calidad internacionales.

Es frecuente que, en redes sociales, surjan mensajes con denuncias sobre la calidad del agua que llega a los hogares de Venezuela y, desde la semana pasada, tras las fuertes lluvias que se han registrado en el país, las quejas abundan.

Desde Caracas, especialmente en la última semana, tuiteros suben imágenes y describen que el agua ha estado llegando, “amarilla”, “turbia” y “color panela”, en alusión al papelón, un ingrediente típico de la cocina venezolana, de color marrón, que proviene de la caña de azúcar.

Expertos precisan que no es necesario someter el agua a pruebas de laboratorio para determinar que, en muchos casos, el agua turbia que emana de los grifos no es potable; sus características organolépticas lo dejan en evidencia, no siempre es incolora y en varias ocasiones no es inodora ni insípida, pero ¿por qué ocurre?

Consultado por la Voz de América, José María De Viana, ingeniero civil y expresidente de la Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital), explica que el agua proveniente de los ríos y embalses deben pasar por plantas de tratamiento destinadas a tomar “el agua cruda y convertirla en agua potable”.

El agua, detalla el experto, según normas internacionales, debe ser sometida a un proceso de clarificación, filtración y desinfección. Pero en Venezuela, a pesar de contar con una infraestructura “maravillosa”, las plantas de tratamiento, “operan muy mal” por el “deterioro en las instalaciones”, consecuencia de la falta de inversión.

“Hay bombas, motores y elementos de los sedimentadores dañados. Al no funcionar las operaciones unitarias, que están destinadas a potabilizar el agua, pasa por esos procesos y llega al final más o menos como entra, cuando eso ocurre el agua no solo no es potable, sino que no se puede desinfectar”, sostiene el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

De Viana subraya que, otra de las razones que dificultan el proceso, es el déficit de alumbre y gas cloro, reactivos químicos fundamentales. Además, destaca la importancia de que la información respecto a las plantas de tratamiento sea de acceso público.

Al respecto, María Eugenia Gil, representante de la Fundación Agua Clara, resalta que el sulfato de aluminio se dejó de producir tras un cierre técnico de una de las empresas estatales que lo producían en 2017.

“En el Tablazo, donde se produce el gas cloro, ha habido una reducción gigantesca de la producción, solo se produce el 5%. En ese panorama, tuberías rotas, viejas, plantas sin reparar, plantas de tratamiento que no están funcionando, vamos a tener agua sucia, por lo tanto, la recomendación es que hiervan el agua”, insiste.

De acuerdo al más reciente informe de HumVenezuela, hasta marzo, un 82% de la población estaba expuesta al consumo de agua “no potable, como consecuencia de la falta de cobertura de las plantas de tratamiento y despresurización del sistema de acueductos”.

Hasta entonces, 19,1 millones de personas “necesitaba conexión a un servicio de agua suministrado de forma regular. Estaban más afectadas 15,9 millones que pasaban semanas y hasta meses sin recibirla y debían recurrir a fuentes alternativas de abastecimiento no seguras”, expone la investigación de la plataforma que reúne a 90 organizaciones de la sociedad civil y se dedica a monitorear la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que vive el país desde el 2016.

El informe resalta que las principales fuentes de agua en el país están “en riesgo” por las actividades de explotación de oro y otros minerales, así como por los constantes derrames petroleros.

“A su vez, no se ha realizado el mantenimiento y rehabilitación adecuada de los sistemas de acueductos ni de las plantas de tratamiento, impactando de forma directa el acceso de la población al agua potable”, precisa.

Gil sostiene, además, que el hecho de que el agua no llegue constantemente, ocasiona que las tuberías se despresuricen, permitiendo el ingreso de “bacterias”.

“Por eso es que tenemos una enorme cantidad de personas, 21 y pico de millones, que dicen que el agua está saliendo sucia, cómo no va a salir sucia”, manifestó la semana pasada durante una presentación del Observatorio Social Humanitario.

Jesús Armas, director de Monitor Ciudad, una ONG dedicada a la promoción de problemas ciudadanos, alertó el lunes en Twitter que en las últimas horas han recibido una “gran cantidad” de denuncias respecto a la calidad del agua. “Esto está asociado a los efectos de las lluvias sobre los embalses y a los graves problemas con las plantas de tratamiento”, agregó.

“Esto al igual que la tragedia de Tejerías es algo que se pudo evitar con mantenimiento. Al igual que las fallas en el suministro, responsabilidad de Maduro, sus ministros y sus directores”, escribió.

Según el más reciente estudio de percepción ciudadana realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), la percepción negativa del servicio de agua aumentó de 58,9 % en enero a 61,9 % en mayo de este año.

La “inconstancia y la falta de suministro de agua” por tuberías, fueron las principales razones de la valoración negativa del servicio.

El presidente Nicolás Maduro admitió en agosto que, respecto al tema de suministro de agua, “falta mucho por hacer” y tras exponer que reciben decenas de denuncias diarias, aseguró que atienden “un promedio de 60 % en tiempo real”.

Maduro manifestó que su gobierno debe lograr la meta de llevar agua al 95 % de los hogares para fin de año. “Usted pare, usted llora, pero usted me cumple esa meta”, le dijo a su ministro de Atención de las Aguas, Rodolfo Marco Torres.

Sin embargo, ya en diciembre del 2021 había prometido que resolverían “al 100 %” los problemas de suministro de agua en el país en el primer semestre de 2022.

En 2010, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), reconoció en explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento.

Vía Infobae

La defensa mostró el supuesto pasaporte diplomático que tenía el empresario al momento de su detención. Sin embargo, el número no coincide con el que reclamó el canciller venezolano a Cabo Verde

Los abogados de Alex Saab, el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro que está preso en EEUU, cometieron un error insólito en las últimas horas. Buscando sumar argumentos a su favor, exhibieron el supuesto pasaporte diplomático que tenía el empresario al momento de su detención. Sin embargo, al contrastar este documento con el reclamo que le hizo la dictadura chavista a Cabo Verde, surge que sus números no coinciden: el que mostraron sus abogados termina en 8063, mientras que el que consignó el canciller Jorge Arreaza es 146601956.

“El supuesto pasaporte de ‘enviado especial’ de Alex Saab aparece en una nueva moción para desestimar. Pero hay un problema: el canciller de Venezuela no lo menciona en una carta de protesta por su arresto a Cabo Verde. Cita otro pasaporte, con un número diferente”, expresó el periodista de AP Joshua Goodman en su cuenta de Twitter, al tiempo que compartió las imágenes que prueban su afirmación.

Por su parte, el comunicador Roberto Deniz se hizo eco de la publicación de su colega y afirmó, también en la red social: “Los abogados de Alex Saab se acaban de meter un strike. Por un lado, muestran el supuesto pasaporte diplomático que tenía Saab al momento de su detención, pero el número no coincide con el que refería Jorge Arreaza en su reclamo a Cabo Verde un día después de la captura de Saab”.

El empresario Alex Saab, considerado el testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, cumplió el domingo pasado un año preso en Estados Unidos sin una fecha para el inicio de su juicio por lavado de dinero.

El inicio del juicio a este empresario de origen libanés nacido en Colombia y nacionalizado venezolano por conspiración para lavado de dinero estaba previsto inicialmente para el pasado martes, 11 de octubre, pero se aplazó sin fecha.

El número del pasaporte mostrado por los abogados de Saab es 8063

Un juicio atrasado

Hasta ahora el proceso contra Saab está centrado en dilucidar si, como alega la defensa, ejercía en Venezuela un cargo con inmunidad diplomática, lo cual, si fuera aceptado por el tribunal que encabeza el juez Robert N. Scola le podría librar del juicio.

En mayo pasado, una corte de apelaciones de EEUU rechazó un recurso con el argumento de la inmunidad presentado por Saab y remitió el caso al tribunal de primera instancia en Miami.

Saab, de 50 años, fue extraditado a EEUU el 16 de octubre de 2021 desde Cabo Verde, una ex colonia portuguesa en el oeste de África donde fue detenido en 2020 a raíz de una orden de captura internacional pedida por la justicia estadounidense.

Según la acusación, entre 2011 y por lo menos 2015, Saab y su socio Álvaro Pulido, que está prófugo, conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela.

El número del pasaporte que consignó Arreaza es 146601956

Saab y Pulido están acusados de transferir desde Venezuela, a través de EEUU, aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía.

El empresario se declaró “no culpable” en noviembre de 2021 y se enfrenta a una condena de unos 20 años.

El 28 de febrero pasado, Maduro dijo en una intervención virtual ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el juicio de Saab en EEUU “está plagado de graves vicios y aberrantes distorsiones”.

El “secuestro” de Saab fue la causa que el régimen venezolano adujo para suspender en octubre del pasado año el diálogo que sostenía en México con la oposición.

Por Acceso a la Justicia

Menos de un mes después de proponer unir las elecciones regionales y municipales con las parlamentarias en 2025, Nicolás Maduro ha vuelto a referirse al calendario electoral de manera tal que ha sembrado dudas sobre este y la transparencia y equidad del sistema comicial. Así, el líder del Gobierno dejó caer la posibilidad de que las próximas elecciones presidenciales, pautadas para 2024, se produzcan antes.

«Estamos en el año 2022 (…) vienen los años 2023 y 2024. ¿Cuándo es que hay elecciones (presidenciales)? Héctor Rodríguez (gobernador de Miranda), ¿cuándo hay elecciones? 2024, ¡o antes! Lo cierto es que nosotros estamos preparados para que cuando haya elecciones ir a una gran victoria popular, revolucionaria. Cuando sea, dónde sea y cómo sea. Si tú quieres, yo también quiero, si tú no quieres, yo quiero».

Esto declaró Maduro el pasado 7 de octubre, en un acto que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebró en La Guaira.

El pronunciamiento del líder del oficialismo representa una nueva violación de los artículos 136 y 292 de la Constitución de 1999, los cuales establecen el principio de separación entre las distintas ramas del Poder Público e indican que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el organismo que tiene la potestad de «la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos», respectivamente.

Asimismo, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) indica claramente que el CNE es quien tiene la facultad de convocar y fijar la fecha de los eventos para escoger a los distintos representantes para los cargos de elección popular.

Con una reforma

En 2009, el oficialismo modificó la legislación electoral y suprimió la disposición que establecía, de manera casi pétrea, el momento en el que debían celebrarse los distintos comicios. La derogada Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política señalaba en su artículo 152 que las elecciones debían fijarse «un día domingo de la primera quincena del mes de diciembre del año anterior a la finalización del período correspondiente».

La modificación abrió las puertas para que las sucesivas votaciones se produjeran en momentos distintos al tradicional mes de diciembre. Así ocurrió con las legislativas de 2010, que tuvieron lugar el 27 de septiembre; las presidenciales de 2012 y 2018 que ocurrieron el 7 de octubre y el 20 de mayo, y más recientemente, las regionales del 21 de noviembre de 2021.

Sin embargo, ninguno de los procesos antes mencionados dio pie a que el período de transición entre un mandato constitucional y otro pudiera ser de más de un año. No obstante, las palabras de Maduro abren las posibilidades de que esto ocurra, lo cual iría contra toda la lógica administrativa.

Asimismo, habría que aclarar que un eventual adelanto de los comicios presidenciales para el año 2024 o incluso 2023 no supondría una reducción del sexenio del jefe del Estado previsto en el artículo 230 de la carta magna. Así, lo ha dejado en claro en reiteradas ocasiones la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en varios fallos ha reiterado que el período presidencial es de seis años y que concluye e inicia el 10 de enero, tal y como manda el artículo 231 del texto fundamental.

Cualquier cambio en relación con la duración o inicio del mandato del presidente de la República requeriría una enmienda constitucional, que de acuerdo con la propia jurisprudencia del máximo juzgado no aplicaría para el actual período.

Maniobrando para ganar

Un eventual adelanto de la fecha de la elección es un claro acto de ventajismo a favor de Maduro, lo que constituye un elemento de fraude electoral que podría gestarse en las venideras presidenciales.

Jugar con la fecha de las elecciones es parte de las maniobras del oficialismo para ganar elecciones, como lo demuestra el informe elaborado por Acceso a la Justicia, titulado Elecciones en autocracia. El caso venezolano 2017-2021. En dicha investigación se advierte que el oficialismo ha utilizado esta estrategia para favorecer sus opciones.

Por su parte, es escandaloso el silencio que guarda el CNE ante estos pronunciamientos de Maduro, lo que supone flagrantes intromisiones en sus competencias constitucionales. El mutismo del árbitro no hace más que reforzar las sobradas dudas que existen en un importante porcentaje de la población en relación con su independencia, autonomía y, sobre todo, su capacidad de organizar comicios limpios, transparentes y competitivos.

No en balde, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que siguió las pasadas «megaelecciones» regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021, en su informe criticó la actuación (o inacción) del árbitro a la hora de ponerle coto a los abusos del oficialismo durante la campaña y la propia jornada de votación.

Asimismo, instó a las autoridades a reforzar la independencia del organismo, en especial en materia «sancionadora».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Como ya señalamos semanas atrás, el hecho de que Maduro se inmiscuya en las competencias del CNE y que este último sea incapaz de ponerlo en su lugar no hace más que reforzar las dudas que hay entre los ciudadanos sobre la transparencia, confiabilidad y equidad del sistema electoral venezolano. La eventual materialización de esta propuesta no solo podría el broche de oro a un sexenio que comenzó viciado y no siendo reconocido por cincuenta países del mundo, debido a los vicios que empañaron las últimas presidenciales; sino que además dejarían en claro que las autoridades no han aprendido la lección ni tienen intenciones verdaderas de rectificar.

Nadie debería subestimar la amenaza que representan las CBDC para la soberanía individual, escribe Paul H. Jossey del Competitive Enterprise Institute en CoinDesk

Las tensiones estallaron entre la representante Rashida Talib (D-Mich.) y el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, la semana pasada en una audiencia en el Capitolio sobre si el sector financiero de EE. UU. debería continuar financiando nuevos proyectos rentables de petróleo y gas. El intercambio viral , en particular la afirmación de Dimon de que eliminar los combustibles fósiles sería el » camino al infierno para Estados Unidos «, reunió a los sospechosos habituales en ambos lados del pasillo político… por un corto tiempo, antes de que surgiera el siguiente tema de actualidad .

Pero la cuestión de la participación del gobierno (algunos dirían coerción ) en las decisiones financieras no se desvanecerá pronto. De hecho, lo que está en juego está a punto de aumentar a medida que crece el interés político en las monedas digitales del banco central (CBDC).

Sin duda, una CBDC podría tener consecuencias siniestras para los EE. UU. si el gobierno obtiene una visión granular de las transacciones diarias de los estadounidenses, lo que podría dirigirlos hacia políticas públicas preferidas.

Las llamadas finanzas sostenibles y sus primos los estándares de inversión ambientales, sociales y de gobierno (ESG) tienen como objetivo dar forma a las decisiones corporativas hacia un consenso de élite en temas como la política ambiental y la primacía de la diversidad racial y de género en los directorios corporativos. Los defensores ya obligan a los accionistas a votar sobre sus temas preferidos, pero quieren más.

Por ejemplo, el subsecretario del Tesoro para Instituciones Financieras del presidente Biden, Graham Steele, escribió un artículo académico instando a los reguladores a forzar medidas drásticas sobre el clima, lo que incluye, en última instancia, «imponer limitaciones a las actividades de una institución, prohibir actividades u obligar a la venta de activos». Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), supervisó la implementación de nuevas e importantes divulgaciones sobre el clima corporativo. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, describe el cambio climático como una «amenaza existencial» e insta a «una transición rápida hacia una economía neta de carbono cero».

Una CBDC iría más allá de ese tipo de politización de las finanzas, imponiendo directivas gubernamentales sobre transacciones financieras a nivel individual, al dinero mismo. Las CBDC son pasivos directos del banco central de un país. Las autoridades financieras supervisan y controlan estrictamente las notas.

Como era de esperar, el espectro de tal control atrae a los autoritarios. China, por ejemplo, ha estado trabajando en una CBDC desde 2014 . Cuando se implemente por completo, se incorporará a la perfección con el sistema de crédito social existente del régimen.

Mientras tanto, la autoridad bancaria central mundial, el Banco de Pagos Internacionales, supervisa una serie de programas piloto de CBDC y realiza su propia prueba de compatibilidad internacional de CBDC . Estados Unidos también está avanzando, aunque de forma vacilante . Si bien hay muchas formas que puede tomar una CBDC, es probable que todas las transacciones de CBDC sean monitoreadas por alguna agencia u otra, con la justificación permanente de detener el lavado de dinero y el terrorismo.

Que las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés) rara vez detengan las irregularidades no importará. Los funcionarios occidentales hablarán de la boca para afuera sobre la privacidad, pero es un espejismo. Como escribió recientemente la investigadora Natalie Smolenski para el Bitcoin Policy Institute , la privacidad en el contexto de la CBDC “no significa privacidad del estado. Más bien, se presume que el estado es esencialmente un supervisor bueno y confiable de los mercados en todas las escalas, incluso a nivel de transacciones individuales, y el deseo de privacidad por parte del estado se equipara implícitamente a la intención criminal”.

Un gobierno con el poder de registrar y monitorear las transacciones de todos es lo suficientemente poderoso como para imponer su propia versión de moralidad en esas transacciones. Limitarlos, prohibirlos, detenerlos, borrarlos, negar la capacidad de una empresa o individuo de enviar o recibir fondos para personas o causas desfavorecidas. Una vez que los gobiernos obtengan este control, nunca será devuelto. Siempre habrá alguna otra amenaza existencial que combatir, algunos lavadores de dinero nuevos e inteligentes, algunos otros terroristas que detener; los camioneros pacíficos a los que se les niega la vida por mandatos de salud pública empíricamente dudosos son solo el comienzo.

Aunque la hora es tarde, no es demasiado tarde para detener el tren CBDC. En los EE. UU., al menos, la Reserva Federal ha declarado públicamente que no avanzará sin la autorización del Congreso. Esto proporciona una apertura política. También puede surgir una apertura tecnológica, ya que la lentitud del gobierno puede hacer que las CBDC queden obsoletas antes de que ganen la compra. Pero nadie debe subestimar la amenaza que representan las CBDC para la soberanía individual. Representan el paso final hacia la politización del dinero.


Paul H. Jossey es miembro adjunto del Competitive Enterprise Institute y fundador de www.thecrowdfundinglawyers.com que proporciona comentarios legales sobre criptomonedas, crowdfunding de acciones y la Comisión de Bolsa y Valores.

Vía AP

Mientras los migrantes, especialmente los venezolanos, luchan por aceptar una nueva política de Estados Unidos que desalienta los cruces fronterizos, un pequeño pueblo en el sur de México recibe inesperadamente a miles de migrantes acampados lejos de la frontera con Estados Unidos.

San Pedro Tapanatepec tenía 7,000 migrantes, alrededor del 75% venezolanos, cuando The Associated Press visitó a principios de octubre. Para el lunes, el alcalde Humberto Parrazales estimó que el número había aumentado a 14.000. La AP no pudo verificar de forma independiente esa cifra.

Si bien muchos venezolanos habían planeado llegar a la frontera de EE. UU., la nueva política de EE. UU. dice que solo se admitirán aquellos que presenten su solicitud en línea y lleguen por aire. Los que cruzan la frontera simplemente serán expulsados. Eso deja a muchos acampados en cinco grandes tiendas de campaña preguntándose qué harán a continuación.

Alivian el calor del día con solo unos ventiladores eléctricos para mantener baja la temperatura.

Migrantes, en su mayoría de Venezuela, llegan a un campamento donde las autoridades mexicanas tramitarán los permisos para continuar su viaje hacia el norte, en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, México, el miércoles 5 de octubre de 2022. Mientras los migrantes, especialmente venezolanos, luchan por aceptar una nueva política de los Estados Unidos que desalienta los cruces fronterizos, la ciudad de San Pedro Tapanatepec recibe inesperadamente a más de 10,000 migrantes acampados lejos de la frontera de los Estados Unidos. (Foto AP/Marco Ugarte)

San Pedro Tapanatepec obviamente no es donde querían terminar. La ciudad empapada por el calor en el estado de Oaxaca está a solo unos 300 kilómetros (180 millas) de la frontera con Guatemala. Muchos de los migrantes habían pensado que habían dejado atrás Guatemala para siempre en la larga travesía que llevó a muchos de ellos desde el Tapón de Darián en Panamá, a través de América Central, hasta México.

Desde agosto, la ciudad ha servido como estación de paso, donde los migrantes esperaban unos días mientras las autoridades migratorias mexicanas les emitían una especie de pase de tránsito que les daba tiempo para llegar a la frontera con Estados Unidos.

Pero Parrazales dijo que el flujo de ese papeleo se ha ralentizado, dejando a muchos más inmigrantes esperando aquí en un pueblo empobrecido mal equipado para albergar a tanta gente.

“No entiendo nada”, dijo por teléfono desde Tapanatepec el migrante venezolano Robinson Rodríguez. “Si todo en la frontera está cerrado, entonces no deberían estar entregando estos pases (de tránsito). Y si preguntas (a las autoridades), te dicen que no saben, pero las siguen repartiendo”.

El tiempo no está del lado de los migrantes. Rodríguez en realidad había recibido un documento de tránsito de siete días, que básicamente requería salir de México con una semana. Pero tuvo que dedicar tiempo a recaudar dinero para pagar el transporte a la frontera norte y, cuando lo consiguió, su pase había caducado.

Reina la confusión. El migrante nicaragüense Luis Martinica mostró un folleto que contenía un enlace web para que los venezolanos aplicaran, pero era confuso; si él, como nicaragüense, se presentaba en la frontera de Estados Unidos, ¿también sería expulsado?

El alcalde Parrazales tiene su propio conjunto de preocupaciones. Los transformadores de la ciudad ya no pueden manejar la electricidad necesaria para el campamento y ha habido apagones parciales. La atención médica, el saneamiento y el agua también son un problema.

Aún así, los migrantes tienen que pagar por la mayoría de las cosas, y Parrazales reconoce que la ciudad ha visto alrededor de $ 15 millones en negocios adicionales vendiendo alimentos, lugares para dormir, medicinas, taxis y viajes en autobús a los migrantes. “Tienen que pagar para cargar los teléfonos celulares”, señala.

México ha emitido unos 77.000 pases de tránsito a venezolanos en lo que va del año, la mayoría de ellos en los últimos tres meses. Al igual que los nicaragüenses y los cubanos, los venezolanos son difíciles de deportar, tanto para México como para Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Migración de México no respondió a las solicitudes de la AP sobre cómo se manejará el campamento después del nuevo programa estadounidense. Ante la falta de información oficial, los rumores y las tensiones aumentan.

Martinica, la inmigrante nicaragüense, dice que los funcionarios dejaron de emitir pases por un tiempo “después de una disputa en la que algunos venezolanos ofendieron a un policía”.

“Hay una gran falta de información”, dijo Parrazales. “Esta es una olla a presión que estoy tratando de contener aquí”.

Por Carola Briceño en En Frontera

Las organizaciones le preguntan a López Obrador si el INM va a detener a las personas venezolanas expulsadas que se queden después de los 15 días y si se está realizando negociaciones para devolverlas a Venezuela

Tras la medida del gobierno de Joe Biden de expulsar a México a los migrantes venezolanos que lleguen a Estados Unidos caminando, más de 80 organizaciones de la sociedad civil le han exigido al presidente, Andrés Manuel López Obrador, claridad sobre la situación migratoria en la que se encuentran miles de venezolanos y el destino que tendrán.

En una carta pública, difundida este lunes, los activistas de derechos de migrantes manifestaron tener una inmensa preocupación por «el nuevo enfoque de la política migratoria mexicana» y «el trato» que se la ha estado dando a una población necesitada de protección, tanto que las propias autoridades hasta ahora le han reconocido como refugiada, con una tasa del 97%.

A las organizaciones les resulta extraño que México haya tomado la decisión de recibir a un mayor número de personas y nacionalidades expulsadas de los Estados Unidos, a pesar de saber plenamente que «las expulsiones bajo Título 42 violan el marco normativo estadounidense, el cual garantiza el acceso al asilo independientemente de la forma de llegar».

«Personas de todas las nacionalidades tienen el derecho de solicitar asilo, tanto en México como en Estados Unidos», recordaron.

El título 42 elimina el derecho a solicitar asilo

Aunque reconocieron que tanto el programa para otorgar un permiso de dos años (parole) a 24 mil personas venezolanas con patrocinadores en los Estados Unidos, así como la ampliación de visas H2-B para la población mexicana y centroamericana podría tener un impacto positivo para quienes reciban este apoyo, alertaron que estos programas temporales no deberían estar condicionados a la eliminación del derecho a solicitar asilo en los Estados Unidos, lo cual en la práctica ha sido el resultado del Título 42.

«Ofrecer apoyo a 24 mil personas cuando el mes pasado más de 25 mil personas venezolanas fueron aprehendidas por la patrulla fronteriza, no se puede llamar una solución para garantizar la protección, ni una migración segura, ordenada y regular –mucho menos humanitaria», precisaron.

De igual forma, mostraron preocupación ante el comunicado publicado por el gobierno mexicano, en el que menciona la aceptación de personas venezolanas bajo Título 42 en el marco de la Declaración de Los Ángeles de Migración y Protección, ya que facilitar una prohibición de asilo no coincide con los cuatro pilares de la Declaración ni con el compromiso de “proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su calidad migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales”.     

Aseguraron que ante estos anuncios, las organizaciones están viendo cómo apoyar a las personas expulsadas que llegan a México, así como con la inscripción de personas elegibles para el nuevo programa.

Para poder orientar sus actividades en apoyo a los migrantes venezolanos, las OSC exigieron al gobierno de López Obrador responder 10 preguntas claves:

1- ¿Habrá un límite de personas venezolanas expulsadas bajo Título 42 y aceptadas por el gobierno mexicano al día?

2- ¿El gobierno mexicano va a aceptar a familias venezolanas con niñas, niños y adolescentes?

3- ¿En qué puntos de entrada serán expulsadas las personas venezolanas? 

4- ¿Al ser recibidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), qué tipo de documentación se les otorgará? Hemos visto que en las últimas 24 horas el INM está otorgando oficios de salida del país por la frontera sur con una vigencia de 15 días. El mismo oficio entregado a la población expulsada hasta ahora también establece que “la presente resolución no constituye un documento de viaje con el cual pueda desplazarse por Territorio Mexicano”. Si las personas tienen 15 días para salir por la frontera sur, pero no pueden desplazarse, ¿cómo se supone que deberían llegar a la frontera sur?   

5- ¿El INM va a detener a las personas venezolanas expulsadas que se queden después de los 15 días? ¿Está realizando negociaciones para devolverlas a Venezuela?

6- En el caso de las personas guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas expulsadas y aceptadas por México bajo Título 42, el INM ha estado deteniendo a algunas de ellas, transportándolas a varias ciudades dentro del país y a la frontera sur.  ¿El INM va a realizar acciones similares con la población venezolana? Los días 15 y 16 de octubre ya había reportes de un autobús que llevó a personas venezolanas expulsadas a la Ciudad de México, Guerrero y Villahermosa. Si las organizaciones locales tuvieran información previa sobre estos traslados, podrían prepararse mejor.

7- El día 15 de octubre, el INM publicó comunicado 572/2022 en el cual explica que la población venezolana que haya entrado de forma irregular no será elegible para el programa para entrar a los Estados Unidos y que las personas que se muevan de una entidad a otra dentro de México tampoco serán elegibles. Quisiéramos saber el sustento de esta información. De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno estadounidense, hasta ahora, la población venezolana que ha entrado a México antes de la publicación del programa (que aún no ha ocurrido) podrán aplicar y el lugar en el que se encuentran dentro de México no afecta su elegibilidad. Por lo mismo sería importante compartir información y fuentes.

8- Considerando que mucha de la población venezolana tiene necesidades de protección internacional, ¿cuál será el proceso para evaluar sus situaciones y proporcionarles información sobre sus derechos en México?

9- ¿Qué apoyo del gobierno mexicano se va a destinar para recibir a la población:  albergue, comida, necesidades básicas?

10- Con relación a las personas de nacionalidad haitiana, cubana y nicaragüense, las organizaciones han estado documentando expulsiones bajo Título 42 desde aproximadamente abril de 2022. Sin embargo, desconocemos la política migratoria mexicana relacionada con la recepción de personas de estas nacionalidades. ¿Nos podrían entregar la política oficial con relación a estas nacionalidades?

Los defensores de derechos de migrantes consideraron imprescindible aclarar estas dudas y crear un diálogo abierto, transparente y urgente, con el objetivo de brindar una atención y acompañamiento completo a personas en desplazamiento y con necesidades de protección humanitaria.

Vía The Moscow Times

Un avión militar se estrelló el lunes contra un edificio residencial en la ciudad portuaria sureña de Yeysk, en la región rusa de Krasnodar, informó la agencia de noticias Interfax citando a funcionarios locales.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que un avión de combate Su-34 se estrelló después de despegar de un aeródromo local para un vuelo de entrenamiento, informó la agencia estatal RIA Novosti .

Trece personas murieron y 19 resultaron heridas, según funcionarios del Ministerio de Salud citados el martes por Interfax.

El accidente probablemente fue causado por «un mal funcionamiento técnico», dijo el Comité de Investigación de Rusia, que investiga delitos graves.

Dijo que había iniciado una investigación penal sobre posibles violaciones de las reglas de vuelo y que había «incautado muestras de combustible en el aeródromo de salida» y «registradores de vuelo en el lugar del accidente».

Las imágenes publicadas en las redes sociales mostraron un edificio de apartamentos de varios pisos envuelto en llamas mientras se producían explosiones adicionales. 

El Ministerio de Defensa dijo que los pilotos se habían eyectado de manera segura y un video que circula en las redes sociales muestra al piloto tirado en el suelo cerca del edificio en llamas, vivo pero aparentemente herido. 

Desde el comienzo de la ofensiva de Ucrania, el espacio aéreo alrededor del sur de Rusia ha estado cerrado.

AFP contribuyó con el reportaje.

Por morfema.press

Al menos 215 personas, de ellos 27 menores de edad, han muerto en Irán a manos de las fuerzas de seguridad en las protestas iniciadas hace un mes, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.

Según informa esa organización, los ataques «violentos» y la represión contra escolares han causado «indignación pública» en muchas ciudades de Irán.

Las protestas estallaron en Irán tras la muerte de Mahsa Amini, que falleció el pasado mes tras haber sido arrestada, por haber violado supuestamente el estricto código de vestimenta que rige en el país, llevando el pañuelo islámico o hiyab de manera inapropiada.

Se han registrado muertos en 19 provincias, la mayoría en Sistán, Baluchistán, Mazandarán, Gilan y Kurdistán.

«La temeraria violencia estatal que ha sido dirigida incluso contra niños y prisioneros, junto con la falsa narrativa presentada por oficiales de la República Islámica, hace más crucial que nunca que la comunidad internacional establezca un mecanismo independiente bajo supervisión de la ONU», señaló este martes (18.10.2022) el director de esta ONG, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Creada en 2005 y registrada en Noruega desde 2009, Iran Human Rights (IHRNGO) asegura estar formada por personas de dentro y fuera de Irán y cuenta con miembros en Estados Unidos, Canadá, Japón y varios países europeos.

Irán dice que la escaladora que compitió sin velo en Seúl viaja hacia Teherán

La embajada iraní en Corea del Sur aseguró este martes que Elnaz Rekabi, la escaladora que compitió sin velo en Seúl este fin de semana en aparente protesta contra el régimen de los ayatolás, está viajando a Teherán y negó las informaciones que aseguran que ha desaparecido o sido detenida.

«La señora Elnaz Rekabi, que participó en la ronda final de los Campeonatos de Asia de Escalada, partió de Seúl rumbo a Irán a primera hora de hoy, 18 de octubre de 2022, junto a otros miembros de su equipo», aseguró la legación diplomática en un comunicado.

Las imágenes de Rekabi, que el fin de semana decidió competir en el evento de Seúl sin llevar el velo (algo que la legislación de la República Islámica prohíbe a sus deportistas mujeres), han dado la vuelta al mundo.

El gesto de la escaladora ha sido visto como una valiente muestra de apoyo a las mujeres de su país que llevan semanas protestando contra la obligatoriedad de llevar el velo tras la muerte de Mahsa Amini.

La BBC ha informado que el pasaporte y el teléfono de Rekabi le habrían sido retirados y que nadie ha podido ponerse en contacto con ella desde el domingo.

La embajada iraní en Seúl «niega todas las noticias falsas y desinformación» relacionada con la deportista, según concluye el comunicado.

Con información de EFE, Iran Human Rights

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Vía EFE

La muerte de un flamenco que fue hallado por ambientalistas cubierto de petróleo en el Lago de Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, encendió las alarmas de los activistas y de las autoridades de la zona que instaron este sábado a la estatal Pdvsa a limpiar las manchas de crudo en las playas.

Contaminación del Lago de Maracaibo

El ambientalista José Sandoval, dueño de la empresa de turismo Mapache-Ecoaventura, cuya labor social se centra en el rescate de la fauna silvestre, informó a EFE de que el ave, hallada por un pescador esta semana falleció este viernes cuando iniciaban la segunda jornada de limpieza para retirar los restos de crudo en su plumaje.

«Le pusimos (de nombre) ‘Vitico Petróleo’ con la esperanza de quitarle el apellido», comentó Sandoval, quien explicó que pese a los esfuerzos, las donaciones de algunos jabones especiales y los cuidados no lograron salvarle la vida.

«Empezamos a intervenir para poderlo limpiar, era un procedimiento que llevaría muchos días, presumíamos. Pero apenas alcanzamos a hacerle el primer lavado (…) en el segundo, colapsó», prosiguió el activista, quien reconoce que no contaban con la preparación para atender al ave, pues siempre que encuentran a un animal «petrolizado» en esta zona ya está muerto.

Explicó que entre los ambientalistas zulianos es más común encontrar «centenares de peces» y aves llenas de petróleo ya fallecidas. A veces, también consiguen mamíferos, como los cadáveres de tres delfines hallados en los últimos dos meses y cuya causa de muerte no pudieron establecer.

Limpiar la contaminación del crudo y de plástico

Tras los hechos, el presidente del Instituto Municipal del Ambiente (IMA) de la Alcaldía de Maracaibo, José Ángel Pérez, pidió a la estatal petrolera, y también a los empresarios zulianos, tener más conciencia y evitar la contaminación de este importante lago, en el que -aseguró- algunos pescadores ya no pueden cumplir con sus faenas por causa de los residuos de todo tipo.

«Quisiéramos hacer un llamado a la industria petrolera y también a las empresas que hacen vida aquí para que tomen un poco de conciencia de la biodiversidad del Lago de Maracaibo que se está viendo afectada», dijo.

El Lago de Maracaibo, el mayor de Latinoamérica, es uno de los principales lugares de producción de crudo en Venezuela, pero, pese a esto, organizaciones como la fundación El Zulia Recicla dan cuenta del nivel de contaminación que tiene al asegurar que unos 60 voluntarios que trabajen durante tres horas pueden recolectar allí unos 600 kilogramos de plástico.

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